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Etiqueta: Lavado de Dinero

  • EUA golpea la fortuna del CJNG: los “Menchitos” entregan miles de millones y suplican clemencia

    EUA golpea la fortuna del CJNG: los “Menchitos” entregan miles de millones y suplican clemencia

    Una investigación de Laura Sánchez Ley para Milenio revela que familiares de “El Mencho” pactaron decomisos históricos ante cortes de Estados Unidos y enviaron cartas emotivas para reducir condenas.

    La justicia de Estados Unidos asestó uno de los golpes financieros más severos al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) al obligar a hijos, hijas, yernos y cuñados de Nemesio Oseguera Cervantes a entregar 6.3 mil millones de dólares a cambio de acuerdos de culpabilidad y reducción de penas. Además del dinero, presentaron decenas de cartas ante jueces federales en las que expresaron arrepentimiento y pidieron piedad.

    De acuerdo con una investigación de Laura Sánchez Ley para Milenio, con base en expedientes judiciales revisados en cortes estadounidenses, al menos seis familiares directos reconocieron su participación en lavado de dinero y colusión con el CJNG, así como la magnitud de las ganancias criminales. Entre ellos destacan Rubén Oseguera González, “El Menchito”, Jessica Johanna Oseguera González, y el yerno Cristian Fernando Gutiérrez Ochoa, además de los cuñados Gerardo, José y Abigael González Valencia, vinculados al grupo Los Cuinis.

    Los decomisos pactados entre 2021 y 2026 alcanzan una cifra sin precedente: 6 mil 299 millones 750 mil dólares, recursos que, según cálculos judiciales, equivaldrían a comprar grandes corporativos o miles de residencias de lujo. El mayor decomiso fue impuesto a El Menchito, con 6 mil 26 millones de dólares, junto con cadena perpetua más 30 años, sentencia dictada por la jueza Beryl Howell.

    Las cartas enviadas a los jueces, firmadas por familiares, líderes religiosos y conocidos, describen a los acusados como personas trabajadoras, religiosas y solidarias, argumentos que no modificaron las penas más severas, pero sí influyeron en acuerdos menores, como el de Jessica Oseguera, quien cumplió 30 meses de prisión y aceptó un decomiso de 10 millones de dólares.

    Aunque varios procesos ya concluyeron, el caso de Abigael González Valencia sigue abierto, por lo que la cifra total podría aumentar. Para Washington, estos acuerdos confirman la dimensión económica del CJNG; para México, exhiben cómo el poder del cártel también se sostuvo en redes familiares y financieras.

    Con información de Laura Sánchez Ley para Milenio.

  • FGR descubre la “narconómina” de “El Mencho” en refugios del CJNG en Tapalpa

    FGR descubre la “narconómina” de “El Mencho” en refugios del CJNG en Tapalpa

    Los documentos hallados revelan pagos sistemáticos a operadores del cártel y fortalecen las indagatorias financieras contra su estructura criminal.

    Peritos e investigadores de la Fiscalía General de la República (FGR) aseguraron documentos clave sobre operaciones financieras y la llamada “narconómina” atribuida a Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), durante cateos realizados en cabañas del complejo La Loma, en este municipio serrano.

    De acuerdo con fuentes ministeriales, los inmuebles eran utilizados como punto de resguardo y movilidad del círculo de seguridad del capo, detectado el pasado domingo en una residencia del Country Club. En particular, la cabaña número 9, ubicada en la parte más alta del complejo, aportó información relevante para desarticular la red financiera del cártel.

    En el interior, los peritajes localizaron papeles que detallan pagos desde 10 mil hasta cientos de miles de pesos, asignados a personajes identificados con claves, presuntamente vinculados a entregas de dinero en distintas regiones del país. El hallazgo refuerza la línea de investigación enfocada en rastrear flujos ilícitos y responsabilidades operativas.

    Las cabañas, con lujos ostentosos y signos de abandono tras la refriega, evidencian la huida precipitada del personal de seguridad. En accesos y caminos aledaños aún se observan vehículos calcinados, que habrían sido usados para obstaculizar el avance de fuerzas federales durante el operativo.

    El núcleo habitacional de La Loma, junto con Las Flores y La Loma Tapalpa, fue incluido desde 2020 en listas de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, por su presunto uso como negocios fachada para lavado de dinero del CJNG y su organización aliada, Los Cuinis.

