Morena acusó al gobierno de Nuevo León de destinar millones de pesos a promoción personal mientras proyectos de movilidad y agua permanecen inconclusos, elevando la presión en el Congreso local.
La tensión política de Nuevo León escaló luego de que la dirigencia nacional de Morena señalara al gobernador Samuel García por el uso del presupuesto estatal, al advertir que una parte considerable se ha desviado a publicidad personal en lugar de atender rezagos estructurales que afectan a la población.
El contraste, de acuerdo con el partido, se refleja en el aumento de tarifas del transporte público y en un sistema de movilidad que continúa saturado, pese a que se han aprobado recursos multimillonarios para su modernización. La difusión avanza con mayor rapidez que las soluciones de fondo.
Morena subrayó que el debate no gira en torno a las aspiraciones políticas del mandatario, sino al límite legal del uso de recursos públicos. El señalamiento apunta a un posible desvío de fondos que, en teoría, deberían destinarse a infraestructura, servicios básicos y programas de impacto social.
En el Congreso local, la bancada morenista destacó que no atenderá nuevas solicitudes de deuda ni propuestas de carga fiscal mientras no exista claridad sobre el destino de inversiones previas. La falta de resultados concretos ha debilitado la confianza en la planeación financiera del ejecutivo estatal.
Entre los proyectos más cuestionados destacan las líneas 4 y 6 del Metro, anunciadas con presupuestos de miles de millones de pesos, así como obras de agua y drenaje que siguen inconclusas. La demora en estas iniciativas, frente al crecimiento del gasto en propaganda personal, mantiene abierto un debate sobre prioridades públicas y el rumbo del desarrollo en Nuevo León.
Exconsejeros del INE, empresarios cercanos a Claudio X González e intelectuales vinculados a Enrique Krauze han encontrado en las asociaciones civiles y los frentes políticos una nueva forma de agrupar a la dividida oposición con el fin de aminorar la influencia de la Cuarta Transformación (4T).
Por Martha Rojas
Miembros del PRI, PAN y PRD, así como periodistas, intelectuales ligados a Enrique Krauze y una cúpula de líderes empresariales encabezada por Claudio X. González, vuelven a asociarse bajo la figura de una organización civil para intentar “contrapesar” a la 4T.
Figuras como Lorenzo Córdova, Vicente Fox, Aurelio Nuño, Héctor de Mauleón, el senador Juan Carlos Romero Hicks y el escritor Rafael Pérez Gay, presentaron en redes sociales el Frente Amplio Democrático, el cual buscará impedir que la Reforma Electoral, propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum, se apruebe.
Como primer frente de batalla, los firmantes —entre los que también se encuentran exconsejeros del INE— buscarán recabar firmas de integrantes de la sociedad civil a través de un sitio web habilitado para tal fin. Se trata de otro intento de la oposición mexicana por reducir el peso de Morena en el Congreso.
Y es que, aunque el Frente Amplio Democrático se presenta como una nueva organización, ni sus consignas ni su estructura son realmente nuevas. Desde 2018, la oposición ha intentado, bajo distintos nombres y plataformas, desestabilizar al morenismo, sin éxito.
En 2021, surgió Sí por México, impulsada por Claudio X. González y Gustavo de Hoyos, expresidente de la Coparmex, con el objetivo de aglutinar a la oposición rumbo a las elecciones de 2024. Posteriormente, nació Fuerza y Corazón por México, alianza PRI-PAN-PRD que fracasó en las urnas y derivó en el Frente Amplio por México, que intentó impulsar la candidatura de Xóchitl Gálvez.
Antes y después, Va por México buscó remontar en los procesos electorales de 2021, 2023 y 2024, sin lograr resultados favorables. Sin embargo, los mismos personajes reaparecen ahora detrás del Frente Amplio Democrático, presentado el 3 de febrero de 2026.
Como muestran los hechos, no se trata de un esfuerzo aislado, sino de una estrategia reiterada de la oposición para proteger privilegios y frenar el avance de Morena.
Claudio X. González, promotor de los movimientos civiles
En diciembre de 2025, organizaciones civiles ligadas a Claudio X. González recabaron 130 mil firmas para presentar al Congreso una propuesta propia de Reforma Electoral. Entre ellas destacan Marea Rosa, Somos México, Sociedad Civil México, Sí por México, Creemos México, Proyecta México y Unidos México.
