Donald Trump reafirmó una postura agresiva contra el narcotráfico y no descartó acciones directas en México y Colombia. El mandatario sostuvo que la inteligencia estadounidense tiene identificadas rutas, capos y domicilios, y aseguró que estaría orgulloso de emprender acciones más duras.
Donald Trump volvió a subir el tono en el combate al narcotráfico y dejó abierta la posibilidad de que EUA lleve a cabo ataques tácticos en territorio mexicano y colombiano, siempre y cuando estos contribuyan a frenar el flujo de drogas que llega al país norteamericano.
Durante una reunión con reporteros en la Casa Blanca, el presidente afirmó que su gobierno cuenta con información precisa sobre los líderes criminales, sus rutas de trasiego y hasta los accesos a sus residencias. “Tenemos ubicaciones, direcciones y rutas confirmadas. Lo conocemos todo”, enfatizó.
Aunque no oficializó una intervención directa, sí dejó claro que la opción está sobre la mesa. “Lo que haya que hacer para detener las drogas… estoy de acuerdo”, expresó al ser cuestionado sobre el uso de fuerza militar fuera de las fronteras estadounidenses.
Trump insistió en que México no ha logrado frenar la violencia ni el tráfico, y señaló que la situación representa “una guerra” para su país. “Están matando a nuestra gente y estaría orgulloso de actuar si es necesario. No estoy contento con México”, declaró.
Por su parte, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum respondió sin titubeos desde Tabasco y recordó que México es un país soberano, por lo que rechazó cualquier intento de intervención extranjera.
Con el tema de seguridad regional nuevamente en ebullición, la relación México–EUA entra en un punto sensible, donde el discurso militar, la política interna y la presión por resultados vuelven a cruzarse.
La UIF detecta nuevas empresas y personas que habrían operado redes financieras internacionales para blanquear más de mil millones de pesos.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) amplió de 27 a 31 las personas y entidades financieras vinculadas al narcolavado del Cártel del Pacífico, tras nuevos análisis que detectaron operaciones irregulares en casinos, restaurantes y negocios de entretenimiento. Estas incorporaciones se suman a la lista emitida por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, conocida como Lista de Personas Bloqueadas.
Según la UIF, las 24 empresas y siete personas físicas identificadas operaban estructuras corporativas y redes financieras internacionales para transferir y ocultar recursos ilícitos, mediante movimientos millonarios en efectivo y triangulación internacional. Los flujos de dinero se desplazaban entre México, Estados Unidos, Canadá, Belice, Panamá, Rumania, Polonia y Albania, utilizando sociedades creadas para dispersar capital hacia firmas extranjeras dentro del esquema transnacional.
El análisis también reveló que el cártel capacitaba a sus operadores para gestionar estas complejas transacciones financieras y fiscales, utilizando empresas fachada para justificar ingresos inexistentes.
Derivado de estas investigaciones, la UIF presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República por posibles delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, y notificó a la Procuraduría Fiscal de la Federación. Hacienda destacó que estas acciones permiten avanzar en la detección de delitos fiscales y fortalecer la vigilancia sobre los flujos financieros relacionados con el crimen organizado.
La ampliación de la lista refleja la profundidad y sofisticación de las redes de lavado de dinero del narco, así como los esfuerzos de las autoridades mexicanas para desarticular estos esquemas y limitar su influencia en el sistema financiero nacional e internacional.
Por Neri Torres, Eduardo Blanco, Nathael Pérez y Oscar Martínez
La Generación Z mexicana está redefiniendo su relación con la política y los medios. Críticos del periodismo tradicional y al mismo tiempo escépticos de las redes sociales, estos jóvenes exigen transparencia, honestidad intelectual y acción real.
Para la Generación Z mexicana —es decir, aquellos nacidos entre mediados de los noventa y comienzos de la década de 2010— la política ya no es una ceremonia solemne ni los medios un altar neutral. Crecemos en un paisaje digital, saturado de información, donde los grandes discursos tradicionales conviven con TikToks virales, bots y discursos partidistas camuflados entre memes.
Lo que para otras generaciones fue entender “quién manda”, para nosotros es preguntarnos “¿desde dónde hablan?” Y al hacerlo, descubrimos que la objetividad informativa es casi una fantasía: los medios, como otros campos sociales, están atravesados por intereses, ideologías y lógicas de poder.
