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  • Dictan formal prisión al general José Rodríguez Pérez y al capitán José Martínez Crespo, involucrados en el caso Ayotzinapa

    Dictan formal prisión al general José Rodríguez Pérez y al capitán José Martínez Crespo, involucrados en el caso Ayotzinapa

    Un juez federal ha dictado auto de formal prisión contra el General José Rodríguez Pérez, quien es señalado de haber asesinado a por lo menos 6 de los 43 estudiantes de la Normal Rural “Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero.

    Igualmente se formalizó la prisión en contra del capitán José Martínez Crespo, acusado de los delitos de desaparición forzada de personas y delincuencia organizada, mientras que a Rodríguez Pérez y al sargento Eduardo Mota Esquivel, se les señala por delitos contra la salud y tener relación con la organización delictiva Guerreros Unidos.

    Medios señalan que por el momento se quedó pendiente el auto de formal prisión por delincuencia organizada y desaparición forzada contra subteniente Fabián Alejandro Pirita Ochoa.

    Autoridades federales mencionan que los tres militares se entregaron de manera voluntaria a la Fiscalía General de la República, la semana pasada, para responder por el crimen de estado en donde desaparecieron y asesinaron a los 43 estudiantes de la Normal Rural.

    Se espera que las horas siguientes se lleve a cabo la audiencia de un cuarto militar involucrado en el crimen, Fabián Alejandro Pirita Ochoa, quien fue detenido por las autoridades luego de que el resto de los involucrados.

    Ricardo Mejía Berdeja, Subsecretario de Seguridad del Gobierno de México, ya había informado que se se habían girado órdenes de aprehensión en contra de 20 militares involucrados en el caso de la desaparición de los estudiantes.

    El 19 de agosto, elementos de la Fiscalía General de la República, lograron la detención de Jesús Murillo Karam, ex procurador de justicia de Peña Nieto, encargado de las investigaciones del caso y creador de la ahora desmentida “verdad histórica”, quien es señalado de desaparición forzada, tortura y por atentar contra la administración de justicia.

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  • Denuncian al panista Jorge Romero, presunto cómplice del Cártel Inmobiliario, por la muerte de dos mujeres en el sismo de 2017

    Denuncian al panista Jorge Romero, presunto cómplice del Cártel Inmobiliario, por la muerte de dos mujeres en el sismo de 2017

    Martín Hernández Téllez, poblador de la Ciudad de México, expuso que denunciará al diputado panista Jorge Romero Herrera y al ex alcalde de Benito Juárez, Christian Von Roechrich, involucrados en el Cártel Inmobiliario de la Ciudad de México, cuya corrupción derivó en la muerte de su madre y esposa en los sismos del 19 de septiembre de 2017.

    El también vecino de la Benito Juárez, señala que en el sismo de 2017, se derrumbó el edifico Zapata 56, ubicado en la colonia Portales, provocando la muerte de su madre y esposa, aún cuando la edificación era de reciente construcción.

    Tras esto, él y un grupo de vecinos, interpusieron una denuncia ante la Fiscalía, acusando las omisiones y corrupción de las autoridades de la demarcación y de la empresa constructora, sin embargo, al día de hoy no ven avances en las investigaciones.

    “Vengo a levantar una denuncia contra funcionarios de la alcaldía Benito Juárez en ese momento, del 2017, quienes tuvieron que ver mucho con respecto a la autorización de la construcción de esa edificación donde murió mi madre y mi esposa”.

    Denuncia Hernández

    Agregó que está en total impunidad por lo que exige justicia, a 5 años de la tragedia, en donde se ha detenido únicamente al director responsable de obra y que el proceso se ha hecho tedioso para las víctimas y familiares de los damnificados, por lo que pide la ayuda de Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y al Presidente Andrés Manuel López Obrador.

    “Esto también lo hago mucho porqué con respecto a este cártel inmobiliario, están en juego más edificaciones y vidas, no quisiera ver, que en mi caso, así como lo estoy viviendo ahorita y mis hijos, haya más personas por éstos corruptos que siguen en el poder, siguen otorgando esos permisos”.

