Etiqueta: Lenia Batres
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Telemundo condenado a pagar a Sandra Ávila
La SCJN falló a favor de Sandra Ávila tras el uso no autorizado de su imagen por Telemundo.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tomó una decisión importante respecto a la demanda de Sandra Ávila, conocida como la Reina del Pacífico. Telemundo deberá pagar 448 mil pesos por utilizar su imagen sin autorización.
La controversia comenzó hace varios años, cuando Ávila Beltrán alegó que la cadena estadounidense usó su imagen para promocionar la serie “La Reina del Sur”. Esta serie, aunque inspirada en su vida, también se basa en la obra del escritor Arturo Pérez-Reverte. Ávila ha defendido su derecho a proteger su imagen y su historia.
Lo que intensificó el caso fue que Telemundo usó imágenes de la detención de Ávila en 2007 como parte de su promoción para la segunda temporada de la serie. La SCJN argumentó que el uso de su imagen no tenía fines periodísticos. En cambio, se trataba de una explotación comercial.
El fallo de la SCJN representó un revés significativo para Telemundo. La corte, por unanimidad, negó el amparo que la cadena solicitó para evitar la multa impuesta por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) en diciembre de 2021. Esta sanción se basa en la explotación de su imagen sin el consentimiento necesario.
El ministro presidente, Hugo Aguilar, destacó la importancia de proteger el derecho a la propia imagen. Según él, la decisión de la corte busca salvaguardar los derechos de las personas frente a los usos comerciales no autorizados. También indicó que es fundamental que las empresas reconozcan su responsabilidad al difundir el contenido que involucra a personas.
Por su parte, la ministra Lenia Batres recalcó que ninguna imagen puede utilizarse sin consentir, especialmente con fines comerciales. Insistió en la necesidad de proteger los derechos personales ante el uso que puede lucrar con sus historias.
Este caso sentará un precedente en el ámbito de los derechos de imagen en México. La lucha de Sandra Ávila no solo tiene impacto en su vida, sino que también aboga por el respeto a la intimidad y la dignidad de otros.

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SCJN perfila revés legal a Cabeza de Vaca: Batres propone negar amparo y validar captura
El proyecto que se discutirá en el pleno plantea dejar firme la orden de aprehensión por delincuencia organizada y lavado de dinero contra el exgobernador de Tamaulipas.
La ministra Lenia Batres Guadarrama propondrá al pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) negar el amparo solicitado por Francisco Javier García Cabeza de Vaca, con lo que quedaría validada la orden de aprehensión girada en su contra por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El proyecto, que será analizado en sesión pública, deriva de denuncias presentadas en 2020 ante la Fiscalía General de la República (FGR), que dieron paso a la solicitud de declaratoria de procedencia ante la Cámara de Diputados, aprobada en abril de 2021. Con ello, se abrió la vía para investigar penalmente al entonces gobernador de Tamaulipas.

En agosto de 2022, una sala de la Corte invalidó una orden previa al considerar que hubo invasión de facultades del Congreso local. Sin embargo, una vez que el político dejó el cargo en octubre de 2022, el Ministerio Público solicitó nuevamente la captura, la cual fue concedida por un juez federal especializado.
El exmandatario promovió un amparo indirecto que inicialmente le fue concedido por un juzgado de distrito en Tamaulipas. Esa resolución fue revocada para reponer el procedimiento, pero al emitirse una nueva sentencia, se volvió a otorgar la protección federal. Ante ello, autoridades promovieron recursos de revisión.
A petición de la FGR, el pleno de la SCJN atrajo el asunto y lo registró como amparo en revisión 435/2025. La propuesta de Batres plantea revocar el amparo y dejar firme la orden de aprehensión emitida por un juez con sede en el Estado de México, lo que reconfiguraría el panorama legal del exgobernador.
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Ricardo Salinas Pliego retira de amparo por deuda fiscal
El Grupo Salinas logró un importante acuerdo con el SAT al desistirse de un amparo que cuestionaba una deuda fiscal de más de 645 millones de pesos.
Este jueves 29 de enero de 2026, Total Play Telecomunicaciones, una empresa de Ricardo Salinas Pliego, dio un paso importante al desistirse de un amparo directo. Este amparo buscaba impugnar una deuda fiscal que superaba los 645 millones de pesos. Este acuerdo se produce tras años de disputas legales.
La deuda fue determinada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) el 6 de septiembre de 2017. Desde entonces, Total Play ha presentado diversos amparos para combatirla. Uno de estos juicios llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). En marzo de 2024, la extinta Segunda Sala de la SCJN ordenó al Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) anular una sentencia y ajustar la deuda de la empresa. Sin embargo, el TFJA no cuantificó la deducción correspondiente, lo que llevó a Total Play a solicitar una nueva revisión ante la SCJN.
Hoy, el SAT anunció un pago inicial de más de 10 mil millones de pesos, parte de un total de 32 mil millones que el grupo empresarial ha decidido abonar. Lenia Batres, Ministra de la SCJN, celebró esta decisión como un hito en el cumplimiento de las obligaciones fiscales en México.
El compromiso de Grupo Salinas con el pago de su deuda muestra una clara señal de que todas las empresas, sin importar su tamaño, deben cumplir con sus responsabilidades fiscales. Esto promueve la igualdad en el cumplimiento de obligaciones entre todos los ciudadanos.
Este desenlace marca un capítulo importante en el fortalecimiento del Estado de derecho en México. Al final, el compromiso de Total Play con sus responsabilidades fiscales refuerza la idea de que todos somos parte del mismo sistema, trabajando por un país más justo y equitativo.