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El periodismo no es ajeno al juego político
Neri Torres, comunicólogo y periodista, señala que la idea de un periodismo objetivo parece cada vez más lejana. Según él, el ecosistema informativo —influido por ideologías políticas, por algoritmos que premian lo conflictivo y por intereses empresariales— moldea lo que consideramos “verdad”. En ese sentido, no basta con decir que se busca el equilibrio: muchas decisiones editoriales son profundamente políticas. Para Neri, lo valioso no es fingir una independencia total, sino transparentar desde dónde se habla.
Este diagnóstico no es infundado. En México, el acoso judicial hacia periodistas se ha vuelto una forma persistente de presión. Por ejemplo, la organización Artículo 19 reportó múltiples casos en 2025 donde se usan demandas para desgastar medios y voces críticas. Este tipo de hostigamiento contribuye a un clima en que “hablar con franqueza” deja de ser solo una ética profesional y se convierte en riesgo real.
Desilusión política y exigencia de coherencia
Eduardo Blanco, también comunicólogo, se describe como parte de una generación que ha sido testigo de crisis políticas, discursos de “guerra”, promesas rotas e inestabilidad económica. Blanco apunta que no hay una fe ciega en partidos ni en ideologías tradicionales —“no creo en derecha o izquierda”, dice— porque la realidad de muchos jóvenes mostrada desde fuera es profundamente simplificada y polarizada.
Esta desilusión va más allá de la apatía: es hartazgo. La generación Z exige resultados tangibles, no solo discursos épicos. Quiere instituciones que funcionen, oportunidades reales y un México donde tener trabajo, vivienda o salud no dependa del color del voto o del apellido. No se conforma con la polarización, quiere soluciones concretas para la desigualdad. Y si el Estado no da esos resultados, entonces la responsabilidad de cambio recae en nosotros, en la acción organizada, informada y consciente.
Un mundo líquido en constante transformación
Nathael, filósofo y lector, utiliza la idea de “mundo líquido” de Zygmunt Bauman para describir la sensación de vivir en una realidad inestable: creímos en una promesa de progreso (“estudiar te salvara”) que poco a poco se desvaneció. Para él, el internet no es solo una herramienta, sino parte de nosotros: marca cómo aprendemos, nos relacionamos y cómo formamos opiniones políticas.
Los medios tradicionales, para esta generación, ya no tienen el peso que tenían para generaciones anteriores. En cambio, lo que ocurre en redes sociales —en Instagram, TikTok, X— influye más profundamente en cómo vemos la política. Los actores políticos lo saben: intentan camuflar sus discursos para que se sientan hechos “a la medida”, personalizados para nosotros. Pero esa estrategia genera rechazo. Ver a figuras políticas apropiarse de nuestras series favoritas o de la estética que nos define solo evidencia lo poco que entienden lo que en realidad nos importa.
La desconfianza en medios y el valor de la búsqueda
Oscar, comunicólogo, recuerda haber crecido con la televisión como ventana al mundo; sus padres veían noticieros con reportes dramáticos sobre violencia, desapariciones o crisis. Pero con los años, él aprendió que informarse no debería ser solo consumir lo que “la televisión te da”: es necesario construir un criterio abierto, contrastar fuentes, debatir.
Para él, el reto actual no es eliminar sesgos: es aprender a vivir con ellos, a reconocerlos y a investigar más allá. La información, dice Oscar, no debe ser una mercancía, sino una herramienta para generar conocimiento y debate. Así como los medios necesitan autonomía, nosotros necesitamos un consumo activo: no ganar la batalla informativa, sino ganar en profundidad y pluralidad.
¿Qué significa todo esto para el futuro político de México?
Primero, que esta generación no solo se informa: también exige. No basta con viralizar consignas; quiere compromisos reales, transparencia ideológica y participación genuina. La Z mexicana no quiere ser usada como masa de maniobra; quiere ser entendida, escuchada y tomada en cuenta.
Segundo, el escepticismo no es pasividad: es una forma madura de cuestionar el poder, de renegociar el contrato social entre ciudadanos, medios y Estado. Al desconfiar, reclamamos responsabilidad de los periodistas, de los partidos, de los creadores de contenido. Pedimos que no solo nos hablen, sino que nos expliquen desde dónde hablan.