    Sentenció.

    Hernández Téllez denunció que la mafia inmobiliaria se mueve gracias a los intereses económicos y al enriquecimiento ilícito, denunciando que la corrupción mata, tal y como ocurrió con su madre y esposa, por lo que exige justicia y ayuda de la mandataria capitalina y el Ejecutivo.

    AMLO asegura que no habrá impunidad.

    Este miércoles, AMLO pidió a las y los afectados que no dejen de denunciar y aseguró que la Fiscalía General de la Ciudad de México, atenderá a las víctimas y familiares, ya que su titular, Ernestina Godoy, es una mujer incorruptible y recta.

    Des mismo modo, el presidente cuestionó que el PAN siempre gane la mencionada demarcación, explicando que esto se debe a las clases medias y sus forma de pensar bastante conservadora, hecho que expone en su publicación más reciente.

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  • AMLO aseguró que no habrá impunidad en el caso del Cártel Inmobiliario que opera en la Benito Juárez y está ligado al PAN

    AMLO aseguró que no habrá impunidad en el caso del Cártel Inmobiliario que opera en la Benito Juárez y está ligado al PAN

    El caso del Cártel Inmobiliario que opera en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México y que está ligado al PAN, fue mencionado por el periodista Hans Salazar, en la conferencia matutina del Presidente López Obrador.

    Salazar expuso el caso de Martín Hernández Téllez, quien ha denunciado ante la Fiscalía de la Ciudad de México al panista Jorge Romero Herrera, ex alcalde y ahora diputado federal de Acción Nacional implicado en la red de corrupción inmobiliaria, que derivó en la caída de un edificio habitacional de la colonia Portales que terminó con la vida de su madre y esposa en el sismo de 2017.

    Ante esto, AMLO pidió a la ciudadanía afectada que no dejen de denunciar, mencionando que el caso lo lleva la Fiscal capitalina, Ernestina Godoy, quien se encargará de que no haya impunidad en el caso.

    “Lo esta viendo la Fiscalía de la Ciudad de México y hay que esperar, pues que terminen de investigar. Ernestina Godoy es la Fiscal, y es una mujer recta, estricta, honesta incorruptible, la conozco desde hace muchos años y se puede confiar en esa autoridad”.

    Sentenció.

    López Obrador aseguró que todos los denunciantes obtendrán respuesta de la autoridad capitalina, y que no habrá impunidad y lamentó que todo esto tenga que ver con la alcaldía Benito Juárez, donde siempre gana el PAN.

    La gente ahí, claro que son libres, siempre han votado por ese partido (PAN), como si se tratara de buenos gobernantes, honestos, trabajadores, austeros. Han gobernado gentes ahí, deshonestos, inmorales, y de manera increíble, siempre gana ese partido”.

    Lamentó AMLO.

    El tabasqueño mencionó que en su libro más recientemente publicado, tocó el tema, y que los sectores de la clase media con pensamiento conservador son los que mantienen al blanquiazul en la alcaldía.

    Del mismo modo, el Ejecutivo, se dijo sorprendido de que Jorge Romero Herrera, haya sido el diputado federal más votado en las pasadas elecciones, aún por encima de Margarita Zavala, otro de los cuadros más visibles del conservadurismo.

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  • AMLO enviará argumentos a la SCJN para mostrar la importancia de no eliminar la prisión preventiva oficiosa

    AMLO enviará argumentos a la SCJN para mostrar la importancia de no eliminar la prisión preventiva oficiosa

    Este miércoles, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, adelantó que enviará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una serie de argumentos para evitar que se elimine la prisión preventiva oficiosa.

    Del mismo modo, les hará llegar varios casos que muestran que la mencionada medida es necesaria, para evitar que presuntos delincuentes responsables de delitos graves o politicos acusados de corrupción, no queden en libertad.

    “Vamos a entregar el expediente, completo, de todos los casos, porque hay casos de políticos, hay casos de jefes de la delincuencia organizada, hay todo tipo de casos. De personajes a los que se les han devuelto millones de pesos, por decisiones de jueces”.

