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La suprema corte de justicia es el máximo órgano judicial de nuestro país, encargado de velar por el respeto a la Constitución y los derechos humanos. Sin embargo, en los últimos años, se ha visto envuelta en numerosos escándalos de corrupción, violación de derechos humanos, cohecho y violación a la Constitución que ponen en duda su imparcialidad, transparencia y eficacia.

LA SUPREMA CORTE ES “DE INJUSTICIA” Y SE ENCUENTRA ACTUALMENTE REPROBADA.  Sus mayores desencuentros son:

– La liberación de narcotraficantes y delincuentes de alto perfil, a cambio de sobornos o por presiones políticas.

– La manipulación de expedientes y sentencias, para favorecer o perjudicar a determinados grupos políticos, empresarios o delincuentes.

– La falta de rendición de cuentas y fiscalización, que permite el enriquecimiento ilícito y el abuso de poder de algunos jueces, magistrados y ministros.

– La injerencia de intereses externos, como partidos políticos, empresarios o grupos de poder y delincuenciales, que buscan influir en las decisiones judiciales.

– La violación flagrante de la Constitución, por parte de los Ministros que deberían defenderla.

Estas situaciones generan una profunda desconfianza en la ciudadanía, que ve cómo la justicia se convierte en un instrumento al servicio de unos pocos (políticos de derecha, empresarios corruptos, narcotraficantes y grupos delincuenciales en general), que fomenta la impunidad y perpetua la criminalidad. Por eso, es necesario exigir una reforma integral del poder judicial y de la suprema corte de justicia, que garantice su independencia e imparcialidad, integridad moral y profesionalismo jurídico.

Solo así podremos recuperar la credibilidad y la legitimidad de nuestro sistema judicial, y fortalecer nuestra democracia. Este es el llamado que el movimiento de regeneración nacional hace a todos los ciudadanos, al convocarlos a llevar a cabo el “Plan C”, que consiste en votar de manera masiva por MORENA para tener mayoría calificada en ambas cámaras del Congreso de la Unión y poder llevar a cabo una “reforma Judicial profunda”.

La propuesta de Morena para reformar el poder judicial y la suprema corte de justicia es un proyecto que busca fortalecer la independencia, la transparencia y la eficiencia de estos órganos del Estado. El objetivo es garantizar el acceso a la justicia, el respeto a los derechos humanos y el combate a la corrupción.

Entre los principales puntos de la propuesta se encuentran:

– Ampliar el periodo del presidente de la suprema corte de justicia de cuatro a seis años, con posibilidad de reelección por una sola vez.

– Crear una sala especializada en materia anticorrupción dentro de la suprema corte, integrada por cinco ministros designados por el Senado.

– Establecer un sistema de carrera judicial que incentive el mérito, la profesionalización y la evaluación periódica de los jueces y magistrados.

– Crear un consejo de evaluación judicial que supervise el desempeño y la conducta de los integrantes del poder judicial.

– Reformar el consejo de la judicatura federal para que tenga una mayor representación de los poderes ejecutivo y legislativo, así como de la sociedad civil.

– Desaparecer los Fideicomisos que preservan los privilegios, instaurando la austeridad republicana “No puede existir poder judicial rico con pueblo pobre”.

La iniciativa de reforma al Poder Judicial, que enviará el presidente Andrés Manuel López Obrador en septiembre del próximo año, plantea reducir fideicomisos y sueldos, además de eliminar los privilegios de ministros, jueces y magistrados, con el objetivo de generar recursos en beneficio de las y los mexicanos.

La propuesta que, está respaldada por Morena, ha generado opiniones positivas entre los diferentes actores políticos y sociales, excepto de la oposición, por obvias razones; ya que es este sector de derecha es el que se ve mayormente beneficiado por los delictivos actos del poder judicial en su conjunto. Algunos la consideran necesaria para modernizar y democratizar el poder judicial, mientras que, en la oposición la ven como una amenaza a la división y el equilibrio de poderes. Lo cierto es que se trata de una iniciativa que requiere un amplio debate y consenso para su aprobación y aplicación o un voto masivo por parte de la ciudadanía para darle el poder a morena, para que, sin tener que negociar con la derecha radical, que dicho sea de paso, jamás estarán de acuerdo en perder sus privilegios corruptos y corruptores, pueda aprobar una reforma constitucional.

“Vamos a presentar una iniciativa para que desaparezcan los fideicomisos del Poder Judicial y esos 20 mil millones de pesos se entreguen a estudiantes de familias pobres, que se les entreguen becas”, adelantó el presidente.

