En la conferencia matutina presidida por Claudia Sheinbaum, se informó sobre los avances del programa “Mi Patria No Se Vende”, enfocado en la recuperación de bienes culturales sustraídos de México. Enrique Álvarez Tostado Rivas, coordinador de Asuntos de lo Consultivo del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), destacó que se han logrado repatriar más de 14 mil piezas arqueológicas e históricas provenientes de países en Norteamérica, Sudamérica, Europa y Oceanía.
Álvarez Tostado Rivas detalló que el 18 de diciembre tuvo lugar una ceremonia especial en Italia para formalizar la restitución de 101 piezas arqueológicas a México. Este acto se realizó en colaboración con el subsecretario de Estado del Ministerio de Relaciones Exteriores y de Cooperación Internacional de Italia. Los bienes culturales habían sido asegurados previamente por el Arma de Carabineros en diversas localidades italianas, como Roma, Perugia, Udine, Ancona y Consensa.
#MañaneraDelPueblo | Enrique Álvarez Tostado Rivas, coordinador de Asuntos de lo Consultivo del @INAHmx, informó que, a través del programa #MiPatriaNoSeVende se han recuperado 14 mil piezas arqueológicas e históricas de países de Norteamérica, Sudamérica, Europa y Oceanía pic.twitter.com/b1Ed4PWjre
Además de estas piezas, se recuperaron 594 exvotos religiosos, así como más de 70 objetos arqueológicos de gran valor histórico. Entre ellos se encuentran figurillas humanas y zoomorfas de barro elaboradas por culturas del Altiplano Central, cuya antigüedad oscila entre los 900 años a.C. y el siglo XVI.
#MañaneraDelPueblo | Informe de restitución de piezas arqueológicas y culturales:
➡️El 11 de diciembre se restituyó a México una imagen de la representación de Santa Rosa de Lima que fue robada en 2007
Álvarez Tostado también recordó un caso destacado: el 11 de diciembre se restituyó a México una imagen de Santa Rosa de Lima que había sido robada en 2007. Por su parte, la embajada de Estados Unidos en México entregó seis piezas arqueológicas adicionales.
Finalmente, se anunció que en los próximos días se espera la repatriación de otro conjunto de 101 piezas arqueológicas, lo que reafirma el compromiso del programa con la preservación y recuperación del patrimonio cultural del país.
En un operativo realizado por agentes estatales en el municipio de San Fernando, se logró la detención de seis presuntos integrantes de una banda criminal dedicada al robo de vehículos y la extorsión, entre ellos tres policías de investigación. Así lo informó Jorge Luis Llaven Abarca, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), durante una conferencia de prensa conjunta en Tuxtla Gutiérrez.
En la acción, también se aseguraron cinco vehículos y se llevó a cabo un cateo en un inmueble ubicado en el centro del estado. Los detenidos fueron identificados como los policías de investigación Carlos N., Julio N. y Carlos N., junto con tres civiles: Alejandro N., Santifi N., y un sexto individuo cuya identidad no ha sido revelada.
El fiscal Llaven Abarca enfatizó que la lucha contra la corrupción y la impunidad es un compromiso prioritario de su administración.
“No vamos a permitir que servidores públicos en el cumplimiento de su deber que actúan de manera ilícita queden impunes. Hoy damos muestras contundentes y firmes de que vamos a combatir la corrupción y la impunidad de cualquier servidor de cualquier institución”, manifestó.”
Por su parte, el secretario de Seguridad del Pueblo, Oscar Aparicio Avendaño, destacó que en los primeros diez días del gobierno actual han sido detenidas más de 300 personas, incluyendo 92 policías de Comitán.
En la misma conferencia, se dio a conocer que otro operativo realizado el miércoles en el municipio de Villaflores derivó en el cateo de dos inmuebles, un enfrentamiento entre fuerzas del orden y presuntos delincuentes, y el aseguramiento de varios vehículos, incluido uno conocido como “monstruo”. Sin embargo, no se proporcionaron detalles sobre posibles heridos.
