En respuesta a la solicitud de cancelación de las conferencias matutinas realizada por la candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón X México al Instituto Nacional Electoral (INE), el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó enérgicamente dicha petición durante su conferencia matutina de hoy.
“Quieren censurar las mañaneras. Están solicitando que se cancelen, ¿ustedes qué opinan?”, preguntó el mandatario a los medios presentes en la sala. En respuesta, los periodistas corearon un rotundo “no”.
López Obrador cuestionó el intento de silenciar un ejercicio democrático fundamental y celebró la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de rechazar la solicitud, pues considera que cancelar las mañaneras sería un atentado contra la libertad de expresión.
“Sería una gravísima violación a la Constitución y desde luego un agravio a la libertad de expresión y a la libre manifestación de las ideas.” “En México se vive en una democracia y la democracia entre otras cosas implica pluralidad, diversidad, garantizar el derecho a disentir”, agregó.
El mandatario reiteró el llamado que ha hecho la 4T al respeto en la campaña electoral:
“No sé qué les está pasando, pero que se tranquilicen, somos adversarios, no somos enemigos, vamos a abrazarnos, a respetarnos mucho. Nada más que no estamos en una dictadura”, enfatizó.
Gálvez ha apuntado que considera que las mañaneras afectan a su persona, por la exposición de contratos de su empresa con distintas dependencias de gobierno, sin embargo, el presidente López Obrador ha demostrado que la 4T no le teme a la transparencia y ha garantizado el derecho de los mexicanos a estar informados. Esto, en periodo de campañas electorales, es fundamental.
Las conferencias matutinas representan un ejemplo de democracia y derecho a la información, pues cada día se informa al pueblo mexicano sobre los avances del país. La derecha conservadora y corrupta se siente intimidada por este ejercicio diario, ya que constantemente son señalados por los daños causados al país, mientras que esta administración trabaja para subsanar estos errores del pasado.
El presidente, Andrés Manuel López Obrador anunció este miércoles 10 de abril la detención del policía de Guerrero responsable del asesinato del normalista de Ayotzinapa, Yanqui Kothan Gómez Peralta, ocurrido el mes pasado.
🔴 #ÚltimaHora⚡| 📹 #Vídeo | Durante la madrugada se detuvo a David "N", por el delito de homicidio calificado con ventaja en grado de tentativa contra el estudiante de #Ayotzinapa, Yanqui Kothan, confirma AMLO. pic.twitter.com/mH06zzKMFN
La captura se llevó a cabo en horas de la madrugada, como resultado de una labor de investigación conjunta entre las fuerzas federales y estatales para localizar al oficial prófugo. “Estaba en un rancho guardado, protegido (…) cerca de Acapulco”, informó.
Tras el asesinato del estudiante normalista, un primer informe afirmaba que el joven había disparado primero contra los uniformados y poseía drogas. Sin embargo, esa versión fue descartada.
El mandatario destacó la actuación de su gobierno en este caso:
“A diferencia de lo que pasaba antes, que había impunidad (…) ya no es lo de antes, ya no somos los mismos, no aceptamos este primer informe y se investigó y se llegó a la verdad”.
El homicidio de Yanqui Kothan Gómez desencadenó numerosas protestas estudiantiles, pues se declaró que él habría provocado su propia muerte. Con la detención de David ‘N’, ya suman tres policías arrestados por este crimen.
“Quiero informar que hoy en la madrugada se detuvo al policía que asesinó al joven de Ayotzinapa, ya están todos los que participaron presos, estaba en un rancho guardado, protegido. Se está haciendo la investigación, en Guerrero, cerca de Acapulco”, enfatizó López Obrador.
Captura del último responsable
Tras la intervención de la Fiscalía General de la República (FGR) en el caso y su investigación sobre un posible abuso de autoridad, el policía identificado como David ‘N’ emprendió la huida, mientras que los otros dos agentes que lo acompañaban en la noche del 7 de marzo se entregaron voluntariamente a las autoridades.
Las autoridades desplegaron un operativo para dar con el paradero del oficial fugitivo, quien presuntamente disparó contra el normalista tras una confrontación verbal. Las pesquisas culminaron en la madrugada del 10 de abril, cuando efectivos del Ejército y agentes de la policía de Guerrero lo localizaron y arrestaron en las cercanías de Acapulco.
“Estos jóvenes van a Chilpancingo y allí son detenidos para comprar algo, momento en que la policía los intercepta. Intentan arrestar a uno, al que finalmente asesinan y disparan”, explicó el presidente Andrés Manuel López Obrador durante su conferencia de prensa. “De los involucrados, se logró la detención de dos, mientras que este policía se dio a la fuga. Sin embargo, se dio la instrucción de buscarlo y las fuerzas armadas, junto con la policía de Guerrero, llevaron a cabo una operación conjunta para lograr su captura”.
