La brecha digital no es un reto del futuro: es un reto que define el presente. En nuestro país, más de quince millones de personas aún carecen de conexión a Internet, muchas de ellas en comunidades rurales e indígenas que hoy ven en línea un camino para la educación, la salud y el desarrollo económico. Con esa urgencia social como estandarte, el Congreso aprobó la nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, un paquete normativo cuyo éxito dependerá tanto de sus aciertos técnicos como de la vigilancia ciudadana para que no se convierta en un instrumento de control.
La publicación en el Diario Oficial de la Federación del decreto constitucional (20 de diciembre de 2024) marcó el compromiso de legislar secundarias que garantizaran el acceso universal y protegieran la libertad de expresión. Bajo ese mandato, el Senado y luego la Cámara de Diputados pulieron un texto que responde a las necesidades de conectividad, pero también incorpora salvaguardas para los derechos fundamentales. Al ligar esta ambición social con el rigor jurídico, México da un paso adelante hacia un servicio público de telecomunicaciones verdaderamente equitativo.
En el corazón de la reforma, dos nuevos actores regulatorios tomarán el relevo del extinto IFT: la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) y la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT). La ATDT diseñará políticas y gestionará el espectro; la CRT, un órgano técnico autónomo, resolverá concesiones y conflictos de audiencia. Juntas, estas instancias prometen simplificar trámites, fortalecer la coordinación intersecretarial y llevar Internet de banda ancha a cada rincón del país.
El enfoque social de la ley se ve reforzado en tres ejes:
Conectividad universal. Los servicios de banda ancha se declaran un derecho público, de modo que tanto las empresas privadas como los programas de “Internet para Todos” puedan extender su cobertura bajo condiciones de igualdad.
Medios comunitarios e indígenas. Ahora podrán acceder al espectro, vender publicidad y recibir financiamiento directo, democratizando el ecosistema informativo y dando voz a sectores históricamente marginados.
Defensorías de audiencia. Cada concesionario debe contar con un mecanismo interno para recibir quejas por desinformación o calumnias, elevando el estándar ético de los contenidos.
Para proteger la seguridad sin sacrificar la privacidad, la ley mantiene que la geolocalización en tiempo real de dispositivos móviles sólo podrá realizarse con orden judicial fundada y motivada, un recurso esencial en la lucha contra delitos de alto impacto. En su conferencia diaria, la presidenta Claudia Sheinbaum apuntó que la Ley de Telecomunicaciones “no espía ni censura” y que sólo sigue la legislación vigente, recordando que “solo por orden judicial es posible intervenir teléfonos”.
También se incluye un delicado balance en materia de propaganda extranjera: los concesionarios no podrán transmitir mensajes políticos, ideológicos o comerciales de gobiernos foráneos, salvo actividades culturales, turísticas o deportivas. Es una medida dirigida a proteger nuestra soberanía informativa, sin vulnerar la libertad de expresión.
En materia de identidad, la obligación de registrar cada línea telefónica con CURP y datos biométricos ha levantado alertas. Sin embargo, ese requisito vigente en delitos graves desde 2014, apunta a robustecer la trazabilidad en la telefonía prepago, un nicho aprovechado por las redes de trata y narcotráfico.
El despliegue de 5G, redes inteligentes y espectro compartido atraerá inversión y fomentará la innovación. Al facilitar permisos para antenas y fibra óptica, México se vuelve un destino competitivo para la industria global de telecomunicaciones.
El verdadero motor de la transformación, empero, será la participación ciudadana. Usuarios y usuarias deben conocer sus derechos: exigir transparencia en la asignación de frecuencias, revisar las resoluciones de la CRT y apoyar a las defensorías de audiencia. Un servicio de calidad no es solo un mandato de ley, sino un bien común que vale la pena defender.
No hay progreso tecnológico verdaderamente valioso si no coexiste con el respeto irrestricto a nuestras libertades; por eso, al celebrar los avances de esta Ley de Telecomunicaciones, debemos velar porque sus mecanismos de vigilancia operen siempre bajo el amparo del debido proceso y con total transparencia. No hay seguridad sin orden, pero tampoco hay paz duradera sin libertad, sin justicia y sin respeto por la dignidad humana. Ese es el equilibrio que debemos exigir en la nueva etapa que inicia con esta ley: una conectividad sólida, eficiente y segura, pero siempre al servicio de nuestras libertades.
- La columnista, Mariuma Munira Vadillo Bravo, es Maestra en Derechos Humanos y Garantías Individuales. Puedes contactarla en Facebook: MUMA Mariuma Munira, Twitter: @MariumaMunira.
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