Durante la conferencia matutina del 13 de enero, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró su firme compromiso con la recuperación de los cuerpos de los mineros que fallecieron en el accidente de Pasta de Conchos en 2006. Sheinbaum afirmó que no se cerrará el caso hasta que se logre recuperar a todos los trabajadores atrapados en la mina.
“No se va a cerrar el caso hasta que no encontremos a todos (los mineros), sigue el trabajo (de recuperación). La coordinadora de Asuntos Intergubernamentales de la Presidencia, Leticia Ramírez, estuvo hace poco en una reunión con las familias de los mineros, le pedí que atendiera el tema de manera personal… Estamos trabajando en esos temas”, aseguró la mandataria.
En su intervención, Sheinbaum mencionó que Leticia Ramírez, coordinadora de Asuntos Intergubernamentales, ha estado en contacto reciente con las familias afectadas para abordar sus inquietudes. También solicitó la colaboración de Laura Velázquez Alzúa, coordinadora nacional de Protección Civil, para asegurar que las operaciones de rescate avancen adecuadamente.
El trágico accidente en Pasta de Conchos, que tuvo lugar el 19 de febrero de 2006 en Coahuila, es recordado como uno de los más devastadores en la historia minera del país, con un saldo de 65 trabajadores fallecidos tras una explosión provocada por la acumulación de metano. La presidenta enfatizó la necesidad de seguir trabajando para brindar justicia y cierre a las familias que aún esperan recuperar a sus seres queridos.
Un operativo encabezado por la Policía de Investigación, bajo la coordinación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de San Luis Potosí (FGJE), culminó en la detención de José Guadalupe “N”, conocido como “Pepe Lupe”, expresidente municipal de Tancanhuitz, acusado de estar presuntamente implicado en el asesinato del alcalde Jesús Eduardo Franco Lárraga, ocurrido el pasado domingo 15 de diciembre.
La captura se llevó a cabo en la colonia Residencial del Parque, en la capital del estado. Según las autoridades, José Guadalupe “N” es hermano de Manuel “N”, quien también fue detenido recientemente como presunto involucrado en el homicidio. Ambos desempeñaron el cargo de presidente municipal en Tancanhuitz en los periodos 2009-2012 y 2012-2015, respectivamente.
Durante el operativo, la policía realizó un cateo en una propiedad de José Guadalupe “N”, donde se encontraron armas de grueso calibre, un leopardo y evidencia que podría estar relacionada con el asesinato del alcalde Franco Lárraga. El atentado también cobró la vida de dos escoltas y del secretario particular del edil.
Aunque las autoridades han mantenido hermetismo sobre los cargos específicos que enfrentarán los detenidos, se prevé que en las próximas horas se celebre la audiencia inicial para determinar su situación jurídica.
Mientras tanto, la Fiscalía no descarta la posibilidad de más detenciones y se encuentra analizando líneas de investigación adicionales. La región de la Huasteca potosina sigue bajo fuerte vigilancia policial para garantizar la seguridad y esclarecer los hechos que han conmocionado al estado.
En un importante avance hacia la justicia, un Tribunal Colegiado de Apelación del Cuarto Circuito, con sede en Monterrey, ratificó la sentencia de 90 años de prisión dictada contra cinco militares responsables del asesinato de Jorge Mercado, de 23 años, y Javier Arredondo, de 24, estudiantes de excelencia del Tecnológico de Monterrey.
Una sentencia ratificada por ejecución extrajudicial
El fallo fue emitido el pasado 5 de diciembre, cuando el Tribunal resolvió que los argumentos presentados por la defensa de los acusados carecían de fundamento, confirmando así la decisión tomada en octubre de 2022 por el juez José Reynoso Castillo.
Los magistrados calificaron la resolución del juez como acertada y destacaron que los elementos castrenses incurrieron en un caso claro de homicidio calificado con agravante de ventaja. En el fallo se subrayó que los actos perpetrados por los militares fueron una ejecución extrajudicial, conforme a los criterios establecidos por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
“Los militares actuaron, en resumen, con todo el poder del Estado, frente a dos civiles que esperaban de ellos la protección, respeto y garantía de sus derechos humanos”, señala la sentencia ratificada por el Tribunal.
