El Estado mexicano ofreció este miércoles una disculpa pública por el caso de la abogada y defensora de derechos humanos Digna Ochoa, quien fuera asesinada hace 21 años.
En cumplimiento de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Gobierno federal y la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México anunciaron la reapertura del caso, que será investigado por un grupo de expertos integrados en una Unidad Especializada.
“Ofrezco una disculpa pública a Digna Ochoa y a su familia porque el Estado mexicano no pudo garantizar su seguridad y su integridad personal y porque tampoco garantizó su acceso pleno a la justicia”, dijo el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas.
“Ofrezco una disculpa pública por las fallas en la implementación de protocolos especializados para la investigación de su caso, las faltas al debido proceso y a la debida diligencia”.
Frente a los familiares de Digna Ochoa, la Fiscal de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, anunció la creación de la Unidad Especializada y explicó que el caso será reabierto e investigado por un grupo de expertos para lograr su esclarecimiento.
En cumplimiento a la sentencia, el Secretario de Gobierno de la Capital, Martí Batres, anunció que, a partir de este día, la calle General Gabriel Hernández, en el tramo ubicado entre Doctor Lavista y Doctor Río de la Loza, llevará el nombre de calle Digna Ochoa.
Durante la ceremonia, realizada en el Centro Cultural Los Pinos, Encinas reconoció que los defensores de derechos humanos se encuentran en riesgo.
Anunció que se alista una reforma legal para garantizar la seguridad tanto de los activistas, como de quienes ejercen el oficio del periodismo.
“El Gobierno de México reconoce la situación de riesgo en el ejercicio de la defensa de derechos humanos y del periodismo en nuestro País, (por ello) se impulsa la creación de un nuevo marco legal y normativo que defina los ámbitos de competencia concurrencia y obligaciones específicas de las autoridades de los tres órdenes de Gobierno en materia de protección a las personas defensoras de derechos humanos y periodistas”, informó.
Encinas dijo que se dará prioridad a la implementación de medidas encaminadas a fortalecer una política pública de protección.
“Se trata de implementar una acción decidida de las instituciones del Estado mexicano para defender y garantizar el derecho a la libertad de expresión el derecho a defender los derechos humanos”, expresó.
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