El miedo a ser deportado aumentó 10 puntos porcentuales entre marzo y junio de este año, de acuerdo con una encuesta del Centro de Investigación Pew. El 43% de los migrantes en EE.UU. teme que ellos o personas cercanas sean expulsados del país, frente al 33% registrado en marzo.
Este repunte coincide con operativos más agresivos del Servicio de Inmigración (ICE), particularmente en zonas latinas del sur de California. Las redadas han provocado protestas en ciudades como Los Ángeles.
Los latinos son el grupo más preocupado: 47% teme una deportación, mientras que entre migrantes de otras etnias también hubo aumentos. Incluso ciudadanos de segunda y tercera generación expresaron más temor: en el caso de hijos de migrantes, el porcentaje pasó de 28% a 34%.
La afiliación política también influye: 35% de los demócratas o simpatizantes dicen estar preocupados, frente al 10% de los republicanos. Actualmente, cerca de 93 millones de personas en EE.UU. son migrantes o hijos de migrantes.
El gobierno de Donald Trump abrió el pasado martes en Florida el centro de detención “Alligator Alcatraz”, ubicado en los Everglades, donde migrantes en situación irregular estarán rodeados por caimanes de hasta cuatro metros.
El complejo, construido en solo ocho días, cuenta con capacidad para tres mil personas, más de 200 cámaras de seguridad, 8,500 metros de alambre de púas y 400 efectivos. En su inauguración, Trump bromeó sobre la baja probabilidad de escapar de los caimanes, causando controversia.
El primer grupo de migrantes llegó la noche del miércoles. Las autoridades aseguran que podrán permanecer desde días hasta meses, con acceso a atención médica, aire acondicionado, áreas de recreación y apoyo religioso. Sin embargo, activistas cuestionan las condiciones y el acceso a derechos legales y familiares.
Imágenes en redes muestran inundaciones dentro de las carpas tras fuertes lluvias previas a la apertura, lo que aumenta la preocupación sobre la seguridad y el trato a los detenidos.
Además, el Fiscal General de Florida, James Uthmeier, promociona una línea de mercancía con el nombre y símbolos del centro, como camisetas y gorras, lo que ha generado críticas sobre la mercantilización del lugar.
Las normas del centro establecen que los menores deben estar siempre separados de adultos no relacionados y bajo vigilancia constante, y se garantiza agua y alimentos especiales para mujeres embarazadas y personas con condiciones médicas.
La inauguración y funcionamiento de “Alligator Alcatraz” han desatado protestas y denuncias por parte de organizaciones de derechos humanos, que exigen supervisión independiente y respeto a los derechos de los migrantes.
El boxeador Julio César Chávez Jr. fue detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en California, acusado de delincuencia organizada, tráfico de armas y presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, declarado organización terrorista por el gobierno de Donald Trump.
De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Chávez Jr. ingresó legalmente a Estados Unidos en 2023 con una visa de turista. Al vencerse su permiso, solicitó la residencia permanente tras casarse con una ciudadana estadounidense, quien habría estado relacionada con un hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán. Sin embargo, al detectar inconsistencias en su solicitud migratoria y confirmar que tenía una orden de aprehensión activa en México, las autoridades iniciaron un proceso de deportación acelerado.
La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que Chávez Jr. cuenta con una orden de aprehensión desde marzo de 2023 por delitos relacionados con crimen organizado y tráfico de armas.
#FGRInforma | Julio “C”, quien cuenta con una orden de aprehensión en México, desde marzo de 2023, por delincuencia organizada y tráfico de armas, fue detenido este día por las autoridades norteamericanas, en la ciudad de Los Ángeles, California. 1/2 pic.twitter.com/jkawkeuD2N
Chávez Jr. ya contaba con otros antecedentes como arresto por conducir bajo los efectos del alcohol (2012) y detención en Los Ángeles en 2024 por posesión ilegal de armas. ICE subrayó que bajo la anterior administración, no se le consideró una prioridad, pero ahora enfrentará consecuencias.
“Se acabaron los días de violencia desenfrenada de los cárteles en nuestro país”, sentenció Tricia McLaughlin, subsecretaria del DHS. El mensaje es claro: Estados Unidos no tolerará la presencia de criminales, aunque sean celebridades del deporte.
El Ejército de EE.UU. tomó control de nuevas zonas en Texas y Arizona bajo el esquema de Áreas de Defensa Nacional (NDA), sumando ya cerca de mil kilómetros fronterizos militarizados. Aunque por ley no pueden hacer tareas civiles, los soldados han detenido a más de 1,400 migrantes en los últimos meses por “intrusión”.
