Durante la mañanera del pueblo, la Presidenta Claudia Sheinbaum, llamó al diputado federal Cuauhtémoc Blanco Bravo a declarar ante la Fiscalía General del Estado de Morelos (FGE Morelos) por los señalamientos en su contra por el delito de violación en grado de tentativa.
Pese a que el legislador de Morena cuenta con fuero constitucional, Sheinbaum enfatizó que ello no debe significar impunidad ni freno a las investigaciones.
“Es muy importante que se sepa, primero, que la decisión es de la Cámara de Diputados, pero es muy importante que la sepa gente que eso no quiere decir que no siga la investigación”, sostuvo la mandataria.
Sheinbaum también destacó la relevancia de que el propio exfutbolista se presente ante las autoridades ministeriales para aclarar su situación: “Sería muy bueno que Cuauhtémoc Blanco fuera a declarar a la Fiscalía y que diera su declaración. Sí (tiene fuero), pero eso no quiere decir que se interrumpa la investigación, además hay un nuevo fiscal en Morelos. Es muy importante que siga la investigación y que él declare”, señaló.
La presidenta dejó en claro que su gobierno no encubrirá a nadie, sin importar su afiliación política o trayectoria personal.
“Nosotros no vamos a proteger a nadie, eso tiene que quedar clarísimo, pero tiene que demostrar que en efecto hay un delito. ¿Quién lo define? La Fiscalía. Tiene que seguir la investigación, que no se cierre”, advirtió.
Asimismo, rechazó tajantemente cualquier insinuación sobre una posible protección desde la Presidencia: “Esta idea de que la presidenta está protegiendo, yo no protejo a nadie, protejo al pueblo de México, es mi responsabilidad, y a mi familia, pero nosotros no vamos a proteger a una persona que haya cometido un delito. Que siga la investigación y que él declare, es importante que continúe la investigación”, puntualizó.
Esta semana, la Cámara de Diputados votó por mantener el fuero constitucional de Cuauhtémoc Blanco, rechazando la solicitud de la Fiscalía estatal de Morelos para retirarle la inmunidad. Con 291 votos a favor, 158 en contra y 12 abstenciones, la mayoría morenista y sus aliados declararon como “improcedente” la petición.
Con el inicio de las campañas para los aspirantes a jueces, magistrados y ministros, la ciudadanía tiene el reto de informarse y conocer los perfiles de quienes buscan formar parte del renovado Poder Judicial de la Federación (PJF). En el caso del Distrito I de Iztapalapa, uno de los aspirantes al cargo de magistrado es Alfredo Narváez Medécigo, un jurista con amplia experiencia en el ámbito constitucional.
Desde 2017, Narváez Medécigo se ha desempeñado como Secretario de Estudio y Cuenta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde ha participado en la elaboración de proyectos clave para el país. Entre ellos destacan la acción de inconstitucionalidad contra la Constitución de la Ciudad de México, la contradicción de tesis sobre paridad de género en los Congresos locales, y diversas controversias constitucionales relacionadas con el conflicto por el agua en la Presa La Boquilla.
También ha proyectado sentencias relevantes de amparo, como aquellas que impiden la apropiación privada de aguas del subsuelo en zonas de sequía, y otras que delimitan los alcances de la jurisdicción militar en el derecho administrativo sancionador, especialmente cuando hay civiles involucrados.
En el ámbito académico, Alfredo Narváez es licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), maestro en Políticas Públicas por la Hertie School de Berlín y doctor en Derecho Público por la Universidad Humboldt de Berlín. Asimismo, forma parte del Sistema Nacional de Investigadores (SNI Nivel I).
En el extranjero, ha sido profesor visitante de derecho constitucional en la Universidad de Regensburg y visitante académico en el Instituto Max Planck de Derecho Público Extranjero y Derecho Internacional, con sede en Heidelberg.
Es autor de los libros “Rule of Law and Fundamental Rights” (Springer, 2016) y “Control de comprensibilidad: una propuesta para optimizar la garantía judicial de los derechos fundamentales en México” (Tirant Lo Blanch, 2022), además de múltiples artículos especializados en derecho constitucional y procesal constitucional.
Actualmente, imparte la materia “Garantías locales de los derechos humanos” en la maestría en Derechos Humanos y Garantías del ITAM. Su línea principal de investigación es la interacción entre la justicia constitucional y los tribunales ordinarios en temas de derechos fundamentales.