Compromiso firme contra la impunidad
Llaven Abarca subrayó la importancia de garantizar que la ley sea respetada. “Que se escuche claro y fuerte, el compromiso que tenemos es con el pueblo de Chiapas y con que la ley se respete. No habrá cabida a la impunidad en esta institución”, indicó.
Ambos funcionarios coincidieron en la necesidad de enviar un mensaje contundente a servidores públicos y delincuentes por igual. “Se los hemos dicho muy claro y de manera específica a los mandos y elementos que encabezamos que no vamos a tolerar ningún acto de esta naturaleza”, puntualizó Aparicio Avendaño.
Las autoridades continúan investigando la red de operaciones de la banda desmantelada en San Fernando, al tiempo que refuerzan las estrategias de seguridad en el estado para frenar la violencia y combatir el crimen organizado.
Omar García Harfuch, actual secretario de Seguridad Ciudadana, lidera en la percepción positiva según una encuesta realizada por Enkoll y publicada por El País y W Radio. Harfuch obtuvo el 77% de opiniones favorables entre quienes lo conocen, lo que lo posiciona como el funcionario con el saldo de opinión más alto (+65) en comparación con otras figuras públicas.
Este reconocimiento coincide con su participación clave en la estrategia de seguridad desplegada en Sinaloa. El miércoles 18 de diciembre, Harfuch, en conjunto con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, encabezó una reunión de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz. Durante este encuentro, se evaluaron las acciones implementadas por los tres niveles de gobierno para combatir la violencia generada por el crimen organizado en la región.
Desde la implementación de la estrategia especial de seguridad en Sinaloa, las autoridades han intensificado la presencia de elementos de las fuerzas armadas, logrando importantes decomisos y detenciones. En los últimos 100 días, se han confiscado más de mil armas de fuego, incluidas 765 largas y 140 cortas, además de 249 mil cartuchos, 160 granadas y otros artefactos explosivos. Asimismo, destaca un decomiso histórico de fentanilo, reforzando la lucha contra el narcotráfico en la entidad.
El despliegue de seguridad también ha fortalecido la protección en eventos masivos y durante las celebraciones de fin de año, un periodo marcado históricamente por enfrentamientos entre grupos delictivos.
La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) anunció su colaboración con el Gobierno federal en el programa “Sí al desarme, sí a la paz”, liderado por la Presidenta Claudia Sheinbaum, con el objetivo de reducir la violencia en el país. En un comunicado difundido el 17 de diciembre, el organismo eclesiástico informó que las iglesias católicas abrirán sus puertas para recibir armas de fuego de manera voluntaria y segura.
El programa propone la instalación de módulos en los atrios de las iglesias donde la población podrá entregar armas a cambio de una compensación económica. Este mecanismo garantiza que no se realicen investigaciones previas contra quienes entreguen el armamento, promoviendo la confianza y la participación ciudadana.
“Es momento de transformar el dolor en esperanza y las armas en oportunidades de paz. Como Iglesia, reafirmamos nuestro compromiso con el perdón, la reconciliación y la construcción de un México próspero y en paz”, señaló la CEM en el comunicado, agregando que su compromiso es clave para fortalecer la estrategia de pacificación.
Durante la conferencia mañanera del 17 de diciembre, la Presidenta Claudia Sheinbaum destacó la relevancia de la iniciativa como una vía para atacar las causas de la violencia desde sus raíces.
“Queremos que la gente se acerque de manera voluntaria, sin temor a represalias, y reciba un apoyo económico a cambio del arma que entregue. Lo importante es desarmar, prevenir y construir una cultura de paz”, puntualizó Sheinbaum.
La colaboración entre el Gobierno y la Iglesia católica busca no solo disminuir la cantidad de armas en circulación, sino también fomentar una reflexión profunda en la sociedad sobre la necesidad de adoptar medidas concretas para construir un entorno más seguro y armónico.
Este esfuerzo conjunto refuerza el compromiso de instituciones públicas y religiosas para avanzar hacia un México libre de violencia, donde el diálogo y la reconciliación se conviertan en herramientas esenciales para el cambio.