    En ese entramado aparece Jessica Johanna Oseguera González, hija de El Mencho, quien realizó operaciones inmobiliarias y financieras en dichos fraccionamientos. Fue detenida en 2020 en Washington, pasó 30 meses en prisión y obtuvo su libertad en 2022.

    Con información de Gustavo Castillo García y Juan Carlos G. Partida para La Jornada.

  • Red global del CJNG: alianzas criminales lo expanden a más de 40 países, revela la DEA

    Red global del CJNG: alianzas criminales lo expanden a más de 40 países, revela la DEA

    Un informe de la DEA advierte que el CJNG diversificó proveedores, rutas y redes financieras para consolidarse como una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo.

    Las alianzas trasnacionales han sido clave para que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), bajo el liderazgo de Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, lograra una expansión internacional sin precedentes, con presencia en más de 40 países y operaciones en casi los 50 estados de Estados Unidos, de acuerdo con la Drug Enforcement Administration (DEA).

    Según la Evaluación Nacional de Amenazas por Drogas 2025, el CJNG construyó una red basada en alianzas operativas, cadenas globales de suministro y esquemas financieros ilícitos, lo que le permitió fortalecer su capacidad logística y criminal. El documento, publicado en 2025, detalla que la organización redujo su dependencia de proveedores chinos al expandir relaciones de suministro hacia India y Europa, especialmente para la obtención de precursores químicos y maquinaria usada en drogas sintéticas.

    En Sudamérica, el CJNG mantiene lazos estratégicos en Colombia para el trasiego de cocaína, lo que derivó en disputas por puertos clave como Lázaro Cárdenas, Michoacán. En Estados Unidos, la DEA identificó vínculos con pandillas y redes locales encargadas de la distribución final de narcóticos en comunidades urbanas.

    En materia financiera, el informe señala que el cártel utiliza redes chinas, sistemas bancarios clandestinos, criptomonedas y aplicaciones de mensajería cifrada para lavar dinero y mover recursos ilícitos de manera ágil entre Estados Unidos y México.

    A nivel nacional, el CJNG ha tejido acuerdos con diversos grupos criminales para asegurar rutas y territorios. Destacan alianzas con facciones del cártel del Golfo en Tamaulipas, pactos en Michoacán, Jalisco, Guanajuato y Estado de México, así como conflictos persistentes con organizaciones como Cárteles Unidos y Santa Rosa de Lima. En Centroamérica, la DEA alertó sobre su vinculación con Los Huistas en Guatemala, una asociación que ha detonado altos niveles de violencia en zonas fronterizas.

    Este entramado confirma que el CJNG opera hoy como una estructura criminal global, con capacidad de adaptación, expansión y diversificación sin precedentes.

  • Javier Duarte enfrenta nuevos cargos de peculado

    Javier Duarte enfrenta nuevos cargos de peculado

    El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, es procesado por peculado relacionado con fondos de salud. La prisión preventiva complica su posible liberación en abril.

    El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, fue vinculado a proceso por el delito de peculado. Un juez del Centro de Justicia Penal Federal lo acusó de desviar 5 millones de pesos destinados a obras de salud para niños y adultos mayores en 2012.

    El juez Gustavo Aquiles Villaseñor decidió imponer prisión preventiva justificada. Esta medida suspende su posible liberación, programada para el 15 de abril, cuando se cumplirán nueve años desde que fue sentenciado por asociación delictuosa y lavado de dinero. Duarte ha estado en el Reclusorio Norte desde 2017.

    La Fiscalía General del Estado tiene un plazo de seis meses, hasta el 17 de agosto, para reunir más pruebas. Su abogado, Pablo Campuzano, anunció que apelarán la decisión del juez. Además, planean solicitar una nueva audiencia antes de la fecha de liberación para pedir un cambio en la medida cautelar.

    Al concluir la larga audiencia de casi 11 horas, Duarte expresó su descontento. “Gana nuevamente la política sobre la justicia”, reclamó al juez. Sus palabras reflejan la frustración que siente ante el proceso judicial que enfrenta. A medida que avanza este nuevo caso, la atención sobre su situación sigue siendo alta.

  • México pide extradición de García Cabeza de Vaca

    México pide extradición de García Cabeza de Vaca

    El exgobernador de Tamaulipas enfrenta serias acusaciones en México y busca defenderse desde Estados Unidos.

