La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se reunió hoy con los presidentes de Guatemala y Belice en Campeche, para la discusión de temas clave para la región.
Primero, Sheinbaum se encontró con el presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo, en Petén, con quien se mostró dispuesta a avanzar hacia un futuro más equitativo. Ambos discutieron los temas de migración, seguridad y colaboración entre ambos países.
Después de la reunión en Guatemala, los tres líderes se reunieron en Calakmul, Campeche. Aquí fue donde se unió el primer ministro de Belice, Juan Antonio Briceño. Durante el encuentro, Sheinbaum anunció una importante cooperación trilateral que promete fortalecer los lazos entre México, Guatemala y Belice en áreas críticas.
Los líderes buscan crear un enfoque conjunto para enfrentar desafíos como la migración y la seguridad fronteriza, la cooperación regional es fundamental para el bienestar de sus pueblos.
La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo llegó este viernes al departamento de Petén, Guatemala, para sostener una reunión bilateral con su homólogo guatemalteco, Bernardo Arévalo de León. El objetivo de su encuentro es abordar temas de seguridad, migración y cooperación regional.
Su arribo al Aeropuerto Internacional Mundo Maya fue recibido con honores militares por el Ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, Carlos Ramiro Martínez, marcando su primera visita oficial al país centroamericano.
La presidenta @Claudiashein arriba este viernes a Petén, Guatemala; la recibe el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Ramiro Martínez Alvarado. pic.twitter.com/hV5LYvS2X7
El encuentro se llevará a cabo en el Hotel Villa Maya, donde participarán secretarios de Estado de ambos países para tratar asuntos de interés común. Al concluir, se prevé un mensaje conjunto a los medios de comunicación y un posterior desplazamiento de Sheinbaum a Calakmul, Campeche, para informar sobre los acuerdos alcanzados con Guatemala y Belice.
Esta gira internacional es la cuarta de la mandataria, tras sus visitas al G20 en Brasil, CELAC en Honduras y el Grupo de los 7 en Canadá.
Para esta visita acompañanan a Sheinbaum miembros de su gabinete, incluyendo a Rosa Icela Rodríguez, Omar García Harfuch, Ricardo Trevilla, Raymundo Pedro Morales, Juan Ramón de la Fuente, Luz Elena González Escobar, Alicia Bárcena, Sergio Salomón, Andrés Lajous Loaeza y Lázaro Cárdenas Batel.
En sus primeros seis meses de regreso al poder, Donald Trump presume mano dura contra la migración: 300 mil inmigrantes indocumentados arrestados, de los cuales “casi el 70% eran delincuentes”, según su vocera Karoline Leavitt, sin presentar pruebas que respalden la cifra.
La Casa Blanca califica el dato como “un éxito total” al afirmar que las detenciones eliminan amenazas para la seguridad pública y facilitan la deportación de personas a sus países de origen. La estrategia ha reforzado el papel del ICE y busca cumplir la promesa de una campaña masiva de deportaciones.
Sin embargo, defensores de migrantes denuncian abusos: detenciones en centros como el polémico “Alligator Alcatraz”, deportación de madres con hijos enfermos y traslados a prisiones de alta seguridad sin cargos formales.
La Oficina de Aduanas y Patrulla Fronteriza (CBP) reporta que los cruces ilegales cayeron en julio a mínimos históricos, con 24 mil 628 encuentros fronterizos, un 92% menos que hace un año. Aun así, Trump impulsa miles de millones de dólares para el muro y más agentes, financiados con recortes a la ciencia y ayuda humanitaria.
Tres mujeres inmigrantes —originarias de Venezuela, Cuba y Haití— encabezan una demanda federal en contra de la administración de Donald Trump por la cancelación repentina de los programas de parole que otorgaban permiso legal para permanecer y trabajar en Estados Unidos.
De acuerdo con información de La Opinión, las demandantes, identificadas como Sileiri, Meryem y Olivia, aseguran que siguieron todos los procesos establecidos por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a través de la aplicación CBP One. A pesar de ello, el gobierno de Trump revocó su estatus legal por medio de un correo electrónico, dejándolas en condición de indocumentadas y en riesgo de deportación.
La querella, presentada en la Corte de Distrito de Massachusetts por la Asociación Venezolana de Massachusetts, el Democracy Forward y el Massachusetts Law Reform Institute, calificó la decisión como “repentina, ilegal y cruel”, acusando a la Casa Blanca de atacar a personas en situación vulnerable aun después de haber cumplido con todos los requisitos oficiales.