Una lucha contra la impunidad
El colectivo “Todxs Somos Jorge y Javier” celebró el fallo a través de un comunicado difundido en redes sociales. En él, reconocieron la importancia de esta resolución para avanzar en la lucha contra la impunidad militar en México.
“Reconocemos este gran paso a favor de la verdad y la #JusticiaCompleta, y contra la impunidad militar, logrado gracias a las valientes y amorosas familias de Jorge y Javier, quienes por años han luchado por limpiar sus nombres y por la no repetición”, expresó el colectivo.
Un caso que marcó a México
El asesinato de Jorge Mercado y Javier Arredondo ocurrió cerca de la medianoche del19 de marzo de 2010, en medio de un enfrentamiento entre militares y un grupo criminal en la avenida Eugenio Garza Sada, frente al campus del Tec de Monterrey.
Después del tiroteo, los militares ingresaron a las instalaciones del Tec y dispararon contra los dos estudiantes, además de golpearlos y colocarles armas para simular que eran sicarios. Inicialmente, el Ejército y la Procuraduría de Nuevo León declararon que los jóvenes eran parte de un grupo delictivo, afirmando que estaban “armados hasta los dientes”.
Sin embargo, esta versión fue refutada por autoridades del Tec y las familias de las víctimas. En 2017, tras años de investigaciones, se comprobó que los estudiantes fueron ejecutados directamente por los militares, desmintiendo también la versión de que habían muerto por fuego cruzado.
Un mensaje para las fuerzas armadas
La ratificación de la sentencia representa un hito en la lucha por justicia para Jorge y Javier, así como un mensaje claro sobre la responsabilidad de las fuerzas armadas en el respeto a los derechos humanos. Este caso, que dejó una huella profunda en la sociedad mexicana, sigue siendo un recordatorio de la importancia de combatir la impunidad.
Un juez federal ha ordenado la liberación de Javier Bello Orbe, excomandante de la Policía Ministerial de Guerrero, quien fue señalado por su presunta participación en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014, señala en diario Reforma.
De acuerdo con información publicada por mencionado impreso, Raquel Duarte Cedillo, juez segundo de Distrito en Materia Penal de Toluca, emitió esta resolución el pasado 11 de diciembre, argumentando la falta de pruebas que sustentaran su probable responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y desaparición forzada de personas.
Este fallo permitió que Bello Orbe abandonara el penal del Altiplano, donde estuvo recluido por apenas seis días. Según el criterio de la juez Duarte Cedillo, las pruebas presentadas no fueron suficientes para demostrar su implicación en los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero.
En el fallo señalaría que: “La suscrita resolutora considera que en el caso particular no se encuentra acreditada su probable participación, con las constancias que sirvieron para acreditar el cuerpo del delito”.
La liberación de Javier Bello Orbe genera nuevas interrogantes sobre el avance de las investigaciones del caso Ayotzinapa, el crimen de Estado perpetrado en la administración del priista Enrique Peña Nieto y que posteriormente trato de ser ocultada por las mimas autoridades.
La resolución también pone en el centro del debate el desempeño de las instituciones judiciales y su capacidad para impartir justicia en casos de alta relevancia social.
La mañana de este lunes, la Presidenta Claudia Sheinbaum, fuel a su estilo firme, bateó a la ministra Norma Lucía Piña Hernández, que en días próximos ofrecerá su segundo y último informe al frente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y la cual será renovada el año entrante gracias a la Reforma al Poder Judicial impulsada por el pueblo mexicano.
En su lugar la mandataria mexicana informó que enviará a un representante. Al ser cuestionada sobre su ausencia, Sheinbaum respondió: “No voy a ir, vamos a enviar a una persona”.
Este anuncio que no extraña, se debe a la distancia que hay entre la titular del Ejecutivo federal, que desde que asumió el poder, ha enfrentado y cuestionado la corrupción y malas prácticas que Norma Piña promueve dentro del que debería ser el máximo tribunal impartido de justicia para el pueblo.
Sumado a esto, en octubre, Sheinbaum rechazó una orden judicial que buscaba eliminar la reforma al Poder Judicial del Diario Oficial de la Federación, uno de los débiles golpes políticos que Piña intentó asestar en contra de la voluntad de millones de mexicanos y que finalmente no dio resultados.
Sumado a esto, grupos de personas juzgadoras inconformes con la Reforma al Poder Judicial, hicieron varios intentos por tirar la ya promulgada reforma judicial, generando duros intercambios en las mañaneras del pueblo, donde Sheinbaum Pardo dejó ver los intentos de sabotaje a la democracia lanzados desde el PJ.
