Tras casi dos décadas en prisión preventiva, Israel Vallarta fue absuelto por un tribunal federal que evidenció graves irregularidades procesales, pruebas contaminadas y violaciones a derechos humanos. La sentencia, de 425 páginas, desglosa siete razones clave que fundamentaron su liberación.
De acuerdo con Milenio, que tuvo acceso al expediente, la jueza Mariana Vieyra Valdés concluyó que la detención de Vallarta fue ilegal y que su presentación ante los medios como parte de un montaje contaminó la evidencia desde el inicio. El caso fue transmitido por televisión, simulando un operativo de rescate que nunca ocurrió. Esta recreación generó un “efecto corruptor” en todo el proceso.
Además, la confesión inicial de Vallarta fue descartada por presunta tortura. Aunque no se ha emitido una sentencia firme sobre los actos de tortura, la Fiscalía General de la República no investigó adecuadamente y eso invalida cualquier declaración extraída bajo ese contexto. La jueza subrayó que los derechos de las víctimas no justifican violar los del acusado.
También se acreditó una ruptura en la cadena de custodia de las armas y cartuchos asegurados. No hubo peritajes concluyentes ni pruebas balísticas que vincularan directamente a Vallarta con esos objetos. Incluso, las diligencias de reconocimiento fueron realizadas en condiciones sugestivas y sin presencia de la defensa, afectando la fiabilidad de los testimonios.
Se suman contradicciones en las declaraciones de al menos diez testigos clave, cambios de versiones y relatos que se ajustaban conforme avanzaba el caso. Además, no se probó su pertenencia a un grupo criminal organizado, ni que existiera estructura, permanencia o roles definidos que configuraran el delito de delincuencia organizada.
Finalmente, parte de las pruebas provienen de cateos ilegales. Ingresos a inmuebles como el rancho Las Chinitas y otros predios se realizaron sin orden judicial, violando flagrantemente la Constitución. Por lo tanto, todo lo recolectado carece de valor probatorio.
La jueza determinó que no era posible emitir una sentencia condenatoria sobre la base de pruebas obtenidas de forma ilícita, lo que llevó a la absolución definitiva de Israel Vallarta, tras más de 19 años privado de su libertad sin sentencia.
