Los padres de familia que agredieron a una maestra y a una cocinera del jardín de infantes Frida Kahlo en Cuautitlán Izcalli, Jesús “N” y Laura “N”, la Fiscalía les dictó prisión oficiosa.
El próximo martes se definirá la situación jurídica de Jesús “N” y Laura “N” para determinar si son vinculados a proceso por cohecho. Jesús “N” afirma que no portaba un arma de fuego, pero las afectadas del jardín de niños aseguraron que sí fueron amenazadas con un arma de fuego.
Además, la pareja está siendo investigada para determinar si están relacionados con otros hechos delictivos.
Tras el caso viral de la maestra que fue golpeada por una pareja en Cuautitlán Izcalli, Estado de México (Edomex), los presuntos responsables de la agresión se entregaron a las autoridades y ahora podrían quitarles a su hijo.
El caso de la maestra Brenda ‘N’ detonó tras el video que da cuenta cómo fue golpeada y amenazada por la pareja en el Colegio Frida Kahlo ubicado en el municipio de Cuautitlán Izcalli. Ahora, la Fiscalía General de Justicia del Edomex lleva el caso y trabaja en obtener una orden de aprehensión contra los presuntos responsables de la agresión a la docente.
A través de sus redes sociales, el periodista, Carlos Jiménez dijo que la Fiscalía del Edomex además buscará quitarles al niño y mandarlos a prisión.
La titular de la Secretaría de Gobernación, María Luisa Alcalde se reunió con Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia financiera (UIF) para tratar asuntos relacionados con el combate de operaciones de procedencia ilicita.
Fue a través de sus redes sociales que, Alcalde compartió una fotografía junto a Gómez.
“Recibimos a @PabloGomez1968, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, con quien mantendremos la coordinación para garantizar la detección oportuna y combate a los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita”, escribió.
Recibimos a @PabloGomez1968, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, con quien mantendremos la coordinación para garantizar la detección oportuna y combate a los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita. pic.twitter.com/kOARKN6qgM
¿Qué es el delito de operaciones de procedencia ilícita?
El delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita es el que resulta del uso de cualquier tipo de bien que sea obtenido por la comisión de algún delito. Siendo este, el principal ilícito cometido por empresas o grupos de poder dedicados al lavado de dinero.
La pena para quien incurra en este delito va de cinco a quince años de prisión y de mil a cinco mil días de multa.
El día 20 de julio, la Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y también Presidenta del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), Norma Lucía Piña Hernández, acudió al Congreso Mundial del Derecho 2023 el cual se llevo a cabo en Nueva York en Estados Unidos. En este afirmó que en México y otras partes del mundo están naciendo movimientos sociales que intentan disminuir la independencia judicial y diluir la división de poderes.
Frente a jueces de diferentes partes del mundo Norma Piña afirmó que se busca eliminar la legitimidad de la función judicial y comentó que se trata de una vía para el debilitamiento de la división de poderes en las democracias constitucionales como lo “padeció América Latina”, también aseguró que la historia “se repite” porque persiste la intención de que los tribunales “repliquen las ideas de un solo hombre” y concluyó indicando se encuentran obligados a reflexionar como fortalecer la independencia judicial.
Luego de que se revelara la información de que los ministros de la SCJN perciben un sueldo superior al del Primer Mandatario Andrés Manuel López Obrador violando así el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como otros privilegios como los aguinaldos de más de 586 mil pesos y las primas vacacionales de casi 95 mil pesos. El Presidente de México envío una carta a la SCJN solicitando una explicación con respecto a estos privilegios, sin embargo, no ha sido contestada.
Por este motivo y por la postura de los ministros que consistió en simplemente evadir las preguntas del presidente, AMLO propuso que se llevara a cabo una Reforma en donde los ministros fueran elegidos de manera democrática por el pueblo de México.
Ante esta propuesta, las y los ministros de la SCJN no están de acuerdo pues acabarían con sus privilegios, además, de que el ejercicio de Justicia sería tomado en serio, no como se ha realizado hasta el momento en donde ellos deciden a quien dejan libre y a quien no, teniendo como resultado una serie de actos de corrupción que se han vuelto exageradamente evidentes.