Creada durante el gobierno de Joe Biden, CBP One permitía a los migrantes programar citas para ingresar de manera regular al país. Sin embargo, Trump eliminó la aplicación el primer día de su segunda administración, reemplazándola por CBP Home, diseñada, por el contrario, para programar salidas voluntarias. El DHS participó por medio del envío de correos masivos con el mensaje: “Es hora de que dejes Estados Unidos”, que llegó incluso a algunos ciudadanos estadounidenses.
Este caso se suma a otra demanda contra la actual administración estadounidense, por la cancelación de visas humanitarias para personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela (CHNV), lo que ha incrementado la tensión legal y política en torno a las decisiones de Trump respecto a la migración.
El activista y defensor de derechos humanos migrantes, Luis García Villagrán, fue liberado del Centro de Reinserción Social No. 3 en Tapachula, Chiapas. Tras audiencia, el juez Jonathan Izquierdo dictaminó no vincularlo al proceso por el delito de delincuencia organizada en modalidad de tráfico de migrantes.
Los abogados de García Villagrán, José Antonio Martínez Sánchez y Roberto Manuel de Jesús Carrera García, presentaron pruebas que demostraron al activista como beneficiario del mecanismo de protección de la Secretaría de Gobernación a causa de su labor humanitaria, lo que fue clave para que el juez valorara su declaración y ordenara su libertad.
“El juez determinó que no hay elementos suficientes para acreditar responsabilidad y decidió no vincularlo a proceso, por lo que Luis García Villagrán queda libre sin medidas restrictivas ni sujeción judicial”, explicó Martínez Sánchez.
El activista fue detenido el 5 de agosto, momentos antes de la salida de la Caravana migrante “Éxodo de la Justicia”, evento que había promovido y planeaba acompañar. Familiares y colaboradores celebraron su liberación en las afueras del penal.
No obstante, aún con la dictaminación de su libertad, la Fiscalía General de la República puede todavía impugnar la decisión judicial y continuar con la investigación.
El Comando Norte de Estados Unidos (USNORTHCOM) asumió el control de una franja de 51 kilómetros en la frontera de Arizona con México, específicamente en la Área de Defensa Nacional de Yuma (YNDA), con el objetivo de detectar, monitorear y disuadir actividades ilegales a lo largo de la frontera sur, informó la dependencia este martes.
Esta nueva zona, adyacente al Campo de Tiro Barry M. Goldwater y parte de la Estación Aérea del Cuerpo de Marines en Yuma, incluye tareas de patrullaje, detención temporal de personas no autorizadas, así como la construcción, mantenimiento y mejora de la barrera fronteriza existente.
Además, USNORTHCOM controla otras áreas fronterizas, como una extensión de 273 kilómetros en Nuevo México, otra de 101 kilómetros en Texas ligada al Fuerte Bliss, y una zona de 402 kilómetros cercana a San Antonio. En total, el mando militar estadounidense supervisa operaciones en al menos 827 kilómetros de los 3,175 kilómetros que conforman la frontera con México.
En abril pasado, el Departamento de Defensa firmó Acuerdos de Confidencialidad (NDA) con Nuevo México y Texas para ampliar las áreas bajo control militar, reforzando la seguridad fronteriza.
USNORTHCOM resaltó que estas acciones forman parte de su misión de proteger la integridad territorial de Estados Unidos mediante el despliegue de fuerzas militares para controlar el flujo migratorio y otras actividades ilícitas en la frontera.
Luis Rey García Villagrán, fundador y coordinador del Centro de Dignificación Humana AC, fue arrestado ayer en Tapachula, Chiapas, por agentes federales de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, acusado de delincuencia organizada, tráfico y Trata de Personas, confirmaron fuentes oficiales.
En 2022, fue vinculado a una investigación por la Fiscalía especializada en Tráfico de Menores, Personas y Órganos, y en 1997 fue condenado a más de 12 años por secuestro y asociación delictuosa en Chiapas.
García Villagrán ha sido señalado de exponer a migrantes a riesgos extremos, cobrar por trámites de amparo y facilitar el tránsito irregular a cambio de pagos que oscilan entre 500 y 2 mil dólares. Además, ha denunciado corrupción en la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) y el Instituto Nacional de Migración (INM).
Considerado por él mismo como un “elegido de Dios”, combina su discurso religioso con activismo migratorio. El año pasado expresó su apoyo a Donald Trump y criticó a la administración Biden-Harris.
El detenido organizaba caravanas migrantes desde Tapachula, siendo la más reciente prevista para este miércoles, bajo el nombre de Éxodo de la Justicia, en protesta por la falta de respuestas a solicitudes de asilo y trámites migratorios.
