Vicente Carrillo Fuentes, conocido como El Viceroy, ha obtenido 90 días adicionales para negociar un acuerdo de culpabilidad con fiscales de Estados Unidos. Esta decisión se tomó durante una audiencia en Nueva York este martes, donde una jueza federal autorizó el nuevo plazo.
Durante la audiencia, que duró menos de 20 minutos, los fiscales y abogados de El Viceroy solicitaron más tiempo para llegar a una resolución antes del juicio. “Seguimos en discusiones y creemos que 90 días serían necesarios”, expresó una de las fiscales ante la jueza Joan Azrack.
La jueza preguntó a Carrillo Fuentes si aceptaba la petición, lo que implicaría renunciar a un juicio rápido y permanecer en prisión preventiva. Tras consultar con sus abogados, El Viceroy no tuvo objeción.
La nueva audiencia está programada para el 30 de septiembre a las 11:00 horas. Enfrenta cargos por tráfico de drogas, crimen organizado, lavado de dinero y posesión de drogas.
Vicente Carrillo Fuentes permanece detenido en el Centro Correccional Metropolitano de Nueva York. Fue trasladado a la audiencia fuertemente custodiado y con los pies encadenados.
El Viceroy es uno de los 29 narcotraficantes mexicanos extraditados a Estados Unidos en febrero. Asumió el liderazgo del Cártel de Juárez tras la muerte de su hermano, Amado Carrillo Fuentes, en 1997. En su primera audiencia en EE.UU., El Viceroy se declaró no culpable de los cargos en su contra.
La Fiscalía General de la República (FGR) ha solicitado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atraer un litigio sobre siete terrenos en Santa Fe. La FGR argumenta que estos predios son propiedad de la nación y acusa a particulares de lavado de dinero y delincuencia organizada.
El Ministerio Público Federal sostiene que los terrenos pertenecen a la nación. Según la FGR, fueron expropiados en 1907 y 1974 mediante decretos presidenciales publicados en el Diario Oficial de la Federación.
Por su parte, la empresa Inmobiliaria F4, SA de CV defiende que los terrenos fueron desincorporados del patrimonio federal el 13 de diciembre de 2018. Este cambio también se basó en un decreto publicado en el DOF.
El caso se originó por una denuncia anónima en octubre de 2020. En esta denuncia, se acusó a la empresa de vender indebidamente terrenos federales en el kilómetro 14.5 de la carretera México-Toluca, en la alcaldía Álvaro Obregón.
La FGR abrió una investigación por lavado de dinero y delincuencia organizada. En 2022, amplió la indagatoria por uso indebido del servicio público y violaciones a la Ley de Bienes Nacionales. En febrero de 2024, el Ministerio Público ordenó el aseguramiento de parte del predio.
No obstante, el 15 de noviembre, la jueza Paloma Xiomara González González otorgó un amparo a Inmobiliaria F4 y otras empresas, impidiendo que la FGR tomara posesión. La jueza argumentó que el aseguramiento careció de fundamentación y violó el Código Nacional de Procedimientos Penales.
La FGR ha impugnado esta decisión, y el recurso está pendiente ante un tribunal colegiado. Además, la Fiscalía ha solicitado a la Corte que resuelva de manera definitiva sobre la propiedad de los terrenos.
El famoso Tequila Revolución se encuentra en medio de un escándalo de lavado de dinero. La marca de tequila está vinculada a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, acusado de desvío de fondos.
Jonathan Alexis Weinberg Pinto, señalado como socio y prestanombres de García Luna, enfrenta una demanda de Blue Agave Imports, LLC. Esta compañía de Florida representa a Tequila Revolución y acusa a Weinberg de inducción fraudulenta e incumplimiento de contrato.
Según el documento legal, Weinberg habría utilizado Tequila Revolución para lavar al menos 150 mil dólares. Estos fondos provienen de contratos inflados durante la administración de Felipe Calderón. Las acusaciones sugieren que la empresa sirvió como un “alter ego” para canalizar recursos ilícitos hacia otras firmas administradas por él, como W. Gourmet Group LLC.
El conflicto se originó en agosto de 2015, cuando Blue Agave firmó un acuerdo para representar exclusivamente a Tequila Revolución en Estados Unidos. Sin embargo, la demanda indica que desde julio de 2013, Weinberg ya utilizaba las cuentas de la tequilera para realizar transferencias ilegales.
