Las familias de las víctimas del incendio de la Guardería ABC, sucedido en 2009, continúan pidiendo justicia para los 49 menores fallecidos. Luchan para que no haya impunidad contra Téllez Nieves, ni liviandad en su condena.
Las madres y padres de las víctimas y los 106 heridos aseguran no tener confianza en las autoridades. Ofelia Vázquez Ruelas, madre de Germán Paul, uno de los menores fallecido en el incendio, asegura que parte de la incredulidad viene por la reducción de la sentencia de Sandra Téllez Nieves en 2016 por amparos que la acusada pidió.
El viernes 3 de octubre, Téllez Nieves fue deportada de Estados Unidos, por lo que ahora se encuentra bajo custodia de la Fiscalía Especializada de Control Regional en Sonora, donde se espera que pague por los delitos de homicidio y lesiones culposas.
#FGR en Sonora, cumplimentó orden de aprehensión contra Sandra “T”, por delitos de homicidio y lesiones culposas, con relación a los hechos ocurridos en el incendio de la Guardería ABC, en Hermosillo, Sonora. 1/2 pic.twitter.com/1R793Wpkbn
Desde el 2022 la acusada había eludido la justicia, incumpliendo la libertad condicional, cuando se escapó a Arizona, Estados Unidos. Allá pidió asilo político que no le fue otorgado, además que la Interpol emitió una ficha roja y fue detenida en agosto de 2025, para después ser entregada a las autoridades mexicanas.
Las familias quieren ser informadas del proceso judicial y tener seguridad de que Téllez Nieves pague por sus delitos, sin que este se convierta en un caso de impunidad.
El Senado inició la discusión sobre la reforma a la Ley de Amparo. La propuesta busca hacer más accesible la justicia para todos los ciudadanos.
Este miércoles, el Senado de la República dio inicio a un importante debate sobre la reforma a la Ley de Amparo. La iniciativa, presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum, busca proteger a la ciudadanía de abusos y arbitrariedades del poder.
El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Enrique Inzunza, destacó que la reforma pretende que el amparo no sea solo un recurso para las élites. El dictamen recibió el apoyo de Morena y sus aliados, aunque la oposición no lo respaldó.
Antes de este debate, la propuesta pasó por comisiones donde se hicieron cambios significativos. Javier Corral, presidente de la Comisión de Justicia, explicó que se escucharon diversas opiniones de expertos, incluidos abogados y académicos. Esto permitió enriquecer la discusión y ajustar la iniciativa.
Un cambio clave se realizó en el artículo quinto de la Ley de Amparo. La reforma busca facilitar el acceso al amparo, reconociendo tanto lesiones individuales como colectivas. Esto asegura que los grupos afectados puedan defender sus derechos.
También se eliminaron requisitos que limitaban el acceso a amparo en casos de lesiones inminentes o previsibles. Además, se mantuvo la posibilidad de sancionar a servidores públicos que no cumplan con las resoluciones de amparo.
Inzunza subrayó que esta reforma garantiza una justicia más ágil y efectiva. Los cambios propuestos buscan alinearse con los principios constitucionales y las demandas de la sociedad.
El debate se tornó intenso cuando el senador Clemente Castañeda presentó una moción para suspender la reforma, aunque esta fue desechada. A medida que avanza la discusión, cada grupo parlamentario da a conocer su postura sobre estos cambios fundamentales.
En un emotivo encuentro, familiares de 386 cuerpos no identificados en un crematorio de Ciudad Juárez clamaron por la intervención de la Fiscalía General de la República. La presidenta Claudia Sheinbaum escuchó sus súplicas mientras prometía apoyo a las comunidades indígenas.
Dulce, una adolescente de 14 años, se abre paso entre la multitud. Con una carta en mano, simboliza la esperanza de muchos. Cuando la presidenta Claudia Sheinbaum llega al estadio de Béisbol Juárez Vive, Dulce corre hacia la camioneta negra y, con determinación, extiende su mano a través del vidrio. La presidenta la abraza y recibe la hoja que contiene un mensaje urgente.
Las familias de los 386 cuerpos hallados en el crematorio Plenitud sienten que el tiempo se les escapa. Miguel Villanueva, un hombre que busca a su madre y a su hija, expresa su descontento: “La Fiscalía Zona Norte nos está dando atole con el dedo porque no hemos visto avances de las investigaciones. Hasta ahorita dicen que van 86 cuerpos, yo solo conozco a cuatro personas a los que ya les entregaron, ¿en dónde están los demás?”. Por su parte, Bertha Matías, otra madre en la búsqueda, comenta: “La FGE ha sido redundante en la información. Queremos expresarle las injusticias a las que hemos estado sometidos”.
En las gradas del estadio, miembros del colectivo Memoria, Dignidad y Justicia observan con atención. Sus miradas se cruzan con las de los políticos presentes. La presidenta se dirige, en especial, a las comunidades indígenas, prometiendo un plan de justicia para la Sierra Tarahumara y apoyo directo de 12,000 millones de pesos.
