Aquel jueves 24 de marzo del 2011 se dieron cita en el patio central del Museo Nacional de Antropología, me refiero a quienes utilizaban los espacios públicos como propios es decir empresarios, dueños de medios corporativos, líderes de opinión, periodistas, organizaciones sociales, académicos, artistas, en fin, representantes de todos los ámbitos afines al entonces presidente Felipe Calderón, con el fin de signar el llamado Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia.
Aunque en las bases de este acuerdo se plantearon los denominados “principios rectores y criterios editoriales”1, en realidad su objetivo esencial tenía que ver más con la necesidad oficial de encubrir y maquillar la realidad que se había tornado, conforme avanzaba el sexenio calderonista, cada vez más insufrible para millones de mexicanos vulnerables a la agudización de la violencia generada a partir del momento en que Calderón “declaró la guerra” al narcotráfico, lo cual por cierto le había acarreado una imagen internacional nada envidiable.
No es casual la coincidencia del año en que se llevó a cabo la firma del citado acuerdo con los datos ofrecidos en el cuadro Índice de Letalidad de las Fuerzas Armadas y Guardia Nacional, elaborado por la SEDENA y presentado por el presidente López Obrador en su conferencia del pasado viernes 19 del mes en curso2. Ese gráfico dividido en tres segmentos 2006-2012, 2012-2018 y 2018-2022 muestra que precisamente es el año 2011 en el que se ubican los niveles más altos ocurridos en 16 años de cuatro indicadores: civiles fallecidos (1,412), civiles heridos y detenidos (1,127), agresiones a las Fuerzas Armadas (1,076) y en el que se acentúa el incremento del índice de letalidad que pasa de 285, en 2011 a 424 en el 2012.
En la estadística se observan incrementos sustanciales, en tan solo dos años, en los cuatro indicadores incluidos. Los datos señalan que de 2009 a 2011 civiles fallecidos pasó de 228 a 1,412; civiles heridos y detenidos 506 a 1,127; agresiones a las Fuerzas Armadas de 213 a 1,076 y finalmente el índice de letalidad fue de -278 a 285 en ese periodo. En contraste, la misma fuente muestra una sensible disminución a partir de 2012 con un ligero incremento en lo que va del gobierno de la 4T.
Esta información confirma lo que efectivamente ocurrió en el sexenio calderonista cuando en abierta violación a la Carta Magna se militarizó de facto el país, provocando la exacerbación de la violencia cuyas víctimas predominantes se encontraban entre la población civil. Un análisis aparte requiere todas las implicaciones que desapariciones forzosas, secuestros, asesinatos y otras agresiones hicieron de la población que opuso resistencia al estado de cosas prevaleciente en México, tanto por parte del Estado como del crimen organizado que en la represión popular actuaron conjuntamente.
Había mucho que ocultarle a la llamada opinión pública nacional e internacional, estaba la imagen de Felipe Calderón de por medio. El multicitado Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia fue ampliamente difundida en medios. Llama la atención la encomiable nota que, sobre el evento en el Museo de Antropología, distribuyó Notimex, cuyo enlace comparto al final de este artículo3, la cual por cierto estuvo a cargo del periodista Sergio Uzeta Murcio a quien el Órgano Interno de Control de la agencia lo encontró culpable de la compra con sobreprecio de equipo de televisión. Uzeta fue destituido de su cargo en la agencia de noticias e inhabilitado por diez años para laborar en la administración federal además de imponérsele una multa de 4 millones de pesos.
A once años de la firma del Acuerdo presenciamos al gobierno de López Obrador, sometido a un cotidiano bombardeo por prácticamente los mismos personajes, organizaciones sociales y civiles; de mentiras, calumnias, manipulación e infundios. Veamos si no. Los conductores del evento fueron Carlos Loret de Mola y Sergio Sarmiento. Los firmantes, entre otros, Javier Alatorre, José Cárdenas, Ciro Gómez Leyva, Pedro Ferriz de Con, Joaquín López Dóriga, Adriana Pérez Cañedo y Denise Maerker, además de 50 directivos representantes de un número superior a 700 medios.
