Por primera vez en la historia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) acordó someter a revisión una reforma constitucional, al admitir una de las impugnaciones presentadas por jueces y magistrados contra la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF). La decisión, adoptada por una mayoría de ocho votos contra tres, busca determinar si la Corte tiene facultad para revisar y eventualmente frenar dicha reforma.
Norma Piña y sus aliados conservadores, argumentaron que la Corte aún no está decidiendo sobre el fondo de la reforma, mientras que los ministros a favor de la democratización de la impartición de justicia, señalaron que esta acción podría derivar en un “golpe de Estado”.
El proyecto aprobado, redactado por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, propuso una vía distinta para la discusión de la impugnación presentada por las personas juzgadoras, descartando la opción inicialmente sugerida por considerar que no era adecuada. En su lugar, Alcántara Carrancá sugirió que el caso sea abordado a través de una de las controversias establecidas en el artículo 11, fracción XVII, de la Ley Orgánica del PJF.
Con esta decisión, la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández deberá turnar el caso a otro ministro que apoye la mayoría, para que prepare el proyecto de resolución. Asimismo, la Corte podría emitir una suspensión que detenga la aplicación de la reforma.
El proyecto contó con el respaldo de la ministra presidenta Piña Hernández, el ponente González Alcántara Carrancá, y los ministros Jorge Mario Pardo Rebolledo, Margarita Ríos Farjat, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Luis María Aguilar Morales y Javier Laynez Potisek. En contra votaron las ministras Lenia Batres Guadarrama, Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Ahlf.
La ministra Batres Guadarrama sostuvo que la Corte no tiene facultades para revisar modificaciones a la Constitución aprobadas por el Poder Legislativo, afirmando que tal acción violaría el principio de supremacía constitucional, la división de poderes y el Estado de Derecho. Por su parte, Esquivel Mossa señaló que “la Constitución no es impugnable” y expresó su preocupación por los efectos que tendría este proceso, al advertir sobre un posible “golpe de Estado constitucional”.
Pese a las diferencias, los ministros a favor subrayaron que este no es un debate sobre la reforma en sí, sino sobre el proceso que debe seguirse para discutir las impugnaciones.
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