Como grupo demográfico significativo, tenemos un papel clave: podemos ser puente entre la tecnología y la política, entre la crítica y la acción. No basta con protestar; podemos proponer nuevas formas de participación digital, mecanismos de rendición de cuentas más acordes con nuestra realidad y un modelo comunicativo que no esconda sus intenciones
La Suprema Corte cerró la puerta a una vieja práctica bancaria: ahora los bancos deberán demostrar con pruebas reales que un cliente autorizó cargos que dice no reconocer, La decisión promete cambiar por completo la forma en que se resuelven estas disputas.
En México concluyó por parte del máximo tribunal que las entidades bancarias ya no pueden invocar la “confesión ficta” para establecer que un cliente autorizó cargos desconocidos simplemente por no presentarse a una audiencia. Con esta resolución, establece que son los bancos quienes deben presentar documentación fehaciente para demostrar que los cargos en tarjetas o cuentas fueron realizados por el usuario.
Mediante la jurisprudencia que emanará de este fallo, La Suprema Corte Justicia de la Nación determinó que debe existir evidencia certificada de consentimiento y operación por parte del cliente, así como registros confiables del banco que acrediten que sus sistemas funcionaron conforme a protocolos. Solo entonces se invertirá la carga de la prueba para que la persona demuestre que no realizó la operación.
Este veredicto llega en un momento de reformas al sistema financiero, donde recientemente la Cámara de Diputados aprobó iniciativas que buscan prohibir el envío de tarjetas de crédito no solicitadas y establecer mecanismos más ágiles para su cancelación. El fallo de la Corte refuerza un marco legal que favorece al usuario frente a prácticas bancarias que le atribuían la obligación de probar su inocencia ante cargos no reconocidos.
En el entorno de servicios financieros, esta decisión marca un antes y un después: los bancos tendrán que ajustarse a estándares más estrictos de transparencia y responsabilidad, mientras que los usuarios ganan un respaldo jurídico más sólido para cuestionar cargos que no reconocen. La jurisprudencia establece así una barrera adicional frente a abusos y protege derechos fundamentales dentro de la banca.
Se prepara una nueva reunión de alto nivel en la CDMX para revisar los avances de su agenda conjunta en seguridad, migración y desarrollo. La cita promete decisiones relevantes para la relación bilateral.
La relación diplomática entre México y Estados Unidos volverá a poner rumbo a la Ciudad de México, donde se prevé la próxima reunión del grupo de seguimiento de alto nivel, un mecanismo que ambas naciones han utilizado para mantener bajo la lupa los temas más sensibles de su agenda común. La Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó el encuentro después de que Juan Ramón de la Fuente sostuviera una conversación con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en el marco de la reunión ministerial del G7 celebrada esta semana en Ontario, Canadá.
De acuerdo con la Cancillería, el diálogo entre De la Fuente y Rubio permitió revisar el estado actual de los acuerdos alcanzados durante la visita más reciente del funcionario estadounidense a territorio mexicano. Ambos funcionarios destacaron que este esquema de trabajo ha servido para dar continuidad a asuntos que requieren monitoreo permanente, especialmente en materia de seguridad, movilidad humana y estrategias de desarrollo en la región.
La próxima cita en la capital del país buscará consolidar los avances y robustecer un mecanismo que se ha convertido en pieza clave para sostener un entendimiento operativo entre los dos gobiernos. La SRE remarcó que la coordinación constante no solo fortalece la relación bilateral, sino que también ayuda a enfrentar desafíos compartidos que inciden directamente en la estabilidad regional.
A medida que se acerca la reunión, la expectativa apunta a que ambos países profundicen los compromisos ya trazados y definan nuevas rutas de trabajo para sostener un diálogo efectivo en los meses por venir.
La medida se da tras la inclusión de estos casinos en la lista del Departamento del Tesoro de EUA que restringe su acceso al sistema financiero estadounidense.
Los casinos Midas, en Rosarito, Skampa, en Ensenada, y Skampa en Villahermosa, Tabasco, fueron clausurados por autoridades mexicanas luego de ser señalados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como presuntas plataformas de lavado de dinero vinculadas al Cártel de Sinaloa. La acción se enmarca en investigaciones internacionales que incluyen 10 casinos en México bajo la alerta de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN).