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No se revisarán sentencias de salas extintas, dice SCJN; son cosa juzgada
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se enfrentó a una encrucijada institucional: ¿puede el Pleno actual corregir o anular lo que las extintas Salas decidieron en el pasado? La respuesta fue un no rotundo. El caso detonante fue el de Juana Hilda González (Caso Wallace), quien tras 19 años en prisión obtuvo su libertad por un amparo de la Primera Sala. La FGR intentó revertir esta libertad, pero la Corte determinó que sus fallos son “Cosa Juzgada”, es decir: verdades legales inamovibles.
Cabe mencionar que la impugnación de la FGR —promovida por el exfiscal Alejandro Gertz Manero— fue analizada mediante una consulta a trámite, en la que el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz planteó si procedía un recurso de revisión contra sentencias dictadas por las extintas Salas al ejercer la facultad de atracción en amparos directos.

Aunque se votó por unanimidad que las sentencias no se revisan, quedó una “puerta entreabierta” en el Párrafo 52. Y es que la ministra Lenia Batres sugirió que en el futuro se podría discutir la “Cosa Juzgada Fraudulenta”. Esto significa que si un juicio fue un engaño total (fraude procesal), la historia podría ser distinta. No obstante, siete ministros se opusieron a mencionar esto, pero por un error de procedimiento o tiempos de votación, el texto quedó en el aire.
Algunos especialistas sostienen que la sociedad necesita que las leyes sean predecibles. Y si una sentencia de la Corte pudiera cambiarse años después, el sistema colapsaría en una incertidumbre eterna. La “Cosa Juzgada”, en ese sentido, es el ancla que evita el caos jurídico.
El rechazo de siete ministros al párrafo 52 muestra una resistencia interna contra la posibilidad de abrir juicios pasados.
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La Corte avala la eliminación de 109 fideicomisos
La Suprema Corte valida el decreto que eliminó fideicomisos, destacando una gestión más transparente de los recursos públicos.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio un paso importante este lunes. La Corte validó el decreto del 6 de noviembre de 2020, que extinguió 109 fideicomisos y fondos públicos, como el Fondo de Desastres Naturales y el Fondo Metropolitano. De esta manera, la Corte rechazó las impugnaciones de ocho gobernadores de oposición, quienes cuestionaban la medida.
El ex presidente Andrés Manuel López Obrador impulsó la eliminación de estos instrumentos financieros. Su objetivo fue permitir al gobierno federal acceder a más de 68 mil millones de pesos. En la sesión, los ministros, por unanimidad, decidieron que el decreto no invadió las facultades de las entidades federativas ni vulneró el pacto federal.
Los gobernadores de Jalisco, Chihuahua, Nuevo León, Guanajuato, Tamaulipas, Aguascalientes, Coahuila y Michoacán no lograron convencer a la Corte. En su argumento, la Corte señaló que las demandas de los gobernadores presentaron sólo opiniones generales sobre los beneficios de los fideicomisos. No demostraron que se afectara alguna atribución establecida en la Constitución.
Aunque la Corte no abordó la constitucionalidad de cada fideicomiso en particular, sí concluyó que el Congreso simplemente cambió la forma en que se colaboraba entre el gobierno federal y los estados. Esto no limita las facultades de las entidades estatales.
Durante la discusión, el ministro Arístides Guerrero García presentó un análisis del proceso de las controversias. Criticó la falta de acción de la Corte anterior, que archivó los casos durante más de cuatro años. “Fue irresponsable no resolver estos asuntos”, agregó Guerrero.
La ministra Lenia Batres enfatizó la opacidad en el manejo de los recursos. Señaló que la Auditoría Superior de la Federación identificó muchas fallas en los fideicomisos, como desvíos y falta de rendición de cuentas. En sus palabras, los fideicomisos servían para evitar la transparencia en el uso de los recursos públicos.
Batres concluyó que la validación del decreto es un paso positivo hacia una gestión más clara y responsable de los recursos del país, alineada con la Constitución. Esto representa una oportunidad para mejorar la rendición de cuentas y fortalecer la confianza en el gobierno.

