La familia del dirigente nacional del PRI enfrenta señalamientos por movimientos financieros y adquisición de múltiples inmuebles, mientras el gobierno de Campeche ordena expropiaciones bajo la “Ley Alito”.
El hermano del dirigente nacional del PRI, Emigdio Moreno Cárdenas, se encuentra en el centro de investigaciones por operaciones financieras y adquisición de propiedades en la Ciudad de México, las cuales generan dudas sobre el origen de sus recursos. La disputa se ha intensificado con la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, quien ordenó la expropiación de terrenos registrados a nombre de Yolanda Cárdenas Montero, madre del líder priista, para construir la Universidad Rosario Castellanos.
Emigdio Moreno, ingeniero químico petrolero y empresario del sector industrial, fue vinculado por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad a movimientos financieros con depósitos por 11 millones de pesos entre 2016 y 2017, parte de los cuales se transfirió a la firma Cuda Consulting. Las transacciones involucraron también a EMC Metering Systems y Flow Control Instrumentation, empresas con altos ingresos y nóminas bajas, generando cuestionamientos sobre la legalidad de las operaciones.
Entre 2013 y 2021, Emigdio adquirió seis inmuebles en CDMX, valorados en 40.7 millones de pesos, ubicados en Polanco, Irrigación, Anáhuac I Sección y Puerta Alameda. Documentos oficiales muestran que entre su madre, su hermano y un arquitecto, concentran 35 propiedades en Campeche.
El 1 de octubre, la gobernadora Layda Sansores anunció la expropiación de cuatro predios en Miramar, con una superficie total de ocho hectáreas, declarados de utilidad pública para la construcción de la universidad. La medida, sustentada en la nueva Ley de Expropiaciones del Estado de Campeche, conocida como ‘Ley Alito’, permite la ocupación inmediata de los predios, al eliminar recursos administrativos para impugnar el acto y dejar solo el juicio de amparo como vía legal.
El gobierno estatal sostiene que las adquisiciones se realizaron mediante prestanombres, y asegura haber detectado más de 30 inmuebles vinculados con familiares y allegados de Moreno Cárdenas, mientras la familia enfrenta un nuevo frente político que aumenta la presión sobre el dirigente priista.
Con información de El Financiero