    Explicó

    AMLO insistió que se habla de delitos graves, de corrupción, secuestros, feminismos, homicidios, lavado de dinero, de delincuencia organizada, y que los jueces no deberían tener todo ese poder, que viola lo que establece la constitución.

    Como ejemplo, el Presidente uso el caso de Jorge Bernabé “B” alias “la Vaca”, presunto líder criminal del grupo “Los Tequilas” y principal responsable de la violencia que se vive en el estado de Colima, el cual fue liberado horas más tarde de ser detenido en la Ciudad de México tras un operativo coordinado.

    “Empieza el juicio, y en la madrugada de hace una semana, decide un juez, dejarlo en libertad, porque no se integró bien la averiguación, afortunadamente cuando emiten ese fallo, dan la orden de dejarlo en libertad, la Secretaría de Seguridad Pública, indaga, no les cuesta mucho trabajo y encuentran creo que dos o tres ordenes de aprehensión, por delitos graves”.

    Denunció el Presidente.

    Del mismo modo, cuestionó que las modificaciones a la Ley de Prisión Preventiva se votó en el sexenio de Felipe Calderón, y muchos de los legisladores que en su momento la aprobaron, ahora se dicen en contra de la medida cautelar, y acusó a la SCJN de querer volver a los tiempos en que la corrupción no era considerada un delito grave.

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  • Lanza Netflix serie documental sobre Florence Cassez-Israel Vallarta, el caso que desnudó la justicia en México

    Lanza Netflix serie documental sobre Florence Cassez-Israel Vallarta, el caso que desnudó la justicia en México

    Hace casi 17 años, el 8 de diciembre de 2005, comenzó el caso de la francesa Florence Cassez y el mexicano Israel Vallarta, que puso en evidencia las fallas en el sistema de justicia del país, provocó un conflicto diplomáticoentre México y Francia —con los expresidentes Felipe Calderón y Nicolas Sarkozy en primera fila— y hoy, a pesar del tiempo transcurrido, todavía no está resuelto y mantiene preguntas sobre la mesa.

    Ese día, la Agencia Federal de Investigación (AFI) desplegó un operativo en un rancho que derivó en la detención de Cassez y Vallarta. ¿El motivo? La institución entonces encabezada por Genaro García Lunaacusaba a la pareja de ser parte de una banda de secuestradores identificada como Los Zodiaco.

    La noticia no se dio a conocer en esa fecha, sino hasta la mañana siguiente, cuando la AFI recreó la detención frente a las cámaras de los principales noticiarios del país. A la larga, esta puesta en escena —un montaje— fue uno de los elementos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tomó en cuenta para ordenar la liberación de Cassez —ocurrida en enero de 2013— y también se convirtió en el punto de partida de una nueva serie documental: El caso Cassez-Vallarta: una novela criminal.

    Basada en el libro Una novela criminal del escritor Jorge Volpi (Alfaguara, 2018), esta producción de Netflix dedica cinco capítulos no solo a hacer una reconstrucción de lo sucedido, sino también a plantear los aspectos de la historia que aún siguen sin respuesta. 

    Dentro de ese camino, los realizadores revisan documentos judiciales, retoman investigaciones periodísticas y entrevistan a algunos de los actores de esta trama, desde la propia Cassez y su familia hasta los expresidentes Calderón y Sarkozy, pasando por periodistas que cubrieron el arresto televisado, víctimas de secuestro y familiares de Vallarta, quien todavía sigue acumulando años en prisión sin haber recibido una sentencia.

    En entrevista, Volpi y el productor Pablo Cruz señalan que uno de los mayores retos para concretar esta serie documental fue darle una estructura y seleccionar los materiales que llegarían hasta la pantalla de entre una gran cantidad de información. 

    “Mostrarlo todo sería imposible”, resume Volpi.

    Ambos realizadores coinciden en que el producto final expone un caso complejo que pone de manifiesto numerosas fallas que prevalecen en el sistema de justicia, a pesar de las reformas que se han aprobado desde entonces para intentar hacerlo más transparente y efectivo, en particular, la reforma que estableció los juicios orales.

