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  • REVOLUCIÓN LABORAL DIGITAL: MÉXICO REGULA EL TRABAJO EN PLATAFORMAS

    REVOLUCIÓN LABORAL DIGITAL: MÉXICO REGULA EL TRABAJO EN PLATAFORMAS

    El mundo del trabajo está cambiando rápidamente, y México ha decidido no quedarse atrás. Con la aprobación de la reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT), publicada en el Diario Oficial de la Federación este 24 de diciembre de 2024, el país da un paso decisivo hacia la protección de los derechos laborales de quienes trabajan en plataformas digitales como Uber, DiDi y Rappi. Esta reforma no sólo busca garantizar prestaciones laborales, sino también equilibrar la flexibilidad y la seguridad en un sector que ha crecido exponencialmente en los últimos años.

    La reforma se centra en reconocer la relación laboral entre los trabajadores y las plataformas digitales, otorgándoles derechos como seguridad social, aguinaldo, vacaciones y participación en las utilidades de las empresas. Para ello, se establece que aquellos cuyos ingresos mensuales sean equivalentes al salario mínimo serán formalmente considerados empleados. Este cambio es fundamental en un contexto donde más de 658,000 personas dependen de estas aplicaciones para su sustento, muchas veces sin protección frente a accidentes, enfermedades o despidos injustificados.

    Uno de los aspectos más innovadores de la reforma es la adaptación a la naturaleza flexible y discontinua del trabajo en plataformas. Los trabajadores podrán definir sus propios horarios y colaborar con múltiples empresas, manteniendo su autonomía. Sin embargo, también se establecen límites claros: la relación laboral se considera terminada si no hay actividad durante un periodo de 30 días. Este equilibrio intenta responder a las particularidades del sector sin comprometer los derechos básicos de los trabajadores.

    Además, la reforma impone obligaciones a las empresas, como inscribir a sus empleados en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y realizar aportaciones al Infonavit. Estas medidas garantizan acceso a atención médica, seguros contra accidentes y créditos para vivienda, marcando un antes y un después en la protección social de este sector. Asimismo, se prohíbe a las plataformas cobrar a los trabajadores por conceptos como inscripción o uso de la aplicación, cerrando la puerta a posibles abusos.

    El camino hacia esta regulación no ha estado exento de debates. Mientras que las plataformas han mostrado apertura para colaborar en la implementación de estas disposiciones, colectivos de trabajadores han expresado preocupaciones sobre cómo se garantizará la equidad en la aplicación de la reforma. La Alianza In México, que agrupa a empresas como Cabify y Rappi, ha subrayado la importancia de mantener la flexibilidad laboral, mientras que los trabajadores exigen mecanismos claros para evitar que las plataformas eludan sus nuevas responsabilidades.

    Con la entrada en vigor de la reforma en un plazo de 180 días, el gobierno enfrenta el desafío de asegurar su cumplimiento efectivo. Este periodo será crucial para establecer lineamientos claros y supervisar que las empresas adopten las medidas necesarias. La colaboración entre autoridades, plataformas y trabajadores será esencial para garantizar que las disposiciones se traduzcan en mejoras reales para quienes sustentan la economía digital.

    México se une así a países como Chile y España en la vanguardia de la regulación del trabajo en plataformas digitales. Este avance legislativo representa un parteaguas en la protección de los derechos laborales, así como un reconocimiento de la importancia de este sector en la economía contemporánea. Sin duda, el éxito de esta reforma marcará un precedente que podría influir en la legislación laboral de otros países.

    Finalmente, esta reforma representa una oportunidad para demostrar que es posible construir un modelo laboral inclusivo y sostenible en la era digital. El esfuerzo conjunto de trabajadores, plataformas y autoridades será crucial para consolidar un marco que no solo regule, sino que también promueva un futuro más justo y equitativo en el trabajo.

    • La columnista, Mariuma Munira Vadillo Bravo, es Maestra en Derechos Humanos y Garantías Individuales. Puedes contactarla en Facebook: MUMA Mariuma Munira, Twitter: @MariumaMunira.
  • LA REFORMA DEL INFONAVIT: MUESTRA CONTUNDENTE DE COMPROMISO CON EL BIENESTAR SOCIAL

    LA REFORMA DEL INFONAVIT: MUESTRA CONTUNDENTE DE COMPROMISO CON EL BIENESTAR SOCIAL

    En una muestra contundente de compromiso con el bienestar social, la reforma al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) ha sido aprobada en el Senado con una mayoría significativa, consolidándose como uno de los logros más destacados del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Esta reforma redefine el acceso a la vivienda digna como un derecho, ya que busca transformar las condiciones de millones de trabajadores atrapados en esquemas de deuda poco justos.

    El corazón de esta reforma se encuentra en la creación de una nueva empresa estatal que estará encargada de garantizar créditos justos y accesibles, además de ampliar las posibilidades de adquisición de vivienda. Este modelo permitirá que los trabajadores accedan a créditos más flexibles y adaptados a sus necesidades, con tasas de interés más bajas y mensualidades congeladas. En este contexto, la presidenta Sheinbaum aseguró: “Todas y todos los que tienen sus ahorros en el Infonavit para vivienda están totalmente resguardados. Estas publicaciones que sacan unas personas totalmente irresponsables, de que ahora están en problemas los ahorros de las y los trabajadores es falso, están totalmente seguros y eso no va a cambiar, al contrario, ya presentamos dos acciones muy importantes de Infonavit para que gente que sigue pagando sus casas ya puedan tener sus escrituras, para que se reduzca la cantidad de dinero que estaban pagando, que cada vez aumentaba más”. Esta declaración refuerza la confianza en las medidas adoptadas y destaca la prioridad del gobierno en proteger los intereses de los trabajadores.

    El Senado ha respaldado estas iniciativas con una votación que refleja un consenso político amplio en torno a la urgencia de reformar el sistema de vivienda en el país. Esta reforma aborda los problemas históricos del esquema basado en Veces Salarios Mínimos (VSM), por lo que establece las bases para una nueva etapa en la que el acceso a la vivienda no será una carga económica insostenible.

    Además, el Infonavit ha dado un paso más al asegurar reservas de tierra para la construcción de nuevas viviendas. Este movimiento estratégico garantizará que haya suficiente disponibilidad de espacios para desarrollar proyectos habitacionales que respondan a las necesidades de las familias mexicanas. Con esta medida, resolver problemas inmediatos de vivienda, así como, planificar a largo plazo el crecimiento urbano sostenible.

    El impacto de esta reforma trasciende lo económico. La vivienda digna no es sólo un espacio físico, sino un pilar fundamental para la estabilidad emocional y social de las familias. Las nuevas políticas congelarán los créditos impagables, disminuirán las tasas de interés y otorgarán descuentos significativos a más de medio millón de trabajadores. Otros dos millones podrán beneficiarse con mensualidades más accesibles y esquemas de pago más justos.