Según FinCEN, estos establecimientos estaban controlados por un grupo criminal con historial de transacciones ilícitas, mediante las cuales se enviaban pagos a miembros de alto rango del cártel, siguiendo instrucciones para evadir sistemas de control financiero. La clausura busca proteger tanto al sistema financiero mexicano como estadounidense frente a estas operaciones ilegales.
El Casino Skampa de Ensenada ya había sido clausurado en mayo de 2023 por supuestas irregularidades fiscales, aunque en esa ocasión los representantes del establecimiento calificaron la acción como “arbitraria y abusiva”. Por su parte, el Skampa de Villahermosa fue cerrado recientemente y, según clientes, no permitía pagos con tarjeta, solo efectivo, facilitando presuntamente el lavado de dinero.
La directora de FinCEN, Andrea Gacki, afirmó que la medida refleja la coordinación entre México y Estados Unidos para combatir el lavado de dinero y proteger las instituciones financieras del impacto del Cártel de Sinaloa. Actualmente, los accesos a los casinos permanecen sellados mientras continúan las investigaciones nacionales e internacionales sobre sus operaciones financieras.
El secretario de Estado reconoce el control de cárteles en zonas de México y ofrece apoyo con equipo, inteligencia y entrenamiento, pero sin enviar tropas.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró que Washington no enviará fuerzas a México para combatir a los cárteles de la droga, aunque reconoció que algunas regiones del país están “controladas por el narco”. Las declaraciones fueron hechas desde el Aeropuerto Internacional de Hamilton, Canadá, donde participó en la cumbre del G7.
Al ser cuestionado sobre la seguridad en México, Rubio señaló que Estados Unidos brindará apoyo a petición del gobierno mexicano, incluyendo entrenamiento, intercambio de inteligencia y equipamiento, pero reiteró que no se tomarán medidas unilaterales. “Tienen que pedirlo”, subrayó.
El senador destacó la cooperación histórica entre ambos países, particularmente en la lucha contra el fentanilo, y reconoció los avances alcanzados en los primeros diez meses del año. Sin embargo, advirtió que los cárteles representan un desafío de largo plazo y que los resultados no serán inmediatos.
Sobre el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, Rubio enfatizó que estos grupos criminales actúan contra políticos, periodistas y jueces, y calificó a los cárteles como organizaciones terroristas transnacionales, debido a su armamento, entrenamiento e inteligencia superiores a muchas fuerzas locales y nacionales.
Rubio concluyó que el problema de los cárteles es endémico en la región, y constituye una amenaza no solo para México, sino para la estabilidad de todo el hemisferio occidental, dado que algunas áreas están efectivamente gobernadas por estas organizaciones criminales.
Mientras España intenta recomponer su relación con México desde una mirada crítica y contemporánea, el Partido Popular decidió abrir un frente inesperado: convertir la Conquista en argumento de pureza moral, escudo político y arma arrojadiza contra la presidenta Claudia Sheinbaum.
La derecha española volvió al pasado para pelear el presente. Cayetana Álvarez de Toledo, una de las voces más duras del Partido Popular (PP), llevó al Congreso el tema de la Conquista como si se tratara de un litigio vigente, reclamando no solo “agradecimiento” por la presencia española en América, sino un acto de contrición… pero no de España, sino de México y particularmente de Claudia Sheinbaum.
De acuerdo con su discurso, la Conquista “solo merece agradecimiento” por derrocar una “tiranía caníbal” y llevar “civilización” al continente. El relato, más cercano al nacional-catolicismo que a la historiografía actual, sirvió para atacar la política de seguridad mexicana, acusando a Sheinbaum de “abrazar a los narcos” y exigiéndole un perdón a la viuda del alcalde Carlos Manzo. El pasado como arma electoral, y América Latina como escenario útil.
El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, intentó devolver el debate al terreno diplomático. Recordó que el gesto de reconciliación hacia los pueblos originarios —un reconocimiento del dolor histórico— buscaba fortalecer la relación con América Latina, no abrir nuevas trincheras. Aun así, la respuesta del PP fue insistir en una épica imperial, esa donde España “funda” el México moderno y donde los abusos coloniales son minimizados en nombre de la “hispanidad”.