A medida que la presidenta aborda temas de economía y bienestar, las familias siguen esperando respuestas. La voz de Esmeralda Rosales, quien busca justicia por su madre, se alza entre el ruido del evento: “Lo único que quiero es que se haga justicia realmente y que yo pueda recuperar el cuerpo de mi madre y darle una sepultura”.
Las voces de quienes buscan respuestas resuenan con fuerza. En Ciudad Juárez, el anhelo de justicia persiste, y el encuentro de este viernes se convierte en un símbolo de la lucha y esperanza de cientos de familias que anhelan un cierre a su dolor. (Con información de El País).
Un juez condenó a Uriel “N” a 17 años y medio de cárcel por el homicidio de Sebastián, de 14 años, conocido como “Chechito”. El joven fue asesinado en una panadería de Gómez Palacio mientras uno de los acusados jugaba “ruleta rusa” con un arma de fuego. El autor material sigue prófugo.
Un juez de Durango dictó sentencia de 17 años y 6 meses de prisión contra Uriel “N”, señalado como coautor del homicidio de Sebastián, un adolescente de 14 años con autismo, conocido en su colonia como “Chechito”.
El crimen ocurrió el pasado 6 de septiembre en la panadería “Durango”, ubicada en el centro de Gómez Palacio. De acuerdo con la investigación, ese día el menor acudió al establecimiento para preguntar si necesitaban trabajadores, pese a que no le correspondía trabajar. En el lugar estaban tres jóvenes: Dante, Isaac y Uriel.
Fue entonces cuando Dante “N” cargó un revólver para jugar una especie de “ruleta rusa”, mientras sus cómplices sujetaban al joven. Tras varios disparos, el arma accionó en el cuarto intento, impactando en el pecho de Sebastián e hiriendo también a Isaac.
El menor fue trasladado a la Cruz Roja, a donde llegó sin vida. Isaac fue hospitalizado y enfrenta un proceso judicial por coautoría en homicidio calificado. Por su parte, Uriel aceptó su responsabilidad en un procedimiento abreviado, lo que redujo su condena, ya que no contaba con antecedentes penales.
Por otro lado, Dante “N”, señalado como autor material del disparo, continúa prófugo. La Fiscalía de Durango mantiene la búsqueda y pidió a la ciudadanía aportar información de forma anónima para dar con su paradero.
La familia de “Chechito”, apoyada por su comunidad y por el abogado Zuriel Rosas, exige justicia total. Vecinos han realizado marchas y vigilias en memoria del adolescente, mientras el proceso legal avanza para que todos los involucrados enfrenten a la justicia.
Profesora, ADULTA MAYOR, denuncia a la UATx, que se niega a pagar una indemnización millonaria ordenada por un laudo laboral emitido hace casi ocho años.
El drama de Rocío Alcalá Esqueda, maestra en Ciencias del Lenguaje, comenzó en 2006, cuando autoridades de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx) decidieron reducirle el sueldo y bajarla de categoría.
Después de enfrentar aquel desalentador panorama laboral, Rocío emprendió un juicio que muchos años después, en 2017, le dio la razón.
La Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en Tlaxcala ordenó a la universidad pagarle 1 millón 059 mil 182 pesos en cuotas bimestrales de 211,831, libres de impuestos, y con el primer pago programado antes de concluir el ejercicio fiscal correspondiente.
Sin embargo, la UATx ha utilizado una serie de recursos legales y tácticas dilatorias, a las que la profesora califica como “dolosas”, para evitar el pago.
La universidad, asegura la profesora de 66 años, ha interpuesto múltiples amparos y recursos de revisión que, a su juicio, son “improcedentes y solo buscan alargar el proceso”.
Cabe destacar que esta estrategia, conocida como “litigio malicioso”, es una táctica común entre grandes instituciones para desgastar económica y emocionalmente a sus contrapartes, obligándolas a desistir.
Tratando de evitar engorros y controversias, la profesora les hizo una propuesta conciliatoria, pero la UATx se ha alzado de hombros ante su drama.
Hace un llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum.
Infelizmente, el caso de Rocío Alcalá no es único. La Procuraduría de la Defensa del Trabajo (@PROFEDET) reportó que, en 2023, se iniciaron más de 12,000 juicios por despidos injustificados en el sector público a nivel nacional. De estos, más del 40% involucran a personas mayores de 50 años, muchos de los cuales enfrentan situaciones similares de retraso en la ejecución de laudos.
La profesora Alcalá ha llevado su denuncia a otro nivel y ha decidido compartirnos un video donde relata su caso.
En este video, que envía en exclusiva a Los Reporteros MX, la profesora sostiene que esta dilación es una forma de violencia institucional y de género, al argumentar que el trato que recibe es, en parte, debido a su edad y género.
Esta afirmación, es importante decirlo, tiene sustento en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, instrumentos legales que prohíben explícitamente la discriminación en estas categorías.