    La creación de una empresa estatal dedicada a la vivienda digna y la consolidación de las reservas territoriales demuestran que esta administración además de reconocer el problema; ofrece soluciones concretas y sostenibles. El anuncio de construir un millón de viviendas accesibles y otorgar 2.1 millones de créditos adicionales refuerza el compromiso del gobierno con la justicia social. Estos créditos estarán dirigidos a la compra de vivienda, a remodelación y ampliación, garantizando que las familias puedan adaptar sus hogares a sus necesidades específicas.

    La economía también se verá beneficiada con estas medidas. El sector de la construcción, uno de los mayores generadores de empleo, se verá impulsado por los nuevos proyectos habitacionales. Asimismo, se fortalecerá el tejido social al promover el acceso a viviendas dignas en comunidades bien planeadas y conectadas.

    En un país donde la vivienda ha sido históricamente un privilegio para unos cuantos, estas acciones marcan un antes y un después. La administración de Claudia Sheinbaum ha dejado claro que está interesada en resolver los problemas inmediatos, así como en sentar las bases para un sistema de vivienda más equitativo y accesible. Con la aprobación de esta reforma, México avanza hacia un futuro donde el derecho a una vivienda digna sea una realidad para todas y todos.

    • La columnista, Mariuma Munira Vadillo Bravo, es Maestra en Derechos Humanos y Garantías Individuales, Subdirectora Ejecutiva en la Unidad de Desarrollo Regional y Bienestar Social del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, ex Secretaria de la Mujer Oaxaqueña. Puedes contactarla en Facebook: MUMA Mariuma Munira, Twitter: @MariumaMunira.
  • EL SALARIO MÍNIMO SUBE, Y CON ÉL LA ESPERANZA DE MILLONES

    EL SALARIO MÍNIMO SUBE, Y CON ÉL LA ESPERANZA DE MILLONES

    El reciente anuncio del aumento del salario mínimo a partir del 1 de enero de 2025 es más que un ajuste económico; es un paso decisivo hacia la justicia social que México ha buscado por décadas. Bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum, esta medida refuerza un compromiso claro con los sectores más vulnerables y da continuidad al proyecto transformador iniciado en el sexenio anterior.  

    El salario mínimo, que pasará de 248.93 a 278.80 pesos diarios en la mayor parte del país y de 374.89 a 419.88 pesos en la zona libre de la frontera norte, representa un incremento del 12%. En términos mensuales, esto significa que un trabajador promedio verá un aumento de aproximadamente 900 pesos, lo que impactará directamente en la calidad de vida de 8.5 millones de mexicanos. Este ajuste supera en más de tres veces la inflación proyectada para 2025, también refuerza la meta de alcanzar un ingreso equivalente a 2.5 canastas básicas para el año 2030.  

    Durante años, el salario mínimo en México fue sinónimo de pobreza laboral, una situación que comenzó a revertirse en 2018 con la llegada de un nuevo enfoque en las políticas salariales. Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el salario mínimo experimentó un aumento acumulado del 135% en términos reales, marcando un punto de inflexión en la historia económica del país. Este esfuerzo por recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores dignificó su labor e impulsó el consumo interno, fortaleciendo el mercado nacional.  

    Ahora, la presidenta Sheinbaum retoma este legado con una visión renovada y ambiciosa. En su conferencia matutina, destacó que “el humanismo mexicano funciona, da resultados, disminuye pobreza, desigualdades, mejora la calidad de vida y el bienestar de las y los mexicanos”. Este enfoque, basado en la prosperidad compartida, busca consolidar un México más equitativo donde el trabajo sea sinónimo de desarrollo personal y colectivo, y no de supervivencia.  

    El impacto de este aumento no se limita a los salarios mínimos. También contribuye al incremento de los salarios promedios registrados en el IMSS, que han crecido un 23.3% en términos reales desde 2018, y ha sido un factor clave en la reducción de la brecha de género en el ámbito laboral, que ha disminuido en un 29%. Esto demuestra que las políticas económicas con enfoque social son viables y efectivas para construir un país más justo.  

    El beneficio de estos aumentos trasciende las estadísticas y se traduce en un cambio real en las dinámicas familiares. Con un salario más alto, las familias mexicanas pueden acceder a una mejor alimentación, educación para sus hijos y un mayor margen para invertir en su desarrollo. Esta mejora en el ingreso también contribuye a reducir las brechas sociales, cerrando el círculo de desigualdad que históricamente ha limitado a las generaciones más jóvenes.  

    Este incremento tiene un efecto multiplicador en la economía local. Al aumentar el poder adquisitivo de los trabajadores, se fomenta el consumo de bienes y servicios, dinamizando las economías regionales. Esto resulta especialmente relevante para los pequeños y medianos negocios, que encuentran en el fortalecimiento del mercado interno una oportunidad para expandirse y generar más empleos, consolidando así un modelo de desarrollo más incluyente.  

    Además, el consenso logrado entre los sectores privado, gubernamental y obrero refuerza la legitimidad de esta medida. Empresarios como Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, han reconocido que estos acuerdos representan un cambio de paradigma en el que el bienestar social se coloca al centro de la agenda económica. “Esta medida demuestra que el sector privado también vive nuevos tiempos de visión con dimensión social”, afirmó.  

    Los desafíos, sin embargo, no terminan aquí. Alcanzar la meta de 2.5 canastas básicas requerirá un esfuerzo continuo por parte de todos los sectores. Es fundamental complementar estas medidas con políticas que fomenten la formalización del empleo, mejoren la capacitación laboral y promuevan el acceso a oportunidades económicas para todos.  

    El aumento del salario mínimo no es un fin en sí mismo, sino un medio para construir una sociedad más equitativa. México avanza hacia un modelo en el que el trabajo digno es reconocido y valorado, un modelo que prioriza a quienes por años estuvieron relegados al margen del desarrollo. La presidenta Sheinbaum, al retomar y ampliar este camino, envía un mensaje claro: Ell bienestar de las mayorías es el eje central de la transformación nacional.  

    En este contexto, el nuevo salario mínimo simboliza más que cifras; es un reflejo del México que estamos construyendo. Por el bien de todos, primero los pobres, como ha sido la bandera de esta transformación. A través de decisiones valientes y un enfoque humano, nuestro país avanza hacia un futuro donde el bienestar sea una realidad para todos.  

