En respuesta al brote de sarampión, la Ciudad de México inicia una campaña de vacunación masiva que ya ha protegido a más de 141 mil personas. El objetivo es alcanzar la inmunidad comunitaria en un mes.
La Ciudad de México enfrenta un brote de sarampión con 217 casos confirmados, de los cuales 173 han surgido este año. La secretaria de Salud local, Nadine Gasman Zilbermann, informa que, aunque el número de contagios ha aumentado, también se ha intensificado la vacunación.
Desde el inicio de la campaña el pasado domingo, se han vacunado un promedio de 45 mil personas al día. Gasman Zilbermann espera que, en un plazo de un mes, la ciudad logre alcanzar la inmunidad comunitaria.
Actualmente, 14 pacientes están hospitalizados. Hasta ahora, se ha registrado una sola muerte por sarampión: un niño de tres meses. Esto corrige la información que indicaba que la víctima era una menor de 14 años.
Los contagios se concentran en varias alcaldías. Gustavo A. Madero lidera con 44 casos, seguida de Álvaro Obregón con 39. También hay focos de contagio en Cuauhtémoc (23), Coyoacán (15) y en Miguel Hidalgo e Iztapalapa, con 14 cada una. Llama la atención que el 77% de los afectados no tenían antecedentes de vacunación. La franja de edad más afectada son personas entre 21 y 50 años, representando 124 de los casos.
La campaña de vacunación ha sido bien recibida por los ciudadanos. Hasta ahora, 141 mil 416 personas han sido vacunadas, y se espera llegar a un millón 600 mil en el mes. Se han aplicado un total de un millón 62 mil 500 dosis. Solo faltan poco más de 500 mil dosis para cumplir con la meta de inmunización.
La ciudad actualmente no enfrenta una crisis, pero se considera crucial completar esta campaña. Con ello, se espera tener un control mayor sobre el brote, aunque no se descartan nuevos casos.
Gasman Zilbermann destacó los 300 centros de salud donde se puede recibir la vacuna. Además, hay 148 módulos y brigadas que recorren diferentes colonias para facilitar el acceso. Entre estos, 21 puntos tienen horarios ampliados y operan hasta las 23 horas. Próximamente, se anunciarán macrocentros de vacunación, incluyendo uno en la Central de Abasto.
La salud de la población es una prioridad, y la campaña de vacunación es vital para lograr un control efectivo del sarampión en la capital.
El PAN, lamentablemente, ya es sinónimo de privatización.
Y eso no es una ocurrencia. Es la terrible realidad. A nadie se le olvida que, durante los gobiernos del Partido Acción Nacional (PAN), de 2000 a 2012, se aceleró y profundizó el proceso de privatización de empresas y concesiones estatales. Y eso lo saben perfectamente Vicente Fox y Felipe Calderón.
Y esa misma escuela, la panista y la privatizadora, la han continuado personajes como Mauricio Tabe, actual alcalde de Miguel Hidalgo en la CDMX.
Y para muestra basta un botón. Desde hace días, vecinos de esa demarcación han denunciado que el alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, pretende privatizar el Parque Lira mediante la instalación del evento privado “Alicia: experiencia inmersiva”, a pesar de que se trata de una zona protegida y de que los permisos no han sido autorizados.
De hecho, el diputado Víctor Romo señaló que, en una reunión reciente con vecinas y vecinos, funcionarios de la propia alcaldía reconocieron que los permisos apenas se encuentran “en trámite”, mientras que el montaje del evento ya está en marcha, lo que evidencia un posible trato preferencial a empresas privadas.
Y sus preguntas son pertinentes: “¿Cómo es posible que un evento de esta magnitud se esté instalando en un parque público sin permisos concluidos? ¿Así gobierna Mauricio Tabe? ¿Con ocurrencias, opacidad y beneficios para unos cuantos?”
Y déjeme decirle que el evento que impulsa Tabe es promovido por la productora Let’s Go Company, en coordinación con Fever, y fue anunciado públicamente por el propio alcalde, quien pretende mantenerlo durante seis meses dentro del Parque Lira, es decir: dentro de un espacio público que pertenece a las vecinas y vecinos de Miguel Hidalgo. Y Tabe dirá que no, que no es así, que se están tergiversando las cosas. Pero no es así. Tabe quiere montar un evento privado en un espacio público. Y esos son los hechos. Tanto así que los boletos ya se encuentran a la venta.