La conductora de televisión Inés Gómez Mont y su esposo, el abogado fiscalista Víctor Álvarez Puga, anbos prófugos de la justicia, han sido beneficiados por el Poder Judicial el pasado 25 de marzo, al conseguir el restablecimiento del acceso a sus cuentas bancarias, a pesar de que siguen siendo huyendo de la ley.
Desde 2019, la Fiscalía General de la República (FGR) inició una carpeta de investigación contra la pareja por su presunta participación en una red de delincuencia organizada relacionada con operaciones con recursos de procedencia ilícita, en un esquema de desvío de fondos públicos que presuntamente asciende a más de 3 mil millones de pesos. De acuerdo con las indagatorias, se habrían utilizado comprobantes fiscales falsos para simular transacciones y aparentar servicios inexistentes.
Pese a esta situación y tras seis años fuera del país, Gómez Mont y Álvarez Puga obtuvieron un amparo derivado del juicio 107/2023. A partir de ello, el Poder Judicial de la Federación ordenó eliminar a la pareja de la Lista de Personas Bloqueadas de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), instruyendo al sistema financiero nacional a restablecer sus operaciones bancarias.
De acuerdo con información publicada por El Economista, la UIF acató esta resolución y notificó a distintas instituciones financieras para que dejaran de restringir las cuentas de los señalados. La decisión provocó inconformidad entre funcionarios de la propia Unidad, incluido su titular Pablo Gómez Álvarez, quien ha sido uno de los principales impulsores del combate a la corrupción financiera en el país.
Cabe recordar que las medidas de congelamiento de cuentas se habían adoptado como acción preventiva para evitar el movimiento de recursos presuntamente ilícitos y cualquier operación dentro del sistema financiero por parte de los acusados.
Aunque ahora pueden disponer nuevamente de su dinero, las investigaciones en su contra continúan vigentes, y aún pesa sobre ellos una orden de aprehensión emitida en 2021, además de una ficha roja de la Interpol para su localización en más de 190 países. Hasta el momento, ninguno de los dos se ha pronunciado públicamente sobre la reciente resolución judicial.
La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, condenó enérgicamente el asesinato del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Tulum, capitán José Roberto Rodríguez Bautista, quien perdió la vida en un hospital tras ser atacado a balazos en la colonia La Veleta del municipio de Tulum.
“Rechazo de manera enérgica y categórica este cobarde crimen. No habrá impunidad”, sentenció la mandataria, quien subrayó que su administración no descansará hasta que los responsables sean llevados ante la justicia. Todo el peso de la ley caerá sobre quienes cometieron este acto artero”, agregó.
Lezama Espinosa reconoció el compromiso del funcionario asesinado y destacó su trabajo al frente de la dependencia. “Su entrega, dedicación y resultados son evidentes”, afirmó.
Aplicaremos todo el peso de la ley contra los responsables del cobarde ataque al honorable Secretario de Seguridad Ciudadana de Tulum, José Roberto Rodríguez Bautista quien lamentablemente perdió la vida.
Reiteró además que su compromiso como titular del Ejecutivo estatal es firme e inquebrantable: “No nos desviarán de nuestro propósito de garantizar la seguridad y tranquilidad que todas y todos los quintanarroenses merecen”.
Finalmente, dejó claro que la estrategia de seguridad continuará sin titubeos:“Mantendremos más firme que nunca la estrategia de construcción de paz y seguridad en Quintana Roo. ¡Ni un paso atrás para privilegiar la tranquilidad y el bienestar de nuestra gente!”
Por su parte, el presidente municipal de Tulum, Diego Castañón, también repudió el atentado y lo calificó como una represalia contra los esfuerzos coordinados para pacificar el municipio.
“Estos actos de violencia son una respuesta cobarde y artera a las decididas acciones en materia de seguridad que se han venido emprendiendo en Tulum, en coordinación con las autoridades y corporaciones de los tres niveles de gobierno”, expresó el edil mediante un comunicado.
“Desde el ayuntamiento, refrendamos nuestro compromiso inquebrantable en la lucha contra la corrupción, la impunidad y la delincuencia, por lo que reiteramos que no nos dejaremos amedrentar por estos actos de intimidación. Por el contrario, redoblamos esfuerzos para garantizar la tranquilidad y el bienestar de todas y todos nuestros ciudadanos y visitantes”, concluyó.