    • La columnista, Mariuma Munira Vadillo Bravo, es Maestra en Derechos Humanos y Garantías Individuales, Subdirectora Ejecutiva en la Unidad de Desarrollo Regional y Bienestar Social del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, ex Secretaria de la Mujer Oaxaqueña. Puedes contactarla en Facebook: MUMA Mariuma Munira, Twitter: @MariumaMunira.
  • EL CORREDOR INTEROCEÁNICO Y EL PLAN MÉXICO: LA RUTA QUE UNE A MÉXICO CON EL FUTURO

    EL CORREDOR INTEROCEÁNICO Y EL PLAN MÉXICO: LA RUTA QUE UNE A MÉXICO CON EL FUTURO

    Por décadas, el sur-sureste de México fue el rostro del olvido. Políticas centralistas y gobiernos que miraron hacia el norte dejaron a esta región sumida en el rezago, sin acceso a las oportunidades que otras zonas del país disfrutaban. Pero todo cambió con una visión que puso al Istmo de Tehuantepec en el centro del desarrollo nacional. Este corredor conecta los océanos Pacífico y Atlántico; enlazando las esperanzas de miles de comunidades que, por primera vez, ven en la transformación una promesa cumplida.

    En el sexenio pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador impulsó el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), un ambicioso proyecto que revivió la histórica ruta férrea entre los puertos de Salina Cruz, Oaxaca, y Coatzacoalcos, Veracruz. Más que una obra de infraestructura, el CIIT se convirtió en un motor de desarrollo, integrando a la región en la economía global y creando diez Polos de Bienestar. Estos polos detonarán oportunidades en zonas donde el progreso parecía inalcanzable.

    La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha asumido la tarea de consolidar este legado, integrándolo a una estrategia nacional aún más amplia: el Plan México. Esta iniciativa busca fortalecer el comercio exterior, relocalizar cadenas productivas y abrir nuevas oportunidades económicas para México en un contexto global. Con el CIIT como pieza clave, el Plan México no sólo conecta regiones dentro del país, sino que posiciona a México como un nodo estratégico para el comercio internacional.

    Además, el gobierno federal anunció una inversión histórica de 157 mil millones de pesos para 2025 destinada a la construcción de trenes de pasajeros, reforzando la relevancia del tren como un eje central en el desarrollo de infraestructura nacional. Este esfuerzo moderniza las vías del CIIT amplía la conectividad entre las regiones del país, e integra al sur-sureste al resto de México con una visión de inclusión y progreso.

    El Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y de Relocalización (CADERR), liderado por Altagracia Gómez Sierra, tiene un papel fundamental en esta transformación. Entre sus principales objetivos está promover y concretar inversiones privadas, generar empleos y fomentar el desarrollo regional. Para lograrlo, se plantea una estrategia que incluye la creación de proyectos de infraestructura con esquemas de inversión mixta, el fortalecimiento de corredores industriales y los Polos de Bienestar, así como el desarrollo de proveeduría local a través del apoyo a MiPymes con capacitación, financiamiento y canales de comercialización directa. También se busca impulsar la sostenibilidad en los procesos industriales, incrementar los niveles de inversión y exportación, duplicar los programas de educación técnica y certificación, y fomentar la innovación mediante el registro de nuevas patentes.

    La estrategia contempla además medidas para agilizar inversiones mediante la digitalización y simplificación de trámites, así como promover programas de banca de desarrollo que fortalezcan a las MiPymes y exportadoras. Paralelamente, se estudian ajustes arancelarios para proteger la proveeduría local y se consolidan alianzas entre la administración pública y los sectores económicos para dar seguimiento a la cartera de inversiones privadas. Con este enfoque integral, el CADERR se posiciona como un enlace clave entre el sector público y privado, marcando una ruta clara hacia el desarrollo sostenible y regional.

    Los 10 Polos de Bienestar del CIIT, respaldados por estas acciones, son ahora un ejemplo de cómo las políticas públicas pueden transformar regiones marginadas en centros de oportunidad. Con programas que fortalecen la capacitación técnica, la sostenibilidad y la integración de MiPymes, se promueve una economía más inclusiva, donde el desarrollo además de fluir hacia las grandes urbes impulsa también a las comunidades rurales.

    El CIIT también tiene una proyección global. Al integrarlo al Plan México y vincularlo con tratados comerciales estratégicos, como el T-MEC, se posiciona a México como un puente para el comercio internacional. En este contexto, la inversión en infraestructura ferroviaria y la coordinación con el CADERR no sólo promueven el comercio, sino que generan un impacto directo en las comunidades que históricamente habían sido relegadas al olvido.

    El Corredor Interoceánico como proyecto logístico, es un símbolo de una nueva era para el sur-sureste. Mientras los trenes recorren sus vías y las zonas rurales se transforman en polos de desarrollo, se construye también una narrativa de justicia y equidad. Bajo esta visión, México deja de ser un país dividido por el centralismo para convertirse en una nación que avanza unida hacia el futuro.

    El reto ahora es mantener este rumbo. La integración del CIIT con proyectos como el Plan México y la ampliación de infraestructura ferroviaria demuestra que es posible equilibrar crecimiento económico con justicia social. Las comunidades del Istmo no quieren volver al olvido, y México no puede permitirse detener el tren del progreso.

    Con una inversión sostenida, políticas inclusivas y una visión que priorice el bienestar de todas las regiones, el Corredor Interoceánico seguirá siendo el eje de una transformación que mira hacia el norte y el sur, para conectar a México con el mundo.

    • La columnista, Mariuma Munira Vadillo Bravo, es Maestra en Derechos Humanos y Garantías Individuales, Subdirectora Ejecutiva en la Unidad de Desarrollo Regional y Bienestar Social del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, ex Secretaria de la Mujer Oaxaqueña. Puedes contactarla en Facebook: MUMA Mariuma Munira, Twitter: @MariumaMunira.

  • ES TIEMPO DE MUJERES SIN VIOLENCIA: UN GRITO POR LA IGUALDAD Y LA JUSTICIA

    ES TIEMPO DE MUJERES SIN VIOLENCIA: UN GRITO POR LA IGUALDAD Y LA JUSTICIA

    Cada 25 de noviembre, el mundo se viste de violeta para alzar la voz contra la violencia hacia las mujeres. En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, México da un paso trascendental con el lanzamiento de la campaña “Es tiempo de mujeres sin violencia”, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum. Este esfuerzo no es sólo un acto simbólico, sino un compromiso profundo para combatir una de las crisis sociales más dolorosas y urgentes de nuestro tiempo.

    Detrás de los números que se escuchan en foros y noticias hay vidas marcadas por el miedo, la injusticia y el abandono. Según datos recientes, 7 de cada 10 mujeres en México han sufrido algún tipo de violencia, y el feminicidio ha crecido un alarmante 127% en los últimos 20 años. Estas cifras reflejan un problema estructural; son un grito desgarrador que exige acción inmediata. Mujeres indígenas enfrentan una doble discriminación; las adultas mayores, una vulnerabilidad invisibilizada; y las niñas, una indefensión que debería indignarnos a todas y todos.

