Durante el periodo de transición, en las conferencias de prensa matutinas que la entonces presidenta electa Claudia Sheinbaum ofrecía en su casa de transición, recuerdo que le pregunté sobre su estrategia de seguridad y si tenía previsto implementar algo similar a lo que hizo en la Ciudad de México, estableciendo un mando único. Esto, debido a las evidencias de que muchas policías municipales son fácilmente corrompibles y están al servicio de los presidentes municipales en turno.
En esa ocasión, la presidenta Sheinbaum me respondió que, si existían pruebas de que las policías municipales fueran corruptas, se deberían presentar las denuncias correspondientes. No obstante, parece que no fue necesario, ya que la mandataria ya tenía claro lo que se debía hacer.
No pasaron ni dos meses para demostrar que en este gobierno no habrá impunidad. Hace unos días, el operativo Enjambre sorprendió a propios y extraños, cuando, por primera vez y bajo el mando del secretario de seguridad federal, Omar García Harfuch, se detuvo a siete servidores públicos municipales del Estado de México, entre ellos presidentes municipales y secretarios de seguridad.
El operativo Enjambre estuvo principalmente vinculado a municipios del Estado de México como Amanalco, Santo Tomás, Tonatico, Chicoloapan, Ixtapaluca, Tejupilco, Naucalpan, Coacalco, Jilotzingo y Texcaltitlán. No es un secreto que, en esta entidad, una de las más grandes del país, la impunidad y el abuso de poder por parte de las autoridades locales han sido moneda corriente.
Municipios como Tlalnepantla de Baz, en el Estado de México, son un claro ejemplo de la influencia del crimen organizado en los gobiernos municipales. Según datos del Observatorio Nacional Ciudadano, en esta zona, gobernada por el priista Marco Antonio Rodríguez Hurtado, la incidencia de ocho delitos de alto impacto creció durante su administración. El robo a casa habitación fue el que más aumentó en los últimos tres años, con un incremento de hasta el 53%. Sin embargo, también se registró un aumento considerable en otros delitos como robo con violencia, robo de vehículos, robo a negocios, extorsión y robo a transeúntes.
Otro ejemplo claro de cómo el crimen organizado ha permeado la política mexiquense es el caso de Ecatepec de Morelos. La presidenta municipal electa para el periodo 2025-2028, Azucena Cisneros, ha sido señalada en diversas ocasiones por los habitantes del municipio debido a sus vínculos con grupos delictivos. Cisneros, quien fue respaldada por grupos criminales ligados a la extorsión, como el sindicato 25 de marzo y la organización La Chokiza, tuvo a estos grupos acompañándola en sus actos de campaña.
El caso de Ecatepec no es un hecho aislado. En el Estado de México, como en muchas otras partes del país, la presencia del crimen organizado en la política local ha sido un fenómeno constante. La relación entre ciertos políticos y grupos delictivos no es solo un rumor, sino una realidad que afecta la seguridad y el bienestar de los ciudadanos. Es urgente que el gobierno federal, en colaboración con las autoridades locales, logre erradicar estas prácticas para recuperar la confianza de la ciudadanía.
Un aspecto crucial de este proceso es la implementación de políticas que fortalezcan las instituciones de seguridad y promuevan la rendición de cuentas. Para ello, es indispensable no solo sancionar a quienes se coluden con el crimen, sino también garantizar que los cuerpos policiacos se encuentren bien entrenados, sean profesionalizados y no estén al servicio de intereses personales o criminales. La estrategia debe ser integral y a largo plazo, comenzando con la depuración de las fuerzas de seguridad.
La ciudadanía ha mostrado su hartazgo ante la impunidad y la violencia que azotan a muchas regiones del país. En este contexto, acciones como el operativo Enjambre son un paso importante, pero no suficientes por sí solas. Se requiere un cambio profundo en el sistema de justicia y en la forma en que los gobiernos municipales operan. Solo con un combate decidido y sostenido a la corrupción y el crimen organizado podremos aspirar a un país más seguro y justo para todos.
La lucha contra la corrupción y el crimen organizado no puede ser selectiva ni superficial. El reciente operativo Enjambre demuestra que hay voluntad para enfrentar este flagelo, pero la verdadera prueba de fuego será la capacidad del gobierno de Claudia Sheinbaum para mantener esta línea de acción, erradicar la impunidad en todos los niveles de gobierno y transformar la seguridad pública en un pilar fundamental para el desarrollo del país. Si esto no se logra, estaremos condenados a seguir viviendo bajo el yugo de la criminalidad que ha permeado hasta las instituciones más básicas de nuestra democracia.
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