Infelizmente, nada de esto nos sorprende.
Durante los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón, se otorgaron miles de concesiones mineras a empresas privadas, destacando la entrega de derechos de exploración y explotación a grupos como Peñoles y Grupo México.
Y es la misma escuela que trae Mauricio Tabe.
Lo que pretende hacer el alcalde de Miguel Hidalgo es una privatización de proximidad“. Y ese evento “Alicia: experiencia inmersiva” no es, para nada, una oferta cultural; es la ocupación de una Zona de Conservación Patrimonial por capital privado sin ninguna legalidad administrativa.
A los panistas les importa un cacahuate la sociología. Pero lo que está sucediendo en el Parque Lira es un ejemplo de cómo el capital privado, apapachado por el panismo, está intentando colonizar el “espacio vital” de la ciudadanía. El irresponsable Mauricio Tabe debería saber que, cuando un parque se cierra para un evento de seis meses, se desgarra el tejido social y se golpea al ecosistema local.
El PAN quiere convertir el patrimonio nacional en una barata de temporada. Pero los blanquiazules deberían saber que el ciudadano no es un cliente, ni el espacio público es una mercancía.
El TJA rechazó suspender la resolución administrativa que identifica a Ocesa como organizadora del festival donde murieron dos fotoperiodistas, manteniéndola pública pese a los intentos legales de la empresa.
La Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) de la Ciudad de México negó a Ocesa la suspensión de una resolución administrativa emitida por la alcaldía Miguel Hidalgo, en la que quedó acreditado su papel como organizadora del festival Axe Ceremonia, evento donde perdieron la vida los fotoperiodistas Miguel Ángel Rojas y Berenice Giles Rivera en abril pasado.
Con esta decisión, la resolución permanece vigente y pública, pese a que la empresa buscó frenar su difusión. La determinación se conoció durante una audiencia de omisiones realizada en las salas orales de Doctor Lavista, donde además un juez avaló que la Fiscalía General de Justicia (FGJ) no incurrió en ilegalidad al no incluir a las víctimas en los citatorios dirigidos a los representantes legales de Ocesa dentro de la investigación.
Al concluir la audiencia, el abogado Fabián Victoria, representante legal de la familia de Berenice Giles, explicó que Ocesa impugnó la resolución administrativa que la señala como organizadora —junto con Ecolive— y, adicionalmente, solicitó una suspensión para impedir que el documento siguiera difundiéndose. El TJA, sin embargo, cerró esa puerta, fortaleciendo la transparencia del caso.
Por su parte, Edwin Alan Piñón, abogado de la familia de Miguel Ángel Rojas, adelantó que presentarán una solicitud ante la Jueza Cuarta de Distrito en Materia Penal para revocar la determinación que actualmente impide la celebración de la audiencia inicial, paso clave para el avance del proceso penal.
El fallo del TJA marca un precedente relevante: limita las estrategias para ocultar resoluciones administrativas en casos de alto impacto y refuerza la rendición de cuentas de empresas organizadoras de espectáculos masivos. Mientras la investigación continúa, la decisión judicial mantiene visible una verdad administrativa que Ocesa buscó silenciar.
El alcalde panista confunde una alcaldía con la política exterior del país y convierte la diplomacia en espectáculo para redes sociales.
El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, decidió dar el salto de jefe delegacional a canciller improvisado, al exigir que las embajadas de Venezuela, Cuba y Nicaragua sean retiradas de su demarcación.
En una grabación difundida en X, el edil calificó a esos gobiernos como “dictaduras criminales” y aseguró que no hablaba como político, sino como “ciudadano preocupado por la libertad”. Sin embargo, el mensaje —amplificado por influencers de derecha— fue leído por amplios sectores como un acto de oportunismo político, carente de fundamento jurídico y ajeno a las facultades de una alcaldía.
“Miguel Hidalgo no abraza criminales”, proclamó Tabe, olvidando que las embajadas no dependen de alcaldes, sino del Estado mexicano a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Aun así, anunció que enviará una solicitud formal a la SRE, en lo que muchos usuarios calificaron como un gesto simbólico, inútil y pensado para el aplauso digital.
Mientras en la demarcación persisten problemas de seguridad, servicios urbanos y movilidad, el alcalde prefirió jugar al defensor global de los derechos humanos, declarando a Miguel Hidalgo como “bastión de la libertad”, ahora con vocación de microrepública diplomática.