    La campaña “Es tiempo de mujeres sin violencia” tiene como meta transformar esta realidad. Con el apoyo de instituciones como ONU Mujeres, este esfuerzo busca articular políticas públicas que prevengan la violencia y transformen las condiciones estructurales que la perpetúan. Según ONU Mujeres, el enfoque en la prevención y en los derechos de las sobrevivientes debe estar en el centro de las acciones gubernamentales, y esta campaña responde a ese llamado al incorporar estrategias de intervención temprana, fortalecimiento del sistema de justicia y protección integral para las víctimas.

    Uno de los pilares fundamentales de esta campaña es la revisión de los marcos legales para garantizar una protección efectiva a las mujeres. La actual administración ha impulsado cambios constitucionales clave que refuerzan la igualdad de género y promueven sanciones más severas para los agresores. Por ejemplo, se trabaja en la armonización de leyes estatales con las disposiciones federales para asegurar que las órdenes de protección sean rápidas, efectivas y accesibles en todo el país. Asimismo, se impulsa una reforma estructural para garantizar que las autoridades locales, desde policías hasta jueces, actúen con perspectiva de género y sin revictimización.

    Esta campaña incluye compromisos concretos que no pueden pasar desapercibidos. En primer lugar, se fortalecerá la red nacional de refugios para mujeres víctimas de violencia, asegurando que cuenten con los recursos necesarios para ofrecer una atención integral y digna. En el ámbito educativo, se implementarán programas con perspectiva de género desde las aulas, fomentando el respeto y la equidad entre niñas y niños desde temprana edad. Además, se han anunciado acciones específicas para las comunidades más vulnerables, como las mujeres indígenas y rurales, quienes enfrentan barreras adicionales para acceder a la justicia y los servicios básicos.

    El programa no se detiene en estas medidas, pues incluye un total de 10 compromisos clave que abarcan áreas como salud, justicia, educación y seguridad. Entre estos compromisos destaca el establecimiento de un sistema único de registro nacional de casos de violencia contra la mujer, que permitirá un monitoreo efectivo y la articulación entre diferentes niveles de gobierno. También se contempla el fortalecimiento de la Red Nacional de Justicia para Mujeres, un espacio dedicado a agilizar procesos legales, garantizar acceso equitativo a la justicia y capacitar a funcionarios públicos en perspectiva de género.

    ONU Mujeres ha señalado que esta campaña mexicana representa un modelo a seguir en la región, destacando su enfoque integral que aborda las raíces de la violencia desde diferentes frentes. Entre las recomendaciones que el organismo internacional considera fundamentales están la promoción de leyes efectivas, la eliminación de estereotipos de género y la creación de entornos seguros para mujeres y niñas. Estas líneas de acción han sido incorporadas de manera puntual en los objetivos de “Es tiempo de mujeres sin violencia”, mostrando una alineación con estándares globales que busca trascender fronteras.

    Otra área prioritaria de esta campaña es la atención a la violencia digital, un fenómeno en crecimiento que afecta de manera desproporcionada a las mujeres jóvenes. En este sentido, se ha anunciado la implementación de una unidad especial de ciberseguridad con perspectiva de género, que trabajará en la detección y eliminación de contenido violento, además de brindar asesoría y acompañamiento a las víctimas.

    No menos importante es el compromiso de garantizar el acceso universal a servicios de salud mental y emocional para las mujeres que han sufrido violencia. Este enfoque reconoce que las heridas no sólo son físicas, y que el acompañamiento psicológico es crucial para su recuperación. Además, se plantea incluir una mayor sensibilización en el sistema de salud pública, capacitando al personal médico para detectar señales de abuso y actuar de manera efectiva.

    Lo que distingue a este esfuerzo es el liderazgo de Claudia Sheinbaum, una presidenta que nos coloca a las mujeres en el centro de su agenda. Su trayectoria demuestra que este no es un compromiso reciente ni aislado. Durante su gestión en la Ciudad de México, se implementaron iniciativas pioneras como los “Senderos Seguros” y los refugios especializados. Ahora, como presidenta, lleva este enfoque al ámbito nacional, reconociendo que no puede haber una transformación verdadera mientras haya una sola mujer viviendo en violencia.

    Pero esta lucha no puede recaer únicamente en el gobierno. Cambiar una realidad tan arraigada requiere que toda la sociedad se involucre. Es en las familias, en las escuelas, en las comunidades y en los espacios de trabajo donde se debe sembrar la semilla del respeto y la igualdad. Denunciar la violencia, apoyar a las sobrevivientes y educar a las nuevas generaciones son acciones que todos podemos y debemos tomar.

    “Es tiempo de mujeres sin violencia” no es un lema; es un llamado a la acción que nos interpela a todos. Cada esfuerzo cuenta, porque construir un país donde las mujeres vivamos sin miedo es construir un México más justo y próspero. Este compromiso, respaldado por organismos internacionales y la voluntad política de la administración federal, es una esperanza real de cambio.

    Hoy, mientras se encienden luces violetas y se elevan palabras de esperanza, recordemos que detrás de cada acto de violencia hay una mujer que merece vivir con dignidad. La campaña de la presidenta Sheinbaum es un primer paso firme, pero el camino hacia la igualdad lo recorremos juntas y juntos. Es tiempo de actuar. Es tiempo de mujeres sin violencia. ¡Súmate y transforma!

    • La columnista, Mariuma Munira Vadillo Bravo, es Maestra en Derechos Humanos y Garantías Individuales, Subdirectora Ejecutiva en la Unidad de Desarrollo Regional y Bienestar Social del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, ex Secretaria de la Mujer Oaxaqueña. Puedes contactarla en Facebook: MUMA Mariuma Munira, Twitter: @MariumaMunira.

  • LA AGENDA DE MÉXICO EN EL G20: REFORESTACIÓN, JUSTICIA Y COOPERACIÓN

    LA AGENDA DE MÉXICO EN EL G20: REFORESTACIÓN, JUSTICIA Y COOPERACIÓN

    La Cumbre del G20 celebrada recientemente en Brasil se desarrolló en un momento crítico para el mundo. El cambio climático, la desigualdad económica y la inseguridad alimentaria fueron algunos de los temas más apremiantes en la agenda. En este contexto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, destacó por su visión transformadora y su capacidad para plantear soluciones que posicionaron a nuestro país como un líder comprometido con el cambio global.

    Desde el inicio, Sheinbaum demostró que México tiene mucho que aportar a las discusiones internacionales. Una de sus propuestas más ambiciosas fue la creación del programa de reforestación más grande de la historia, financiado con un 1% del gasto militar global. Esta medida, además de ser un llamado a la paz, busca revertir los efectos del cambio climático y preservar la biodiversidad. La iniciativa resonó entre los líderes presentes, quienes reconocieron la importancia de redirigir recursos hacia objetivos que beneficien a la humanidad en su conjunto.

    Otra intervención clave fue su propuesta para reformar el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, buscando democratizar este órgano y ampliar la representación de países en vías de desarrollo. Sheinbaum enfatizó que las decisiones internacionales deben reflejar las voces de todas las naciones, especialmente de aquellas que enfrentan desigualdades estructurales. Este planteamiento se alinea con el creciente llamado a una gobernanza global más inclusiva y eficaz.