Mientras tanto, think tanks como FAES, vinculados al expresidente José María Aznar, reforzaron la narrativa: México “debería agradecer”, la crítica a la Conquista es “genuflexión” y el perdón sería un absurdo “anacrónico”. Una lectura que ignora cinco siglos de transformaciones y utiliza la historia como si fuera propaganda de un imperio que ya no existe… salvo en el discurso político.
Al final, el episodio dejó al desnudo una tensión: España intenta reconstruir una relación con México basada en la igualdad, pero un sector de su derecha prefiere reivindicar el pasado colonial como trofeo moral. Y en esa insistencia, América Latina vuelve a ser un campo imaginario donde se libra la batalla interna de la política española.
Delta y Aeroméxico obtuvieron un respiro: un tribunal de EUA suspendió la orden del gobierno que las obligaba a romper su alianza, lo que le permite a ambas aerolíneas mantener su operación conjunta mientras se revisa el caso.
El Tribunal de Apelaciones del Undécimo Circuito, con sede en Atlanta, otorgó una suspensión temporal que permite a Delta Air Lines y Aeroméxico continuar operando bajo su alianza estratégica, luego de que el gobierno del presidente Donald Trump ordenara su disolución antes del 1 de enero de 2026.
De acuerdo con Bloomberg y Reuters, tres jueces del tribunal decidieron frenar la medida mientras se revisa la solicitud de ambas aerolíneas para mantener vigente el acuerdo firmado hace casi nueve años, el cual les permite coordinar vuelos, precios y horarios en más de 40 rutas transfronterizas. La alianza, establecida en 2016, también incluye programas conjuntos de fidelización y reparto de ingresos, lo que ha fortalecido la conectividad aérea entre México y Estados Unidos.
El Departamento de Transporte estadounidense justificó la orden argumentando que la cooperación entre ambas empresas les otorgaba una “ventaja injusta” frente a otros competidores del mercado. Sin embargo, tanto Delta como Aeroméxico señalaron que una ruptura forzada generaría costos millonarios y afectaría a miles de pasajeros, además de impactar negativamente la recuperación del sector aéreo tras la pandemia.
Por ahora, la suspensión judicial garantiza que la alianza se mantenga activa mientras el tribunal analiza el fondo del caso. En un comunicado, Delta celebró la decisión como “un paso importante para preservar una colaboración que ha beneficiado a millones de pasajeros en ambos países”, mientras Aeroméxico reafirmó su compromiso con la conectividad y la competencia justa.
Un paso histórico contra los abusos bancarios: los diputados aprobaron una reforma que prohíbe a las instituciones financieras enviar tarjetas sin consentimiento y cobrar por servicios no solicitados.
La Cámara de Diputados aprobó, con 467 votos a favor, una reforma a la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros que busca frenar la práctica de enviar tarjetas de crédito o débito sin la autorización expresa de los usuarios. La propuesta, impulsada por el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, fue considerada de urgente resolución y enviada al Senado para continuar su trámite legislativo.
Durante la sesión, Monreal advirtió que más de 40 millones de personas en México poseen alguna tarjeta bancaria y muchas de ellas han recibido plásticos no solicitados, lo que genera cobros indebidos, intereses moratorios y afectaciones al historial crediticio de los usuarios. Con esta reforma, las instituciones financieras deberán abstenerse de aplicar cargos por productos o servicios que no hayan sido autorizados previamente.
El proyecto establece que toda la información sobre costos, comisiones o beneficios adicionales deberá presentarse de manera clara y veraz, bajo principios de transparencia y protección al consumidor. Además, las entidades no podrán promocionar sus productos haciendo creer que están exentos de costos cuando realmente generan algún tipo de cargo.
Otro punto clave de la iniciativa es la obligación de permitir la cancelación inmediata y gratuita de las tarjetas, con mecanismos disponibles las 24 horas, tanto en sucursales como en plataformas digitales. La baja definitiva deberá completarse en un máximo de tres días hábiles, sin penalizaciones ni afectaciones al historial crediticio.
De acuerdo con datos de la Condusef, solo en 2024 se registraron más de 251 mil reclamaciones en el sector financiero, siendo las tarjetas de crédito y débito los principales motivos de queja. Entre ellas, más de 7 mil correspondieron a cancelaciones no atendidas, lo que refleja la urgencia de regular una práctica que ha afectado a miles de usuarios.