Pero también se incluyeron figuras públicas para avalar el documento. A saber: el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, José Narro Robles; el presidente del Consejo Rector de Transparencia Mexicana, Federico Reyes Heroles; el presidente de la Asociación Internacional de Universidades, Juan Ramón de la Fuente, el poeta y escritor Homero Aridjis y Julieta Fierro Gossman, investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM.
Representantes de la academia privada como Manuel Durán, rector de la zona metropolitana de la Ciudad de México del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey; Héctor Aguilar Camín, director de la revista “Nexos”; Rodrigo Villar Esquivel, de New Ventures Global, y Armando Laborde de la Peña, director de Ashoka México.
La “sociedad civil” se hizo presente con más de 45 representantes de organizaciones sociales, así como más de 250 personas que signaron como adherentes, entre las que se encontraban periodistas, académicos, intelectuales y empresarios. También se sumaron grupos como la Asociación Alto al Secuestro, de Isabel Miranda de Wallace; Causa en Común, de María Elena Morera; Artículo 19 para México y Centroamérica, A favor de lo mejor en los medios y el Consejo de la Comunicación. Los empresarios a través del Consejo Coordinador Empresarial y el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, entre otras.
Aunque no se cuenta con información de que el 96% de los dueños de medios corporativos se encuentren organizados formalmente en un pacto o algo parecido para enfrentar a la 4T, lo que sí es evidente es que los empresarios mediáticos comparten una estrategia y tácticas comunes. Diariamente podemos confirmarlo con tan solo revisar publicaciones o escuchar y ver la parafernalia infodémica dirigida a desvirtuar la trascendencia que, para la mayoría de los mexicanos, tiene el cotidiano quehacer transformador. Ya sea de manera “espontánea” o premeditada el caso es que la acción concertada no para ni cede un ápice de su influencia en sectores medios y altos de la sociedad mexicana.
La diferencia del acuerdo de 2011 y del que cada día se reitera desde el 1 de diciembre de 2018, es que ahora se promueve la violencia y la inestabilidad del país como lo demuestra el manejo propagandístico que se hizo en la mayoría de los medios electrónicos e impresos, de los hechos ocurridos en algunas poblaciones de Baja California, Chihuahua, Jalisco, Guanajuato y Michoacán. Sobre lo ocurrido se magnificaron las imágenes de algunos vehículos y tiendas incendiándose, afirmando que hubo cientos de muertos y calificando esos hechos de actos terroristas, como queriendo llamar la atención de los círculos del poder estadounidense. Recordemos que, en Estados Unidos, como consecuencia de los atentados a las Torres Gemelas del 11 de septiembre del 2001, el tema del terrorismo resulta altamente sensible para el gobierno y otras instancias, al grado que en su momento fue incluido en varias legislaciones federales y estatales.
Desde la derecha y sus voceros se escucharon aseveraciones temerarias o de plano mentirosas sobre de que la “violencia ya se le salió de control a AMLO”, “el país está en llamas de norte a sur y de este a oeste”, “no resultaron los acuerdos con el crimen organizado”, “la violencia está siendo promovida por el propio López”, “la militarización del país avanza con la Guardia Nacional para establecer una dictadura”, y un inacabable etcétera.
Los contrastes de la oposición. En 2011, la realidad se pretendió acallar, ocultar, negar. En el 2022, la “realidad” creada como producto ideológico de su narrativa, lo único que ha inventado es un “universo paralelo” que nada tiene que ver con lo que verdaderamente está ocurriendo. Hoy, la realidad que vivimos millones de mexicanos se aleja poco a poco de aquella que padecimos cuando se estableció como un estado de cosas permanente. Sin embargo, en palabras de Antonio Gramsci, lo viejo no termina de morir ni lo nuevo termina de nacer.
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