La ministra Norma Piña presentó su renuncia a finales de octubre de este año y permanecerá en el cargo hasta el 31 de agosto de 2025, mientras que su último informe se desarrolla en el ocaso de su estancia en la Suprema Corte y con un amplio rechazo popular.
La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó la inmediata libertad de los hermanos Noé y Sóstenes Fernández González, quienes permanecieron 11 años en prisión acusados de liderar la emboscada al convoy del programa federal Oportunidades en 2009. Este ataque resultó en la muerte de tres personas y el robo de 1.9 millones de pesos de recursos públicos, hechos por los cuales habían sido sentenciados a 42 años y seis meses de prisión.
En la sesión del miércoles pasado, por mayoría de cuatro votos contra uno, la Corte aprobó el proyecto presentado por el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, revocando la sentencia previamente dictada y ordenando la liberación de los implicados. La única oposición al fallo fue del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien fungió como presidente de la Sala y expresó su voto en contra.
Hasta el momento, los fundamentos legales que llevaron a esta decisión no se han hecho públicos, ya que el proyecto del ministro Ortiz Mena no está disponible para consulta. Según se informó, el caso llegó a la Corte debido a los recursos interpuestos por los sentenciados, quienes alegaron no tener relación alguna con los hechos.
La emboscada, ocurrida el 28 de julio de 2009 en Chihuahua, dejó un saldo de dos policías y un empleado del programa Oportunidades asesinados, además del robo de un monto millonario en efectivo destinado a programas sociales. Los hermanos Fernández González fueron señalados como responsables y recluidos en el Cereso número 1 de Aquiles Serdán, acusados de homicidio, homicidio en grado de tentativa y robo con violencia.
Este nuevo caso de la SCJN liberando presuntos criminales genera indignación en redes sociales debido al poco o nulo interés de los “impartidores de justicia” en la integridad del pueblo mexicano, que se ve en riesgo cada vez que son liberados personajes como los citados, mientras que la falta de transparencia en los motivos que llevaron a la liberación deja serios cuestionamientos sobre como operan los trabajadores del Poder Judicial actual.
César de Castro, abogado de Genaro García Luna, anunció este miércoles que se alista para presentar la apelación de casi 40 años de sentencia interpuesta a su cliente, que de 2006 a 2012, se desempeñó como secretario de seguridad de Felipe Calderón. La mencionada apelación a presentarse, igual contemplará cancelar el pago una multa de 2 millones de dólares, por su colaboración durante una década con el Cártel de Sinaloa, a cambio de millones de dólares en sobornos.
“Por la presente se notifica que Genaro García Luna apelará la sentencia ante el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de los Estados Unidos. Entró en esta acción el 18 de octubre”, se lee en el documento que ya circula en redes sociales.
Cabe recordar que García Luna fue declarado culpable por un jurado de participar en una empresa delictiva continua, conspiración para la distribución internacional de cocaína, conspiración para distribuir y poseer con la intención de distribuir cocaína, conspiración para importar cocaína y hacer declaraciones falsas.
“Hoy fue un día muy importante para nosotros, es un paso necesario para nuestra apelación. Todos sabemos que presentamos mociones con nueva evidencia. No estamos de acuerdo con la decisión del juez en torno a la nueva evidencia, misma que será gran parte de nuestra impugnación. La presentaremos 14 días después de que la sentencia sea admitida por la Corte”, expresó César de Castro.
En caso de que la apelación sea aceptada, el futuro del ex mano derecha de Felipe Calderón ahora estará en manos de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito, mientras que el equipo del ex funcionario panista declaran que llevarán la batalla hasta las últimas consecuencias, además de que han cerrado las puertas a una posible colaboración con las autoridades de la nación americana.
El ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena anunció su renuncia a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), decisión que notificó al Senado de la República a través de una carta donde expresó sus razones. La dimisión tendrá efecto el 31 de agosto de 2025.
En su carta, Gutiérrez Ortiz Mena explicó que la reciente reforma constitucional, que acorta su mandato y abre la posibilidad de elegir a los ministros mediante voto popular, lo puso ante dos opciones: someterse al proceso de elección o presentar su renuncia. El ministro comentó que, aunque su trayectoria lo califica para la judicatura, no se considera adecuado para un cargo dependiente del apoyo popular.