La denuncia sostiene que Weinberg formó parte de una conspiración para ocultar y blanquear más de 250 millones de dólares. Este dinero fue robado al gobierno mexicano por García Luna. Además, el documento revela que Weinberg ofreció a Blue Agave un financiamiento anual de 550 mil dólares y otros incentivos económicos para expandir la marca en Estados Unidos.
A pesar de las promesas, Weinberg no cumplió con los compromisos. Cuando surgieron los primeros problemas, él atribuyó la falta de recursos a una “escasez de efectivo temporal”. La situación incluso llevó a los empresarios estadounidenses a México en su jet privado, generando la ilusión de fondos ilimitados.
Después de la detención de García Luna en 2020, Weinberg intentó minimizar la relación. Afirmó que el exfuncionario era solo un amigo y que su situación legal no impactaba a la empresa. Sin embargo, Blue Agave sostiene que sus vínculos eran mucho más cercanos, lo que causó daños económicos significativos.
El caso sigue abierto y busca una compensación por daños que supera los 30 mil dólares, sin incluir honorarios legales e intereses. La situación de Tequila Revolución pone en evidencia las sombras que pueden esconderse detrás de una marca.
El Gobierno de Javier Milei ha lanzado un nuevo plan de blanqueo de capitales, presentándolo como una solución a la informalidad económica. Manuel Adorni, vocero presidencial, afirmó que “tus dólares son tu decisión”. Sin embargo, esta afirmación plantea serias preocupaciones sobre la transparencia y la legalidad.
La criminalización del ahorro: Un legado de desconfianza
Durante años, los argentinos han sido tratados como delincuentes por ahorrar. Las políticas de control han criminalizado el ahorro, empujando a muchos a guardar su dinero “bajo el colchón”. Esta situación ha generado un círculo vicioso que ha alimentado la informalidad. La promesa de Milei de cambiar esta narrativa suena atractiva, pero las implicaciones son preocupantes.
¿Un paso hacia la libertad o un abismo de inseguridad?
El plan de Milei busca eliminar controles sobre el uso de dólares no declarados. Esto, según los críticos, podría abrir la puerta al lavado de dinero y a la evasión fiscal. Las declaraciones de funcionarios sobre la necesidad de confiar en la gente son, en el mejor de los casos, ingenuas. El riesgo de permitir que grandes sumas de dinero circulen sin supervisión es inminente.
La desregulación: Un juego peligroso
Las nuevas medidas incluyen la eliminación de la obligación de informar sobre transacciones importantes y la reducción de montos mínimos para transferencias sin regulación. Este enfoque desregulado podría facilitar aún más la evasión de impuestos. En lugar de promover la confianza, el Gobierno parece estar creando un entorno propicio para la ilegalidad.
Una estrategia a corto plazo con consecuencias a largo plazo
Aunque el Gobierno sostiene que el blanqueo podría inyectar miles de millones en la economía, los críticos advierten sobre los peligros de una estrategia tan arriesgada. La dependencia de la informalidad solo puede agravar los problemas económicos existentes. Además, la promesa de crecimiento del 6% al 8% anual es más una ilusión que una realidad.
La oposición alza la voz: Una llamada a la responsabilidad
La oposición ha expresado su preocupación por las implicaciones de este plan. Argumentan que, en su afán de estimular la economía, el Gobierno está ignorando las lecciones del pasado. La falta de regulación podría tener consecuencias devastadoras para la estabilidad económica y social del país.
Un futuro incierto para Argentina
El blanqueo de capitales propuesto por el Gobierno de Milei plantea más preguntas que respuestas. Si bien la idea de liberar a los argentinos de la criminalización del ahorro es atractiva, la falta de controles adecuados podría resultar en un desastre financiero. La economía de Argentina merece una estrategia más responsable y menos arriesgada. La pregunta es: ¿está el Gobierno dispuesto a escuchar?
Sandra Cuevas, exalcaldesa de Cuauhtémoc, sorprendió al reaparecer en la “Semana del Derecho” en la FES Aragón de la UNAM. Esta aparición se produjo tras su decisión de borrar todas sus redes sociales.
🚨 #Alerta | 📹 #Vídeo | Luego de haber borrado todas sus redes sociales y estar presuntamente prófuga, Sandra Cuevas reapareció en la "semana del derecho" organizada por la FES Aragón de la UNAM.
Cuevas había estado fuera del ojo público durante días. Su ausencia coincidió con rumores sobre investigaciones en su contra por autoridades de Estados Unidos.
El interés por su regreso aumentó después de que un video la mostrara en una fiesta, supuestamente acompañada por “Karencita Azul”, vinculada al Cártel La Unión Tepito. Sin embargo, la fecha de la grabación aún no se ha confirmado.
