FinCEN analiza más de un millón de operaciones para detectar lavado de dinero en transmisores no bancarios vinculados a redes criminales.
La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), dependiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, puso en marcha un operativo sin precedentes para rastrear recursos del narcotráfico que circulan a través de empresas financieras no bancarias, particularmente en la frontera suroeste con México.
La estrategia se basa en el análisis de más de un millón de Informes de Transacciones de Divisas y 87 mil Reportes de Actividades Sospechosas, documentos que las instituciones financieras están obligadas a presentar ante la FinCEN. Con apoyo de tecnología avanzada y análisis de datos, el organismo busca convertir información dispersa en pistas sólidas sobre lavado de dinero y otras actividades ilícitas.
El operativo se concentra en más de 100 transmisores de dinero —entidades que no son bancos, pero ofrecen transferencias electrónicas, cambios de divisas y manejo de efectivo— que podrían estar incumpliendo la Ley de Secreto Bancario. Como resultado preliminar, se emitieron seis avisos de investigación, decenas de remisiones al Servicio de Impuestos Internos (IRS) y más de 50 cartas de advertencia por incumplimiento.
La FinCEN advirtió que la investigación continúa y que, de confirmarse irregularidades, se procederá a sanciones económicas, acciones civiles, remisiones penales y medidas judiciales contra quienes faciliten el lavado de dinero. El organismo subrayó que el incumplimiento de la ley debilita la seguridad nacional y abre la puerta a delitos como el tráfico de drogas, de personas y el financiamiento criminal.
El Departamento del Tesoro recordó que, por su ubicación estratégica, los transmisores que operan en la frontera están particularmente expuestos al dinero ilícito. Hace un mes, Washington ya había emitido una alerta para reforzar controles en transferencias entre Estados Unidos y México, incluidas remesas, ante posibles abusos del sistema.
En México, especialistas en prevención de lavado de dinero señalaron que estas medidas obligan a centros cambiarios y transmisores a adoptar enfoques de riesgo más estrictos, especialmente tras la designación de cárteles mexicanos como organizaciones terroristas trasnacionales por parte del gobierno estadounidense.