Detalles del ataque
De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo (FGE), el ataque ocurrió la noche del viernes alrededor de las 20:30 horas, en el cruce de la avenida 5 con calle 11 en la colonia La Veleta. Dos hombres a bordo de una motocicleta abrieron fuego contra el secretario y su escolta, quienes repelieron la agresión.
Durante el enfrentamiento, uno de los agresores fue abatido en el lugar, mientras que el otro logró escapar, lo que dio paso a un intenso operativo para dar con su paradero.
El capitán José Roberto Rodríguez Bautista fue trasladado de emergencia a un hospital privado en Tulum, y posteriormente, bajo un fuerte dispositivo de seguridad, fue llevado a otra clínica en Playa del Carmen, donde perdió la vida poco después de las 23:00 horas, tras recibir al menos seis impactos de bala.
La FGE reiteró que se mantendrá el despliegue policial y de inteligencia para localizar al agresor prófugo y garantizar justicia en este caso que ha estremecido al estado.
El ex magistrado presidente del Tribunal Electoral de Tamaulipas, Edgar Danés Rojas, fue detenido en Texas por autoridades de Estados Unidos en colaboración con la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), tras una orden de aprehensión emitida por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJE Tamaulipas) por el delito de abuso sexual agravado contra una menor de edad.
De acuerdo con la Fiscalía estatal, Danés será deportado en los próximos días a través del puente internacional que conecta a Reynosa, Tamaulipas, con Estados Unidos, con el fin de que enfrente la justicia mexicana.
La denuncia en su contra fue presentada en julio de 2024 en Nuevo Laredo, y señala que el ex magistrado habría abusado sexualmente de la hija de su entonces pareja sentimental en mayo del mismo año, aprovechando que la madre no se encontraba en casa. La menor, que tenía 14 años al momento de los hechos, habría sido amenazada por Danés Rojas para que no revelara lo ocurrido.
La gravedad de la acusación llevó a que el Congreso de Tamaulipas aprobara su desafuero el 22 de noviembre de 2024, quedando así expuesto a un proceso penal. Tras perder el fuero constitucional, Edgar Danés se dio a la fuga, convirtiéndose en prófugo de la justicia durante varios meses.
Cabe recordar que en agosto de 2024, Danés Rojas sobrevivió a un ataque armado en Ciudad Victoria, donde recibió dos impactos de bala. Posteriormente, la FGJE vinculó el atentado con un menor de edad detenido en octubre, sugiriendo que el ataque podría haber estado relacionado con las denuncias en su contra.
El pasado viernes 14 de marzo, se dio a conocer que la hermana de la excandidata presidencial, Xóchitl Gálvez, fue sentenciada a 89 años de prisión, y es que Malinali “N” fue encontrada culpable por los delitos de delincuencia organizada, secuestro y posesión de cartuchos de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea.
La ahora sentenciada fue detenida el 20 de julio de 2012 en un operativo de la extinta policía federal en el Estado de México, tras su implicación en el secuestro de Marcela Patricia Flores Domínguez y su chofer, Rodolfo Morales Hernández.
Hermana de Xóchitl “ponía” a las víctimas
De acuerdo con El Universal, Leonardo “El Tolmex”, líder de la banda delictiva Los Tolmex, aseguró que Malinali Gálvez tenía la función de “poner” a las víctimas, aprovechando sus relaciones con personas influyentes. Según la declaración del secuestrador, Gálvez Ruíz generaba confianza con sus objetivos y, posteriormente, permitía que los delincuentes ingresaran con armas robadas para someter a sus víctimas.
El secuestro que la implicó ocurrió el 22 de mayo de 2012. Según la víctima, Gálvez Ruíz concertó un encuentro con ella, llevándola a una casa donde fue interceptada por cinco hombres, quienes la drogaron, esposaron y encerraron en un cuarto con rejas. Su chofer, quien también fue secuestrado, relató que fue engañado para ingresar al mismo predio, donde fue sometido a punta de pistola y retenido junto con su empleadora.
En 2012, durante una conferencia de prensa, Armando Espinosa de Benito, entonces jefe de la división de investigación de la PF, detalló que la organización Los Tolmex estaba relacionada con al menos cuatro secuestros. Además, el Ministerio Público Federal señaló que la banda mutilaba a sus víctimas, grababa videos de tortura y los enviaba a sus familiares para exigir rescates millonarios, además de retener a los secuestrados en jaulas.