Durante su visita a la FES Aragón, algunos estudiantes la cuestionaron sobre su retiro de redes sociales. Cuevas respondió de manera escueta: “Porque quise”.
La exfuncionaria enfrenta acusaciones de nexos con el crimen organizado. Según el periodista Óscar Balmen, su caso es investigado por la Secretaría de la Defensa Nacional desde 2021.
Además, la actual alcaldesa de Cuauhtémoc, la denunció por extorsión. La denuncia se basa en un audio que revela supuestas exigencias de “cobro de piso” a trabajadores.
Por si fuera poco, el exsubsecretario de Turismo, Simón Levy, comentó que Cuevas estaría bajo investigación por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por presunto lavado de dinero. Hasta ahora, no hay confirmación oficial de este hecho.
La reaparición de Sandra Cuevas en un evento académico ha dejado muchas preguntas sin respuesta. Su futuro político y legal sigue siendo una incógnita.
En un operativo coordinado en Magdalena, Jalisco, las autoridades mexicanas detuvieron a María del Rosario “N”, operadora del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La captura se llevó a cabo gracias a la colaboración entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (SEMAR), la Guardia Nacional (GN) y la Fiscalía General de la República (FGR).
Omar García Harfuch, titular de la SSPC, informó que María del Rosario era buscada por el FBI. Las autoridades estadounidenses la acusaban de tráfico de armas, drogas y personas, así como de lavado de dinero. Además, se le atribuye la distribución de metanfetamina y fentanilo hacia el territorio estadounidense.
La detenida ya fue puesta a disposición de las autoridades competentes para continuar con su proceso legal.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha reportado un “principio de acuerdo” en su demanda contra la familia Weinberg, acusada de lavar dinero para el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. La jueza Lisa Walsh, de la Corte del Onceavo Circuito Judicial de Miami-Dade, fijó el 28 de abril como fecha límite para formalizar el acuerdo o iniciar el juicio.
La UIF busca recuperar 600 millones de dólares que, según el gobierno mexicano, fueron malversados por García Luna y sus cómplices. Este dinero, obtenido a través de 30 contratos fraudulentos, fue desviado a paraísos fiscales y utilizado para adquirir propiedades en Florida.
Las partes involucradas han estado en negociaciones desde una mediación el 15 de noviembre. Aunque la jueza expresó su frustración por la lentitud del proceso, los abogados de los Weinberg afirmaron que han logrado un consenso preliminar.
La Fiscalía General de la República (FGR) emitió órdenes de aprehensión contra Mauricio y Jonathan Weinberg por lavado de dinero y delincuencia organizada. Jonathan fue arrestado en Madrid en diciembre de 2023. En diciembre del mismo año, su hermana Gloria García Luna y su sobrino Edgar Rodríguez fueron vinculados a proceso por delitos relacionados.
García Luna, por su parte, fue condenado en octubre de 2024 en Nueva York a casi 39 años de prisión por proteger al Cártel de Sinaloa a cambio de sobornos. La situación legal de los involucrados sigue en desarrollo, mientras la jueza de Miami espera avances concretos antes de la fecha límite.
El exgobernador priista de Tamaulipas, Tomás Yarrington, seguirá preso en el penal del Altiplano. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal desechó su recurso de queja. Yarrington enfrenta acusaciones graves, incluyendo delitos contra la salud y lavado de dinero.
Desde el 9 de abril, Yarrington se encuentra en México tras ser extraditado de Estados Unidos. Las autoridades estadounidenses lo detuvieron en 2018 por sus vínculos con el lavado de dinero. Originalmente, un tribunal norteamericano le impuso una condena de nueve años, que luego se redujo a 91 meses.
A su regreso, la Fiscalía General de la República (FGR) reabrió una investigación en su contra. Esta carpeta, que data de 2009, lo acusa de recibir más de 12 millones de pesos en dinero sucio. También se le vincula a financiamiento ilegal para su campaña en 1999, supuestamente respaldada por el Cártel del Golfo y Los Zetas.
Yarrington trató de impugnar el fallo del juez Juan Pablo Cortés, quien le negó una medida cautelar. Sin embargo, el tribunal consideró infundada su queja. Así, el exmandatario continuará enfrentando la justicia en México.
El candidato a Ministro de la SCJN, César Gutiérrez Priego, se pronunció sobre el caso de Inés Gómez-Mont y su esposo, quienes tienen órdenes de aprehensión y están fichados por la Interpol. Criticó al Poder Judicial por haber liberado las cuentas bancarias del matrimonio, señalado por lavado de dinero.