El empresario Ricardo Salinas Pliego se encuentra nuevamente en el ojo del huracán tras anunciar una controvertida medida que prohíbe a los colaboradores y productores de TV Azteca utilizar el “lenguaje woke” en sus programas de noticias. El mensaje, difundido el pasado 17 de diciembre a través de su cuenta en la plataforma X (antes Twitter), fue calificado por muchos como un acto de censura que refleja una postura autoritaria y contraria a los principios de inclusión y libertad de expresión.
En tono sarcástico, Salinas escribió: “Los televidentes y televidentas, a través del dueño y la dueña de TV Azteca/Azteco, le solicitan a los productores y productoras de noticias que den instrucciones a sus presentadores y presentadoras… QUE DEJEN DE USAR EL ‘LENGUAJE WOKE’.”
A mis colaboradores que salen en pantalla quiero decirles que ser “diferentes” en un mundo lleno de insensatez… es valentía, no caigan en tratar de encajar y ser normales.
Démosle a nuestros televidentes la opción de ver algo distinto, por favor ayúdenme a ayudar!!! pic.twitter.com/2u1aY4A0f4
Este llamado a eliminar el uso de un lenguaje más inclusivo desató una ola de críticas en redes sociales, donde usuarios evidenciaron la contradcción del empresario quien, hace unos días, reunido con el presidente Milei, gritaba “¡Viva la libertad!”, y hoy censura a sus empleados.
El wey que andaba gritando en Argentina que viva la libertad está prohibiendo. 😳
Uno de los puntos más señalados por los críticos es que TV Azteca opera bajo una concesión estatal, lo que implica que, aunque sea una empresa privada, debe cumplir con ciertas obligaciones relacionadas con la pluralidad y el respeto a los derechos de las audiencias.
Un usuario recordó este aspecto en su comentario: “Su empresa utiliza una concesión proporcionada por el Estado mexicano (sujeta a reglas) y, para adquirirla, recibió un préstamo del hermano del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, préstamo que nunca pagó.” (@CarlosDPicos).
Otro usuario agregó: “Sí es su empresa, sí es su dinero, pero la señal que utiliza es concesionada por el Estado. Los contenidos deben cumplir con requisitos mínimos.” (@HERRTOT).
Un discurso que busca dividir
El rechazo hacia la postura de Ricardo Salinas Pliego no solo se centra en el contenido de sus mensajes, sino también en el tono despectivo y autoritario con el que se dirige a quienes no comparten su visión. Su declaración, “mi empresa, mi dinero, mis reglas”, fue interpretada como una forma de imponer su voluntad y censurar ideas que no se alinean con su perspectiva personal.
En este contexto, usuarios de redes sociales criticaron la desconexión de Salinas con las audiencias modernas: “Lo ideal es no consumir TV Azteca. Ahí veremos qué lenguaje utiliza, porque de por sí su contenido es bastante pobre.” (@Caborkian).
El impacto de la censura en los medios de comunicación
La decisión de Salinas Pliego de vetar el “lenguaje woke” en TV Azteca no solo genera preguntas sobre la pluralidad en los contenidos que produce la televisora, sino que también subraya el impacto de las decisiones empresariales en una industria que debería garantizar espacios diversos y respetuosos para todas las audiencias.
Para muchos, este tipo de medidas envía un mensaje negativo, especialmente en un contexto donde el lenguaje inclusivo es una herramienta para reconocer la diversidad y construir sociedades más equitativas.
El gobierno de Claudia Sheinbaum y la dirección del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) avanzan en una polémica reforma que busca suprimir las Direcciones Sectoriales de Trabajadores y Empresarial. Estas entidades, calificadas como carentes de funciones sustantivas pero con elevados ingresos, han sido señaladas por ser fuente de enriquecimiento para algunos de sus directivos.