“He decidido presentar mi renuncia”, mencionó el ministro, indicando que lo hace en el plazo establecido en el séptimo transitorio de la reforma. Señaló que, aunque podría argumentar una causa grave para justificar una renuncia fuera del tiempo estipulado, no tiene dicha causa y respeta la norma. Aclaró también que hasta el 31 de agosto de 2025 continuará cumpliendo sus responsabilidades con integridad.
La renuncia de Gutiérrez Ortiz Mena ocurre en medio de rumores sobre la salida de otros seis ministros de la SCJN: Norma Piña Hernández, Javier Laynez Potisek, Margarita Ríos Farjat, Alberto Pérez Dayán, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Juan Luis González Alcántara Carrancá. De confirmarse, sus dimisiones también surtirían efecto en agosto de 2025. La postura de los ministros ha sido renuente y de resistencia respecto a la reforma judicial que impulsa la elección por voto popular de los jueces y magistrados del país., que además busca sanear al máximo tribunal para el servicio del pueblo.
En recientes horas, De las Heras hizo público su más reciente estudio respecto a la opinión popular sobre la ya promulgada Reforma al Poder Judicial de la Federación, la cual sigue su avance en el Congreso de la Unión para la elección de las y los primeros impartidores de justicia el año entrante.
En cuanto a la corrupción al interior del Poder Judicial de la Federación (PJF), el 15 por ciento menciona que “todos los ministros, magistrados o jueces son corruptos”, mientras que el 41 por ciento considera que “la mayoría son corruptos”, sumando 56 puntos en este mismo sentido.
En cuanto a las elecciones de jueces y magistrados, el 69 por ciento esta de acuerdo con que sean electos mediante el voto popular, tal y como lo maneja la Reforma, mientras que el 23 por ciento declara que es el Consejo de la Judicatura Federal el que debería designarlos. Tan solo el 8 por ciento mencionó “no saber” cual de los dos métodos sería el mejor.
El 62 por ciento también dijo que las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, deberían ser elector por el pueblo a través del sufragio; en este caso el 32 por ciento respondió que deberían ser electos por el Senado de la República.
Finalmente el 67 por ciento de los mexicanos mencionan que con la Reforma al Poder Judicial mejorará la impartición de justicia en el país, mientras que el 14 por ciento dice que “se quedará igual”. Tan solo el 10 por ciento mencionó que la aplicación de justicia “empeorará”.
Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno del Estado de México, presentó los resultados de su gestión durante la primera comparecencia ante la LXII Legislatura mexiquense, como parte de la Glosa del Primer Informe de Gobierno de la gobernadora Delfina Gómez. En su intervención, Duarte destacó los avances en materia de gobernabilidad en los municipios mexiquenses, el bienestar social y la lucha contra la corrupción, ejes fundamentales de la administración actual.
Duarte subrayó que la gestión de este gobierno está marcada por el legado del expresidente Andrés Manuel López Obrador y el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum. “Durante este año, con una profunda convicción de servicio, hemos trabajado para no dejar a nadie atrás, especialmente a los históricamente olvidados”, afirmó. Además, destacó que el uso eficiente y honesto de los recursos públicos ha sido clave en la construcción de la Cuarta Transformación en la entidad.
En la lucha contra la corrupción, Duarte informó que se han iniciado 21,610 investigaciones y sancionado a cerca de 3,000 servidores públicos, en un esfuerzo por cumplir el compromiso con el pueblo mexiquense. “Nuestra lucha contra la corrupción es inquebrantable y fundamental para responder a la confianza depositada en este proyecto transformador”, señaló ante el pleno legislativo.
Avances en programas sociales y justicia
El secretario también resaltó los avances en programas sociales que buscan garantizar justicia e igualdad para los sectores más vulnerables de la población. Entre ellos, destacó iniciativas como Mujeres con Bienestar, Alimentación para el Bienestar y Canasta Alimentaria del Bienestar, diseñados para asegurar una vida digna a las comunidades más desprotegidas.
Duarte concluyó su intervención recordando que, bajo el liderazgo de la gobernadora Delfina Gómez, el poder solo tiene valor cuando está al servicio del pueblo. “El poder debe ser el motor de un cambio verdadero y duradero para el Estado de México”, señaló.