En el evento también se encontraban otros abogados mexicanos como son: José Ramón Cossío Díaz, ministro en retiro de la SCJN, Víctor Olea Peláez presidente de la Barra Mexicana de Abogados (BMA) y Eduardo Ferrer vicepresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
Norma Piña agregó que “la independencia de judicial no es una cuestión que se ocupa únicamente de las relaciones entre los poderes públicos del Estado y del Poder Judicial frente a factores políticos y económicos.” Pero, continúa sin dar una explicación de su exagerado sueldo y faltando a la Constitución así como convirtiendo el tema de la Justicia en una falacia para los mexicanos.
Hace unos minutos la Fiscalía General de la República (FGR) anunció que obtuvo auto de formal prisión contra Hugo Adolfo “K” por su presunta responsabilidad en la comisión del delito de tortura en agravio de la periodista Lydia Cacho. Por lo anterior, se decretó la apertura del procedimiento ordinario y le fue impuesta la medida cautelar de prisión preventiva.
“Se le imputa que desde su posición en la Policía Judicial del estado de #Puebla, en cumplimiento de las instrucciones de Mario Plutarco “M”, exgobernador de dicha entidad, presuntamente organizó y ordenó que al cumplir una orden de aprehensión en contra de una periodista, realizaran actos de tortura con la finalidad de castigarla por la publicación de un libro”.
Detalla el comunicado
Se le imputa que desde su posición en la Policía Judicial del estado de #Puebla, en cumplimiento de las instrucciones de Mario Plutarco “M”, exgobernador de dicha entidad, presuntamente organizó y ordenó que al cumplir una orden de aprehensión en contra de una periodista,…
La FGR detalló que de este caso existen ya tres sentencias condenatorias por el delito de tortura en contra de ex servidores públicos de las entonces Procuradurías Generales de Justicia de los estados de Puebla y Quintana Roo, además de dos personas más que se encuentran en prisión preventiva justificada durante el desarrollo de su proceso por el mismo hecho en agravio de una periodista.
La FGR detiene a Hugo Adolfo “K”, ex titular de la policía judicial de Puebla
Fue el pasado 13 de julio cuando la FGR detuvo al extitular de la Policía Judicial de la entonces Procuraduría General de Justicia del estado de Puebla en 2005, Hugo Adolfo “K”, responsable del delito de tortura contra la periodista Lydia Cacho.
#FGR a través de #FEMDH y de @FGR_AIC, cumplimentó orden de aprehensión en contra de Hugo Adolfo “K”, probable responsable en delito de tortura en agravio de una periodista. 1/2 pic.twitter.com/rB15ZLMS4t
A través de un comunicado, la FGR dio a conocer que la orden de aprehensión fue obtenida por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), de la FEMDH, al presentar las pruebas suficientes para acreditar la presunta responsabilidad del detenido en el delito de tortura, quien, al momento de los hechos en 2005, se desempeñaba como titular de la Policía Judicial de la entonces Procuraduría General de Justicia del estado de Puebla.
El tema de la Reforma al Poder Judicial es uno de los grandes pendientes que la Cuarta Transformación no ha dejado de atender y el Presidente López Obrador ya ha mencionado que en 2024, antes de terminar su mandato, mandará una iniciativa para que la nueva legislatura atienda el asunto.
Sin embargo, en redes sociales no dejan de salir a la luz casos de negligencia y clara complicidad entre los jueces y criminales, no solo de cuello blanco, sino incluso con abusadores de menores, tal y como ha expuesto la periodista Meme Yamel en sus redes sociales.
A través de un tuit, la comunicadora expuso el caso del sacerdote Gerardo Espinoza Rubí, que en 2021 abusó sexualmente de Abner, un menor de entonces 7 años y que tras enterarse del crimen, pobladores de Aquixtla, Puebla, intentaron lincharlo, pero Esperanza, madre del menor, lo evito´, confiada en que la justicia se haría cumplir, lo cual no fue así.
El sacerdote Gerardo Espinoza Rubí abusó sexualmente de Abner de 7 años en octubre de 2021.