La detención ocurrió mientras participaba en una manifestación en el Parque Bicentenario, y se dirigía a su domicilio cuando fue capturado por autoridades federales.
El temor a las redadas migratorias en EE.UU. mantiene a cientos de migrantes encerrados en sus casas, especialmente en ciudades como Los Ángeles, donde la ofensiva antimigrante del presidente Donald Trump ha generado un ambiente de persecución y miedo.
De acuerdo con un reportaje de La Jornada, donde entrevistaron a Alberto, un salvadoreño de 60 años sin visa que lleva más de un mes sin salir de su habitación, declaró que teme ser detenido por agentes del Servicio de Inmigración (ICE). Vive gracias al apoyo de organizaciones que le llevan comida dos veces por semana. “Es un encierro que no se lo deseo a nadie”, declaró.
Mientras tanto, la Guardia Nacional reduce su presencia en Los Ángeles: de los 1,350 elementos enviados para contener protestas contra las redadas, solo quedan 250 efectivos. El resto ha sido retirado gradualmente.
En medio del clima hostil, la mexicana Paola Clouatre, de 25 años, fue liberada tras casi dos meses detenida en Luisiana, gracias a la intervención del senador republicano John Kennedy, aliado del presidente, quien sorpresivamente gestionó su excarcelación.
Clouatre —casada con un veterano del cuerpo de marines y madre de dos hijos— llegó a EE.UU. siendo menor de edad. Fue incluida en una orden de deportación tras la ausencia de su madre en una audiencia judicial en 2018, aunque ella afirma que nunca fue notificada. Inició su proceso de regularización este año, cuando descubrió la orden en su contra.
Por su parte, el canciller cubano Bruno Rodríguez criticó la política migratoria estadounidense, denunciando la deportación sin debido proceso y la separación de familias, en referencia a los 118 migrantes cubanos retornados esta semana y a los detenidos en el centro conocido como Alcatraz de los caimanes, donde más del 55% de los prisioneros son de Guatemala, México y Cuba.
En contraste, un juez federal en California ordenó extender el estatus de protección temporal a 60 mil migrantes de Centroamérica y Asia, pese a que el Departamento de Seguridad Nacional considera que ya no hay razones para mantener esa protección.
La presidenta Claudia Sheinbaum se reunió esta tarde con un grupo de congresistas estadounidenses en Palacio Nacional. La reunión abordó temas migratorios y otros asuntos importantes.
Sheinbaum informó sobre el encuentro durante su conferencia de prensa matutina. Los congresistas presentes son el republicano DonaldBacon y el demócrata Rohit Khanna. Ambos legisladores ya se habían reunido con el canciller Juan Ramón de la Fuente un día antes.
La mandataria destacó la importancia de mostrar lo que se hace en México. “Siempre es bueno dar a conocer lo que se hace en México”, comentó Sheinbaum.
Esta reunión se produce antes de la entrada en vigor de los aranceles a productos mexicanos, anunciados por el presidente de EE.UU., Donald Trump. Estos aranceles comenzarán el 1 de agosto. La visita de los congresistas es clave en este contexto.
En un nuevo giro contra los migrantes, el gobierno de Donald Trump anunció el programa “Defiende la Nación”, con el que busca reclutar ciudadanos estadounidenses para formar parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y “sacar a lo peor de lo peor” de migrantes indocumentados.
De acuerdo con información recopilada por Milenio, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) detalló que se ofrece un bono de hasta 50 mil dólares, pagos extra, beneficios de retiro y perdón de préstamos estudiantiles a quienes se inscriban como agentes migratorios. La convocatoria incluye mensajes nacionalistas y alarmistas sobre el papel de los migrantes, a quienes Trump llama “basura que el torcido Joe Biden dejó entrar”.
— U.S. Immigration and Customs Enforcement (@ICEgov) July 30, 2025
“Tu país te necesita para defender la nación y remover a criminales ilegales”, señala Kristi Noem, titular del DHS, en los folletos oficiales distribuidos en universidades, ferias de empleo y agencias federales.
Trump elogió el programa desde Truth Social, exaltando a ICE por su trabajo contra “terroristas, pandilleros y traficantes”, mientras promete más empleo y seguridad bajo su posible segundo mandato.
El proyecto será financiado con recursos de la nueva ley fiscal trumpista, con la que se pretende inyectar 750 mil millones de dólares a la economía y generar un millón de empleos. Los anuncios del reclutamiento muestran imágenes de Trump, Noem y agentes del ICE con el lema: “Únete a ICE. Defiende a tu nación”.