La salida de Tabe ocurre en un contexto internacional tenso tras la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, rechazada por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien reiteró la histórica postura de México de no intervención y respeto a la soberanía.
Incluso dentro del propio PAN, la postura fue celebrada como un golpe mediático, mientras críticos señalaron que el edil usa la alcaldía como trampolín ideológico, confundiendo gobernar con opinar y administrar con pontificar. Al final, Tabe no movió embajadas, pero sí logró lo que buscaba: likes, polémica y reflectores, aunque fuera a costa del ridículo institucional.
En los últimos tres años, colonias emblemáticas de Miguel Hidalgo y Benito Juárez han sido escenario de desalojos que vecinos y organizaciones vinculan con el cártel inmobiliario y la gentrificación. Detrás del crecimiento urbano, se repite una historia de desplazamiento, litigios irregulares y comunidades fragmentadas.
En calles donde antes los vecinos convivían y el sonido cotidiano era el de la vida barrial, hoy predominan las vallas, los sellos judiciales y la maquinaria. En alcaldías como Miguel Hidalgo, familias de colonias como Popotla, Tacuba y Anáhuac han denunciado desalojos forzados tras años —incluso décadas— de habitar los mismos inmuebles. Los procesos, narran los afectados, comenzaron con avisos legales confusos y terminaron en expulsiones que los dejaron sin la vivienda que los vio crecer.
En Benito Juárez, el fenómeno se entrelaza con el llamado cártel inmobiliario, una red de corrupción que facilitó permisos irregulares para desarrollos de alta densidad. En colonias como Narvarte, Del Valle y Nápoles, vecinos relatan presiones constantes, juicios civiles acelerados y desalojos ejecutados en horarios intempestivos, todo con un mismo objetivo: liberar predios para nuevos proyectos y elevar el valor del suelo.
Más allá de los casos puntuales, el patrón se repite. La gentrificación avanza empujada por la especulación inmobiliaria, el aumento de rentas y la transformación del uso habitacional. Adultos mayores, inquilinos históricos y familias de ingresos medios han sido los más vulnerables, obligados a abandonar zonas donde construyeron su vida y formaron comunidad.
Mientras el paisaje urbano se verticaliza y el discurso oficial presume modernización, en estas alcaldías persiste una pregunta incómoda: ¿para quién se está construyendo la ciudad? Entre edificios nuevos y banquetas relucientes, quedan las historias de quienes fueron desplazados, recordando que el desarrollo, cuando ignora a sus habitantes, se convierte en una forma de despojo.
Dos presuntos integrantes fueron capturados en flagrancia cuando amagaban a un ciudadano; operaban en Polanco, Granada y Escandón.
Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a dos ciudadanos extranjeros presuntamente vinculados con una banda dedicada al robo de relojes de alta gama en zonas comerciales de la alcaldía Miguel Hidalgo, como resultado de labores de inteligencia, investigación y videovigilancia.
De acuerdo con la autoridad, tras el análisis de cámaras públicas y privadas, se identificó a los sospechosos realizando vigilancia previa para ubicar posibles víctimas. Las indagatorias permitieron establecer que se trasladaban en un sedán verde olivo y que su zona de operación abarcaba Polanco, Granada y Escandón, puntos de alta afluencia y poder adquisitivo.
#Importante | Resultado de trabajos de investigación para identificar y detener a generadores de violencia, compañeros de @SSC_CDMX detuvieron a Ángel "N" y Gilbert Alexis "N", vinculados a una célula delictiva dedicada al robo de relojes de alta gama que opera en zonas… pic.twitter.com/enkHrYOiFr
Con esta información, la SSC reforzó patrullajes y activó el monitoreo del C2 Poniente, lo que llevó a ubicar el vehículo en Viaducto Poniente, a la altura de General Salvador Alvarado. En el lugar, los policías observaron cuando los tripulantes descendieron del automóvil y amagaron con un arma de fuego a un ciudadano, por lo que intervinieron de inmediato para impedir el delito.
Durante la revisión preventiva, se aseguró un arma corta con tres cartuchos útiles, dinero en efectivo, dos teléfonos celulares y el vehículo con placas de Durango. Los detenidos, de 23 y 35 años, fueron informados de sus derechos y puestos a disposición del Ministerio Público, junto con lo asegurado, para definir su situación jurídica.
