El gobierno de Estados Unidos ha autorizado a Joaquín “El Chapo” Guzmán a reunirse con su abogado, Israel José Encinosa, en el penal de Colorado. Esta decisión sigue a una solicitud de Guzmán, quien denunció su aislamiento de más de 10 meses.
Guzmán cumple cadena perpetua por narcotráfico y enfrenta medidas de seguridad extremas. Su defensa argumentó la necesidad de mantener comunicación con su cliente.
El juez Brian Cogan, responsable del caso, indicó que el abogado debía solicitar la reunión. Cogan no revisa las condiciones de Guzmán en prisión, lo que dejó la decisión en manos del gobierno.
El gobierno de Estados Unidos transfirió 14 reos mexicanos a México para ahorrar 4 millones de dólares en costos de encarcelamiento.
Estos reos, sentenciados por distribución de droga, completarán sus condenas en su país. El traslado se realizó bajo un tratado bilateral entre ambos países.
Matthew R. Galeotti, del Departamento de Justicia, afirmó que continuarán con estas transferencias para aliviar la sobrepoblación en las prisiones federales.
Este programa permite a los reclusos regresar a su país bajo ciertas condiciones. La cooperación en materia de seguridad ha mejorado entre las administraciones de Donald Trump y Claudia Sheinbaum.
Ryan James Wedding, exatleta olímpico, es uno de los 10 más buscados por el FBI. Se le acusa de liderar una red de narcotráfico y homicidios.
Las autoridades creen que Wedding podría estar en la Ciudad de México o el Estado de México. Ofrecen una recompensa de 10 millones de dólares por información que lleve a su captura.
Wedding, conocido por varios alias, fue atleta en los Juegos Olímpicos de 2002. Su carrera se desmoronó y se unió al crimen organizado.
Las acusaciones incluyen tráfico de cocaína, fentanilo y metanfetamina. Además, está vinculado a homicidios en Canadá relacionados con disputas por drogas.
El FBI investiga su paradero y mantiene una campaña en redes sociales en español. Wedding ha sido visto en lugares de la capital mexicana, lo que potencia su búsqueda.
Mientras Estados Unidos exige a México reforzar la lucha contra los cárteles y frenar el flujo de drogas ilegales, en su propio país 24 estados y el Distrito de Columbia han legalizado el consumo recreativo de cannabis. Además, en Oregón y Colorado se regula el uso de psicodélicos como la psilocibina.
El pasado viernes, The New York Times reveló que el presidente Donald Trump firmó una directiva secreta para autorizar el uso de fuerza militar contra cárteles calificados como organizaciones terroristas, aunque el Gobierno mexicano descartó la presencia de tropas estadounidenses en su territorio.
En México, el enfoque prohibicionista sigue predominando, pero especialistas en salud pública advierten que esta estrategia ha fallado al no reducir el consumo, sino alentar mercados ilícitos y alejar a usuarios de tratamientos formales.
En una entrevista para el diario 24 HORAS, Marcela Madrazo, experta de la Clínica Condesa, señala que “el prohibicionismo limita la protección a las personas y fortalece el mercado ilegal” y propone un modelo de reducción de daños con acceso a información, insumos seguros y acompañamiento médico, priorizando la dignidad y derechos humanos.
En la Ciudad de México, el gobierno implementó espacios para consumo tolerado de cannabis, aunque con reglas estrictas, tras problemas como venta ilegal y falta de seguridad. Especialistas consideran que estas regulaciones son clave para acercar a los usuarios a servicios de salud, ya que la prohibición genera miedo y estigmatización.
Según la Red Nacional de Atención a las Adicciones, en 2023 más de 179 mil personas buscaron tratamiento por consumo de sustancias, reflejando la urgencia de enfoques más integrales y humanos en política de drogas.
Un grave ataque cibernético al sistema judicial federal de Estados Unidos expone datos confidenciales que podrían ser usados por cárteles latinoamericanos para identificar testigos en casos criminales, de acuerdo con información recopilada por Proceso.
El hackeo afectó al menos a una docena de tribunales de distrito y vulneró el sistema digital de archivo de casos CM/ECF, uno de los más importantes en la justicia federal. Expertos advierten que esta filtración facilita a los cárteles obtener información sobre investigaciones, órdenes de arresto y llamadas intervenidas.
Aunque no hay confirmación de que los cárteles hayan ejecutado directamente el ataque, se sospecha que podrían estar adquiriendo la información de otros hackers. El riesgo mayor es la posible amenaza contra testigos y colaboradores que apoyan procesos legales contra el crimen organizado.
Este incidente es uno de los ataques informáticos más severos en años contra el poder judicial estadounidense y genera alarma sobre la seguridad y confidencialidad de procesos penales clave.
En lo que va de 2025, las autoridades mexicanas han asegurado 96 narcolaboratorios clandestinos, superando las cifras de años anteriores y evidenciando un aumento en la producción oculta de drogas en zonas alejadas y sin condiciones sanitarias, alertan expertos.
De acuerdo con una investigación de El Universal, de enero de 2019 a diciembre de 2024, se han decomisado 282 laboratorios, principalmente en Sinaloa (152), Durango (51), Aguascalientes (16), Jalisco y Michoacán (14 cada uno).