Señaló que la política de austeridad y cero corrupción del Gobierno de la Cuarta Transformación ha permitido financiar más obras con recursos públicos, sin contratar deuda y sobre todo, distribuir el ingreso público con justicia a la población más necesitada.

Andrés Manuel López Obrador ha señalado 40 privilegios que mantienen altos funcionarios del Poder Judicial, que se pagan con el erario público y contradicen a la Ley Federal de Austeridad Republicana y a la Constitución:

• Sueldos de más de 297 mil pesos mensuales, superiores al que percibe el presidente de la República (un salario integrado de más de $700,000.00).
• Aguinaldos de alrededor de 586 mil pesos, que representan 40 días de sueldo.
• Seguro de gastos médicos para ministras, ministros y familia nuclear por 30 millones de pesos en adelante.
• Primas vacacionales por 95 mil pesos, que significan diez días de sueldo.
• Un fondo para comer en restaurantes de lujo por 723 mil 690 pesos anuales.
• Un comedor especial en la SCJN donde pueden ordenar alimentos a la carta y bebidas alcohólicas.
• Dos periodos vacacionales al año de 15 días cada uno.
• Presupuesto de cinco millones 540 mil 930 pesos mensuales para contratar personal.
• Dos vehículos blindados tipo Suburban con valor acumulado de seis millones de pesos, que se renuevan cada dos años.
• Pago por riesgo de más de 640 mil pesos al año.
• Apoyo para gasolina por 22 mil pesos mensuales.
• Apoyo ilimitado para el pago de peajes en autopista.
• Seguro de separación individualizado de aproximadamente 20 millones de pesos al final de 15 años de servicio.
• Reciben una pensión vitalicia con casi la totalidad de su sueldo cuando se retiran.
• Además, el Poder Judicial suma en 14 fideicomisos recursos por 20 mil millones de pesos, que se utilizan, principalmente, para mantener estas prestaciones de por vida.

“No es un asunto de justicia, es algo que tiene que ver con la moral y no hay que olvidar que la política es un imperativo ético“, dijo el presidente de México.

La corrupción del poder judicial en México es un problema grave que afecta a la seguridad, la democracia y el desarrollo del país. Los grupos de delincuencia organizada se aprovechan de esta situación para obtener impunidad, influencia y recursos ilícitos.

La corrupción judicial en México está a tope, el uso indebido de la función judicial por parte de jueces, magistrados, ministros de la suprema corte, fiscales y otros funcionarios para obtener beneficios personales o favorecer intereses ajenos al derecho está en su peor época. Esta práctica puede adoptar diversas formas, como el soborno, el tráfico de influencias, la extorsión, el nepotismo, el prevaricato o la manipulación de expedientes.

Los grupos de delincuencia organizada, como los cárteles de la droga, las bandas de secuestradores o los guachicoleros, recurren a la corrupción judicial para evadir la justicia, controlar territorios, intimidar a la población, expandir sus negocios ilícitos, censurar al presidente y hasta ganar elecciones. Algunos ejemplos de cómo beneficia la corrupción judicial a estos grupos son:

– La impunidad: Los delincuentes están comprando a los jueces y fiscales para que no los investiguen, no los procesen o los condenen mínimamente por sus crímenes. Esto les permite seguir operando sin temor a las consecuencias legales.

– La influencia: Los delincuentes han infiltrado o cooptado a los funcionarios judiciales para que actúen en su favor o en contra de sus rivales o enemigos. Esto les permite obtener ventajas políticas, económicas y sociales.

– Los recursos ilícitos: Los delincuentes obtienen dinero, bienes o servicios de los funcionarios judiciales a cambio de favores o protección. Esto les permite incrementar su poder y su riqueza.

La corrupción judicial no solo beneficia a los grupos de delincuencia organizada, sino que, también perjudica a la sociedad en su conjunto. Algunas consecuencias inmediatas de la corrupción judicial son:

– La inseguridad: La corrupción judicial genera un clima de violencia, impunidad e injusticia que afecta a la vida y los derechos de las personas. Además, fomenta la desconfianza y el descontento social hacia las instituciones.

– La democracia: La corrupción judicial debilita el Estado de derecho, el principio de separación de poderes y el sistema de pesos y contrapesos que garantizan el funcionamiento democrático. Además, erosiona la legitimidad y la credibilidad de las autoridades.

– El desarrollo: La corrupción judicial obstaculiza el crecimiento económico, el bienestar social y el progreso humano. Además, desvía recursos públicos que podrían destinarse a sectores prioritarios como la educación, la salud o la infraestructura.

La corrupción judicial es un desafío que requiere una respuesta urgente y decidida de los mexicanos. Solo así podremos garantizar una justicia pronta, imparcial y efectiva que contribuya a la paz, la democracia y el desarrollo de México.