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Revocación para jueces
La ministra Lenia Batres propone que la ciudadanía pueda revocar a jueces, magistrados y ministros por bajo desempeño, como medida de vigilancia y transparencia.
La ministra de la Suprema Corte, Lenia Batres Guadarrama, presentó la idea durante una entrevista con El Debate, pues aseguró que la nueva Corte debe sentir la vigilancia de la ciudadanía para dar resultados.
Batres propone incorporar un mecanismo de revocación de mandato para corregir casos de bajo desempeño sin llegar a la destitución o a la inhabilitación. No es suficiente la buena voluntad, nunca. La transparencia y la vigilancia, que los juzgadores se sepan vigilados, afirmó.
Batres pidió observar el funcionamiento del Tribunal de Disciplina Judicial. Señaló que aún falta ver si ese órgano cumple su tarea de supervisión. Por tanto, planteó analizar ajustes a la reforma judicial para fortalecer esa vigilancia.
La ministra celebró que la Corte se formó con ministros electos por la ciudadanía, ya que asegura, esta medida reduce la politización y acerca al Poder Judicial a las preocupaciones sociales. “La Corte vive una etapa inédita”, comentó.
Batres añadió que la Corte resuelve hoy casos que datan de 2008 a 2011, sobre todo asuntos de créditos fiscales. Además, la eliminación de dos Salas aumentó la carga de trabajo, lo que ha obligado a sesiones más largas y a debates más intensos.
La ministra recordó que detrás de cada fallo hay personas afectadas, por lo que pidió que la sociedad mantenga la atención y la participación. A su juicio, la transparencia crea confianza y mejora la justicia.

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SCJN revisará nuevo caso de crédito fiscal de FEMSA
La Suprema Corte reabre el caso de FEMSA por un adeudo fiscal millonario, cuestionando la aplicabilidad del principio de cosa juzgada.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha decidido revisar el crédito fiscal de FEMSA, el cual asciende a 2 mil 868 millones de pesos. La Corte considera que esta revisión no infringe el principio de cosa juzgada.
Este anuncio llega después de que, el pasado 8 de noviembre, la Corte rechazara el mismo caso con una votación de ocho a uno. Sin embargo, la ministra Lenia Batres solicitó la atracción del asunto, lo que llevó a esta nueva evaluación.
El caso de FEMSA podría sentar un precedente significativo en litigios fiscales de gran magnitud. Este nuevo enfoque permite a la Corte intervenir independientemente de si el análisis implica cuestiones constitucionales.
Con esta decisión, la SCJN abre la puerta a un debate más amplio sobre el manejo de los créditos fiscales multimillonarios. La comunidad legal y fiscal estará atenta a cómo avanza este caso y a su posible impacto en futuros litigios.