Llama la atención que Somos México no solo busca incidir en demandas sociales, sino convertirse en partido político rumbo a las elecciones de 2027. De cumplir con las afiliaciones y tras la fiscalización del INE, podría transformarse en una fuerza política opositora, integrada por militantes de la Marea Rosa, movilizados contra Andrés Manuel López Obrador desde 2022.
A poco más de un mes de vencer el plazo legal, Somos México intensifica su movilización, mientras nuevos frentes emergen del mismo bloque opositor. A la lista se suman México Tiene Vida, de corte ultraconservador y vinculado a iglesias evangélicas, y Personas Sumando, impulsada por exfuncionarios del INE, que pese a registrarse como asociación civil, opera como partido en formación.
Entre todas estas organizaciones, un nombre se repite: Claudio X. González, quien ha utilizado múltiples frentes para confrontar a Morena, en lo que parece una lucha política personal.
Además de Salvemos México y Marea Rosa, González impulsó Mexicanos Contra la Corrupción, organización que enfrenta un revés del SAT tras perder su registro como donataria autorizada, lo que le impide recibir donativos deducibles de impuestos. Hasta 2025, esta asociación acumuló más de 502 millones de pesos en donativos.
Tan solo en 2025, un informe del SAT reveló que Mexicanos Contra la Corrupción recibió 14 millones 269 mil 824 pesos. Aunque la organización no detalla sus gastos, afirma que los recursos se destinan a videos, investigaciones y reportajes contra la 4T.
Así, bajo el disfraz de movimientos civiles, la oposición insiste en desestabilizar al Movimiento de Regeneración Nacional.
Es de resaltar la inminente molestia de la presidenta de la república respecto al actuar de varios personajes morenistas y no es para menos; sin revisar a detalle, las razones para el enojo son más que evidentes y no muchos se salvan.
En esta ocasión los destinatarios fueron algunos diputados, pero en la misma condición se encuentran desde gobernadores hasta regidores pasando por uno que otro dirigente partidista que parece no estar acorde a lo que hoy se demanda por todos lados y que se ha vuelto una exigencia: la rectitud en el actuar.
El problema es que esa condición, es decir, la rectitud pareciera estar muy lejana del movimiento pues son varios los frentes en los que se cuestiona el actuar de los personajes. Aquí la cuestión es que lo que se pone en entredicho es la narrativa de que el movimiento de la Cuarta Transformación es diferente pues la evidencia muestra lo contrario. Si hablamos de austeridad, esta termina por ser una falacia pues por más que la presidencia da muestras de un gobierno austero, a algunos se les hace fácil ir en contra de dicho pregón. Si hablamos de legitimidad, basta con observar casos como la reciente y cuestionable revocación de mandato en Oaxaca; si hablamos de apertura democrática, baste ver la manera en que, desde la dirigencia morenista se prioriza el comportamiento tribal. Y, por último, si hablamos de compromiso con el movimiento, baste ver cómo se alienta la conformación de un partido como VIDA carente de estructuras, pero sobrantes de recursos que viene siendo apoyado por alguno que otro interesado en MORENA. Por cierto, en este punto no se trata de darla la razón a Acosta Naranjo, lo que se trata es de que no se puede callar algo que todos los que operan en territorio lo tienen más que identificado.
En pocas palabras es más que justificado el enojo de Claudia Sheinbaum pues mientras tiene que sortear un día sí y el otro también las ocurrencias del presidente de la unión americana, ahora resulta que también tiene que estar pendiente de las fallas de quienes se supone, están al frente del proyecto. En esa condición, el regaño, señalamiento, reclamo o como se le llame, se queda corto ante la gravedad de los actos y, sobre todo, de las consecuencias negativas que esto atraerá en poco tiempo al movimiento.
Sin embargo, algo hay que tener claro: la presidenta de la república conoce de fondo a cada quien, sabe quiénes se encuentran dentro del movimiento y que no comparten el proyecto como tal, sino que lo utilizan única y exclusivamente para sus propios intereses. Por esa razón, somos varios quiénes confiamos en que el manotazo no se reduce a un exabrupto por más que lo quieran ver así, sino como una clara advertencia de que más temprano que tarde, se irá poniendo orden que buena falta le hace al movimiento.