📹 #Vídeo | El candidato a Ministro de la SCJN, @CesarGPMedia, se pronunció respecto al caso de Inés Gómez-Mont y su esposo, ambos con órdenes de aprehensión y fichados por la Interpol.
Criticó que el actual PJ haya liberado las cuentas bancarias del matrimonio señalado de… pic.twitter.com/JFogFfWZ6q
En sus declaraciones, Gutiérrez Priego destacó que las decisiones de un juzgado federal y un tribunal que permitieron la liberación de estas cuentas reflejan la corrupción en el sistema judicial. Afirmó que el sistema judicial justificó su decisión al argumentar que la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera no fundamentaron adecuadamente la solicitud de aseguramiento de las cuentas bancarias de los fugitivos.
A pesar de que Gómez-Mont y su esposo son buscados en más de 160 países, el Poder Judicial permitió que recuperaran sus cuentas bancarias, lo que les permitiría acceder a recursos que, según los informes, provienen de un desvío de más de 3 mil millones de pesos de la Secretaría de Gobernación durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.
Durante la mañanera del pueblo de este martes, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez Álvarez, informó sobre la resolución del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que ratificó el amparo otorgado por la Jueza Décima de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México a Inés Gómez Mont Arena y su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, ordenando eliminarlos de la Lista de Personas Bloqueadas.
El fallo permite a ambos utilizar nuevamente el sistema financiero nacional, a pesar de contar con órdenes de aprehensión vigentes por parte del Ministerio Público.
El 4 de marzo de 2025, la UIF acató la resolución judicial y giró instrucciones para reanudar todos los servicios financieros de los involucrados.
“La orden del Poder Judicial de eliminar de la lista de personas bloqueadas a Inés Gómez Mont Arena y a Víctor Manuel Álvarez Puga les permitirá hacer uso del sistema financiero nacional sin ninguna restricción, a pesar de que el Ministerio Público cuenta con orden de aprehensión en contra de ambas personas”, señaló Pablo Gómez.
El titular de la UIF recordó que la Lista de Personas Bloqueadas es un instrumento preventivo, cuya función es frenar la circulación de recursos de presunta procedencia ilícita dentro de la economía nacional. Desde el inicio del sexenio y hasta marzo de 2025:
Se han incorporado a la Lista un total de 7,815 sujetos, de los cuales 5,904 son personas físicas y 1,911 morales.
Han sido desincorporados 910 personas físicas y 360 morales.
Actualmente, se mantienen 6,545 sujetos bloqueados.
Se han bloqueado recursos por 32,500 millones de pesos, 568.2 millones de dólares y 2 millones de euros.
Asimismo, se han desbloqueado:
23,575 millones de pesos por resolución judicial
82.4 millones de pesos por resolución del Tribunal Contencioso Administrativo
5,061 millones de pesos por resolución directa de la UIF
Respecto a los antecedentes del caso, Gómez Álvarez explicó que tanto Gómez Mont como Álvarez Puga están acusados “de una serie de fraudes en el sistema de prisiones, [pues] se cometieron una serie de falsas obras, ganaron mucho dinero […] de tal manera que la justicia los empezó a perseguir […] y entonces se fueron a vivir a Estados Unidos”. Añadió que ambos han logrado evadir su extradición hasta el momento, aunque el Estado mexicano continúa con los esfuerzos para que enfrenten la justicia.
De manera contundente, el funcionario aseguró que “el Poder Judicial se ha convertido en el elemento más militantemente contrario al desarrollo del sistema de inteligencia financiera en México, eso no es justo”, subrayando la necesidad de reformas legales que fortalezcan la lucha contra el lavado de dinero.
La Presidenta Claudia Sheinbaum respaldó lo dicho por el titular de la UIF, al asegurar que “cuando hay evidencia en la UIF de mala utilización de recursos, de lavado de dinero, lo que hace la UIF es congelar una cuenta”, pero lamentó que “las personas se amparan y en la suspensión, ni siquiera en los juicios de fondo, les liberan las cuentas los jueces”. Detalló que, por instrucciones del Poder Judicial, se han liberado más de 35 mil millones de pesos, lo que ha debilitado las acciones preventivas.
Finalmente, la mandataria adelantó que “además de lo que va a ocurrir el 1 de junio”, su administración ya trabaja en modificaciones legales para evitar que los recursos de cuentas congeladas puedan ser liberados sin una resolución de juicio definitiva, reforzando así el sistema de inteligencia financiera frente al crimen organizado.