    En el marco de la cumbre, la presidenta mexicana sostuvo reuniones bilaterales con mandatarios de países clave, entre ellos Estados Unidos, Canadá, China, Francia, Vietnam, Colombia y los miembros de MIKTA (México, Indonesia, Corea del Sur, Turquía y Australia). Con China, destacó el interés mutuo por fortalecer el comercio bilateral y explorar nuevas oportunidades de inversión en infraestructura. Con Estados Unidos y Canadá, las conversaciones giraron en torno a la cooperación para combatir el tráfico de armas y mejorar los flujos migratorios en la región, consolidando un enfoque de responsabilidad compartida. Además, con Francia y Vietnam, se abordaron temas de sostenibilidad y energías renovables, subrayando la importancia de transitar hacia economías más verdes.

    Un aspecto fundamental de la participación de México en la cumbre fue su firme respaldo a la Alianza Global contra el Hambre y la Pobreza. Este acuerdo, que busca garantizar el acceso a alimentos y recursos básicos para las poblaciones más vulnerables, está en perfecta sintonía con los programas sociales que el gobierno mexicano ha implementado a nivel nacional, como Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro. La presidenta enfatizó que el combate al hambre no sólo es un deber ético, sino una estrategia para fortalecer la estabilidad global.

    Además, México apoyó la implementación de un impuesto global a las grandes fortunas, diseñado para gravar la riqueza de los superricos y financiar iniciativas sociales y climáticas. Este enfoque, considerado audaz por muchos, busca equilibrar las asimetrías económicas y promover una redistribución más justa de los recursos. La postura de Sheinbaum en este tema consolidó su reputación como líder progresista y también dejó claro que México está dispuesto a asumir responsabilidades globales en favor de la equidad.

    Durante su participación, Sheinbaum destacó la importancia de fortalecer los mecanismos de cooperación Sur-Sur. Este enfoque busca que los países en desarrollo trabajen juntos para construir soluciones innovadoras y sostenibles frente a los retos compartidos. En su discurso, subrayó que América Latina tiene un enorme potencial para liderar iniciativas en energías limpias, seguridad alimentaria y desarrollo tecnológico, destacando que el trabajo conjunto puede transformar las perspectivas económicas de la región.

    Otro momento importante fue su intervención en el debate sobre la transición energética, donde México presentó su compromiso con el uso de energías renovables y la implementación de políticas para alcanzar la neutralidad de carbono antes de 2050. La presidenta hizo un llamado a los países desarrollados para que cumplan con sus compromisos climáticos y apoyen financieramente a las naciones en vías de desarrollo para acelerar su transición hacia modelos energéticos sostenibles.

    Los acuerdos alcanzados en la cumbre, como los compromisos climáticos y las estrategias para reducir la brecha económica, consolidaron al G20 como un espacio para la acción concreta. Pero también dejaron claro que la participación activa y propositiva de líderes como Sheinbaum es fundamental para avanzar hacia un mundo más equitativo.

    La presencia de México en el G20 no pasó desapercibida. Las propuestas de nuestra presidenta fueron escuchadas, marcando el rumbo de las discusiones. La reforestación masiva, la reforma de las instituciones internacionales, la lucha contra el hambre y el impuesto a las grandes fortunas no son únicamente ideas; son llamados a la acción que evidencian la responsabilidad de México con el futuro global.

    Esta cumbre demostró que nuestro país está listo para liderar con audacia y empatía. Bajo la dirección de Claudia Sheinbaum, México se consolida como un actor global que no solo plantea soluciones, sino que inspira a otros a unirse en la construcción de un mundo más justo, sostenible y humano.

    • La columnista, Mariuma Munira Vadillo Bravo, es Maestra en Derechos Humanos y Garantías Individuales, Subdirectora Ejecutiva en la Unidad de Desarrollo Regional y Bienestar Social del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, ex Secretaria de la Mujer Oaxaqueña. Puedes contactarla en Facebook: MUMA Mariuma Munira, Twitter: @MariumaMunira.

  • UN PASO HACIA LA JUSTICIA SOCIAL: EL NUEVO INFONAVIT Y LA VIVIENDA COMO DERECHO

    UN PASO HACIA LA JUSTICIA SOCIAL: EL NUEVO INFONAVIT Y LA VIVIENDA COMO DERECHO

    En su primer mes de gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum ha marcado un rumbo de justicia social que promete cambiar el día a día de millones de mexicanos. Desde los créditos impagables de vivienda hasta el sueño de tener una casa propia, las medidas impulsadas desde el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) reflejan un compromiso con quienes durante años han enfrentado deudas que parecían interminables. La apuesta de esta administración va más allá de los números; se trata de reivindicar la dignidad de quienes merecen, al menos, la tranquilidad de saber que su hogar no será un peso imposible de llevar.

    Para muchos trabajadores, el crédito hipotecario otorgado por el Infonavit fue alguna vez una oportunidad para acceder a la tan anhelada casa propia. Sin embargo, el sistema de pago basado en Veces Salarios Mínimos (VSM) creado antes de 2013 resultó ser una trampa financiera para millones. A pesar de cumplir puntualmente con sus pagos, los derechohabientes veían cómo el saldo de sus deudas aumentaba cada año. Lo que empezó siendo una mensualidad accesible de mil quinientos pesos, en muchos casos, hoy supera los tres mil pesos, y de no haberse implementado estos cambios, seguiría subiendo. Ahora, las nuevas políticas ordenadas por Sheinbaum buscan detener esa escalada que volvía estas deudas prácticamente impagables.

    El nuevo esquema consiste en congelar tanto el saldo como las mensualidades de los créditos otorgados bajo el esquema VSM antes de 2013. Esta medida, que beneficia automáticamente a dos millones de derechohabientes, representa un alivio económico significativo, especialmente para aquellos cuyos salarios no han crecido al mismo ritmo que sus deudas. Además, medio millón de estos trabajadores recibirán una disminución en la tasa de interés, en el monto de su mensualidad y, en algunos casos, descuentos en el saldo total. Para el millón y medio de acreditados restantes, la invitación es acercarse a los centros de servicio del Infonavit para obtener beneficios adicionales. 

    La administración Sheinbaum parece entender que la vivienda no solo es un techo, sino un derecho que dignifica a las familias mexicanas. Este congelamiento de créditos marca un antes y un después, reconociendo que millones de mexicanos merecen una solución justa y accesible para el pago de su hogar. Es, en esencia, una acción que busca corregir una injusticia estructural y transformar un esquema que, en lugar de empoderar, atrapaba a los trabajadores en deudas insostenibles.

