En 2022, Durango fue escenario de uno de los brotes más devastadores de meningitis aséptica, afectando a cientos de personas y dejando un rastro de dolor y sufrimiento. El Gobernador de Durango, Esteban Villegas, ha sido criticado por la falta de atención a las víctimas de esta tragedia, que se desencadenó tras la administración de anestesia contaminada en hospitales privados.
En un video de YouTube difundido por “Tendencia al Aire”, una de las sobrevivientes, Dina Román, relató su desgarradora experiencia. Tras dar a luz a su segundo hijo en el Hospital del Parque, comenzó a presentar síntomas inusuales como dolores de cabeza intensos y vómitos. Después de múltiples visitas a médicos y pruebas sin respuestas, fue finalmente diagnosticada con meningitis micótica. “Fue la primera vez que me desahuciaron. Los médicos no sabían qué ofrecerme. Era muy injusto”, expresó, recordando el momento en que le dijeron que se despidiera de su familia.
A pesar de que algunas víctimas lograron sobrevivir, muchas enfrentan secuelas permanentes. La falta de atención adecuada y la respuesta ineficaz de las autoridades de salud han dejado a los sobrevivientes sintiéndose abandonados y sin esperanza. Antonio Brack, abogado de un grupo de afectados, señaló la necesidad de que el gobierno estatal asuma la responsabilidad y se haga justicia. “Es difícil lograr una sentencia condenatoria con la actual Fiscalía del Estado. El gobierno federal debe intervenir”, afirmó.
Las víctimas han denunciado la falta de acceso a sus expedientes clínicos y la ocultación de información por parte de las autoridades. A medida que se cumplen tres años desde el inicio del brote, el sentimiento de impotencia y la demanda de justicia solo crecen. Las autoridades estatales, encabezadas por el gobernador Esteban Villegas, han sido acusadas de encubrir la verdad y no brindar el apoyo necesario a las víctimas.
El clamor por justicia continúa resonando en Durango. Las víctimas exigen respuestas claras y un compromiso real por parte del gobierno para garantizar su bienestar y el de sus familias. La comunidad, cada vez más consciente de esta crisis de salud pública, se une en la demanda de un sistema de salud más seguro y responsable, donde la vida y la dignidad de las personas sean la prioridad.
