Este martes el Presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado sobre la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que la tarde de ayer invalidó en su totalidad el decreto que publicó en 2021 para declarar las megaobras de la Cuarta Transformación como de seguridad nacional e interés público.
AMLO declaró que como se dice coloquialmente “a la SCJN ya la perdimos”, en relación a que el máximo tribunal responde solo a los intereses de una pequeña élite de potentados y no a favor de las y los mexicanos. Igualmente consideró que la SCJN está divorciada del pueblo y de las necesidades de la mayoría de los pobladores.
Sobre el mismo tema, el líder del Ejecutivo federal evidenció la existencia de una red de abogados que tienen relaciones de poder por el Poder Judicial y se dedican además al tráfico de influencias.
AMLO explicó que tales abogados formarían parte de una asociación que ha promovido una serie de amparos en contra de las megaobras de la 4T, como los el AIFA, el Tren Maya o la Refinería de Dos Bocas.
“Todos los amparos a las obras se promueven por un grupo vinculado a los jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial. Existe una asociación de abogados que está dedicada a promover amparos en contra de las obras que estamos llevando a cabo desde la construcción del Felipe Ángeles”.
AMLO
El primer mandatario mencionó que entre los juristas que conforman la mencionada agrupación están personajes como el ex ministro José Ramón Cossío; Fernando Gómez-Mont Urueta, ex secretario de gobernación de Felipe Calderón y los abogados Miguel Carbonell y Gerardo Carrasco. Asimismo, señaló a la asociación Litigio Estrategia y la acusó de estar vinculada con el magnate Claudio X. González.
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