    Pero los cambios no se quedan ahí. Infonavit y otras instancias como el Conavi han anunciado un ambicioso plan para construir un millón de viviendas accesibles a crédito, dirigidas tanto a derechohabientes como a afiliados de otros institutos de vivienda. Además, el financiamiento se extenderá para otorgar 2.1 millones de créditos adicionales a quienes busquen adquirir una casa o terreno. También, se prevé otorgar 1.2 millones de créditos destinados al mantenimiento, remodelación y ampliación de viviendas, lo que permitirá a las familias además de poseer un hogar, adecuarlo según sus necesidades. 

    Estas iniciativas amplían las posibilidades de acceso a una vivienda digna y también estimulan la economía local y el empleo. Al ofrecer facilidades de crédito para la construcción y mejora de viviendas, se generan empleos en sectores clave como la construcción, el comercio y los servicios. Al mismo tiempo, se fortalece el tejido social, ya que una vivienda adecuada impacta positivamente en la calidad de vida y el desarrollo de cada familia.

    El enfoque de la nueva administración hacia la vivienda y los créditos hipotecarios refleja un compromiso con el bienestar social y la equidad. Sin duda, este es uno de los primeros grandes pasos de un gobierno que aspira a corregir errores estructurales del pasado y a promover una política pública centrada en las personas, no en las cifras. La vivienda digna no debe ser un privilegio ni un negocio de deudas interminables; debe ser, ante todo, un derecho asequible para quienes trabajan día a día por un mejor futuro.

    Mientras las medidas se implementan y los cambios se sienten en la economía de los hogares mexicanos, queda claro que este es apenas el comienzo. La transformación prometida requiere una estrategia que, además de solucionar problemas inmediatos, siente las bases para que las generaciones futuras no enfrenten los mismos desafíos. Esta administración parece dispuesta a asumir ese reto.

    Para quienes, después de años de lucha, finalmente vislumbran una luz de esperanza en sus créditos congelados, esta decisión trasciende la economía: Es una reivindicación de derechos y una declaración de voluntad política para corregir injusticias históricas. Esta política pública no es solo un alivio financiero; es un mensaje claro sobre el valor que el gobierno otorga a la dignidad de cada trabajador y su familia. Es un avance que sostiene que la vivienda no debe ser una carga insostenible, sino un bien accesible y seguro para todos.

    Sin embargo, esta medida también nos recuerda los retos aún por superar. La verdadera justicia social no se limita a congelar deudas: Exige construir un país donde todos tengan igualdad de oportunidades para acceder a una vivienda digna y a un entorno estable en el que crecer y prosperar. Las acciones encabezadas por la administración de Claudia Sheinbaum no pueden considerarse el final, sino el inicio de una transformación hacia un México comprometido con la creación de oportunidades, políticas sustentables y el fortalecimiento de instituciones que velen por el bienestar común. Con cada crédito transformado y cada hogar asegurado, nuestro país se aproxima un paso más a la justicia que por tanto tiempo se ha negado a quienes hoy, por primera vez, encuentran en el Infonavit una esperanza tangible.

    • Mariuma Munira Vadillo Bravo es Maestra en Derechos Humanos y Garantías Individuales, Subdirectora Ejecutiva en la Unidad de Desarrollo Regional y Bienestar Social del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, ex Secretaria de la Mujer Oaxaqueña. Contáctala en Facebook: MUMA Mariuma Munira, Twitter: @MariumaMunira.
  • MÉXICO EN LA COP16: LA VISIÓN DE CLAUDIA SHEINBAUM HACIA LA CONSERVACIÓN

    MÉXICO EN LA COP16: LA VISIÓN DE CLAUDIA SHEINBAUM HACIA LA CONSERVACIÓN

    En la reciente COP16 sobre biodiversidad celebrada en Colombia, México presentó un ambicioso proyecto bajo la dirección de Alicia Bárcena, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). La iniciativa MEx30x30 busca conservar el 30% del territorio nacional para el año 2030, alineándose con el Marco Mundial de Kunming-Montreal de la Diversidad Biológica. Este compromiso marca una nueva era en la política ambiental de la presidenta Claudia Sheinbaum, destacando la sostenibilidad como eje central de su gobierno.

    El objetivo de la COP16 fue consolidar acuerdos que permitan a los países proteger al menos el 30% de sus superficies terrestres y marinas para finales de la década. En este contexto, la participación de México resaltó por la presentación de MEx30x30, una estrategia que no sólo apunta a la conservación de áreas protegidas, sino que busca involucrar a comunidades locales y pueblos indígenas, cuyo conocimiento y prácticas son fundamentales para el cuidado de los ecosistemas.

    La iniciativa MEx30x30 incluye zonas emblemáticas como la Selva Lacandona y el Desierto de Sonora, lugares que son hogar de especies únicas y que han sido testigos del paso del tiempo y la resiliencia. Estas áreas albergan una biodiversidad invaluable y comunidades que han aprendido a convivir con la naturaleza en una relación de mutuo respeto. Claudia Sheinbaum, desde su toma de posesión, ha subrayado que la conservación debe incluir a las personas, especialmente a aquellas que durante mucho tiempo han sido invisibilizadas en los debates ambientales.

    El enfoque de Sheinbaum y Bárcena es revolucionario: incluir a las comunidades como protagonistas del cambio. En la presentación, la secretaria compartió historias de pueblos indígenas que, por generaciones, han cuidado los bosques y los ríos, entendiendo que son parte de un todo. No es casualidad que esta iniciativa se base en la justicia social, porque proteger la biodiversidad sin incluir a los guardianes originales es un error que México no está dispuesto a repetir.

    La comunidad internacional, conmovida por esta perspectiva humana, mostró su apoyo. El embajador de Estados Unidos en México, quien participó en la cumbre, resaltó la importancia de la cooperación bilateral para enfrentar estos desafíos globales. “Es un camino que debemos recorrer juntos”, dijo, recordando que la conservación no entiende de fronteras ni de nacionalidades, sino de un esfuerzo compartido por el bien común.

    A pesar de la inspiración, los desafíos son evidentes. La implementación de MEx30x30 necesita además de compromiso, recursos y una estructura sólida. Bárcena no esquivó este hecho. Con sinceridad, mencionó la importancia de fortalecer a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), un organismo que durante años ha trabajado con dedicación, pero que ahora enfrenta la oportunidad de ampliar su capacidad de acción. Sin duda, se necesita una inversión significativa, y aquí es donde Sheinbaum tiene la tarea de seguir conquistando alianzas tanto dentro como fuera del país.

    Los desafíos financieros y estructurales no restan mérito a la visión ambiciosa de MEx30x30. En un mundo donde los efectos del cambio climático ya no son una predicción sino una realidad, México ha decidido no esperar. Proteger un 30% del territorio es también proteger a sus habitantes, sus fuentes de agua, sus bosques que capturan carbono, y sus paisajes que inspiran tanto a visitantes, como a los propios mexicanos que crecen rodeados de esta riqueza natural.