    El Gobierno de México ha solicitado a Estados Unidos la detención provisional de Francisco Javier García Cabeza de Vaca. El exgobernador de Tamaulipas enfrenta acusaciones de delincuencia organizada. Además, su situación legal se ha vuelto más complicada después de que un juez federal desestimara sus intentos de evitar el arresto.

    La solicitud fue realizada por la Secretaría de Relaciones Exteriores. Esta petición se basó en una orden de captura emitida en octubre de 2022 por presuntos delitos relacionados con el crimen organizado, lavado de dinero y fraude fiscal. El juez también negó protección judicial a García Cabeza de Vaca y a cuatro miembros de su familia.

    Desde que se presentó la solicitud, el exmandatario se encuentra fuera del país y es considerado prófugo. Los reportes indican que reside en Estados Unidos, pero hasta ahora no hay noticias de su detención. Las autoridades mexicanas están esperando una respuesta de su contraparte estadounidense respecto a esta solicitud.

    La Fiscalía General de la República obtuvo una segunda orden de aprehensión en febrero de 2024. Esta se suma a la primera, lo que complica aún más su situación legal. La Suprema Corte de Justicia de la Nación está revisando la primera orden de arresto, a raíz de un recurso presentado por la defensa de García Cabeza de Vaca.

    En 2025, el exgobernador afirmó que la Interpol había retirado su ficha roja. No obstante, la Fiscalía General aclaró que esta decisión fue una suspensión temporal y aún mantiene activa la búsqueda. García Cabeza de Vaca también ha declarado que posee protección judicial, lo que le permite evitar su arresto en México.

    García Cabeza de Vaca gobernó Tamaulipas de 2016 a 2022 y tenía aspiraciones de participar en la política federal en 2024. Su defensa planea apelar la reciente resolución judicial. La situación de este exgobernador sigue siendo un tema de interés y preocupación en México.

  • México fortalece combate al lavado de dinero y delitos financieros en cumbre del GAFI

    México fortalece combate al lavado de dinero y delitos financieros en cumbre del GAFI

    Desde la Ciudad de México, Hacienda reafirmó su compromiso con la cooperación internacional para frenar el financiamiento al terrorismo y proteger la integridad del sistema financiero global.

    El Gobierno de México refrendó su compromiso para combatir los delitos financieros, el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, durante la Quinta Reunión Plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), celebrada en la capital del país.

    El secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora, destacó que México continuará fortaleciendo sus capacidades institucionales en coordinación con la comunidad internacional, ante los retos que representan los delitos financieros transnacionales.

    “México seguirá apoyando el diálogo técnico y la cooperación internacional como las vías más eficaces para construir soluciones conjuntas frente a desafíos complejos”, afirmó el funcionario, al subrayar que la colaboración multilateral es clave para blindar el sistema financiero.

    Durante su participación, el titular de Hacienda señaló que la inclusión financiera es una prioridad nacional. En ese sentido, celebró que el GAFI haya reforzado sus estándares para garantizar una implementación proporcional, basada en riesgos y calibrada, que permita proteger la integridad del sistema sin frenar el desarrollo económico ni la innovación.

    En el encuentro también participó Elisa de Anda Madrazo, presidenta del GAFI y propuesta por la propia Secretaría de Hacienda, lo que posiciona a México en un papel relevante dentro del organismo internacional.

    El GAFI, creado en 1989 por el G7, es el organismo encargado de establecer normas globales y promover medidas legales y operativas contra el lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, así como otras amenazas que ponen en riesgo la estabilidad del sistema financiero internacional.

  • Fiscalía de El Salvador congela caso por lavado ligado a petróleo venezolano y a Bukele

    Fiscalía de El Salvador congela caso por lavado ligado a petróleo venezolano y a Bukele

    Documentos oficiales revelan transferencias millonarias a cuentas vinculadas al presidente salvadoreño, mientras la investigación permanece paralizada desde 2021.

    Una investigación de Bryan Avelar para El País, revela que la Fiscalía General de El Salvador, encabezada por Rodolfo Delgado, mantiene congelada una investigación por lavado de dinero relacionada con la venta de petróleo venezolano, un expediente que involucra transferencias por al menos 3.3 millones de dólares a cuentas vinculadas al presidente Nayib Bukele y a empresas de su grupo familiar, de acuerdo con documentos oficiales del Ministerio Público.