El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, dejó en claro que su administración no cederá ante presiones ni negociará el cumplimiento de la ley, luego de la toma del Congreso del estado por manifestantes que exigen la liberación de los presidentes municipales de Tlachichuca y Ciudad Serdán, ambos de apellido González Vieyra.
“El gobierno no puede sentarse a negociar la ley, es importante que eso se entienda. Nosotros ni somos omisos, ni perseguimos, ni criminalizamos la protesta social, las libertades sociales están consagradas”, afirmó el mandatario poblano durante una mesa de trabajo.
📹 #Vídeo | En Puebla no se negocia con criminales: Alejandro Armenta condena que manifestantes hayan tomado el Congreso local para exigir la liberación de los presidentes municipales de Tlachichuca y Ciudad Serdán, recientemente detenidos por presuntos delitos. pic.twitter.com/2zvniYwGEU
Asimismo, reiteró que su administración no caerá en chantajes ni otorgará concesiones a quienes busquen evadir la justicia. “La ley no se negocia, se aplica”, sostuvo. Además, subrayó que no habrá acuerdos con quienes cometan delitos: “No hay por qué el Gobierno tenga que negociar un acto consumado como delictivo, es importante que se tenga como referencia, porque después pareciera que no escuchamos las demandas”, expresó.
Respecto a las movilizaciones estudiantiles en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), Armenta señaló que su gobierno respeta el derecho a la protesta, pero enfatizó que no permitirá la injerencia de actores políticos en el movimiento. “No perseguimos a nadie, queremos que los jóvenes tengan derecho a la educación. Los felicito porque ya están dialogando, pero nada tienen que hacer ahí representantes de diputados o de organizaciones políticas”, puntualizó.
Finalmente, el gobernador reafirmó su compromiso con la libertad de expresión y de asociación, asegurando que su administración es respetuosa de los derechos y libertades sociales.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) publicó este lunes en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Acuerdo General 3/2025, en el que se establecen los plazos y procedimientos para la conclusión de funciones de su actual integración, en cumplimiento con la reforma judicial vigente desde el 16 de septiembre de 2024.
El documento detalla que la última sesión del actual Pleno será el 12 de agosto de 2025, mientras que el informe final de labores de la ministra presidenta Norma Piña Hernández se presentará el 15 de agosto. Además, se creará el Grupo de trabajo de rendición de cuentas, encargado de supervisar el proceso de entrega-recepción de la Corte.
A partir del 31 de agosto de 2025, el Pleno y las Salas de la SCJN concluirán sus funciones, y la administración del Alto Tribunal dejará de estar bajo la presidencia. Como parte de la reforma, el número de ministros se reducirá y la Corte operará únicamente en Pleno.
El acuerdo también establece que, desde el 15 de abril hasta el 15 de agosto, la SCJN solo atenderá asuntos urgentes, tales como:
Amparos en revisión y directos en revisión cuando el quejoso esté privado de su libertad.
Casos en los que se involucre el interés superior de menores de edad.
Juicios laborales y agrarios colectivos.
Controversias constitucionales con solicitud de suspensión.
Acciones de inconstitucionalidad en materia electoral.
En cuanto a las sesiones, el Pleno de la SCJN modificará su calendario:
Abril y mayo: Sesionará los lunes y martes.
Junio a agosto: Sesionará solo los martes.
Las Salas continuarán sesionando cada miércoles hasta el 28 de mayo, y posteriormente cada 15 días hasta el 13 de agosto.
Proceso de entrega-recepción y nueva SCJN
El informe final de labores de Norma Piña Hernández deberá publicarse antes del 15 de agosto. Asimismo, se establece que la ministra presidenta podrá designar a una persona encargada del acta de entrega-recepción institucional, que se firmará el 31 de agosto y surtirá efecto el 1 de septiembre de 2025.
El documento aclara que la persona electa como nueva presidenta o presidente de la SCJN en la elección extraordinaria de 2025 recibirá el acta de entrega-recepción y el informe detallado sobre los recursos materiales, humanos, financieros y presupuestales del Tribunal.
Este proceso será supervisado por el Grupo de trabajo de rendición de cuentas, que deberá integrarse en los cinco días hábiles posteriores a la publicación de los resultados de la elección extraordinaria de la Suprema Corte por parte del Instituto Nacional Electoral (INE).