MORENA seguirá negándose a la autocrítica como ha venido sucediendo hasta ahora, sin embargo, estoy seguro que, desde el liderazgo moral de Sheinbaum, poco a poco se revertirá esa tendencia a hacer lo que les venga en gana, pero insisto: eso, más temprano que tarde, sucederá.
Luis Tovar Secretario General de la Fundación para la Defensa del Medio Ambiente. FUDEMAH
En política, cuando “todo está bien” casi nunca hay cambios abruptos. Por eso, lo ocurrido en los últimos días en la bancada de Morena y el eco que provocó en San Lázaro no debería leerse como anécdota, sino como termómetro: el poder se mueve cuando hay costos internos, cuando hay agenda que empujar… o cuando ya se está mirando la siguiente estación electoral.
Primera señal: la renuncia de Adán Augusto López a la coordinación de Morena en el Senado (anunciada el 1 de febrero de 2026) y el relevo inmediato por Ignacio Mier. El propio Adán Augusto justificó el paso al costado como un cambio de trinchera para concentrarse en tareas políticas y territoriales rumbo a 2027, sin dejar el escaño.
Aquí no solo se reacomoda una silla: se reordena la interlocución, el método y el tono en la Cámara Alta, justo cuando viene un paquete legislativo sensible y, según la presidenta, una reforma electoral en febrero.
Segunda señal: la frase de Ricardo Monreal que, por repetida, no deja de ser potente: “tengo lista mi carta de renuncia”. Lo dijo en estos mismos días, aclarando que nadie se la pidió, pero dejando el mensaje político de fondo: en Morena, el poder no es patrimonio, es encargo… y también es presión.
En traducción simple: nadie se siente intocable, y cuando los vientos cambian, todos quieren aparecer como institucionales, desprendidos y “listos para irse”, antes de que alguien les pida que se vayan.
Tercera señal (la del “run run”): el caso de Andrés Manuel López Beltrán. A diferencia de lo anterior, aquí hasta hoy no hay un anuncio formal, sino versiones periodísticas que apuntan a que “Andy” podría dejar la Secretaría de Organización de Morena, en medio de fricciones internas y cálculo rumbo a 2027.
Pero el dato importante es el contraste: mientras unos medios hablan de salida, otros reportan que su equipo prepara recorridos y tareas de estructura, lo que sugiere que el reacomodo todavía está en disputa.
En política, cuando un rumor crece, lo relevante no es si se confirma mañana, sino qué fuerzas lo empujan y a quién conviene que se instale hoy.
Ahora bien: mientras la casa se ordena por dentro, afuera se está jugando la mesa grande. Y ahí entra Marcelo Ebrard y la revisión del T-MEC.
Conviene precisar: más que “renovación”, lo que viene es la revisión conjunta prevista en el propio tratado. El mecanismo está escrito en el Artículo 34.7 del USMCA/T-MEC: la primera revisión debe ocurrir en el sexto aniversario de entrada en vigor, es decir, 1 de julio de 2026; y si los tres países acuerdan, el tratado se extiende por otro periodo.
Eso significa que no es un capricho, es una cita contractual. Pero también significa que sí puede abrirse la puerta a cambios y a presiones temáticas: reglas de origen, paneles, energía, agro, y muy especialmente lo laboral.
En ese contexto, el dato duro de esta semana es que Estados Unidos y México anunciaron un Plan de Acción bilateral de 60 días sobre minerales críticos, presentado como el primer resultado visible en la antesala de la revisión del T-MEC.
La lectura estratégica es evidente: cadenas de suministro, seguridad económica, competencia global (con China como telón de fondo) y, de paso, nuevas palancas de negociación para la revisión de julio.
Y aquí entra el punto más delicado y más realista para quienes vivimos en el exterior: Washington no “ayuda” por altruismo; empuja por interés propio. Pero si esa presión se traduce en mejores controles, más coordinación, más inversión productiva y más exigencia institucional, México puede convertir una presión externa en un beneficio interno… siempre y cuando haya capacidad de ejecución y no solo discurso.