La SSC indicó que los implicados podrían estar relacionados con el robo de un reloj de lujo ocurrido en octubre y con un intento de robo registrado en diciembre, ambos en Miguel Hidalgo, por lo que las investigaciones continúan para desarticular la red delictiva.
El panista Mauricio Tabe ha priorizado los intereses inmobiliarios sobre la conservación ambiental y el bienestar general de la demarcación.
Prueba de ello es la instalación, por órdenes de Tabe, de un campamento de limpia en el Bosque de los Granados, un polígono sujeto a conservación ambiental, que también se ha convertido en depósito de cascajos y desechos.
Mientras el alcalde Tabe se jacta, en distintos medios de comunicación, de haber logrado una supuesta reducción histórica de delitos, acompañada de una costosa instalación de cámaras, los vecinos de colonias no céntricas de la Miguel Hidalgo lo acusan de abandono.
Los habitantes lamentan, entre otras cosas, que el panista haya decidido convertir un área natural protegida en un basurero, mientras procura, a toda costa, el bienestar de la colonia Polanco, una colonia de alta plusvalía donde, por cierto, vive el panista.
La política de Tabe apunta a un claro sesgo geográfico y de clase.
Infelizmente, la administración de Tabe es señalada por haber instalado este campamento de limpia de la alcaldía y permitir, ahí, el depósito de residuos de filmaciones y construcciones aledañas en un área de vital importancia ecológica.
De acuerdo con una denuncia interpuesta el 23 de octubre de 2025, ante la Procuraduría Ambiental y de Reordenamiento Territorial (PAOT), el alcalde Tabe hizo de un predio localizado entre el Bosque de los Granados y el Bosque Balsas, un depósito de basura.
Algo, que de acuerdo con documentos que obran en la PAOT, no sería nuevo pues desde 2010 el predio es motivo de disputa entre autoridades de la alcaldía y vecinos. Esta área, conocida como Bosques de Granados, es uno de los 22 polígonos de la zona sujeta a conservación ecológica del Bosque de las Lomas.
Se trata de un área que, en otra época, figuró como un importante bosque de encinos que limitaba entre las alcaldías Miguel Hidalgo y Cuajimalpa. Sin embargo, en los últimos años, el área se ha convertido en un centro de basura ilegal.
Esta lamentable situación se denunció por primera vez en 2011, cuando vecinos acudieron a la PAOT para denunciar que el Bosque de los Granados y el Bosque Balsas se estaban convirtiendo en depósitos de cascajos y residuos sólidos.
Tras una mesa de diálogo, la autoridad ambiental convino la limpia y constante supervisión del bosque a fin de evitar un uso ilegal. Por un tiempo, el Bosque se mantuvo relativamente limpio, pero todo cambió nuevamente cuando Mauricio Tabe logró la reelección de la alcaldía, el 2 de junio de 2024.
Apropiación ilegal de un área natural
Mientras el centro urbano de Polanco se llenaba de nuevas empresas de autoservicio, constructoras o transportistas, las zonas alejadas al epicentro de Mauricio Tabe iban pereciendo. Vecinos de las Lomas de Chapultepec acusaron que el alcalde panista dejó en el olvido el resto de las colonias “llenas de baches, basura y fugas de agua”, incluyendo el Bosque de Granados, que nuevamente a inicios de julio de 2025, comenzó a llenarse de basura.
En el predio, se comenzaron a depositar residuos de las construcciones aledañas y hasta se instaló un campamento de limpia.
Algo que la Secretaría del Medio Ambiente desconocía. Documentos contenidos en la Plataforma Nacional de Transparencia revelan que la Alcaldía Miguel Hidalgo, encabezada por Mauricio Tabe, obró sin consultar a nadie. Pues no existe documento alguno que pruebe algún tipo de permiso ni tampoco que esclarezca si el campamento será permanente o cuál es la finalidad del mismo.
Pero Mauricio Tabe permanece ajeno a todo ello. El alcalde de la Miguel Hidalgo se ha concentrado en favorecer el desarrollo urbano, importándole poco la conservación del medio ambiente o la calidad de vida de los habitantes de esa demarcación.
Tabe, ahora, acumula denuncias que no sólo lo señalan de ejercer un gobierno concentrado en autopublicidad de su persona, sino también de favorecer el desarrollo inmobiliario, que alguna vez lo patrocinó.