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SCJN aplica nueva sanción a Elektra y Salinas Pliego
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó el pago de 67 millones de pesos por adeudos fiscales a la empresa Nueva Elektra del Milenio, de Ricardo Salinas Pliego.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió una decisión que afecta directamente a Ricardo Salinas Pliego y a su empresa Nueva Elektra del Milenio. El alto tribunal resolvió que la compañía debe pagar 67 millones 165 mil pesos a Hacienda por adeudos fiscales.
Estos adeudos se deben a una auditoría realizada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), que tiene la facultad de fiscalizar a empresas individuales, incluso si forman parte de un régimen de consolidación fiscal. Esta decisión es un claro revés para Salinas Pliego, quien había obtenido fallos favorables en instancias anteriores.
En una votación donde se pronunció a favor el Pleno de la SCJN con seis votos, el proyecto fue presentado por la ministra Lenia Batres, y la resolución revocó una decisión previa de un tribunal colegiado, que indicaba que solo la empresa controladora podía ser revisada. Con este fallo, el SAT podrá continuar su labor fiscalizadora sobre empresas individuales dentro de un grupo.
No fue el único desafío que enfrentó el grupo de Salinas Pliego, ya que también se discutió el adeudo de TotalPlay por 645.7 millones de pesos, aunque ese caso se dejará para un análisis más profundo. Motivo por el que el presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz, pidió que no se discutiera aún.
La SCJN también ha enfrentado otros amparos presentados por Elektra y TV Azteca, pues recientemente rechazó la mayoría de estos recursos, lo que dejó firme un adeudo fiscal impresionante de más de 50 mil millones de pesos. Este monto es el más elevado enfrentado por Salinas Pliego hasta la fecha.
Los amparos que se desecharon incluyen casos que ascendieron a miles de millones de pesos. La Corte no encontró razones para considerarlos en el ámbito constitucional, y el intento de Elektra de evitar ciertas participaciones en el juicio tampoco tuvo éxito.
Esta serie de decisiones refuerza el papel del SAT en la fiscalización y establece un precedente claro ante casos similares en el futuro. La situación de Salinas Pliego y su conglomerado sigue siendo un tema de interés y debate en el ámbito fiscal mexicano.

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La Corte confirma créditos fiscales contra Grupo Salinas
La Suprema Corte de Justicia negará amparos de Total Play y Elektra, incrementando la presión fiscal sobre el imperio del evasor y usurero, Ricardo Salinas Pliego.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se prepara para un fallo crucial el próximo 19 de noviembre. Este dictamen afectará a las empresas de Ricardo Salinas Pliego, incluido Total Play y su filial Elektra. El tribunal ya validó créditos fiscales por un monto actualizado de 47 mil 407 millones de pesos.
Los casos a tratar incluyen una multa de 67 millones de pesos impuesta a Nueva Elektra del Milenio y un crédito fiscal de 645.7 millones de pesos dirigido a Total Play. Ambos casos se derivan de deducciones indebidas que, según el Servicio de Administración Tributaria (SAT), se realizaron para reducir el Impuesto Sobre la Renta (ISR).
Aunque estos procesos aún tienen caminos judiciales por recorrer, representan un desafío significativo para las empresas del magnate mexicano. En el caso de Elektra, la ministra Lenia Batres sugiere revocar un amparo que favoreció a la empresa. Este recurso fue otorgado bajo el argumento de que el SAT no puede verificar los datos financieros directamente en la sociedad controladora.
En el caso de Total Play, el crédito fiscal se relaciona con deducciones que el tribunal ya ha discutido previamente. En marzo de 2024, la SCJN permitió que Total Play reconociera la validez de una deducción de 621.9 millones de pesos por pagos a distribuidores. Sin embargo, el tribunal también rechazó otras deducciones que intentó aplicar la empresa.
El Tribunal Federal de Justicia Administrativa ha vuelto a evaluar el caso después de que la Corte lo revisara. Total Play argumenta la inconstitucionalidad de un artículo de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, pero hasta ahora, sus esfuerzos han sido infructuosos.
El debate en la Corte prevé ser intenso. Yasmín Esquivel propone desestimar los argumentos de Total Play, mientras que Batres plantea una revisión en profundidad, buscando declarar constitucional el artículo impugnado. Independientemente del resultado, la empresa tiene derecho a que el SAT realice un nuevo cálculo del crédito fiscal, lo que mantiene el litigio abierto y en curso.
Con esta situación, las empresas de Salinas se enfrentan a una incómoda presión constante. La Corte y el SAT seguirán atentos a los movimientos de estas firmas, mientras los prontos pagos de impuestos adquieren cada vez más protagonismo en el debate público.