Actualmente, los titulares de estas direcciones perciben ingresos muy superiores al salario de la presidenta de México. Un ejemplo de ello, de acurdo a una investigación de Sin Línea MX, es Carlos Gutiérrez Ruiz, responsable de la Dirección Sectorial Empresarial, que recibe un salario mensual de 262 mil pesos, cifra que casi duplica el sueldo de Claudia Sheinbaum, quien gana 140 mil pesos mensuales. Además, se reporta que los integrantes de estas direcciones reciben un bono adicional de 60 mil pesos por asistir a sesiones del Consejo General del Infonavit, sin que estas posiciones impliquen responsabilidades significativas.
Cuestionamientos por privilegios y opacidad
Octavio Romero Oropeza, actual director del Infonavit, ha sido uno de los principales promotores de esta reforma. En una conferencia de prensa, calificó a estas direcciones como un obstáculo para la transparencia. “No tienen responsabilidades, no tienen funciones, pero ganan más que la presidenta de la República”, enfatizó.
De acuerdo con información de la Plataforma Nacional de Transparencia, estas direcciones también acumulan gastos excesivos en viajes y viáticos, además de resistirse a la fiscalización por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Carlos Martínez, exdirector del Infonavit, denunció previamente que algunos representantes sectoriales incluso buscaron ampararse para evitar auditorías.
Antecedentes: vínculos con constructoras cuestionadas
Carlos Gutiérrez Ruiz, un personaje clave en esta polémica, ha ocupado cargos de relevancia durante los gobiernos panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón, entre ellos el de director general de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi). Durante su gestión, fue señalado por favorecer a constructoras como Geo y Homex, que más tarde se declararon en quiebra, dejando miles de viviendas abandonadas y a trabajadores con deudas imposibles de pagar.
El caso de Casas Geo, una de las empresas más favorecidas en la administración de Fox, es representativo de los abusos cometidos. Promesas de vivienda digna terminaron en desarrollos habitacionales abandonados que afectaron el patrimonio de miles de mexicanos. Este patrón se replicó en las gestiones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, dejando un grave rezago habitacional.
Oposición empresarial y sindical
Sectores como la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y sindicatos como la Confederación de Trabajadores de México (CTM) han manifestado su rechazo a esta reforma. Argumentan que la desaparición de las Direcciones Sectoriales afecta sus intereses y reduce su capacidad de representación en el Infonavit.
Sin embargo, el gobierno defiende que la medida busca redirigir los recursos hacia los trabajadores, eliminando intermediarios que solo representan costos innecesarios. Según Octavio Romero, la reforma permitirá una gestión más eficiente y transparente, enfocada en resolver las necesidades reales de vivienda.
Un sistema en transición
Mientras el debate continúa, la reforma al Infonavit pone de manifiesto la urgencia de un cambio en el manejo de los recursos públicos y el combate a los privilegios. Aunque los sectores afectados han levantado su voz en contra, la propuesta avanza con la promesa de beneficiar directamente a los trabajadores, cerrando una etapa de opacidad y excesos.
Durante la conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que el gobierno federal continuará presentando denuncias administrativas y penales contra los actos de corrupción detectados en el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit). Rechazó que este tema tenga un trasfondo político y subrayó que las reformas al instituto buscan proteger el ahorro de los trabajadores, fomentar la construcción de vivienda social y garantizar la transparencia en las operaciones del organismo.
Sheinbaum negó las acusaciones de la oposición sobre una supuesta intención de apropiarse de los fondos del instituto. “Lo que estamos haciendo es proteger el ahorro de las y los trabajadores, contrario a lo que está diciendo la oposición. Se van a proteger los ahorros de los trabajadores y vamos a construir vivienda social de manera transparente, para que el Infonavit cumpla con su función, que es el acceso a la vivienda”, enfatizó.
#MañaneraDelPueblo | La presidenta @ClaudiaShein reiteró que con la reforma al @Infonavit se protegerá el ahorro de los trabajadores y se construirá vivienda social. “Contrario a lo que está diciendo la oposición, de que quiere haber una apropiación de los fondos, todo lo… pic.twitter.com/YKuChoWUFC
La mandataria indicó que el instituto procederá con las denuncias correspondientes por los casos de corrupción que se han detectado, muchos de los cuales, afirmó, se originaron en administraciones anteriores. Sin embargo, descartó que el asunto sea de naturaleza política, a pesar de los cuestionamientos en torno a posibles responsabilidades de ex directores generales.