Pero Mauricio Tabe permanece ajeno a todo ello. El alcalde de la Miguel Hidalgo se ha concentrado en favorecer el desarrollo urbano, importándole poco o nada la conservación del medio ambiente o la calidad de vida de los habitantes que una vez lo votaron.
El alcalde ahora acumula denuncias que no sólo lo señalan de ejercer un gobierno concentrado en la publicidad de su persona, sino también de favorecer el desarrollo inmobiliario, que alguna vez lo patrocinó.
Cabe destacar que, hace poco, congresistas de la CDMX acusaron que el alcalde Mauricio Tabe facilitó la entrega de permisos para construir un desarrollo habitacional en la calle Lafontaine #110 de la alcaldía Miguel Hidalgo, cambiando el uso de suelo del mismo, que estaba en H4, calificado como de residencial de baja densidad a H3, que sería un uso apto para densidad media, o bien un edificio mediano.
Tan sólo en lo que va de 2025, la Alcaldía Miguel Hidalgo ha admitido 23 usos de cambio de suelo. Este año se aprobaron dos en distintas secciones, una de ellas en Constuyentes 11100 y otra en Galileo 307, ambos para destinarse a desarrollos inmobiliarios.
Así la política de Tabe, no sólo ha denostado la política ambiental de una ciudad donde las metas de descarbonización la obligan a alcanzar la neutralidad en 2050, sino que ha priorizado el desarrollo inmobiliario sobre la conservación de los pocos pulmones que aún le quedan a la capital.
Mientras presume cámaras, el alcalde ciega los ojos ante la basura de su propia gestión.
El alcalde panista de Miguel Hidalgo volvió a eludir el escrutinio legislativo, dejando en el aire señalamientos por corrupción, nepotismo y sobreprecios.
La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso capitalino presentará una denuncia ante la Contraloría General contra el alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, por no presentarse a su comparecencia programada este miércoles, en la que debía entregar su informe.
Desde temprano, un grupo de simpatizantes del PAN llegó al recinto legislativo con sonidero, batucada y campanas —similares a las del camión de la basura— para esperar al edil. El ruido obligó a los legisladores de Morena a mover la sesión del salón Heberto Castillo al Luis Donaldo Colosio, lo que Tabe rechazó argumentando que se trataba de una “trampa” y llamando al nuevo espacio una “ratonera”.
El panista acusó que no se permitía el acceso a su comitiva, mientras los diputados de Morena aseguraban que el escándalo afuera era una provocación organizada para impedir el desarrollo de la comparecencia.
Tras una hora sin avances, la presidenta de la comisión, Valentina Batres, anunció que no se daría por presentado el informe y que se iniciaría el proceso para denunciar a Tabe ante la Contraloría.
Entre gritos y acusaciones, morenistas y panistas se quedaron en extremos opuestos del vestíbulo del Congreso, sin que el alcalde entregara su informe ni solicitara presupuesto.
La diputada Cecilia Vadillo afirmó que Tabe “no quería enfrentar los señalamientos”, recordando que desde días antes buscaba evitar la comparecencia o provocar su ruptura. Junto con el diputado Víctor Hugo Romo, señaló que la negativa del alcalde deja sin información al Legislativo sobre presuntas irregularidades inmobiliarias, nepotismo y sobreprecios en contratos.
Esta es la segunda ocasión en que Tabe genera conflicto en una comparecencia: en 2023 acudió, entregó su informe y se retiró sin permitir preguntas previamente acordadas.
Lo que presenciamos hace unos días en la supuesta “Marcha de la Generación Z” no fue una protesta, sino una operación política con fines de desestabilización.
A través de diferentes investigaciones periodísticas, ha salido a la luz que la organización de estas movilizaciones, que se presumen independientes, en realidad, ha sido operada por un grupo de comerciantes ambulantes en el Centro Histórico de la CDMX, un sector que históricamente ha estado asociado a redes de poder y, en ocasiones, a episodios de violencia.
Los nombres de ciertos personajes, vinculados al PRI y al PAN, llaman poderosamente la atención:
El primero de ellos es Rubén Jiménez Barrios, líder de comerciantes ambulantes y secretario adjunto de la presidencia del PRI en la CDMX. Este sujeto es identificado como el principal operador de la marcha que dejó a más de 100 policías heridos. La antigüedad de Jiménez Barrios en el control del comercio informal y sus vínculos con hechos de violencia, en el pasado, lo colocan como una figura clave en la logística de este tipo de acciones.