Según datos de la Fiscalía General de la República (FGR), estos laboratorios están equipados con utensilios improvisados: bidones de plástico, ollas ennegrecidas, estufas rústicas y mesas desgastadas, ubicados en zonas sin infraestructura ni higiene, lo que agrava el riesgo para la salud de los consumidores.
El químico e investigador Gabriel Vera destaca que los narcolaboratorios pasaron de operar cerca de zonas urbanas a ubicarse en la sierra, donde el equipo es de baja calidad y sin protección para quienes “cocinan” las drogas. Además, señala que la reutilización de recipientes sin limpieza genera acumulación de subproductos peligrosos que contaminan las sustancias finales.
Para el consultor en seguridad Alberto Hidalgo, el traslado de narcolaboratorios a zonas remotas obedece a la dificultad de detección por parte de las autoridades, pese al uso de tecnologías como cámaras térmicas y drones.
El vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia y expresidente, Dmitri Medvédev, acusó al gobierno de Ucrania de reclutar sicarios de cárteles de México y Colombia para combatir en el frente, en medio de lo que calificó como el “agonizante régimen de Kiev”, de acuerdo con información de Reuters.
Medvédev afirmó que entre los grupos involucrados figuran el Cártel de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación y el Clan del Golfo, cuyos nombres —dijo— son reconocidos mundialmente por su presencia en reportajes y series sobre narcotráfico. Según el funcionario, la empresa de seguridad privada Segurcol, con sede en Medellín, Colombia, estaría a cargo del reclutamiento.
El político ruso aseguró que estos combatientes “son soldados de poca calidad” y que las fuerzas rusas los eliminan rápidamente. Además, advirtió que en Ucrania “se les enseña incluso a operar drones”, lo que podría facilitar actividades criminales como el tráfico de drogas a Estados Unidos.
Por su parte, el jefe del Comité de Investigación de Rusia, Alexánder Bastrykin, informó que las tropas ucranianas cuentan con mercenarios de al menos nueve países, entre ellos Georgia, Dinamarca, Colombia, Suecia, Noruega, Paraguay, Perú, Reino Unido y Brasil, algunos implicados en operaciones como la incursión en la provincia rusa de Kursk.
Los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación (CJNG) han extendido su alcance hasta Oceanía, aprovechando rutas marítimas del Pacífico para traficar metanfetaminas y cocaína hacia Australia y Nueva Zelanda, en colaboración con grupos criminales de Estados Unidos y Canadá, según un informe del Centro Internacional de Investigación y Análisis contra el Narcotráfico Marítimo (CMCON) citado en una investigación de La Jornada.
El estudio “Australia: la puerta de entrada de sustancias ilícitas a Oceanía” revela que el país oceánico es un mercado altamente rentable para el narcotráfico, con el Cártel de Sinaloa posicionado como principal importador de cocaína en la región.
La DEA advierte que en los últimos años la presencia de estas organizaciones en Australia y Nueva Zelanda ha crecido de forma alarmante, con redes operativas sólidas y rutas establecidas que cruzan el Pacífico.
Un caso reciente ilustra la magnitud del problema: el 9 de mayo de 2025, la Policía Federal Australiana y la Brigada contra el Crimen Organizado interceptaron un yate de 13 metros con 1,040 kilos de clorhidrato de cocaína ocultos en compartimentos. Cinco personas fueron detenidas, aunque no se reveló su nacionalidad.
Las autoridades han identificado que la ruta del narcotráfico parte de Estados Unidos y América Latina, con escalas en las islas del Pacífico Sur, que suelen ser vistas como destinos turísticos y no como puntos estratégicos para el tráfico de drogas.
En los últimos cinco años, ha habido un aumento explosivo de embarcaciones que cruzan el océano cargadas con más de una tonelada de cocaína cada una, para abastecer el creciente y lucrativo mercado australiano.
Donald Trump afirmó que EE.UU. enfrenta un desafío complicado en la lucha contra el narcotráfico. Durante un evento en la Casa Blanca, evitó comentar sobre ataques militares a cárteles.
El presidente mencionó que América Latina alberga muchos cárteles y un gran flujo de drogas. Reiteró la necesidad de proteger a Estados Unidos de esta amenaza.
Fuentes indican que el Pentágono ya está diseñando opciones de ataque contra al menos seis cárteles mexicanos. Trump prometió más detalles sobre este plan en el futuro.
Elementos del Gabinete de Seguridad federal y fuerzas locales asestan un duro golpe a la delincuencia organizada con la incautación de 900 kilogramos de metanfetamina en un narcolaboratorio clandestino en Palenque, Chiapas.
Además, en Culiacán, Sinaloa, fue desmantelado otro laboratorio con precursores químicos y reactores para la producción de drogas sintéticas, afectando al crimen en más de 400 millones de pesos.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que en el sitio de Palenque también se aseguraron vehículos, armas y material para la elaboración de narcóticos. En Sinaloa, el Ejército aseguró además 750 litros de sustancias químicas valuadas en 15 millones de pesos.
Paralelamente, en Baja California, un operativo conjunto detuvo a cinco presuntos miembros del Cártel del Pacífico, incluyendo a Alfonso “Cabo 13” Villa Briones, uno de los principales operadores de tráfico de fentanilo y foco de violencia en la región. Durante los cateos en Tijuana se aseguraron armas, cargadores, cartuchos y droga.