El sexenio del Presidente López Obrador se ha caracterizado por la reactivación del sistema ferroviario de México, principalmente con el Tren Maya, insignia de la Transformación y ejemplo de movilidad, sin embargo hay más proyectos del mismos tipo que AMLO ha instruido crear para mejorar la calidad de vida de millones de mexicanos.
Ejemplo de esto es el llamado Tren Transístmico, el cual avanza viento en popa para poder conectar los Golfos de Tehuantepec y el de México, creando polos de desarrollo para la generación de empleo y el crecimiento de la economía.
Ante el avance de este nuevo proyecto de la 4T, hace algunas horas llegaron al Puerto de Coatzacoalcos en Veracruz, tres nuevas locomotoras procedentes del Reino Unido y que ahora serán rehabilitadas para su puesta en operación en el Corredor del Istmo.
Se trata de 3 locomotoras modelo InterCity 253, ferrocarriles de alta velocidad que comenzaron a operar en 1976 y pese haber sido actualizadas, el gobierno de Inglaterra decidió sacarlas de operación en la renovación de su flotilla en 2023, por lo que ahora dejarán de recorrer las vías occidentales y orientales de Reino Unido para conectar El Golfo de México con el Océano Pacífico.
Ahora estas nuevas locomotoras se unen a dos más adquiridas el año pasado en Estados Unidos, modelo SD70M, algunas de Union Pacific y que tras haber funcionado desde el 2001, fueron sacadas de operación y vendidas a la empresa a Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec S.A. de C.V., misma que se encargará de las adaptaciones pertinentes.
El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo una llamada telefónica con su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, quien le expresó su solidaridad con México, luego del violento asalto a la embajada mexicana en Ecuador, para sustraer al ex vicepresidente, Jorge Glas.
A través de sus redes sociales, el mandatario mexicano compartió un video en el que agradece la solidaridad del pueblo brasileño y del gobierno que encabeza Lula da Sliva, ante el “penoso asunto de la toma de nuestra embajada” en Ecuador.
Expresar, nuestro agradecimiento por la solidaridad del pueblo brasileño y del gobierno que tú encabezas, en este penoso asunto de la toma de nuestra embajada, del asalto a nuestra embajada en Ecuador.
Indicó el mandatario mexicano.
En ese sentido, el titular del Ejecutivo Federal calificó como un hecho “autoritario”, desde cualquier punto que se vea, porque viola por completo la soberanía de México y el derecho internacional.
📹 #Vídeo | El presidente @lopezobrador_ sostuvo una llamada con su homólogo de #Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (@LulaOficial), quien expresó su solidaridad con México, tras el asalto a la sede diplomática en #Ecuador.
Al respecto, López Obrador aseguró que su gobierno presentará una denuncia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), para que nunca vuelva a repetir una violación tan “atroz”, como lo ocurrido el fin de semana pasado en Quito, Ecuador.
Vamos a presentar la denuncia en el tribunal de justicia internacional para que esto, como tú lo mencionas, presidente Lula, no se repita porque es realmente atroz.
Aseguró López Obrador.
Por su parte, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, expresó su deseo de tener un encuentro con el presidente López Obrador, una vez que concluya el proceso electoral en México. Abundó que el diálogo será sobre la consolidación de un bloque de gobiernos progresistas en América Latina.
Durante la conferencia matutina de hoy, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, anunció que el Programa IMSS Bienestar se convertirá en la única institución en el mundo que atenderá de manera gratuita a “personas que no tienen seguridad social, es decir, que no hacen contribuciones”.
Robledo explicó que en gobiernos anteriores, los sistemas de salud se fragmentaron y se crearon diversos modelos, entre ellos el Seguro Popular, que convirtió a la Federación solo en un pagador a estados y prestadores privados de servicios médicos con un número limitado de intervenciones.
El programa IMSS-Bienestar está destinado a ser la institución médica para personas sin seguridad social más grande del planeta. De los 65 millones de mexicanos que no cuentan con seguridad social, IMSS Bienestar atenderá a 53.2 millones, es decir, el 80 por ciento.
En este nuevo modelo de atención, se han transferido 707 hospitales y 13,966 centros de salud. Además, el gobierno de México, a través de la Secretaría de Salud y el Órgano Público Descentralizado (OPD) IMSS-Bienestar, firmó con 23 estados el Acuerdo Nacional para la Federalización del Sistema de Salud para el Bienestar. Este acuerdo tiene como objetivo consolidar la operación de un sistema de atención médica único, universal, público, gratuito y preventivo.