Hay comerciantes que señalan que fueron obligados a participar, y que, de hecho, la orden de que acudieran a la marcha provino directamente de la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega.
A esto, desde luego, hay que sumar que Edson Andrade Lechuga, uno de los principales impulsores de la marcha de la “Generación Z”, fue contratado directamente por el Partido Acción Nacional, en febrero de 2025, y a quien le fueron pagados más de 2 millones de pesos.
Pero eso no es todo.
También hay funcionarios activos de las alcaldías y miembros del PAN señalados por coordinar directamente las acciones violentas.
Uno de los señalados es Roberto Arceo Trujillo, subdirector B en la alcaldía Miguel Hidalgo y miembro de una organización de comerciantes. Este personaje, de acuerdo con los señalamientos de los propios comerciantes, habría coordinado a diferentes grupos de golpeadores para confrontar a la policía capitalina. Lo más preocupante es su estrecha relación con el panista Mauricio Tabe, titular de la alcaldía Miguel Hidalgo. Las imágenes son absolutamente reveladoras y evidencian la constante presencia de Roberto Arceo Trujillo en eventos públicos y reuniones en nombre de la alcaldía.
Otro de los personajes señalados es Alberto González Mancilla, quien protagonizó el acto de saltar la valla en el Zócalo y llegar a Palacio Nacional.
Este sujeto es identificado como un trabajador en el Grupo Parlamentario del PAN (GPPAN) en la CDMX. Por si fuera poco, Alberto González Mancilla, que fue candidato a consejero regional y capacitador electoral del PAN, no tiene ningún empacho en exhibir una militancia activa en el Partido Acción Nacional.
Todo se conecta. Todo es evidente.
Lamentablemente, el caso de la “Marcha de la Generación Z” ilustra la perniciosa persistencia de redes clientelares y el uso político de grupos de choque por parte del PRI y del PAN, en la Ciudad de México.
Infelizmente, a los líderes de ese partido, a Jorge Romero y Alejandro Moreno, no les importan las graves consecuencias que han tenido sus acciones en contra de la democracia y la legitimidad de la protesta social.
Aunque la protesta puede haber contenido demandas juveniles legítimas, la infiltración y el liderazgo de operadores políticos y grupos clientelares desvirtúan su carácter social.
El dato de que comerciantes fueron obligados a acudir por la alcaldesa de Cuauhtémoc revela un mecanismo de movilización inducida típico del clientelismo político.
Es terrible que el control sobre el comercio informal (licencias, permisos, espacios) sea utilizado como una herramienta de coacción para asegurar la asistencia a eventos políticos o, en este caso, la participación en acciones de protesta.
Una cosa queda clara: este evento no fue ningún movimiento espontáneo. Lamentablemente, ha sido una prueba más de la instrumentalización de la precariedad económica para funestos fines partidistas.
El alcalde Mauricio Tabe abre espacios públicos a la OCDA mientras vecinos critican la privatización del parque Lincoln y el uso comercial del espacio.
Mauricio Tabe Echartea, alcalde de Miguel Hidalgo, parece tener una visión muy particular de la “proximidad con la ciudadanía”: abrir el teatro Ángela Peralta, en pleno parque Lincoln de Polanco, para un acto de la Organización Demócrata Cristiana de América (OCDA) que defendió a detenidos por la violencia en la marcha de la generación Z.
El evento, llamado “Por la Libertad”, incluyó una exposición de supuestos “presos políticos” de Venezuela, Cuba y Nicaragua. La convocatoria marcaba vestimenta blanca, pero algunos asistentes, como Margarita Zavala, se saltaron las reglas, tal como Tabe parece saltarse la prioridad de su propio parque: mientras permite que la ultraderecha lo use, vecinos denuncian clases de acondicionamiento físico privadas que monopolizan el espacio.
Con la promesa de abrir más espacios públicos a grupos afines a la ultraderecha, Tabe demuestra que, para él, la “libertad” parece significar privilegios selectivos, política partidista y poco respeto a los ciudadanos que pagan impuestos. Mientras tanto, la empresa Barbie Fitness BTS sigue ocupando el parque con sus clases, sin que quede claro qué recibe la alcaldía a cambio.
Entre fotos de poco público y discursos sobre la libertad, Miguel Hidalgo se convierte en escenario de favoritismos y privatización mientras los vecinos exigen que Tabe explique cómo rinde cuentas.