Ese día, el pueblo de Aquixtla estaba listo para lincharlo por lo que le hizo al menor, pero Esperanza (mamá de Abner) decidió confiar en la justicia y frenó el linchamiento.
El pasado 17 de julio de este año, el Juez Aarón Hernández Chino, validó un amparo promovido por la defensa del sacerdote Gerardo Espinoza esto a pesar de que la petición jurídica estaba basada en un tratado internacional ajeno a la Constitución Mexicana y sus leyes.
Juez Hernández Chino, con historial de liberar criminales sexuales
“Dos años después, el juez Hernández Chino decidió sacarlo de la cárcel y no imponerle ningún tipo de medida cautelar para que regrese a juicio abriendo la posibilidad para que el señor escape”.
Denunció la comunicadora
Pero este no es la primera vez que el juez Hernández Chino apoya a abusadores de menores y es que en 2019, liberó a dos personas que fueron señaladas de abusar de una menor de apenas 4 años de edad.
“Este mismo señor quiso ser magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla”, agregó la comunicadora.
Agregó
Por si fuera poco la liberación del sacerdote, ahora la señora Esperanza sufre de amenazas de otros religiosos y abogados de los mismos, dejando ver que la impartición de justicia en México está coartada por jueces que se sienten inmunes a la ley, gracias en parte a la Ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en meses pasados tergiversó la autonomía que gozan los jueces.
Pobladores de Copala, Guerrero, se manifestaron para exigir justicia por el asesinato del ingeniero Jesús Gonzáles Ríos, luego de que la alcaldesa perredista, Guadalupe García, presuntamente lo amenazará.
Con pancartas, solicitaron al presidente Andrés Manuel López Obrador revise el caso y no deje impune a quien resulte responsable de la muerte del ingeniero.
🚨#Alerta | 📹#Vídeo | Pobladores de Copala, Guerrero, exigen justicia para el ingeniero Jesús González Ríos, encontrado sin vida el pasado 29 de junio luego de que la alcaldesa perredista, Guadalupe García, presuntamente lo amenazó. pic.twitter.com/txPbgXv6R1
A través de una carta, denunciaron el secuestro, tortura y asesinato de su compañero, el ingeniero Jesús González Ríos el pasado 28 de junio en la Ciudad de Cópala, Guerrero.
Asimismo, le informaron sobre que González Ríos, quien era militante del Partido Verde Ecologista de México, se postularía para presidente municipal el próximo año por lo que se anticipaba tuviera una victoria inminente, sin embargo, este denunció ante las autoridades locales y estatales que su vida ay la de los miembros de su familia habían sido amenazadas si no desistía al puesto.
Previo a su desaparición, Ríos grabó un video en el que señaló a la actual alcaldesa, Guadalupe García, como responsable en el caso de que algo le llegará a suceder,
“Le pedimos que ante la incapacidad de las autoridades municipales y estatales del estado de Guerrero de dar con los responsables del crimen, tenga instruir a las autoridades de la Fiscalía General de la República (FGR) que traigan el caso para una vez más acreditar que bajo su administración “no hay crimen sin castigo” y que “ningún crimen queda impune”, señalaron en la misiva.
En este mismo sentido, los pobladores solicitaron protección para la familia del ingiero, ya que consideran que aún podrían estar en peligro.
Desde Palacio Nacional, en la conferencia matutina el Presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó algunas de las medidas del Plan de Justicia de los Pueblos Yaquis ubicados en Sonora, mismos que son pueblos originarios de la región mexicana.
El Presidente acudió al Estado de Sonora para una gira y realizar una supervisión de los avances del Plan de Justicia para los pueblos originarios, comentó que se les ha devuelto 32 mil hectáreas de su territorio, así como la autorización de la compra de 2,600 cabezas de ganado como vacas, toros y becerros.
#ConferenciaPresidente | Estoy contento con el plan de justicia a los pueblos yaquis, lo más importante es que les estamos devolviendo el agua, se les está construyendo un acueducto de 150 km y un nuevo sistema de riego para 38 mil hectáreas, tenemos pendiente lo de los mayos:… pic.twitter.com/nZMnrZDpGo
Asimismo mencionó que se están construyendo viviendas y un hospital, además de que se están mejorando las calles y los espacios deportivos.