En un contexto marcado por intentos reiterados de limitar la labor periodística en Quintana Roo, el debate sobre la modificación de artículos del Código Penal ha vuelto a encender las alarmas en la comunidad periodística y defensores de derechos humanos.
La propuesta de modificación de los artículos 194 Bis y 194 Ter del Código Penal de Quintana Roo plantea una serie de cambios que podrían criminalizar la actividad periodística, especialmente en lo relacionado con la difusión de información sobre servidores públicos. Bajo la premisa del derecho a la intimidad de los funcionarios, se busca penalizar la publicación de documentos, conversaciones, fotografías o videos sin su consentimiento, con penas que podrían llegar hasta los ocho años de prisión.
Esta iniciativa ha despertado una fuerte oposición por parte de organizaciones de derechos humanos y periodistas en Quintana Roo.Fabiola Cortés Miranda, Presidenta de la Asociación Civil ‘Somos tus Ojos’, ha señalado que estas modificaciones representan una grave amenaza para la libertad de expresión y el derecho a la información. En un intento por justificar la propuesta, la Diputada Mora Vallejo ha argumentado la necesidad de proteger la integridad familiar, personal y laboral de los servidores públicos. Sin embargo, esta justificación es cuestionada por su potencial impacto en la labor periodística y la transparencia gubernamental.
Los periodistas de Quintana Roo han levantado su voz en contra de estas reformas, advirtiendo que dificultarán aún más el ejercicio del periodismo en un estado marcado por la violencia criminal. Alertan sobre el riesgo de encarcelamiento para aquellos que divulguen información de interés público relacionada con funcionarios públicos y sus familias. Señalan que estas medidas podrían servir para proteger a malos funcionarios y obstaculizar la labor de denuncia de posibles actos de corrupción o abuso de poder.
Además, la aprobación de reformas para suprimir tratamientos mediáticos sexistas y humillantes de la violencia de género es un paso positivo, pero no debe opacar la grave amenaza que representan las modificaciones propuestas al Código Penal en cuanto a la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo en el estado.
Este intento de criminalizar el periodismo no es un caso aislado en México. A lo largo de los años, hemos sido testigos de numerosos casos de periodistas que han sido perseguidos, criminalizados e incluso asesinados por ejercer su derecho a informar. La instrumentalización del marco legal para silenciar voces críticas y disidentes es una práctica recurrente que atenta contra los principios democráticos y los derechos humanos.
Casos emblemáticos como el de Lydia Cacho, Leonardo Garnier y Esther Beatriz May Vera son ejemplos claros de cómo el derecho penal se ha utilizado para intimidar y castigar a aquellos que revelan información de interés público. La historia de periodistas detenidos, amenazados y asesinados en México es un recordatorio contundente de los peligros que enfrentan aquellos que se atreven a desafiar el statu quo y denunciar la corrupción y la impunidad.
Periodistas de Quintana Roo Levantan su Voz contra la Criminalización del Periodismo
La comunidad periodística en el estado de Quintana Roo ha alzado su voz en rechazo a las reformas legislativas que amenazan con dificultar aún más el ejercicio del periodismo en la región. Conscientes de la situación de violencia criminal que prevalece en el estado, los periodistas advierten sobre las implicaciones negativas de estas reformas, las cuales podrían poner en riesgo la libertad de expresión y el derecho a la información.
La iniciativa de ley, presentada por la diputada plurinominal Iris Mora, busca penalizar la difusión de información que los funcionarios públicos consideren confidencial, lo cual podría llevar a la cárcel a los periodistas que publiquen contenido de interés público, como investigaciones sobre corrupción o conflictos de interés. Esta medida, según los comunicadores, constituye una verdadera “ley mordaza” que coarta la labor periodística y limita la rendición de cuentas.
Además, los periodistas recuerdan la existencia de una ley local de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, conocida como “Ley Borge”, la cual fue abrogada pese a la solicitud de más de 100 periodistas y defensores de derechos humanos. Esta ley, considerada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como inconstitucional, no garantizaba la seguridad de los comunicadores, ya que estaba principalmente bajo el control de autoridades locales, quienes en ocasiones son responsables de agresiones contra periodistas.
A estas preocupaciones se suma la reciente modificación a la Ley General de Acceso de Mujeres a una Vida Libre de Violencia aprobada por la XVII Legislatura del Estado, que busca combatir los tratamientos mediáticos sexistas y humillantes de la violencia de género y el feminicidio. Si bien esta medida es un paso importante para visibilizar la violencia de género, los periodistas señalan que las ambigüedades en el marco legal estatal podrían permitir la criminalización del ejercicio periodístico.