La presidenta, por su parte, ha insistido en defender soberanía y, al mismo tiempo, sostener cooperación bajo corresponsabilidad (armas, lavado, consumo). Y también ha proyectado un 2026 de impulso económico y buen desempeño en la revisión del T-MEC, acompañándolo con planes de inversión pública y esquemas mixtos.
Así que sí: los cambios internos pueden ser ciclos, pero también pueden ser preparación. Preparación para 2027. Preparación para una reforma electoral. Preparación para una negociación comercial que definirá certidumbre o volatilidad para inversiones, empleo y crecimiento.
Al final, el punto no es si “se tambaleó” el poder: el punto es si el reacomodo será para cerrar filas con resultados o para repartir culpas cuando vengan los costos. Ahí se verá quién está para administrar el movimiento… y quién solo para sobrevivirlo.
La reforma para establecer la jornada laboral de 40 horas avanza en el Senado y se prevé su aprobación la próxima semana, con una implementación gradual hasta 2030, respaldada por Morena, la STPS, sindicatos y el sector empresarial.
La discusión para reducir la jornada laboral en México entra en su recta final, con la previsión de que el Senado de la República apruebe la reforma constitucional la próxima semana. La iniciativa busca modificar el Artículo 123 para fijar una semana laboral de 40 horas.
En este contexto, el secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Baruch Bolaños, sostuvo una reunión de más de dos horas con senadores de Morena, donde destacó que la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum cuenta con un amplio consenso entre organizaciones sindicales y representantes empresariales.
Durante el encuentro legislativo se abordaron las exigencias de la oposición, integrada por PAN, PRI y MC, que demandan una aplicación inmediata de la reducción de la jornada y dos días de descanso obligatorios. No obstante, el planteamiento oficial defiende una transición progresiva.
La reforma propone un periodo de cinco años para pasar de las actuales 48 horas semanales a 40 horas en 2030, siguiendo recomendaciones del Convenio 116 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), con el objetivo de no afectar la planta productiva ni el empleo.
El coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier, afirmó que no existe una pérdida de derechos laborales y subrayó que se trata de un cambio histórico, ya que desde hace más de 100 años no se reducía la jornada laboral en el país.
El legislador adelantó que el dictamen podría aprobarse en comisiones el próximo martes, pasar de inmediato a la Mesa Directiva y ser votado en el pleno del Senado un día después, sin modificaciones a la iniciativa presidencial.
De acuerdo con cifras oficiales, más de 23 millones de trabajadores están afiliados al IMSS; de ellos, cerca de la mitad ya laboran 40 horas semanales, mientras que 13.5 millones serían los beneficiarios directos de la reforma.
La iniciativa reconoce la diversidad del mercado laboral en México, desde el comercio y el turismo hasta sectores especializados, por lo que plantea un esquema flexible y escalonado, que preserve derechos adquiridos, mejore el ingreso y garantice el derecho constitucional a una jornada laboral más corta.
El alcalde de Ciudad Juárez responde a Adán Augusto sobre candidaturas en el estado.
Cruz Pérez Cuéllar, alcalde de Ciudad Juárez y miembro de Morena, dejó claro este miércoles que la decisión sobre el futuro político de Chihuahua está en manos de sus ciudadanos. Esta afirmación surge tras las declaraciones del senador Adán Augusto López, quien sugirió que la senadora Andrea Chávez debería ser la candidata a la gubernatura.
Durante un mensaje a la comunidad, Pérez Cuéllar afirmó que las decisiones políticas no deben depender de un senador que no tiene derecho a voto en el estado. “En Chihuahua mandamos los chihuahuenses”, declaró con firmeza. Este mensaje refleja su compromiso con la voluntad popular y la importancia de que los chihuahuenses elijan a sus propios líderes.
El alcalde también resaltó la necesidad de un buen gobierno en la región. Sin embargo, enfatizó que solo los habitantes de Chihuahua tienen el poder de decidir quién los dirigirá. Su declaración busca recordar que el verdadero poder reside en la voz del pueblo, especialmente en un momento tan crucial para el futuro político del estado.
La fractura interna derivó en la restauración del fuero legislativo, pese a que el propio movimiento de la 4T lo ha señalado como un privilegio que debe desaparecer.