La estrategia, impulsada por Donald Trump, ha reducido en más de 90% los cruces irregulares. Organizaciones legales advierten que se evade la Ley Posse Comitatus, pero aún no hay recursos legales. Algunas tierras son privadas, pero se usan por acuerdos con autoridades fluviales.
Ganaderos tienen paso permitido, pero cazadores y excursionistas ya han sido advertidos: entrar sin autorización podría costarles una denuncia penal.
A pesar de las críticas, fiscales como Justin Simmons han reiterado que seguirán presentando cargos federales por entrada ilegal. Aunque algunos jueces han desechado casos por falta de señalización, las autoridades migratorias mantienen firme la política de expulsión inmediata.
En junio, los cruces de migrantes sin documentos por la frontera entre México y Estados Unidos cayeron a un mínimo histórico: solo se registraron 6 mil 070 detenciones, según datos preliminares de Aduanas y Protección Fronteriza. Es la cifra más baja en años, superando incluso el récord previo de 7 mil 200 en marzo.
El despliegue de la Guardia Civil, operativos del ICE incluso en ciudades santuario y el endurecimiento de la política migratoria bajo la influencia de Donald Trump han frenado el flujo de personas que buscan ingresar a EE.UU. sin autorización.
Durante el gobierno de Joe Biden, el promedio diario superaba los seis mil ingresos irregulares, con picos de más de 10 mil hacia finales de 2023. Hoy, la situación cambió radicalmente. Tom Homan, zar fronterizo del Presidente Trump, celebró que por segundo mes consecutivo no se liberó a ningún migrante detenido al cruzar ilegalmente.
Trump promete ir más allá: si se aprueba su “gran y hermoso proyecto de ley”, se contratarán 10 mil nuevos agentes para el ICE y cinco mil más para la Patrulla Fronteriza. Además, se construirán más centros de detención exprés como el recién inaugurado “Alligator Alcatraz”, edificado en solo ocho días.
El embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, calificó como “de pronóstico reservado” la iniciativa que propone un impuesto del 1% a las remesas, pues aún falta que se complete su proceso legislativo.
Moctezuma recordó que el Senado estadounidense ya aprobó la medida, que fue calificada por el presidente Donald Trump como “una gran y hermosa ley”, y ahora está en manos de la Cámara de Representantes, donde los republicanos necesitan mantener la mayoría para que avance.
Les informo sobre el “Big & Beautiful Act”, iniciativa que incluye el tema de las remesas. pic.twitter.com/AcYZ4gDKpU
— Esteban Moctezuma Barragán (@emoctezumab) July 1, 2025
La iniciativa contempla que el impuesto se aplique solo a transacciones en efectivo, y la presidenta, Claudia Sheinbaum, anunció que el Gobierno mexicano apoyará a los migrantes con un programa de reembolso mediante la tarjeta paisano de Finabien, en caso de que la ley sea aprobada.
Además, Moctezuma destacó que, de aprobarse la medida antes del 4 de julio, el impuesto entraría en vigor rápidamente, por lo que el Gobierno de México se prepara para implementar estrategias que mitiguen el impacto económico en las familias migrantes que dependen de estas transferencias. La comunidad migrante sigue atenta al desarrollo del proceso legislativo y a las posibles negociaciones entre partidos en Estados Unidos.
Durante una visita a un nuevo centro de detención en Florida, apodado el “Alligator Alcatraz”, el expresidente Donald Trump sugirió deportar a personas nacidas en Estados Unidos, si tienen ascendencia extranjera. “Quizá ese sea el próximo trabajo que hagamos”, lanzó ante medios, entre bromas sobre caimanes y seguridad fronteriza.
Trump insistió en que su administración fue forzada a endurecer la migración por la “política de puertas abiertas” de Biden, a quien responsabiliza de una supuesta ola delictiva. Aseguró que este nuevo centro albergará a “los migrantes más peligrosos del planeta” y destacó su ubicación en los Everglades como un sitio “del que nadie quiere escapar”.
La instalación tiene capacidad para 3 mil personas, con 400 agentes de seguridad y más de 200 cámaras, además de 8,500 metros de alambre de púas. Fue diseñada para disuadir y retener a personas consideradas de “alto riesgo”.
A la par, Trump buscó calmar las críticas del sector agrícola ante las redadas masivas, proponiendo que empleadores registren a sus trabajadores migrantes, quienes podrían permanecer legalmente, sin acceso a ciudadanía. “Pueden pagar impuestos, estar aquí legalmente… pero no obtienen la ciudadanía”, afirmó.
