La Suprema Corte reabre el caso de FEMSA por un adeudo fiscal millonario, cuestionando la aplicabilidad del principio de cosa juzgada.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha decidido revisar el crédito fiscal de FEMSA, el cual asciende a 2 mil 868 millones de pesos. La Corte considera que esta revisión no infringe el principio de cosa juzgada.
Este anuncio llega después de que, el pasado 8 de noviembre, la Corte rechazara el mismo caso con una votación de ocho a uno. Sin embargo, la ministra Lenia Batres solicitó la atracción del asunto, lo que llevó a esta nueva evaluación.
El caso de FEMSA podría sentar un precedente significativo en litigios fiscales de gran magnitud. Este nuevo enfoque permite a la Corte intervenir independientemente de si el análisis implica cuestiones constitucionales.
Con esta decisión, la SCJN abre la puerta a un debate más amplio sobre el manejo de los créditos fiscales multimillonarios. La comunidad legal y fiscal estará atenta a cómo avanza este caso y a su posible impacto en futuros litigios.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó el pago de 67 millones de pesos por adeudos fiscales a la empresa Nueva Elektra del Milenio, de Ricardo Salinas Pliego.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió una decisión que afecta directamente a Ricardo Salinas Pliego y a su empresa Nueva Elektra del Milenio. El alto tribunal resolvió que la compañía debe pagar 67 millones 165 mil pesos a Hacienda por adeudos fiscales.
Estos adeudos se deben a una auditoría realizada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), que tiene la facultad de fiscalizar a empresas individuales, incluso si forman parte de un régimen de consolidación fiscal. Esta decisión es un claro revés para Salinas Pliego, quien había obtenido fallos favorables en instancias anteriores.
En una votación donde se pronunció a favor el Pleno de la SCJN con seis votos, el proyecto fue presentado por la ministra Lenia Batres, y la resolución revocó una decisión previa de un tribunal colegiado, que indicaba que solo la empresa controladora podía ser revisada. Con este fallo, el SAT podrá continuar su labor fiscalizadora sobre empresas individuales dentro de un grupo.
No fue el único desafío que enfrentó el grupo de Salinas Pliego, ya que también se discutió el adeudo de TotalPlay por 645.7 millones de pesos, aunque ese caso se dejará para un análisis más profundo. Motivo por el que el presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz, pidió que no se discutiera aún.
La SCJN también ha enfrentado otros amparos presentados por Elektra y TV Azteca, pues recientemente rechazó la mayoría de estos recursos, lo que dejó firme un adeudo fiscal impresionante de más de 50 mil millones de pesos. Este monto es el más elevado enfrentado por Salinas Pliego hasta la fecha.
Los amparos que se desecharon incluyen casos que ascendieron a miles de millones de pesos. La Corte no encontró razones para considerarlos en el ámbito constitucional, y el intento de Elektra de evitar ciertas participaciones en el juicio tampoco tuvo éxito.
Esta serie de decisiones refuerza el papel del SAT en la fiscalización y establece un precedente claro ante casos similares en el futuro. La situación de Salinas Pliego y su conglomerado sigue siendo un tema de interés y debate en el ámbito fiscal mexicano.
La Suprema Corte de Justicia negará amparos de Total Play y Elektra, incrementando la presión fiscal sobre el imperio del evasor y usurero, Ricardo Salinas Pliego.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se prepara para un fallo crucial el próximo 19 de noviembre. Este dictamen afectará a las empresas de Ricardo Salinas Pliego, incluido Total Play y su filial Elektra. El tribunal ya validó créditos fiscales por un monto actualizado de 47 mil 407 millones de pesos.
Los casos a tratar incluyen una multa de 67 millones de pesos impuesta a Nueva Elektra del Milenio y un crédito fiscal de 645.7 millones de pesos dirigido a Total Play. Ambos casos se derivan de deducciones indebidas que, según el Servicio de Administración Tributaria (SAT), se realizaron para reducir el Impuesto Sobre la Renta (ISR).
Aunque estos procesos aún tienen caminos judiciales por recorrer, representan un desafío significativo para las empresas del magnate mexicano. En el caso de Elektra, la ministra Lenia Batres sugiere revocar un amparo que favoreció a la empresa. Este recurso fue otorgado bajo el argumento de que el SAT no puede verificar los datos financieros directamente en la sociedad controladora.
