La Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos expresó su preocupación por algunos puntos de la nueva Ley de la Guardia Nacional, especialmente por el alcance en tareas de inteligencia y la falta de controles adecuados.
El organismo reiteró que la seguridad pública debe estar bajo mando civil, con mecanismos democráticos y respeto pleno a los derechos humanos, y llamó a que cualquier reforma se analice con base en estos principios.
Amnistía Internacional también pidió al Congreso revisar las modificaciones, particularmente las que permiten a integrantes de la GN solicitar licencia para asumir cargos públicos o tener contacto con evidencia antes que el Ministerio Público, lo que podría generar riesgos de opacidad.
Ambas organizaciones reconocieron la importancia de fortalecer las instituciones de seguridad, pero insistieron en que debe hacerse bajo parámetros que garanticen transparencia y legalidad.