    La indagatoria, iniciada en 2019 durante la gestión del entonces fiscal Raúl Melara, apunta a operaciones financieras del consorcio Alba Petróleos de El Salvador, empresa financiada con recursos de Petróleos de Venezuela (PDVSA). Sin embargo, desde la llegada de Delgado a la Fiscalía y el ascenso de Bukele al poder, el expediente no ha registrado avances, según confirmaron exfuncionarios fiscales con conocimiento directo del caso.

    Los documentos señalan que Bukele habría recibido 1.9 millones de dólares a título personal y 1.4 millones adicionales a través de empresas familiares como Starlight y Obermet, provenientes de una firma vinculada al conglomerado Alba. Tras revelaciones periodísticas, el mandatario sostuvo que los recursos correspondían a la venta parcial del canal TVX, aunque admitió que la empresa compradora tenía nexos financieros con Alba Petróleos.

    Alba Petróleos es una sociedad mixta creada en 2006, cuyo 60 por ciento pertenece a PDV Caribe, filial de PDVSA, y ha sido señalada por triangular recursos públicos venezolanos mediante empresas fachada y estructuras financieras opacas.

    La parálisis del caso coincide con la destitución de magistrados y del fiscal Melara en mayo de 2021, cuando el oficialismo tomó control total de la Asamblea Legislativa. Además, documentos judiciales confirman que Rodolfo Delgado fungió como abogado de Alba Petróleos antes de asumir la Fiscalía, e incluso intentó frenar los allanamientos realizados contra la empresa.

    Investigaciones periodísticas posteriores también revelaron que Delgado recibió pagos directos de Alba Petróleos y tuvo vínculos profesionales con personas investigadas por lavado de dinero y nexos con pandillas, profundizando las dudas sobre la independencia del sistema de justicia salvadoreño.

    Con información de Bryan Avelar para El País.

  • Cae exoperador de Cuauhtémoc Blanco por desfalco en Tequesquitengo

    Cae exoperador de Cuauhtémoc Blanco por desfalco en Tequesquitengo

    Detenido tras casi un año prófugo, Dionicio Emanuel Álvarez enfrenta cargos por peculado agravado y abuso de funciones, en un caso que revive la herencia de corrupción del sexenio de Cuauhtémoc Blanco en Morelos.

    Dionicio Emanuel Álvarez, exdirector del Fideicomiso Lago de Tequesquitengo durante la administración de Cuauhtémoc Blanco Bravo (2018–2024), fue presentado ante un Juez de Control tras su detención en Cuautla, acusado de peculado agravado y ejercicio abusivo de funciones. La captura fue ejecutada por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC), luego de once meses prófugo.

    De acuerdo con las investigaciones, Álvarez habría encabezado un esquema de simulación de pagos, facturación de servicios y eventos inexistentes, así como la venta irregular de predios en la zona del Lago de Tequesquitengo, conocido como el “Mar de Morelos”, provocando un daño patrimonial millonario al fideicomiso y a ejidos locales.

    Las indagatorias señalan que terrenos fueron vendidos por debajo de su valor comercial a funcionarios y excolaboradores cercanos al exgobernador, lo que refuerza la tesis de un entramado de corrupción institucionalizada. Entre los nombres mencionados figuran Sandra Anaya Villegas, Mónica Boggio Tomasaz Merino, Gerardo Becerra Chávez Ita y Edgar Riou Pérez, todos con vínculos directos con la pasada administración estatal.

    Además, una línea paralela apunta a un presunto desvío adicional de 20 millones de pesos durante su paso como tesorero municipal de Cuautla. En marzo de 2025, la FECC incluso ofreció recompensa para su localización.

    El caso se agravó cuando, en un cateo a un inmueble ligado al exfuncionario en Cuernavaca, autoridades localizaron restos humanos y objetos rituales, lo que abrió una nueva carpeta por desaparición forzada. Aunque el proceso actual es administrativo-financiero, el hallazgo amplía el alcance penal del expediente.

    La detención de Álvarez reactiva los señalamientos contra el legado de Cuauhtémoc Blanco, marcado por opacidad, redes de protección y presuntos saqueos al erario. En Morelos, la rendición de cuentas sigue llegando tarde, pero llega.