En este contexto, diversas organizaciones no gubernamentales han manifestado su preocupación por la situación de los periodistas en Quintana Roo, instando a las autoridades a respetar y proteger la libertad de prensa como un derecho fundamental en una sociedad democrática.
#Alerta 1/3 El @CongresoQRoo pretende modificar su constitución para limitar la libertad de expresión y de prensa. Resulta que si alguien publica una foto y no le gusto al político en turno serías un criminal. ¡Imagínate! Hacemos un llamado urgente para detener esta aberración pic.twitter.com/5XVgBXsAcE
— Periodistas Desplazados México (@PDesplazadosMX) April 9, 2024
La Instrumentalización del Marco Legal: Un Atentado contra la Libertad de Prensa
La criminalización del ejercicio periodístico a través de la manipulación del marco legal es una realidad alarmante que amenaza los cimientos de la democracia en nuestro país. Casos emblemáticos como el de Lydia Cacho en Quintana Roo y Puebla han puesto de manifiesto cómo el derecho penal se ha utilizado como una herramienta para silenciar y castigar a aquellos que desvelan información de interés público.
Lydia Cacho, al exponer una red de trata de personas y pederastia, fue víctima de una falsa acusación de difamación, seguida de tortura por parte del entonces gobernador de Puebla, Mario Marín. De manera similar, Leonardo Garnier evidenció conflictos de intereses entre una constructora y el gobierno estatal de Hidalgo, dirigido por Francisco Olvera en aquel entonces. Más recientemente, Esther Beatriz May Vera fue vinculada a proceso por difamación en noviembre de 2021, como represalia a sus denuncias sobre agresiones e intimidaciones por parte de integrantes del Ayuntamiento de Motul.
Estos casos, junto con otros ejemplos de activistas y defensores del medio ambiente y el territorio, como el de David Hernández en Oaxaca y Kenia Hernández en el Estado de México, evidencian la persistencia de viejas y nuevas formas de persecución contra aquellos que revelan información de interés público.
La adopción de delitos como el “halconeo“, que criminaliza la búsqueda de información sobre seguridad pública, así como el uso abusivo de delitos electorales, como la violencia política en razón de género, para inhibir el escrutinio sobre mujeres políticas, son prácticas que minan la libertad de prensa y la rendición de cuentas.
A pesar de los esfuerzos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por declarar inconstitucionales tales delitos, muchos casos no llegan a su revisión, lo que deja a periodistas y defensores de derechos humanos a merced de autoridades locales sometidas a lógicas políticas que convalidan la criminalización de la protesta y la defensa de derechos fundamentales.
La lucha contra la instrumentalización del marco legal para perseguir y silenciar voces críticas es una batalla que debe ser librada con determinación y unidad. La sociedad civil, las organizaciones de derechos humanos y los medios de comunicación tienen la responsabilidad de defender la libertad de prensa como un pilar fundamental de la democracia, y exigir a las autoridades el respeto irrestricto de la libertad de expresión y el derecho a la información.
En este contexto, es fundamental que las autoridades en Quintana Roo y en todo México respeten y protejan el derecho a la libertad de expresión y el trabajo de los periodistas. Las reformas propuestas al Código Penal de Quintana Roo representan un retroceso en materia de derechos humanos y deben ser rechazadas de manera contundente. La sociedad civil, las organizaciones de derechos humanos y los medios de comunicación tienen la responsabilidad de defender la libertad de prensa y el derecho a la información como pilares fundamentales de una sociedad democrática y transparente.
La presidenta Pro Témpore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), Xiomara Castro, anunció que este nueve de abril se celebrará una reunión virtual de cancilleres para abordar la crisis diplomática entre México y Ecuador.
Esto, luego de que policías ecuatorianos ingresaron de manera ilegal, rompiendo con el derecho internacional, a la Embajada de México en Quito para sustraer al ex vicepresidente Jorge Glas, quien había recibido “asilo político” por la autoridades mexicanas. Al grado de que el presidente Andrés Manuel López Obrador, ordenó la suspensión de las relaciones con Ecuador.
Uno de los puntos que se abordarán en la cumbre de cancilleres será “la firme condena de la CELAC al Estado de Ecuador por el ingreso ilegal de las fuerzas de seguridad a la Embajada de México en Quito”.