    Cruz afirma que esos mismos problemas son los que hasta ahora han impedido conocer con certeza aspectos clave de la historia, como si en efecto Cassez y Vallarta participaron en secuestros —como lo sostuvo el gobierno de Calderón— o, por el contrario, si fueron incriminados como parte de una venganza. 

    Florence e Israel

    En México, Cassez fue sentenciada a 60 años de prisión por el delito de secuestro. Después de eso, su familia, sus abogados y el gobierno de Sarkozy iniciaron acciones para impugnar esa condena, o bien, lograr su extradición a Francia para que allá purgara su pena. 

    La administración de Calderón rechazó esa posibilidad, y fue hasta enero de 2013 —ya en el sexenio de Enrique Peña Nieto— cuando la Suprema Corte ordenó liberar a Cassez inmediatamente tras concluir que había sido víctima de violaciones al derecho a un debido proceso. Después del fallo, en cuestión de horas Cassez salió del penal donde se encontraba y tomó un vuelo en el que regresó a su país natal.

    El caso de Vallarta ha sido distinto. Aunque sus abogados también han promovido recursos, hasta ahora no han logrado que salga de prisión, algo que en opinión de Cruz y Volpi debería ocurrir.

    “Yo espero que esto sea un detonante para tratar su caso de una manera excepcional. Tiene que ir a juicio inmediatamente”, considera el productor.

    “Ojalá el documental también muestre que, independientemente de lo que uno piense de Israel, después de la manipulación y la falta de debido proceso, él tendría que estar libre. No tengo ninguna duda, lo digo muy claramente: tendría que aplicarse el mismo criterio que con Florence y tendría que estar libre ya”, agrega el escritor.

    Este jueves, en el contexto del estreno de la serie, la familia y los abogados de Vallarta publicaron un comunicado en el que señalaron que esperan que la difusión del caso ayude a que él quede en libertad tras haber sido blanco de “acusaciones fabricadas”.

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  • AMLO se comprometió a difundir información del caso Ayotzinapa, ya que un gobierno democrático no debe ocultar nada

    AMLO se comprometió a difundir información del caso Ayotzinapa, ya que un gobierno democrático no debe ocultar nada

    Durante su conferencia matutina de este viernes, realizada desde Tijuana, Baja California, el Presidente López Obrador, fue cuestionado por la prensa sobre la reunión que sostuvo la tarde de ayer con madres y padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, en donde se reveló que efectivamente fue un crimen de estado perpetrado por la administración pasada.

    El mandatario señaló que para las madres y padres de los estudiantes fue algo muy doloroso, sin embargo su administración se comprometió con la verdad, por dolorosa que fuese, además de que les expresó su dolor y tristeza.

    “También les hablé de que no es en vano todo lo que ellos hicieron, incluso sus hijos, porque el dar a conocer está situación atroz, inhumana, que al mismo tiempo de castigar a los culpables, ayuda para la no repetición. Que nunca más se den estos hechos en nuestro país“.

    mencionó AMLO.

    El mandatario señaló que el caso no está cerrado, ya que ayer solo se dio a conocer un informe de la Comisión de la Verdad, y ahora toca a la Fiscalía seguir actuando y proceder, mientras que a los jueces y al Poder Judicial, les corresponde la impartición de justicia.

    Dijo que el Gobierno no ocultará nada, destacando el trabajo de la comisión de la verdad, la cual ha actuado con profesionalismo y libertad, ya que no se les han puesto condiciones en las investigaciones.

    “El dar a conocer la verdad, tiene que ver con la transparencia, que es una regla de oro de la democracia, Un gobierno democrático no puede ocultar nada, entonces, yo espero que toda la información, esté disponible en redes sociales. Que se de a conocer el informe y los anexos”.

    Sentenció el mandatario Federal.

    Agregó que este tipo de delitos nos prescriben, y reiteró que el mal actual de algunos servidores públicos no significa el mal funcionamiento de una institución, sobre todo si se hace un deslinde y se castiga a los responsables.