El presidente Donald Trump y el gobernador de Florida, Ron DeSantis, se reencontraron este martes durante la presentación de “Alligator Alcatraz”, un centro de detención temporal para migrantes, construido en apenas ocho días en los Everglades y rodeado por caimanes.
El centro, impulsado por el fiscal general de Florida, James Uthmeier, tiene capacidad para albergar a 5 mil personas en espera de ser deportadas. La instalación, financiada con 450 millones de dólares anuales del Programa de Refugios y Servicios de FEMA, busca impedir fugas mediante la inhóspita fauna del entorno.
Trump y DeSantis —distanciados por sus apoyos a distintos aspirantes a la gubernatura estatal— se mostraron unidos en el recorrido, donde el mandatario elogió la rapidez con la que se levantó el centro: “En ocho días, una nueva instalación estaba en funcionamiento”, dijo DeSantis. Trump calificó el trabajo como “un 10”.
“Alligator Alcatraz” será operado por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y representa un endurecimiento de la política migratoria bajo el actual gobierno republicano.
Con más de 20 mil usuarios, ICEBlock es una aplicación para iPhone que permite reportar la presencia de agentes migratorios (ICE) en tiempo real. Fue lanzada por el desarrollador Joshua Aaron como una respuesta a las redadas y deportaciones masivas impulsadas por el gobierno de Donald Trump.
La app funciona como un sistema de alerta comunitaria: cualquier persona puede registrar en un mapa dónde vio a agentes de ICE, incluyendo detalles como la ropa o vehículos que usaban. Usuarios cercanos reciben notificaciones instantáneas dentro de un radio de 8 kilómetros.
ICEBlock asegura anonimato total: no recopila datos personales, ubicación ni direcciones IP. Tampoco está disponible para Android por razones de seguridad. Los reportes caducan en cuatro horas y hay restricciones para evitar abusos, como limitar las alertas por usuario y ubicación.
Aaron afirma que su objetivo no es interferir con la ley, sino informar y proteger a comunidades vulnerables. ICE no ha respondido sobre la aplicación. Mientras tanto, ICEBlock continúa creciendo como herramienta digital de resistencia comunitaria ante las políticas migratorias más agresivas.
El plan migratorio de Donald Trump para trasladar a migrantes a países centroamericanos comienza a fracturarse. En El Salvador, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) acusa al gobierno de Nayib Bukele de posibles delitos de desaparición forzada y tortura contra 238 venezolanos recluidos en el penal de máxima seguridad CECOT. En Costa Rica, la Corte Suprema ordenó la liberación de 28 migrantes detenidos arbitrariamente tras ser deportados por Estados Unidos.
Los señalamientos contra el gobierno salvadoreño surgen a partir de una carta firmada por 12 expertos de Naciones Unidas, que exige a Bukele explicar la situación legal y médica de los migrantes detenidos desde marzo. El documento —enviado en abril y dado a conocer esta semana— advierte que su gobierno podría estar incurriendo en violaciones graves al derecho internacional, incluidas desapariciones forzadas.
El texto señala que los venezolanos se encuentran en un limbo legal, sin acceso a abogados, sin información sobre cargos y sin claridad sobre la base jurídica de su reclusión. “Ni las autoridades estadounidenses ni las salvadoreñas han revelado los nombres, ni su situación legal, ni si existe una investigación penal en su contra”, denuncia el documento.
Además, la ONU recuerda que ninguna emergencia, ni siquiera un régimen de excepción como el que rige en El Salvador, justifica la desaparición forzada. Tampoco se ha permitido el acceso a organizaciones independientes de derechos humanos ni al consulado venezolano, con quien Bukele rompió relaciones diplomáticas desde 2019.
Mientras tanto, en Costa Rica, la Sala Constitucional determinó que el Gobierno violó los derechos de 28 migrantes de origen asiático al retenerlos sin justificación en albergues cerrados. Ahora exige su liberación inmediata.
Los acuerdos para convertir a países centroamericanos en “terceros países seguros” —firmados este año con EE. UU. bajo presión de Trump— han sido duramente cuestionados. En el caso de El Salvador, el pacto se ha mantenido en secreto, sin aprobación del Congreso ni publicación oficial. Versiones periodísticas revelan que el interés de Bukele no sería económico, como ha dicho públicamente, sino obtener la deportación de líderes de la MS-13 que podrían incriminarlo en una corte de Nueva York.
De confirmarse, se trataría de una negociación política a costa de los derechos de cientos de migrantes.