En el caso de Total Play, el crédito fiscal se relaciona con deducciones que el tribunal ya ha discutido previamente. En marzo de 2024, la SCJN permitió que Total Play reconociera la validez de una deducción de 621.9 millones de pesos por pagos a distribuidores. Sin embargo, el tribunal también rechazó otras deducciones que intentó aplicar la empresa.
El Tribunal Federal de Justicia Administrativa ha vuelto a evaluar el caso después de que la Corte lo revisara. Total Play argumenta la inconstitucionalidad de un artículo de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, pero hasta ahora, sus esfuerzos han sido infructuosos.
El debate en la Corte prevé ser intenso. Yasmín Esquivel propone desestimar los argumentos de Total Play, mientras que Batres plantea una revisión en profundidad, buscando declarar constitucional el artículo impugnado. Independientemente del resultado, la empresa tiene derecho a que el SAT realice un nuevo cálculo del crédito fiscal, lo que mantiene el litigio abierto y en curso.
Con esta situación, las empresas de Salinas se enfrentan a una incómoda presión constante. La Corte y el SAT seguirán atentos a los movimientos de estas firmas, mientras los prontos pagos de impuestos adquieren cada vez más protagonismo en el debate público.
Más de 100 recursos interpuestos por Grupo Salinas han retrasado el pago de 49 mil millones de pesos en créditos fiscales; este jueves la Corte prevé zanjar siete de nueve juicios pendientes.
Durante los últimos cinco años, empresas de Grupo Salinas han promovido 102 recursos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), dilatando la resolución de nueve juicios relacionados con créditos fiscales por más de 49 mil millones de pesos, correspondientes a ISR, recargos y multas.
Este jueves, la Corte tiene previsto resolver siete de los nueve litigios pendientes, mediante proyectos que incluyen amparos directos en revisión, recursos de reclamación e impedimentos, los cuales podrían confirmar sentencias de tribunales colegiados que obligan a Grupo Elektra y Tv Azteca a pagar 48,3 mil millones de pesos, por ejercicios de 2009 a 2015.
El caso más complejo es el amparo 6321/2024 de Elektra, vinculado al crédito fiscal más elevado, originalmente calculado en 18,4 mil millones de pesos, pero que con recargos y multas asciende a 33,3 mil millones. La empresa interpuso 28 recursos, incluyendo solicitudes de atracción y recusaciones de ministros, principalmente contra Lenia Batres Guadarrama.
El ministro ponente Arístides García Guerrero propone desechar el amparo, argumentando que carece de “interés excepcional”, ya que la Corte ha resuelto previamente los temas de constitucionalidad planteados. De aprobarse los proyectos, se desecharían al menos 15 recursos de recusación pendientes. Fuentes de la Corte advierten que podrían imponerse multas por estrategia dilatoria, conforme a la Ley de Amparo.
Solo quedarían dos juicios pendientes, a cargo de Lenia Batres, por más de 712 millones de pesos.
Paralelamente, en Nueva York, la Corte Suprema fijó hasta el 12 de noviembre el plazo para que Tv Azteca y 39 filiales presenten moción de desestimación o suspensión de acusaciones, en espera de un arbitraje privado con acreedores, liderados por The Bank of New York Mellon. La empresa enfrenta además adeudos por bonos emitidos en 2017, que hoy suman más de 10 mil millones de pesos por intereses y retrasos, y un procedimiento de arbitraje ante el Banco Mundial.
El panorama para Ricardo Salinas Pliego y sus empresas combina juicios fiscales históricos y conflictos financieros internacionales, mientras la SCJN se prepara para resolver los casos que podrían marcar un antes y un después en la estrategia legal del conglomerado.
El pleno debatirá revocar la admisión ordenada por la entonces ministra presidenta Norma Piña; la minera involucrada está obligada a pagar 2 mil 868 millones de pesos.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio un paso para corregir lo que nuevos ministros califican como prácticas que alargan juicios fiscales: este jueves el pleno discutirá el proyecto de la ministra Lenia Batres para revocar la admisión de un amparo promovido por Primero Empresa Minera, filial de la canadiense First Majestic. De confirmarse, quedará firme la sentencia que r a la minera a pagar 2,868,853,516.57 pesos por impuestos, recargos y multas del ejercicio 2012.