Sin embargo, AMLO afirmó qué lo más importante es que se les está devolviendo el agua mediante la construcción de un acueducto de 150 kilómetros para que no les vuelva a faltar el agua. De igual manera se está construyendo un nuevo sistema de riego para 38 mil hectáreas.
El Plan de Justicia para los Pueblos Yaquis ha sido una inversión de aproximadamente 15 mil millones de pesos. Así como también se harán construcciones y medidas para devolver la justicia a los demás pueblos originarios de toda la República Mexicana.
El pasado viernes, acompañada por la organización Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad y familiares de víctimas de feminicidio, la defensora de derechos humanos y periodista feminista, Soledad Jarquín Édgar clausuraron simbólicamente las oficinas del Poder Judicial de Oaxaca, en rechazo de que el pasado 10 de julio fue notificada la resolución de la Sexta Sala Penal Colegiada del Tribunal Superior de Justicia del Estado mediante la que desestima la sentencia emitida en primera instancia.
Denuncian que de esta manera se retrocede en el único avance que se tenía respecto al entramado de delitos que fueron cometidos alrededor del feminicidio de María del Sol Cruz Jarquín. La periodista mencionó que la resolución del Poder Judicial demuestra total parcialidad al posicionarse a favor del delincuente Heliodoro Altamirano Charis. “Descalifica también su grado de culpabilidad al definirla como media – y ya no alta– y no se acredita la existencia de las fotografías de María del Sol, negando así valor a su obra artística”, destacó.
Agregó que el Poder Judicial tuvo en sus manos la posibilidad de enviar un claro mensaje a la sociedad, en el sentido de que la violencia no será tolerada ni permitida, sino que, por el contrario, será sancionada; sin embargo, demuestra hoy el menosprecio a las víctimas y evidencia las redes de complicidades y causas estructurales que permiten la impunidad.
Denuncian que el acusado enfrentó todo el proceso en libertad y fue hasta finales del año 2020 que se llevó a cabo la primera audiencia; en octubre de 2022 fue dictada finalmente sentencia condenatoria a 13 años 4 meses, sin embargo el sentenciado continuó disfrutando de su libertad, y se amparó contra la resolución.
Al respecto, la integrante del equipo directivo de Consorcio Oaxaca, Yésica Sánchez Maya, afirmó que hay una falta de seriedad y claridad por parte del Consejo de la Judicatura para revisar la actuación de Jueces y Magistrados. “Esta resolución tiene que ver con un tema de complicidad, no hay un criterio para juzgar con perspectiva de género; un criterio que se le ha venido demandando al Tribunal desde hace muchos años”, recriminó.
“Queremos denunciar públicamente al magistrado Arturo de León Vega, Ángel Alejo Torres, y Elizabeth Roxana López Luna que sin duda alguna tendrían que ser sometidas por parte de este Consejo de la Judicatura a revisión de sus actuaciones e investigación inmediata porque realmente es absurda la forma en la que echaron hacía atrás una resolución que pintaba como de avanzada y que dejaba bien al Poder Judicial del Estado”.
Puntualizó que “lo que está diciendo el Tribunal es: maten, asesinen, roben, comentan ilícitos y no va a pasar nada; el nivel de compadrazgo que tienen los actores involucrados en el feminicidio y demás delitos con nexos que se cometieron en el caso de María del Sol son evidentes”.
En consecuencia, se dicta una nueva resolución parcial que disminuye la pena de 13 a 9 años con 7 meses, desestima la gravedad de la culpabilidad y niega valor a la obra artística contenida en el equipo de trabajo robado.
El 2 de junio de 2018, María del Sol Cruz Jarquín, quien fungía como jefa de Comunicación Indígena Intercultural de la entonces Secretaría de Asuntos Indígenas del Gobierno del Estado, fue víctima de feminicidio en Juchitán de Zaragoza, lugar en donde se encontraba, obligada por quien era su jefe, Francisco Montero López, a cubrir la campaña electoral de su hermano Hageo Montero López.
El entonces funcionario de la Secretaría de Asuntos Indígenas, Heliodoro Altamirano Charis, sabiendo ya del asesinato de María del Sol, se presentó en el hotel donde ella estaba hospedada y se apoderó ilegalmente de su computadora, cámara fotográfica y de video.
