Hasta hace unos años, la temática de la derrotabilidad de las normas jurídicas, es decir, excepciones no explícitas en los ordenamientos jurídicos, había sido abandonada por la teoría jurídica, debido a que se veía como una problemática que no llevaba a ningún lado.
Por lo mismo, profundizar sobre la compatibilidad con el positivismo jurídico era algo irrelevante, por lo que el asunto quedó en el olvido a partir de los primeros años del presente siglo.
No obstante, este análisis se quedó corto, ya que únicamente se analizó desde el punto de vista del derecho, donde las excepciones (implícitas o no) son fruto de la interpretación, por lo cual no hay lugar a una polémica como tal, ya que gracias a la interpretación se logra desvelar el sentido del significado y la intención de una norma jurídica.
Sin embargo, aunque no existan motivos jurídicos suficientes para sostener el debate de la derrotabilidad como un problema jurídico relevante, las cosas cambian cuando se analiza desde el punto de vista de la política.
Esto hace ver que la verdadera derrotabilidad de las normas jurídicas se da por actos políticos, mas no por cuestiones de interpretación.
Pero bien ¿a dónde va todo esto? Pues bueno, resulta que estos días, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, presentó una solicitud de licencia ante el Congreso, de la misma entidad, para poder separarse de su cargo y tener así la posibilidad de participar en el proceso electoral de 2024, donde se definirá quién será el nuevo ejecutivo federal.
Hasta ahí, no hay nada interesante, al menos jurídicamente hablando, ya que políticamente habría que comentar bastante al respecto. Principalmente, cómo es que Samuel García ha quedado expuesto por él mismo; pero esto es ya material para otra ocasión.
Ahora bien, lo interesante inicia cuando se decide quién será el gobernador interino, ante la ausencia por seis meses de Samuel García.
En un principio, se llegó a decir que el Congreso de Nuevo León negaría la licencia a García Sepúlveda, pero al final resultó que la aprobó. Y hubo mayor sorpresa cuando se decidió que fuese Arturo Salinas el elegido.
Hasta ese momento, Arturo Salinas fungía como el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León (TSJNL) y del Consejo de la Judicatura de Nuevo León (CJNL). Además, este mismo año fue reelecto para mantenerse en el cargo, a pesar de un escandaloso proceso que le permitió presidir el poder judicial de Nuevo León.
Sin embargo, pese a que la constitución local y federal no permiten que en una misma persona se depositen más de un poder, esto no impidió que esa misma tarde/noche se presentara Arturo Salinas, ante el llamado del presidente del Congreso de Nuevo León, Mauro Guerra, y tomara protesta como gobernador interino.
Eso sí, a la brevedad, Arturo Salinas solicitó una reunión urgente para presentar licencia para dejar su cargo como presidente del TSJNL y del CJNL con el fin de ser gobernador interino este próximo 2 de diciembre de 2023.
Y así como así, se tiene un caso particular de cómo una ley puede ser derrotada por medio de un acto político.
Por supuesto, resulta necesario profundizar sobre esta cuestión, pero no es aquí el lugar para realizar tal empresa.
Por lo pronto, solo queda atestiguar cómo, una vez más, las cosas se mantienen como han sido desde hace muchos años.
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