La bancada de Morena en el Congreso de Campeche se fracturó de manera abierta luego de que 10 de sus 16 diputados rompieron con la gobernadora Layda Sansores, en medio de acusaciones de persecución política, exclusión interna y uso faccioso del poder. La confrontación escaló al punto de que los legisladores avalaron, en sesión reservada, la restauración del fuero constitucional, eliminado en 2016.
El rompimiento se consolidó tras la elección de la mesa directiva, cuando diputados afines a Sansores se aliaron con MC, PRI, PAN, PT y PVEM para imponer al emecista Paul Arce como presidente del Congreso. El coordinador morenista José Antonio Jiménez y nueve legisladores votaron en contra, confirmando la división.
Horas después, agentes ministeriales cercaron el Palacio Legislativo, hecho que los diputados inconformes interpretaron como una advertencia política. Aunque la Fiscalía General del Estado negó órdenes de aprehensión y el gobierno estatal rechazó cualquier persecución, el ambiente de tensión derivó en que los legisladores sesionaran atrincherados y destituyeran a vicecoordinadores cercanos a la mandataria.
En ese contexto, se aprobó la reinstalación del fuero, una decisión que contradice abiertamente la postura histórica de la Cuarta Transformación, encabezada por Andrés Manuel López Obrador y reafirmada por la presidenta Claudia Sheinbaum, quienes han sostenido que nadie debe estar por encima de la ley.
Desde Palacio Nacional, Sheinbaum evitó entrar al fondo del conflicto y se limitó a llamar a la calma: “Serenidad y paciencia, paz y amor a todos, a todas”, dijo al ser cuestionada sobre el rompimiento y la reactivación del fuero.
El gobierno estatal insistió en que no existen carpetas de investigación contra José Antonio Jiménez y calificó la crisis como un conflicto político interno, mientras que la restitución del fuero fue señalada como un retroceso institucional que revive privilegios legislativos en plena disputa por el control del Congreso.
El funcionario denunció desinterés, falta de liderazgo y presuntos nombramientos por compadrazgo en el Consulado de México en Miami, a más de un año de gestión del exgobernador de Chiapas.
El cónsul de Protección a Mexicanos en Miami, José Manuel Murillo Valencia, presentó su renuncia al Servicio Exterior Mexicano tras denunciar graves deficiencias en la gestión de Rutilio Escandón, actual cónsul general de México en Miami y exgobernador de Chiapas, nombrado en diciembre de 2025.
A través de una carta pública, Murillo acusó falta total de liderazgo, desinterés institucional y abandono del trabajo consular, señalando que durante más de un año Escandón no sostuvo reuniones con autoridades locales ni con aliados estratégicos, ni mostró interés por el funcionamiento interno del consulado o el bienestar del personal.
“El último año he tenido un cónsul general que no ha procurado una sola reunión con autoridades o aliados, ni ha mostrado interés en el funcionamiento interno del consulado”, expuso el ahora excónsul, quien contaba con más de tres años de experiencia en la sede de Miami.
Murillo Valencia también señaló que Escandón no tuvo la mínima atención de conocer al personal bajo su mando, y denunció que no se trata de un caso aislado, pues en otras adscripciones enfrentó situaciones similares con titulares que, afirmó, llegaron al cargo por relaciones personales o favores políticos, no por capacidad diplomática.
El exfuncionario advirtió una contradicción entre el discurso oficial de protección a connacionales y la inacción real del consulado, lo que impacta directamente en la atención a migrantes que enfrentan deportaciones, detenciones y separación familiar, sin respaldo institucional.
Rutilio Escandón fue duramente criticado por minimizar las condiciones del centro de detención migratoria “Alligator Alcatraz”, señalado por organismos de derechos humanos por presuntas condiciones inhumanas.
Pero hay más. Rutilio Escandón, pese a no sostener reuniones ni ejercer una gestión activa, mantiene al consulado en evidente abandono, mientras percibe un salario superior a los 100 mil pesos mensuales.
Un ingreso que resulta injustificable frente a su desempeño y que contradice abiertamente la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum de garantizar una atención efectiva y cercana a las y los migrantes mexicanos en Estados Unidos.
El informe del FBI con el que Latinus acusó a López Obrador hace referencia a supuestos hechos ocurridos antes de 2017, cuando AMLO aún no entraba al poder.