    “Desde que estábamos nosotros en campaña, yo sostuve, que en ves de debilitar al Ejército, si había participado en actos ilícitos, en ves de debilitarlo, y dándolo a conocer y reconociéndolo, se fortalecía la institución. Lo que debilita a una institución es que no se actué con apego a la verdad y haya corrupción y haya impunidad. Eso sí debilita”.

    Consideró López Obrador.

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  • Con el fin de hacer justicia a victimas y familiares de la Guerra Sucia, AMLO instruyó a que la Marina abra archivos

    Con el fin de hacer justicia a victimas y familiares de la Guerra Sucia, AMLO instruyó a que la Marina abra archivos

    Durante su rueda de prensa matutina de este miércoles, el Presidente López Obrador, instruyó a la Secretaría de Marina (Semar), a que habrá sus archivos para esclarecer violaciones cometidas durante la llamada Guerra Sucia, que comprende de 1967 al 2000.

    El mandatario federal consideró que no habrá problema con tales acciones, ya que desde el año pasado se puso en marcha la Comisión de la Verdad, que busca llevar justicia a las victimas y familiares, además de castigar a los responsables.

    “Seguramente la Comisión de la Verdad va a solicitarlo, desde ahora puedo informar que se autoriza que se abran también como se está haciendo en Secretaría de la Defensa los archivos de la Secretaría de Marina. Lo tienen que atender ellos y nos van a informar de qué manera pueden hacerlo”.

    AMLO

    El mandatario señaló que en su mandato no habrá impunidad ni complicidad, ya es de interés público conocer que es lo que pasó en ese periodo, para evitar con ello que se regrese al autoritarismo ni la intervención de autoridades en la desaparición y asesinatos de opositores.

    Cabe señalar que apenas en diciembre del año pasado, AMLO, ordenó a la Secretaría de la Defensa Nacional, igualmente abrir sus archivos para el esclarecimiento de crímenes de estado en contra de civiles durante la Guerra Sucia impulsada por el priismo.

    Apenas el pasado 22 de junio pasado, el líder del Ejecutivo Federal presentó la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de los Hechos Ocurridos entre 1965 y 1990, en donde expuso que detrás de cada desaparición por parte de las instituciones castrenses, algún civil dio la orden.

    “Estamos en un acto muy fuerte y al mismo tiempo muy lleno de significado y de dolor, pero también es un acto de esperanza, es un acto para buscar entre todos cerrar una etapa, una historia negra de sufrimiento, de represión, y dar inicio a una etapa nueva, que ya podría decir yo comienzo desde hace poco más de tres años, los que lucharon por una patria, justa, libre, independiente”.

    Expresó.

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  • El perro Tuitazo: exigen justicia, pero cuando se aplica, acusan persecución

    El perro Tuitazo: exigen justicia, pero cuando se aplica, acusan persecución

    Dino Madrid, es el autor del perro tuitazo de este final de semana, y explica certeramente la hipocresía de la derecha, la cual asegura que la justicia no se consulta, y que debe ser aplicada, pero cuando les toca a ellos, de inmediato recurren al discurso de la “persecución política”.

    Tal es el caso de Alejandro Moreno, quien ha salido del país, no huyendo, asegura, para denunciar a la 4T ante instancias internacionales, luego de que se hayan revelado casi una decena de audios en donde se le escucha claramente triangulando recursos, desviando dinero, extorsionando empresarios y amenazando colaboradores, todo con el florido lenguaje que le caracteriza.

    No te pierdas la vídeo capsula de Zeltzin Juárez:

  • CNDH reconoce avances en la investigación del feminicidio de la abogada y activista Cecilia Monzón

    CNDH reconoce avances en la investigación del feminicidio de la abogada y activista Cecilia Monzón

    La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), ha comunicado que reconoce el trabajo de la Fiscalía General de Justicia de Puebla por su búsqueda, localización y presentación de los presuntos responsables del feminicidio de la abogada y activista Cecilia Monzón, perpetrado el pasado 21 de mayo en San Pedro Cholula.

    “La captura de los probables autores intelectuales y materiales de este repudiable feminicidio es de suma importancia para la sociedad mexicana, toda vez que con ello se garantiza el derecho al acceso a la verdad y la justicia a los familiares, amigos y colegas de Cecilia Monzón, así como de la comunidad poblana en su conjunto y de quienes se identifican con el activismo en pro de los derechos de las mujeres que víctima realizó en vida”.