“Lo quieren hacer político, pero no es político. Es un asunto de defensa del ahorro de los trabajadores”, sostuvo. También señaló que la corrupción más significativa ocurrió durante el último periodo del gobierno de Enrique Peña Nieto, aunque reconoció que estas prácticas tienen raíces en administraciones anteriores.
Asimismo, Sheinbaum propuso reformar la ley para devolver la rectoría del instituto al director general, ya que actualmente no cuenta con esta facultad. También planteó la eliminación de dos direcciones sectoriales, la empresarial y la sindical, al considerarlas innecesarias, aunque insistió en que el Infonavit seguirá siendo un organismo tripartito con participación de trabajadores, empresarios y gobierno.
Oposición y Transparencia
La presidenta señaló que, en el pasado, las representaciones empresariales y sindicales, junto con algunas instancias gubernamentales, obstaculizaron auditorías al instituto bajo el argumento de que los fondos de los trabajadores eran privados. “Esta investigación, y alguna que ya venía de la administración anterior, y ahora la que está haciendo Octavio Romero —actual director general— va a derivar en seguir informando lo que se está encontrando y las demandas penales que tengamos que presentar”, explicó.
Sheinbaum resaltó la importancia de que la ciudadanía conozca estas irregularidades, ya que, según afirmó, representaron un negocio privado en el que participaron representaciones empresariales y laborales. También cuestionó por qué el INAI no intervino en el tema y criticó la postura de los sectores opositores que ahora señalan a su gobierno.
“¿Por qué el INAI, que tanto defendían, nunca hizo nada con el Infonavit? ¿Por qué no permitieron que entrara la Auditoría Superior de la Federación a hacer auditorías? No hay argumentos sólidos”, subrayó.
Finalmente, reafirmó que el objetivo de su gobierno es garantizar la transparencia en el manejo del Infonavit y proteger los derechos de los trabajadores.
La presidenta Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard firmaron un decreto que establece un aumento del 35% en los aranceles a las mercancías confeccionadas y un 15% a la importación de productos textiles. Esta medida tiene como objetivo garantizar condiciones equitativas para las empresas nacionales, combatir abusos en las disposiciones vigentes y proteger cerca de 400,000 empleos que dependen del sector textil, considerado estratégico para la economía mexicana.
Marcelo Ebrard, secretario de Economía, detalló que esta política busca corregir un problema en el programa de Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX). Según explicó, dicho programa permitía la importación de productos bajo el esquema de insumos intermedios exentos de impuestos, pero algunos de estos productos terminaban siendo comercializados en el mercado nacional sin cumplir con los requisitos establecidos.
#MañaneraDelPueblo | La presidenta @Claudiashein firmó el decreto por el que se aumenta temporalmente a 35% el arancel a mercancías confeccionadas, así como a 15% a la importación de mercancías textiles, con el objetivo de proteger la industria textil mexicana. pic.twitter.com/Igs2RReCHR
“Con estas acciones cerramos una puerta que dejaba en desventaja a las empresas mexicanas, permitiendo la entrada de productos terminados que evadían impuestos y competían de manera desleal”, declaró Ebrard durante la conferencia de prensa matutina de este jueves 19 de diciembre.
El secretario también abordó el tema del contrabando técnico, una práctica en la que las empresas declaran sus importaciones como temporales con el objetivo de evadir impuestos, pero posteriormente comercializan los productos en el mercado interno. Ebrard destacó que se han detectado irregularidades en al menos el 40% de las agencias aduanales revisadas, lo que ha llevado al retiro de siete patentes de agentes aduanales implicados.
“En este caso, le llamamos un contrabando técnico. Las empresas engañan a la autoridad declarando una importación como temporal, pero en realidad los productos terminan en el mercado nacional. Esta puerta se está cerrando con medidas más estrictas para asegurar el cumplimiento de las normas y sancionar estas prácticas”, explicó el secretario.