    El enfoque de Sheinbaum busca unir dos mundos que muchas veces han sido tratados como separados: el ambiental y el social. Ella ha repetido en más de una ocasión que proteger la tierra sin pensar en las personas es un proyecto incompleto. Por eso, MEx30x30 incluye programas que van desde la capacitación en empleos verdes hasta la promoción de proyectos de ecoturismo sostenible. La idea es simple, pero poderosa: que la conservación beneficie directamente a las comunidades que la hacen posible.

    Y no se trata solo de idealismo. En Colombia, los delegados escucharon sobre historias de campesinos que encontraron en la conservación una vía para mejorar su calidad de vida, de jóvenes que se están formando como guardabosques, y de mujeres que, gracias a programas de inclusión, ahora participan activamente en la toma de decisiones sobre sus territorios. Son ejemplos de que el compromiso de México con la conservación es, ante todo, un compromiso con su gente.

    La participación de México en la COP16 y la iniciativa MEx30x30 muestran una clara voluntad de liderazgo en la protección ambiental bajo el gobierno de Claudia Sheinbaum. Con la dirección de Alicia Bárcena y el apoyo de la comunidad internacional, México se posiciona como un referente en la región, enfrentando desafíos con una visión integral que combina conservación, equidad y desarrollo. Los pasos hacia un futuro más verde han comenzado, y el compromiso es avanzar juntos en la preservación de nuestro patrimonio natural.

    • La columnista, Mariuma Munira Vadillo Bravo, es Maestra en Derechos Humanos y Garantías Individuales, Subdirectora Ejecutiva en la Unidad de Desarrollo Regional y Bienestar Social del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, ex Secretaria de la Mujer Oaxaqueña. Puedes contactarla en Facebook: MUMA Mariuma Munira, Twitter: @MariumaMunira.
  • UN MILLÓN DE VIVIENDAS: LA PROPUESTA DE SHEINBAUM PARA UN MÉXICO MÁS JUSTO

    UN MILLÓN DE VIVIENDAS: LA PROPUESTA DE SHEINBAUM PARA UN MÉXICO MÁS JUSTO

    En México, la lucha por acceder a un hogar digno es una realidad diaria para millones de personas. Los elevados precios de la renta y la compra limitan el acceso a la vivienda, afectando especialmente a familias de bajos ingresos, trabajadores informales y jóvenes que recién inician su vida laboral. Ante esta dura situación, Claudia Sheinbaum ha presentado un ambicioso programa de vivienda que promete construir un millón de hogares. Este plan busca transformar el panorama habitacional del país y se enfoca en la asequibilidad y la accesibilidad. Además de la construcción de viviendas, ofrece condiciones de financiamiento y arrendamiento diseñadas para respaldar a sectores históricamente excluidos de los esquemas tradicionales de vivienda, brindando así una oportunidad real para aquellos que anhelan un lugar al que puedan llamar hogar.

    La gran novedad del programa de Sheinbaum es que no se enfoca exclusivamente en la propiedad privada, sino que incluye opciones de arrendamiento que facilitan el acceso a la vivienda para aquellos que no cuentan con seguridad social o no tienen acceso a servicios de derechohabiencia. Este planteamiento tiene el potencial de beneficiar a trabajadores informales, como quienes trabajan por su cuenta o en empleos temporales, al igual que a jóvenes profesionales que aún no tienen estabilidad laboral.

    A través de esta iniciativa, Sheinbaum apuesta por un modelo que fomente la inclusión social en un país donde, según datos recientes, más de 34 millones de personas viven en condiciones de hacinamiento o precariedad habitacional. La propuesta va más allá de ofrecer una vivienda: busca proporcionar un hogar asequible y adaptado a las posibilidades económicas de los grupos más vulnerables.

    La inspiración para este programa proviene de modelos internacionales en ciudades como Barcelona y Sao Paulo, donde iniciativas similares han demostrado ser efectivas en reducir las desigualdades habitacionales. Estas ciudades han logrado construir viviendas asequibles y de buena calidad en zonas urbanas bien conectadas, integrando así a sus ciudadanos más vulnerables en la vida de la ciudad.

    Sheinbaum pretende seguir un enfoque similar, creando un esquema en el que las viviendas sean accesibles, no sólo en términos de costo, sino también de ubicación. En lugar de relegar a los sectores de bajos ingresos a zonas alejadas, la idea es que estas viviendas estén en áreas urbanas, cercanas a servicios y con buena conectividad, de modo que los beneficiarios tengan acceso a mejores oportunidades de empleo, educación y transporte. La calidad de vida, entonces, no únicamente se mide en términos de una vivienda segura, sino también en la posibilidad de pertenecer y participar plenamente en la vida de la ciudad.

    Uno de los mayores aciertos del programa es su enfoque en ofrecer arrendamiento con apoyo, una opción que en otros países ha mostrado ser viable y justa. Este tipo de arrendamiento permite que las familias y personas puedan acceder a viviendas con requisitos menos restrictivos que los de una compra de vivienda o los arrendamientos en el mercado tradicional. En este esquema, se facilita el alquiler a precios controlados y, en algunos casos, con apoyo financiero del gobierno, lo que abre la puerta a una vida más estable y digna.

    Uno de los aspectos más innovadores de este programa es la inclusión de opciones de arrendamiento y financiamiento sencillas, pensadas especialmente para los jóvenes. En muchas ciudades, los altos precios y requisitos para la compra de una vivienda han convertido el acceso a una casa en algo inalcanzable para los jóvenes trabajadores. En respuesta, Sheinbaum propone un esquema de arrendamiento con condiciones favorables que permitirá a jóvenes acceder a un hogar digno en zonas urbanas, sin enfrentar las limitaciones de los créditos hipotecarios tradicionales.

    Llevar a cabo este programa nacional sin duda exige una coordinación estrecha entre los gobiernos locales, estatales y federales. Será clave que cada entidad se sume al esfuerzo y que los recursos se distribuyan de manera eficaz para garantizar que las viviendas lleguen a quienes realmente lo necesitan. A la par, la participación del sector privado será fundamental para agilizar la construcción y asegurar que se mantengan los estándares de calidad y accesibilidad establecidos.

    Además, es vital que el programa se mantenga enfocado en sus principios de equidad, para que el beneficio llegue a quienes más lo necesitan. Con una implementación eficaz y una visión clara, esta iniciativa tiene el potencial de mejorar la calidad de vida de miles de mexicanas y mexicanos en todo el país, al tiempo que reduce las desigualdades y fomenta comunidades urbanas más cohesionadas.

    El programa de Sheinbaum representa un cambio de perspectiva en la política de vivienda en México. Al enfocarse en la accesibilidad para trabajadores informales, jóvenes y familias sin derechohabiencia, busca dar un paso firme hacia una sociedad más justa e inclusiva, donde el derecho a una vivienda digna no sea un lujo, sino una realidad.