  • Estados Unidos busca retrasar audiencia clave en el proceso penal contra Nicolás Maduro

    Estados Unidos busca retrasar audiencia clave en el proceso penal contra Nicolás Maduro

    La fiscalía federal pidió más tiempo para entregar pruebas en el caso por narcotráfico que también involucra a Cilia Flores, con aval de la defensa.

    El gobierno de Estados Unidos solicitó aplazar la próxima audiencia del proceso penal que enfrenta el exmandatario venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, ante una corte federal de Nueva York, bajo el argumento de razones logísticas y de intercambio de pruebas.

    En un escrito dirigido al juez Alvin Hellerstein, del Distrito Sur de Nueva York, el fiscal federal Jay Clayton pidió que la vista programada para el 17 de marzo se recorra al 26 de marzo, solicitud que cuenta con el consentimiento de la defensa de ambos acusados. La fiscalía argumentó que el aplazamiento permitirá evitar conflictos de agenda y facilitar la revisión del material probatorio.

    De acuerdo con el documento judicial, el tiempo adicional es necesario para que el gobierno estadounidense entregue el descubrimiento de pruebas, y para que la defensa evalúe qué mociones previas al juicio presentará antes del inicio formal del proceso.

    A principios de enero, Maduro se declaró “un hombre inocente” de los cargos de narcotráfico y narcoterrorismo que le imputa Washington, y aseguró ser un “prisionero de guerra”, al sostener que Estados Unidos mantiene un conflicto armado contra redes criminales vinculadas al tráfico de drogas.

    La fiscal general Pam Bondi confirmó que tanto Maduro como Flores enfrentarán cargos formales en Nueva York, y afirmó que ambos responderán ante la justicia estadounidense. Las autoridades sostienen que el exmandatario venezolano habría respaldado el comercio internacional de estupefacientes, acusación que Caracas rechaza.

    Paralelamente, investigaciones de Transparencia Venezuela han documentado el rastreo de activos presuntamente vinculados al régimen venezolano en al menos 20 países, destacando a Estados Unidos como el principal destino de bienes relacionados con lavado de dinero, incluidos inmuebles, cuentas financieras y objetos de alto valor.

  • Duarte busca frenar su encierro: nuevo amparo reaviva disputa judicial por extradición

    Duarte busca frenar su encierro: nuevo amparo reaviva disputa judicial por extradición

    El exgobernador de Chihuahua intenta detener su prisión preventiva y una eventual extradición, mientras jueces federales se declaran incompetentes para resolver su recurso legal.

    El exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, promovió un nuevo juicio de amparo con el objetivo de frenar su reclusión en el penal del Altiplano y evitar una posible extradición, en el marco del proceso penal que enfrenta por el delito de uso de recursos de procedencia ilícita.

    Actualmente, Duarte permanece bajo prisión preventiva justificada en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, luego de que en diciembre pasado una jueza de control federal lo vinculó a proceso, al considerar que existen elementos suficientes para mantenerlo privado de la libertad mientras avanza la investigación.

    La nueva demanda de amparo fue presentada ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal, en la Ciudad de México, en contra de María Jazmín Ambriz López, jueza del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, en el Estado de México. En su escrito, el exmandatario reclamó la orden de aprehensión, la privación de la libertad y la extradición.

    No obstante, el juez Adolfo Christian Castro Solís se declaró incompetente para conocer del asunto. De acuerdo con la resolución, el recurso fue tramitado inicialmente ante el Juzgado Décimo de Distrito en Chihuahua, el cual también rechazó asumir competencia y lo turnó a su homólogo capitalino.

    El juzgador explicó que los argumentos expuestos apuntan a que el amparo debe resolverse por un juzgado federal con sede en Toluca, por lo que calificó como un error administrativo el envío del expediente a la Ciudad de México y ordenó su remisión al Estado de México. En caso de que persista la falta de acuerdo entre juzgados, será un Tribunal Colegiado el encargado de determinar quién debe resolver el caso.

    De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), Duarte habría intentado ocultar más de 73 millones 925 mil pesos, presuntamente desviados del erario estatal durante su gestión como gobernador entre 2010 y 2016, mediante un esquema de lavado de dinero, lo que sustenta la acusación en su contra.