Washington justifica la incautación de petroleros y operativos en el Caribe como parte de su ofensiva contra el narcotráfico y las actividades que vincula con el gobierno venezolano.
La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, elevó el tono contra el gobierno de Venezuela al asegurar que el presidente Nicolás Maduro “tiene que irse”, en medio del incremento de la presión política, militar y económica de Washington sobre Caracas. Las declaraciones fueron realizadas en una entrevista con Fox News, mientras Estados Unidos mantiene la interceptación de buques que transportan crudo venezolano en el mar Caribe.
Noem sostuvo que estas acciones buscan enviar un mensaje al mundo y dejar claro que “la actividad ilegal en la que participa Maduro no puede tolerarse”. La funcionaria afirmó que los recursos obtenidos del negocio petrolero venezolano son utilizados para financiar el tráfico de drogas, las cuales, dijo, “están matando a la próxima generación de estadounidenses”.
Durante su participación en el programa Fox & Friends, la titular de Seguridad Nacional subrayó que el gobierno de Maduro representa un enemigo directo para Estados Unidos, razón por la cual —aseguró— se están tomando medidas contundentes. La dependencia que encabeza Noem supervisa las operaciones de la Guardia Costera, responsable de la intercepción de embarcaciones sancionadas por Washington.
En respuesta, Nicolás Maduro acusó a Estados Unidos de actos de piratería por la confiscación de petroleros venezolanos y advirtió que emprenderá acciones para que estas medidas no queden impunes. La tensión bilateral se mantiene en ascenso, en un contexto de sanciones y confrontación diplomática.
Aunque el presidente estadounidense Donald Trump ha señalado que Maduro “tiene los días contados”, el objetivo oficial de la estrategia es frenar el narcotráfico y recuperar derechos petroleros de empresas estadounidenses. Sin embargo, los operativos en el Caribe han generado polémica: al menos 104 personas han muerto en 28 ataques contra presuntas “narcolanchas”, hechos que han sido cuestionados por legisladores y organizaciones de derechos humanos, quienes denuncian posibles ejecuciones extrajudiciales y falta de pruebas.