    Este programa es una oportunidad para que México implemente un modelo de vivienda que priorice el bienestar y la inclusión, y si se lleva a cabo con el compromiso y la coordinación necesarios, podría cambiar la vida de miles de personas. Al final, el acceso a una vivienda digna no sólo beneficia a quien la habita, sino que fortalece el tejido social, promueve la integración urbana y crea las bases para un país más equitativo y unido.

    • La columnista, Mariuma Munira Vadillo Bravo, es Maestra en Derechos Humanos y Garantías Individuales, Subdirectora Ejecutiva en la Unidad de Desarrollo Regional y Bienestar Social del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, ex Secretaria de la Mujer Oaxaqueña. Puedes contactarla en Facebook: MUMA Mariuma Munira, Twitter: @MariumaMunira.
  • RECUPERANDO NUESTRA ENERGÍA: LA REFORMA QUE DEVOLVERÁ EL CONTROL A LOS MEXICANOS

    RECUPERANDO NUESTRA ENERGÍA: LA REFORMA QUE DEVOLVERÁ EL CONTROL A LOS MEXICANOS

    El Senado de la República dio un paso histórico con la aprobación de la nueva reforma energética, con 86 votos a favor, 39 en contra y una abstención. Esta decisión, respaldada por una amplia mayoría, no es sólo una modificación técnica a la Constitución, sino una reafirmación de que los recursos energéticos de México deben estar en manos de los mexicanos. Los cambios en los artículos 25, 27 y 28 de la Carta Magna nos recuerdan que el Estado debe ser el responsable de administrar estos recursos vitales, velando por el bienestar de todos.

    El mensaje de la nueva administración de Claudia Sheinbaum es claro: México no puede seguir siendo dependiente de intereses privados o extranjeros para garantizar algo tan esencial como la energía. La reforma es el inicio de un camino para recuperar lo que nos pertenece a todos y asegurar que cada hogar, cada industria y cada comunidad pueda tener acceso a la electricidad de manera justa y equitativa.

    Antes de esta reforma, el panorama energético de México estaba desequilibrado. El sector privado tenía el control de más del 62% de la generación de electricidad, dejando a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) con apenas un 38%. En términos simples, esto significaba que el Estado, a través de la CFE, no tenía la capacidad suficiente para garantizar que los beneficios de la energía llegaran a todos los mexicanos de manera justa. La reforma busca revertir este escenario, dándole a la CFE el control de un 54% de la generación eléctrica, lo que representa un cambio sustancial para el país.

    Esta modificación además de un ajuste de cifras, es una apuesta por la soberanía. Es la garantía de que la electricidad, algo que toca nuestras vidas cotidianas, desde prender la luz en casa hasta mantener en marcha nuestras industrias, esté bajo un modelo que prioriza el bien común.

    Para hacer posible este cambio, fue necesario reformar varios artículos clave de la Constitución. El artículo 25 fue modificado para reafirmar que el Estado tiene la rectoría económica en sectores estratégicos, como el energético. También se hicieron ajustes en los artículos 27 y 28, para que tanto el petróleo como la electricidad vuelvan a estar bajo el control del gobierno, gestionados por Pemex y la CFE.

    Estos cambios no son solo movimientos legales; son un recordatorio de que los recursos energéticos, que durante años fueron el orgullo de nuestro país, deben servir para impulsar el desarrollo nacional y mejorar la calidad de vida de todos.

    Por años, Pemex y la CFE fueron debilitadas por políticas que buscaban abrir el campo a los privados. Sin embargo, estas empresas son el corazón del desarrollo energético de México, y esta reforma busca revitalizarlas. El gobierno actual está comprometido a fortalecerlas, invirtiendo en infraestructura y tecnología para que puedan liderar en el mercado interno y en la transición hacia energías más limpias.

    El camino no es sencillo, pero es necesario. Pemex seguirá siendo clave en la administración de nuestros recursos fósiles, mientras que la CFE, con su nuevo control del 54% del mercado eléctrico, garantizará que la electricidad llegue a todas las familias mexicanas a precios justos.

    Uno de los puntos críticos de esta reforma ha sido su relación con el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Las empresas extranjeras que invirtieron en el sector energético tras la apertura de 2013 argumentan que la reforma podría afectar sus derechos. Este tema ha generado tensiones, pero el gobierno mexicano ha dejado claro que la reforma respeta los acuerdos internacionales, aunque bajo nuevas reglas que priorizan los intereses del país.

    México no está cerrando las puertas a la inversión extranjera, pero está poniendo condiciones para que los beneficios de estas inversiones no se queden fuera de nuestras fronteras. Es una señal de que el país tiene el derecho y la obligación de velar por sus recursos, sin romper sus compromisos internacionales.

    Aunque Pemex y la CFE son pilares fundamentales de esta reforma, no podemos dejar de lado la transición hacia energías más limpias. El gobierno está apostando por desarrollar energía solar y eólica, aprovechando el potencial de regiones como el Istmo de Tehuantepec. Esta transición es una necesidad para enfrentar el cambio climático y una oportunidad para que México se posicione como líder en la generación de energías renovables.

    El equilibrio entre la producción de energía tradicional y la inversión en energías limpias permitirá que México cumpla con sus compromisos internacionales en materia ambiental, sin comprometer su crecimiento económico. Además, este cambio creará empleos y abrirá nuevas oportunidades para los jóvenes y profesionales del país.

    Más allá de los cambios legales y los desafíos internacionales, lo que realmente importa es cómo esta reforma afectará la vida de los mexicanos y mexicanas. El compromiso del gobierno es claro: Reducir las tarifas eléctricas para que el acceso a la electricidad no sea un lujo, sino un derecho accesible para todos. Este es uno de los beneficios más tangibles que las familias verán en los próximos años.

    Además, se espera que la calidad y cobertura del servicio mejoren, especialmente en las zonas rurales y marginadas del país. Esas comunidades que durante mucho tiempo han estado al margen del desarrollo podrán finalmente tener acceso a energía confiable y asequible.

    La reforma energética de 2024 marca el inicio de una nueva era para México. No es solo una reforma más, es una apuesta por el futuro. Un futuro en el que la energía sea una herramienta para el desarrollo de todas y todos, no solo de unos cuantos. El reto es grande, pero los beneficios serán aún mayores. La recuperación del control sobre nuestros recursos garantizará que tengamos energía suficiente y a precios justos, así como también sienta las bases para una economía más justa y sostenible.

    • La columnista, Mariuma Munira Vadillo Bravo, es Maestra en Derechos Humanos y Garantías Individuales, Subdirectora Ejecutiva en la Unidad de Desarrollo Regional y Bienestar Social del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, ex Secretaria de la Mujer Oaxaqueña. Puedes contactarla en Facebook: MUMA Mariuma Munira, Twitter: @MariumaMunira.