La Cámara de Diputados impulsa una Ley General contra la extorsión para enfrentar un delito que supera las leyes actuales y que incluso amenaza a funcionarios públicos, quienes son blanco directo de grupos criminales. El dictamen aprobado por unanimidad en la Comisión de Puntos Constitucionales busca armonizar y unificar el marco legal para combatir esta grave problemática.
De acuerdo con Excelsior, el proyecto reconoce que la extorsión ha aumentado en todos sus tipos: directa, telefónica, redes sociales y hasta pagos sexuales, afectando a víctimas de manera transversal, con daños patrimoniales, psicológicos y sociales. Entre 2022 y 2024, se registraron más de 32 mil 700 víctimas, con un incremento del 57.6% en seis años, según información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP),
Además, la delincuencia organizada utiliza la extorsión para coaccionar a autoridades y controlar mercados, lo que impacta no solo a individuos sino a empresas y sectores económicos. Actualmente, el 67% de los extorsionadores logra su objetivo, afectando al 27% de las unidades económicas del país.
El nuevo marco legal buscará incluir sanciones claras, mecanismos efectivos de prevención y atención a víctimas. Se prevé que la legislación secundaria se formule en un máximo de seis meses tras la reforma constitucional que se votará en septiembre.