Además, señaló que se han implementado operativos adicionales para combatir la piratería y garantizar el cumplimiento de las normas de propiedad industrial, reforzando así el marco regulatorio en el comercio exterior.
Con estas acciones, el gobierno busca atender los problemas detectados en el sector y apoyar a las empresas nacionales que se han visto afectadas por prácticas comerciales desleales.
Un día después de recibir la terna de aspirantes para encabezar la Fiscalía General de Justicia, la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso local aprobó el calendario para entrevistar a los tres candidatos. Las entrevistas serán presenciales y se realizarán hoy en horarios de 10:00, 12:00 y 14:00 horas. Ulrich Richter será el primero en comparecer, seguido de Bertha Alcalde y finalmente Anaid Valero Manzano.
La sesión en la que se aprobó el cronograma fue declarada como permanente, destacando la urgencia del asunto. Así lo señaló el diputado presidente de la comisión, Alberto Martínez Urincho, del partido Morena, quien subrayó la importancia de resolver la designación antes de que finalice el año.
El proceso de selección avanzó rápidamente tras la definición de la terna por parte de la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, quien envió la propuesta al Poder Legislativo local apenas tres horas después de recibirla. La terna fue turnada a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, donde se realizará la evaluación de los perfiles mediante una cédula de evaluación. A partir de estas entrevistas, se elaborará un proyecto de dictamen que contendrá el nombre del aspirante propuesto para ocupar la titularidad de la Fiscalía capitalina. Para su aprobación, se requerirá el voto de al menos dos terceras partes del pleno legislativo.
Por su parte, el secretario de Gobierno, César Cravioto, comentó ante diputados que, aunque los tiempos dependen del Congreso, sería ideal iniciar el nuevo año con un fiscal en funciones. En respuesta, el Legislativo ajustó su calendario para sesionar el próximo 31 de diciembre, buscando garantizar que el nombramiento sea resuelto antes de que concluya el año.
La rapidez con la que avanza este proceso refleja la relevancia que el gobierno local y el Legislativo otorgan a la renovación de la Fiscalía General de Justicia, en un contexto donde se requiere fortalecer la impartición de justicia en la capital.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), reportó que en el año 2023 el turismo generó más de 129 mil millones de dólares para México, lo que representó un 8.6 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) de ese año, una tasa de crecimiento incluso mayor a los niveles registrados previo a la pandemia de COVID-19
En 2023, el PIB turístico alcanzó un monto de 2.582.001 millones de pesos (unos 129 mil millones de dólares), lo que significó una participación de 8.6 por ciento respecto al PIB del total de la economía. Lo anterior resultó similar a la participación de 2019″, dice el informe publicado por el Inegi el pasado 18 de diciembre.
Medido a precios de 2018, el PIB turístico aumentó 4.4 por ciento en relación con el año anterior, indicó la Cuenta Satélite del Turismo de México 2023.
2.8 millones de puestos de trabajo ocupados remunerados, fueron generados por todas las actividades turísticas que se ofrecen en la República Mexicana, esto representa el 7.2 por ciento del total nacional.
La cifra refleja un crecimiento de 3.1 por ciento respecto a 2022, año en el que se generaron 2.7 millones de puestos de trabajo”, detalla el informe del Inegi.
Los servicios de alojamiento para visitantes, transporte de pasajeros y servicio de los restaurantes, bares y centros nocturnos, fueron los ramos que más generaron divisas para el PIB mexicano. Los bares y restaurantes, así como centros nocturnos, son los que más contribuyeron a nuestro crecimiento, con 24.7 por ciento.
Después el transporte de pasajeros, con 22 por ciento, y alojamiento para visitantes, con 13.7 por ciento.
… enriquecer la base informativa para conocer el desarrollo económico y turístico del país”, es el objetivo del informe del Inegi.
México estuvo en el Top 10 de países con mayor captación mundial de turistas, hasta la llegada de la pandemia. Afortunadamente con el manejo austero, honesto y enfocado en el bienestar, de las finanzas públicas, el país retoma lugares en el ranking mundial.