De acuerdo al mismo informe del Buró Federal de Investigaciones (FBI) del Archivo Epstein, que Latinus publicó para denunciar el supuesto conocimiento del gobierno mexicano, no se refiere al periodo de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, sino al periodo de Enrique Peña Nieto.
El documento no prueba, ni acredita, ni acusa que el expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, tuviera conocimiento o relación alguna con las presuntas actividades criminales de Jeffrey Epstein en el país. En su lugar, el correo fechado el 27 de julio de 2019, atribuido a Kenneth Darrell Turner, contiene señalamientos personales y acusaciones no verificadas que se refieren a hechos ocurridos entre 2014 y 2017, es decir, durante el gobierno de Peña Nieto.
En el documento, Turner afirma la investigación independiente de una supuesta red de explotación sexual y menciona una presunta fiesta realizada en 2014 en instalaciones vinculadas al consulado de Estados Unidos en Ciudad Juárez, así como acusaciones contra el entonces embajador estadounidense Earl Anthony Wayne. También asegura que Wayne habría sido arrestado y sentenciado en 2017, un año antes de que AMLO entrará al poder.
“Creemos que ██████ y Epstein estuvieron involucrados en la organización de esta fiesta y que se llevó a cabo en Juárez, México, en 2014, en una instalación de alojamiento controlada por el Consulado de EE. UU. Pregúntele cómo conoce a ██████. Fue sentenciado en México en 2017 a cadena perpetua por embarazar a una niña de 11 años”, puede leerse textualmente en el documento.
Pese a ello, el medio Latinus aseguró que López Obrador tuvo conocimiento de estos hechos. Sin embargo, esa afirmación no aparece en el correo citado ni está respaldada por documentos oficiales. El texto sólo recoge el testimonio de Turner y deja claro que se trata de versiones unilaterales, no de conclusiones del FBI ni de resoluciones judiciales. Además, la cronología expuesta en el propio documento sitúa los hechos durante los gobiernos del PRI y del PAN, cuando AMLO no ocupaba ningún cargo en el Poder Ejecutivo federal.
La Presidenta aclaró que su exhorto no fue un regaño político, sino una exigencia de mayor trabajo territorial ante las carencias históricas que enfrenta San Quintín.
La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró este lunes el llamado de atención a legisladores de Morena en Baja California, luego de que se difundiera un video en el que exhorta a sus compañeros de partido a estar más cerca de la gente. Durante la Mañanera del Pueblo, la mandataria subrayó que se trató de una reacción ante la situación precaria que viven comunidades agrícolas de la región, particularmente en San Quintín.
Sheinbaum explicó que el episodio ocurrió tras la presentación del Plan de Justicia para los Trabajadores Agrícolas, cuando fue increpada por jornaleros que denunciaron condiciones laborales insuficientes y rezagos históricos. En ese contexto, consideró inapropiado el ambiente de solicitudes de fotografías y saludos protocolares, frente a las carencias sociales expuestas por los asistentes.
“San Quintín es una zona con muchas necesidades. Ahí se concentran años de lucha de las y los jornaleros por sus derechos”, señaló la presidenta, al remarcar que las condiciones laborales no cubren plenamente derechos básicos, una situación que genera “tristeza y preocupación” en el gobierno federal.
La mandataria precisó que su mensaje a los legisladores fue claro: no limitarse al trabajo desde el Congreso o las ciudades, sino acudir al territorio, escuchar a la población y atender de primera mano sus demandas. “Les pedí que no se quedaran allá arriba, que estuvieran cerca de la gente, sobre todo cuando hay carencias importantes”, afirmó.
El video, que se volvió viral en redes sociales, también mostró inconformidades ciudadanas contra autoridades locales. Ante ello, Sheinbaum anunció que se designará un representante federal permanente en la zona, con el objetivo de dar seguimiento puntual a las necesidades de la comunidad y reforzar la presencia institucional.
La presidenta enfatizó que este tipo de llamados forman parte de la estrategia de su administración para fortalecer el vínculo directo con las bases sociales y evitar que el ejercicio del poder se reduzca a actos protocolarios, especialmente en regiones con rezagos históricos y alta vulnerabilidad social.