El proyecto cuestiona directamente el acuerdo del 10 de febrero firmado por la entonces ministra presidenta Norma Piña Hernández, quien admitió el amparo pese a que, según la SHCP, el caso no cumple con los requisitos de “interés excepcional” ni plantea una cuestión constitucional novedosa. La iniciativa de Batres avala la reclamación de Hacienda y apunta a que la admisión fue improcedente y facilitó maniobras dilatorias.
La Corte ya empezó a sancionar esas tácticas: el 23 de octubre impuso 70 UMA a Primero Empresa Minera por un recurso de impedimento infundado contra la ministra Yasmín Esquivel, y el 1 de octubre multó al Banco Actinver por un intento similar. Los ministros advirtieron que recursos sin fundamento sólo buscan prolongar litigios y obstaculizar la justicia.
La discusión de este jueves no es solo técnica, ya que pone en entredicho decisiones administrativas de la presidencia pasada de la SCJN y obliga a revisar quiénes y por qué autorizaron reaperturas de amparos ya rechazados en instancias inferiores. Para la SHCP, y ahora para el pleno, se trata de cerrar las puertas a “argucias procesales” que erosionan la eficacia del sistema fiscal y la confianza ciudadana.
Si el pleno avala el proyecto, la resolución enviará un mensaje claro: la Corte busca agotar las vías para que grandes deudores fiscales no usen trámites excepcionales para evitar responsabilidades económicas.
La Suprema Corte aprueba la reforma de 2014 que obliga a empresas como Televisa a compartir sus redes, buscando ampliar la cobertura y beneficiar a la población.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respaldó este jueves una parte clave de la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTyR) de 2014. La decisión reafirma que las empresas de telecomunicaciones, como Televisa, deben compartir su infraestructura con otros operadores.
La filial de Televisa, Televimex, había presentado un amparo contra el artículo 139 de la ley, argumentando que compartir sus redes violaba su derecho a la propiedad privada y generaba inseguridad jurídica. Sin embargo, la SCJN desestimó esa petición y confirmó la constitucionalidad de la obligación.
La ministra Lenia Batres Guadarrama explicó que compartir infraestructura no equivale a perder la propiedad. “Se trata de una medida que no impide usar los bienes y que tiene un fin social importante”, comentó. La decisión busca ampliar la cobertura en zonas donde actualmente no hay acceso a servicios de telecomunicaciones.
El presidente del tribunal, Hugo Aguilar Ortiz, coincidió en que la reforma es constitucional, aunque admitió que limita el derecho a la propiedad. “Es una restricción que busca beneficiar a más personas”, señaló. Él agregó que la decisión sería más sólida si se reforzaran los argumentos sobre la proporcionalidad de la medida.
Finalmente, la Corte envió el expediente a un tribunal colegiado, que resolverá los detalles legales pendientes. La decisión reafirma que el objetivo principal es ampliar la cobertura en todo el país, beneficiando a millones de mexicanos que aún no tienen acceso a internet o telefonía.
Este fallo representa un paso importante para que las telecomunicaciones en México sean más accesibles y justas para todos.
Tras las audiencias públicas en la SCJN, la ministra Lenia Batres Guadarrama anunció que modificará su proyecto sobre la consulta a personas con discapacidad, luego de atender preocupaciones expresadas por las y los propios participantes.
La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres Guadarrama, informó que hará ajustes a su proyecto de resolución sobre el nuevo criterio que el tribunal aplicará al analizar leyes impugnadas por falta de consulta a personas con discapacidad. El anuncio se dio tras escuchar las posturas de más de 30 asistentes a las audiencias públicas convocadas por la Corte.
Batres explicó que varios participantes advirtieron que su propuesta —que planteaba permitir que solo las comisiones de derechos humanos pudieran presentar acciones o controversias “a solicitud de personas con discapacidad” y con al menos 15 firmas— podría generar una carga adicional para ese sector. “Nos hicieron ver algo que no habíamos considerado… ahora intentaremos atender esa preocupación”, afirmó la ministra.
Durante la segunda jornada, Batres adoptó un tono más empático y se presentó ante una treintena de personas con discapacidad, incluso autodescribiéndose físicamente para atender la solicitud de asistentes con discapacidad visual. El debate se centró en la acción de inconstitucionalidad 182/2025, promovida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán, que busca revisar el criterio con el que la Corte ha invalidado cerca de 50 normas en la última década por falta de consulta previa.
El ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, aclaró que el derecho a la consulta no está en duda, pero expuso que la discusión se centra en determinar si una ley que beneficia a las personas con discapacidad puede o no invalidarse automáticamente por falta de consulta, y si las comisiones de derechos humanos deben actuar siempre en nombre del sector sin dialogar previamente con él.