Dicho grupo estará conformado por las personas titulares de:
Este jueves se reanudó la audiencia inicial contra cuatro excolaboradores de Silvano Aureoles Conejo, exgobernador de Michoacán, quienes enfrentan acusaciones por peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y administración fraudulenta.
La jueza de control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Oriente, Patricia Sánchez Nava, determinará si se vincula a proceso a Carlos Maldonado Mendoza, exsecretario de Finanzas del gobierno de Aureoles; Mario Delgado Murillo, exdelegado de Finanzas de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP); Elizabeth Villegas Pineda, exdelegada administrativa de la misma dependencia; y Antonio Bernal Bustamante, ex titular de la SSP. Se les señala por un daño patrimonial al estado superior a 3 mil 400 millones de pesos.
Asimismo, la jueza decidirá si los imputados permanecerán en prisión preventiva justificada, medida que les fue impuesta el pasado fin de semana durante la audiencia de imputación. En caso de que sean vinculados a proceso, se otorgará el plazo para la investigación complementaria, etapa en la que las partes recabarán más pruebas y profundizarán en los elementos de la carpeta de investigación.
Aureoles y más exfuncionarios, prófugos de la justicia
Mientras sus excolaboradores enfrentan la justicia, Silvano Aureoles Conejo continúa prófugo, al igual que dos exsecretarios de Seguridad Pública de Michoacán y Guillermo Loaiza Gómez, ex titular del Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo, quien fue designado notario público por el propio Aureoles poco antes de concluir su mandato. Según las autoridades, Loaiza Gómez viajó a Argentina, aunque aún no ha sido localizado.
Aureoles y sus exfuncionarios son señalados de una operación irregular relacionada con el arrendamiento y posterior compra de inmuebles para la instalación de siete cuarteles policiacos en Apatzingán, Coalcomán, Huetamo, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas, Uruapan y Zitácuaro.
De acuerdo con la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, los inmuebles fueron arrendados por períodos mínimos de 56 meses a Inmobiliaria Dip, empresa creada en 2015 y beneficiada mediante adjudicación directa, lo que ya evidenciaba irregularidades en la gestión de los recursos públicos.
Sobreprecios millonarios en la compra de cuarteles
Los costos de los inmuebles ascendieron a:
Apatzingán: 210 millones 562 mil pesos
Coalcomán: 216 millones 699 mil pesos
Huetamo: 128 millones 277 mil pesos
Jiquilpan: 212 millones 999 mil pesos
Lázaro Cárdenas: 294 millones 616 mil pesos
Uruapan: 268 millones 624 mil pesos
Zitácuaro: 220 millones 659 mil pesos
Sin embargo, peritajes del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales revelaron que en cada operación hubo sobreprecios millonarios, destacando:
Lázaro Cárdenas: 163.4 millones de pesos adicionales
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que mantiene abierta la investigación por la caída de la estudiante menor de edad en la Escuela Secundaria Diurna núm. 236, ubicada en Iztapalapa, ocurrida el pasado 4 de febrero.
La adolescente resultó lesionada tras precipitarse desde una altura aproximada de un primer piso, según datos oficiales.
En una tarjeta informativa, la dependencia señaló que aún no se descarta la existencia de un delito vinculado directa o indirectamente con el incidente, incluidos posibles antecedentes de acoso escolar que pudieran haber influido en los hechos. “Se analizarán todas las circunstancias, incluso sucesos previos que podrían haber propiciado la caída”, detalló la institución.
La Fiscalía de la CDMX aseguró que, desde que tuvo conocimiento del caso, su personal ha trabajado sin interrupción para recabar y analizar evidencias que permitan esclarecer lo ocurrido. Además, expresó su solidaridad con la estudiante y su familia, reconociendo el impacto en la salud de la menor y la angustia generada en sus padres.
“Garantizamos una investigación integral, con estricto respeto a los derechos humanos y la presunción de inocencia establecida en el sistema penal acusatorio”, subrayó la fiscalía. Agregó que el objetivo es brindar certeza jurídica a los familiares y a la sociedad, mientras se promueve la construcción de entornos escolares seguros mediante el diálogo.
La FGJCDMX reiteró su compromiso con la justicia y adelantó que mantendrá abierta la información sobre avances relevantes en el caso.