La Troïka de CELAC celebrada el día de hoy, logro consenso para realizar la reunión virtual de Cancilleres para el día de mañana 9 abril a las 10:00 am, hora de Honduras. La agenda propuesta por PPT, la compartimos con los Estados Miembros: pic.twitter.com/dncYpYssUw
— Xiomara Castro de Zelaya (@XiomaraCastroZ) April 8, 2024
En el que se hizo uso indebido de la fuerza con el que se violentó el principio de “inviolabilidad de las sedes diplomáticas”. Así como, discutir “el secuestro del exvicepresidente Jorge Glas”.
También, se informó que se convocará a una cumbre de Presidentes para el próximo viernes 12 de abril, en el que se discutirá la regla contenida en el “capítulo III del Manual de Procedimientos para el Funcionamiento Orgánico” de la CELAC, para que se puedan adoptar la toma de decisiones en modalidades de “mayoría simple, mayoría calificada, consenso”.
Asimismo, ante los cancilleres se planteará la conformación de un grupo con máximo siete países miembros de la CELAC para definir las acciones para requerir al gobierno de Ecuador “la rectificación”, tras con la fuerza la sede diplomática de México en Quito. Así como promover el diálogo que permita el restablecimiento de las relaciones entre ambas naciones.
En medio del contexto electoral, el presidente Andrés Manuel López Obrador enfatizó los logros económicos de su administración, asegurando que la pobreza y la desigualdad en México se han reducido a pesar de la crisis provocada por la pandemia de Covid-19.
Durante su discurso en las instalaciones del Octavo Batallón de Infantería, el jefe del Ejecutivo federal resaltó que la economía mexicana está experimentando un crecimiento sostenido. Además, destacó que el peso mexicano se ha fortalecido significativamente en comparación con otras monedas a nivel mundial, especialmente en relación con el dólar.
“Tenemos mejores ingresos en México, han mejorado los ingresos, México es de los pocos países en el mundo con empleos casi pleno, no hay prácticamente desempleo, nuestra economía está creciendo, nuestro peso se ha fortalecido más que ninguna otra moneda en el mundo con relación al dólar, pero sobre todo que decía Rubén (Rocha, gobernador de Sinaloa) con lo que me siento más orgulloso hemos logrado a pesar de la pandemia, reducir la pobreza, y la desigualad”
López Obrador subrayó que AMLO destaca reducción de pobreza y fortalecimiento del peso mexicano Además, señaló que su gobierno ha sido capaz de reducir la pobreza y la desigualdad, a pesar de los desafíos derivados de la pandemia.
El presidente también hizo hincapié en el compromiso de su administración en el combate a la delincuencia, asegurando que se ha delimitado claramente la frontera entre la delincuencia y la autoridad, en contraste con la situación previa, donde predominaba la impunidad.
Las declaraciones de López Obrador reflejan su visión optimista sobre la situación económica y social del país, en un contexto marcado por la contienda electoral y los desafíos derivados de la pandemia de Covid-19.
Después de los perturbadores eventos ocurridos en la Embajada de México en Ecuador, donde se vivieron momentos de tensión diplomática al ser irrumpidos por elementos de seguridad para llevarse al ex vicepresidente Jorge Blas, la canciller Alicia Bárcena ha detallado cuatro puntos cruciales sobre el asalto.
Irrupción injustificada: Bárcena enfatizó que “no existe ninguna justificación” para que las fuerzas de policía ecuatorianas hayan irrumpido en la Embajada de México en Ecuador, ni mucho menos para agredir físicamente la dignidad del personal diplomático presente en la sede diplomática.
Respeto al derecho internacional: La canciller destacó que México siempre se ha apegado al derecho internacional, especialmente en lo que respecta a la Convención de Viena y a la Convención de Caracas. Estos instrumentos legales establecen los principios fundamentales que rigen las relaciones diplomáticas entre los Estados.
Comunicación directa: Bárcena afirmó que México ha mantenido una comunicación directa con el Gobierno de Ecuador en todo momento respecto al procedimiento de asilo del ex vicepresidente Jorge Blas. Este diálogo busca garantizar el respeto de los derechos humanos y diplomáticos del asilado.
Recursos pacíficos: La canciller subrayó que Ecuador “debió recurrir en todo momento a procedimientos pacíficos” para resolver cualquier situación relacionada con la Embajada de México. Este llamado a la calma y a la solución pacífica de conflictos es fundamental para preservar la estabilidad y el respeto en las relaciones internacionales.
Ante estos puntos planteados por la canciller Bárcena, queda patente la importancia de respetar el marco jurídico internacional y garantizar la integridad de las misiones diplomáticas como espacios inviolables, donde debe prevalecer el diálogo y el respeto mutuo entre los Estados.