Aunque prevalecieron críticas hacia el proyecto de Batres, también se escucharon voces a favor. Organizaciones civiles como Latido Colibrí A.C. respaldaron el nuevo enfoque de analizar cada caso individualmente, al considerar que ello representa un avance hacia una inclusión más efectiva.
El proceso de deliberación continuará en la Corte en los próximos días, mientras la ministra Batres integra las observaciones ciudadanas en la versión final de su propuesta, que buscará equilibrar la participación directa de las personas con discapacidad con la eficiencia de los mecanismos legales de consulta.
La ministra desmiente el supuesto despilfarro de su equipo y revela que la anterior presidenta tenía casi el doble de asesores, con un costo superior a nueve millones en seis meses.
La ministra Lenia Batres Guadarrama desmintió este martes que su equipo cuenta con 78 asesores y puntualizó que la ex presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández, concentraba el mayor número de personal, con 150 personas, lo que representaba un gasto de más de nueve millones de pesos solo en el segundo semestre de 2024.
Batres Guadarrama aclaró que los sueldos de su equipo no superan el salario de la Presidenta y detalló que la mayoría del personal de las antiguas ponencias eran abogados y abogadas con funciones jurisdiccionales, dedicados al estudio y proyección de sentencias, y no simples asesores. “La Ministra presidenta no presentaba proyectos de sentencias a discusión”, subrayó.
Después de tantas mentiras sobre los "asesores" de las y los ministros, logré obtener cuántas personas teníamos directamente a nuestro cargo los ministros y ministras en la vieja Corte.
Hay que advertir que, con excepción de la ministra presidenta, se trataba de personal de… pic.twitter.com/jGo1zV1mIo
En su mensaje, la ministra compartió una tabla con la nómina de las ponencias anteriores, en la que destacó que el resto de los ministros tenía entre 45 y 74 trabajadores, con un gasto individual de 4.3 a 5.3 millones de pesos en seis meses. En total, las ponencias representaban 644 plazas y un gasto superior a 58 millones de pesos. La SCJN contaba con 3 mil 594 empleados y un presupuesto global de 5 mil 787 millones de pesos.
Recientemente, el Ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz, luego de la controversia presentada, redujo su equipo de ponencia de 103 a 84 asesores, y ajustó la estructura de secretarios de estudio y auxiliares. De igual manera enfatizó que su gestión tendría un “carácter estrictamente jurisdiccional”, recibiendo directamente asuntos para análisis y presentación de proyectos ante el Pleno.
La Suprema Corte revocó amparos contra la reforma minera de 2023, validando que solicitudes de concesiones pendientes pueden desecharse sin trámite y que la soberanía del Estado prevalece sobre derechos no consolidados.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revocó este jueves dos amparos presentados contra la reforma a la Ley Minera y otras leyes, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador en mayo de 2023. La decisión valida la constitucionalidad de un transitorio que permite desechar solicitudes pendientes de nuevas concesiones de exploración.
Con siete votos a favor y dos en contra, el Pleno aprobó los proyectos de la ministra Lenia Batres Guadarrama en los amparos 583/2024 y 123/2025. La Corte determinó que quienes solicitaron permisos antes de la reforma no contaban con un derecho adquirido, sino con una expectativa de derechos, que no garantiza la entrega automática de la concesión.
El fallo también declaró infundado el cuestionamiento sobre el proceso legislativo que aprobó la reforma el 28 de mayo de 2023, conocido por la oposición como el “viernes negro”. La Corte sostuvo que solo los grupos parlamentarios tienen legitimación para impugnar posibles vicios formales, en protección del principio de deliberación democrática.
Los ministros Giovanni Figueroa Mejía y Arístides Guerrero García votaron en contra, argumentando que desechar solicitudes en trámite podría vulnerar la irretroactividad de la ley. Sin embargo, el ministro presidente Hubo Aguilar Ortiz respaldó el proyecto, enfatizando que la soberanía del Estado sobre recursos estratégicos debe prevalecer.
Por su parte, la ministra Loretta Ortiz recordó que la minería es propiedad originaria de la Nación, y que las concesiones pueden concluir automáticamente sin que se considere retroactividad, invocando el artículo 27 constitucional para sustentar la facultad del Estado de regular el régimen de concesiones.