    Señaló la CNDH.

    La Comisión agregó la petición de que las autoridades encargadas del caso lleven a cabo los procedimientos conducentes con absoluto respeto a los Derechos Humanos de las personas señaladas como presuntas responsables, esto con el fin de que se garantice un proceso legal transparente, conforme a derecho y se eviten faltas al debido proceso.

    “Que de esta forma, se garantice un proceso legal transparente, conforme a derecho, y se evite con ello faltas al debido proceso que puedan entorpecer los procesos pendientes que logren un castigo ejemplar para los involucrados y la reparación del daño para familiares y amigos de la víctima”.

    Señaló la Comisión.

    Fue el pasado 6 de junio, cuando agentes de investigación de la Fiscalía de Puebla, detuvieron a Javier López Zavala, ex pareja de Monzón y con quien tiene un hijo en común, y que es señalado de ser el autor intelectual del feminicidio.

    López Zavala además fue candidato del PRI a la gubernatura de Puebla en 2010, además de Secretario Particular del ex mandatario Mario Marín “El Gober Precioso”.

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  • Sin dinero, no hay justicia

    Sin dinero, no hay justicia

    No es un secreto que, el pasado mes de diciembre, el H. Congreso del Estado de Nuevo León, realizó un recorte al presupuesto destinado a la Fiscalía General de Justicia del Estado y al Poder Judicial. Un paquete fiscal calificado por el gobernador, como el «mejor de toda la historia de Nuevo León».

    Tras solicitar un aumento del 24%, debido a la inflación, así como para implementar un nuevo modelo de investigación y contratar más personal, la fiscalía, de los $4,507,000,000 m.n. solicitados para este año, terminó por obtener $3,597,000,000 m.n., es decir, un 25.3% menos; una cifra incluso menor comparada con la administración pasada en su último año.

    Esta decisión para cierto sector de la sociedad neolonesa, es el motivo principal de la ineficiente procuración de justicia que afronta Nuevo León en los últimos meses, cuyos resultados de investigación no ha obtenido resultados óptimos, pues no ha habido ningún detenido a pesar de presentarse múltiples irregularidades en distintos procesos, donde se han realizado diligencias a destiempo, autopsias incompletas, filtrado información, y teorizado antipopularmente, al revictimizar a quienes ya no pueden defenderse.

    Esto da a entender, igualmente, que la poca eficiencia de la actividad de la fiscalía, puede tratarse de una estrategia para recuperar o incrementar su presupuesto para el año siguiente. Algo que no es descartable, ya que realizar un análisis político en México, suele ser una vía que proyecta cierta desconfianza de los actos políticos; plantearse que no existen las casualidades; y que las intenciones, detrás de la expresión, son otras.

    Por tanto, no es que la Fiscalía General de Nuevo León carezca de voluntad, sino de presupuesto. Tan simple como eso. Sin embargo, si tal es la estrategia de la Fiscalía, no le estaría saliendo del todo bien, pues algunos diputados locales están exigiendo mejores resultados, con miras de destituir a su fiscal general.

    En ese mismo sentido parece ir el mensaje del gobernador, cuando, en un vídeo compartido por medio de redes sociales, pide a la Fiscalía que se deje de «términos legaloides, para no dar la cara y decir a la verdad».

    Pero si el pésimo actuar de la fiscalía se debe a una cuestión de presupuesto, parece que la solución es obvia: destinarle mayores recursos, mas no destituir al fiscal general, como parece orquestarse. Pues cambiar de fiscal no arregla el problema de la falta de presupuesto; lo cual sería la principal causa de la poca eficiencia en los últimos meses.

    Por todo, de lo que no se dan cuenta aquellos que afirman que la poca eficiencia de la fiscalía se debe a una cuestión presupuestaria es que, con ello, solo se alimenta y confirma una de las tesis frecuentes que se observan en la procuración e impartición de justicia: «Sin dinero, no hay justicia».