“Una vez más se demuestra que en Oaxaca se asesina la justicia. Seguiremos exigiendo justicia y evidenciando el actuar del Poder Judicial del Estado y de las demás autoridades que tienen la obligación de atender a las mujeres en situación de violencia”, subrayó la defensora de derechos humanos Soledad Jarquín Édgar.
Cabe destacar que en el marco de la clausura simbólica, se registró una acción de intimidación por parte del Estado al enviar patrullas de Protección Federal y de la Guardia Nacional a circular justamente enfrente de donde se llevaba a cabo la actividad.
En la conferencia matutina del día de hoy 14 de julio, el Presidente Andrés Manuel López Obrador hizo mención del caso del Fiscal del Estado de Morelos, Uriel Carmona Gándara, indicó que hay varias denuncias en contra del fiscal y que no les han dado seguimiento, al contrario, hay impunidad pues su expediente lleva cerca de 18 meses guardado en el archivo, además de que solo puede ser juzgado si lo decide el Poder Legislativo mediante un desafuero.
El Presidente añadió que han tratado su caso determinando delitos federales cuando también son delitos del Estado. Comentó que la Fiscalía General de la República (FGR) ya tenía una orden de aprehensión, pero, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) “se adelantan” a protegerlo.
#ConferenciaPresidente | Sobre el caso del Fiscal de Morelos, el presidente @lopezobrador_ comentó que los ministros le dan impunidad resolviendo de que sólo puede ser juzgado si lo decide el poder legislativo mediante un desafuero porque se trata de presuntamente delitos… pic.twitter.com/gtagC0SHD1
El pasado miércoles 12 de julio, la SCJN, mediante 4 votos a favor y uno en contra, determinó quelos fiscales estatales sí cuentan con fuero para proteger a Uriel Carmona de los delitos que se le imputan limitando a la Fiscalía General de la República a realizar procedimientos legales en su contra.
El Fiscal Estatal cuenta con denuncias de diversos delitos; la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) lo denunció ante la FGR de realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita, asimismo, la Secretaría de Marina (SEMAR) mediante un informe, indicó que Uriel Carmona tiene nexos con el grupo delictivo “Los Rojos”. Así como también la exgobernadora de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum lo acusó de encubrir el feminicidio de Ariadna Fernanda.
Ante esto, la Secretaría de Gobernación (SEGOB) emitió un comunicado como respuesta a la decisión de la SCJN en donde se indicó que se cuenta con pruebas que demuestran la falta de rectitud y moralidad por parte del Fiscal así como también se hizo mención de que el fuero constitucional solo aplica a los casos de delitos federales y no del fuero común, por lo que se puede proceder penalmente en contra del fiscal general del estado sin la necesidad de que exista un pronunciamiento por parte del Congreso Local.
La FGR puede realizar las investigaciones pertinentes para la búsqueda de justicia de los delitos del fuero común por los que se imputan, así como también la SEGOB aseguró que no habrá impunidad para las autoridades que imparten la justicia en el país.
La noche del jueves la Jueza Angélica Sánchez Hernández fue liberada, ya que sus medidas cautelares fueron modificadas luego que hace unas semanas fue vinculada a proceso por delitos los de tráfico de influencias y contra la fe pública.
El Segundo Tribunal Colegiado en materia Penal del Séptimo Circuito con sede en Boca del Río, le concedió una suspensión provisional contra la prisión preventiva, por lo que ahora la señalada podrá cumplir su resguardo desde casa.
El abogado Ricardo Aguilar Rodríguez detalló que se puso como garantía un millón de pesos y se otorgó el resguardo domiciliario a la jueza Sánchez.
María Elena Leguízamo, magistrada presidenta del Colegiado, aseguró que las medidas de prisión preventiva fueron desproporcionadas en atención a lo expuesto en la audiencia incidental.
Aproximadamente a las 21 horas del jueves, la jueza Angélica Sánchez fue liberada y salió del Penal de Pacho Viejo, donde permaneció 22 días tras su detención, realizada el 16 de junio en la Ciudad de México.