La profesora Rocío Alcalá ha señalado la intersección de la discriminación por edad y género.
Y tiene razón.
Sociológicamente, las personas mayores, especialmente las mujeres, a menudo son percibidas como menos productivas o prescindibles en el ámbito laboral.
El caso de la maestra Rocío evidencia una terrible falla en el acceso a la justicia.
Y lo es porque, mientras que para un individuo el costo económico de un litigio prolongado es enorme, para una institución como la UATx es una fracción de su presupuesto.
A eso hay que agregar el desgaste físico y emocional que, en el caso de una mujer adulta mayor, resulta brutal.
Este desequilibrio de poder económico y legal crea una barrera de facto para la justicia. Y eso es lo que ha provocado que la profesora haga un llamado (desesperado) a la Primera Mandataria Claudia Sheinbaum.
La nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación priorizará más de 1,300 casos pendientes, especialmente en áreas fiscales y penales, con el objetivo de mejorar la eficiencia y transparencia del sistema judicial.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) comenzará sus sesiones públicas el próximo jueves 11 de septiembre, tras la sesión privada del 3 de septiembre en la que los ministros acordaron iniciar el análisis de más de 1,300 asuntos pendientes heredados del Pleno saliente. Esta nueva etapa se caracterizará por un enfoque en la eficiencia, transparencia y acceso a la justicia.
Entre los primeros expedientes a revisar se encuentran aquellos elaborados por las ministras Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortíz, miembros de la anterior integración. La Corte ha decidido priorizar los temas fiscales y penales, dado que son áreas que requieren atención urgente debido a su impacto directo en la economía y la seguridad jurídica del país.
Además, se ha aprobado la realización de audiencias públicas con la ciudadanía y la implementación de procesos administrativos para la admisión de nuevos asuntos, asegurando atención a los casos de mayor prioridad.
La implementación de audiencias públicas busca fomentar la participación ciudadana y garantizar que las decisiones judiciales respondan a las necesidades y derechos de la sociedad. Esta decisión se enmarca dentro de los esfuerzos por mejorar la administración de la justicia en México.
Asimismo, la revisión de los más de 1,300 casos pendientes es una muestra del compromiso de la SCJN por reducir los rezagos y asegurar una justicia pronta y expedita.
Con esta nueva etapa, la SCJN busca garantizar transparencia, eficiencia y acceso a la justicia en la resolución de los temas pendientes, consolidando su papel como garante del Estado de Derecho en México.
El Embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, participó este martes en la primera sesión de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y destacó su confianza en que la Corte garantizará el Estado de Derecho y fortalecerá la relación bilateral.
Johnson compartió en X (antes Twitter) un video saludando al Canciller Juan Ramón de la Fuente, al Fiscal Alejandro Gertz Manero y al Secretario de Economía, Marcelo Ebrard, así como a la Consejera Jurídica, Ernestina Godoy, destacando la relevancia de esta nueva etapa judicial.
Asistí a la primera sesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación @SCJN. Confiamos en su éxito para proteger el Estado de Derecho en beneficio de los mexicanos y de nuestra relación. pic.twitter.com/JcPpxT9w7L
Los ministros electos por voto popular ingresaron la noche del 1 de septiembre por la puerta principal de la Corte, cerrada desde hace más de dos años, y anunciaron un ajuste en sueldos y gastos suntuosos, con el objetivo de ahorrar 300 millones de pesos y garantizar que ninguno gane más que la Presidenta de la República, indicó el Ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz.
Los 11 ministros que asumieron formalmente sus cargos incluyen a Loretta Ortiz, Lenia Batres, Yasmín Esquivel, María Estela Ríos, Giovanni Azael Figueroa, Irving Espinosa, Sara Irene Herrerías y Arístides Rodrigo Guerrero, marcando el inicio de una Corte más austera, cercana a la ciudadanía y autónoma.
Con esta nueva integración, se busca poner fin a décadas en las que la Corte y el Poder Judicial fueron percibidos como instituciones al servicio de élites políticas y económicas, buscando restaurar la credibilidad, transparencia y justicia imparcial en México.
Hugo Aguilar, próximo Ministro Presidente de la Suprema Corte, aseguró que la nueva Corte no se guiará por poder ni dinero, sino por el servicio al pueblo.
Este lunes, se realizó la ceremonia de “consagración” de los bastones de mando en Cuicuilco, Ciudad de México. Solo asistieron representantes de comunidades indígenas, nuevos ministros y sus familias.
Aguilar agradeció a los presentes y destacó la importancia del acto. “Estamos iniciando algo nuevo”, afirmó, enfatizando que son “inteligencia y espíritu”.
La ceremonia de entrega de bastones de mando comenzará a las 16:00 horas en el Zócalo de la Ciudad de México. También habrá un ritual de “purificación” en las oficinas de la SCJN.
Los nuevos ministros que integrarán la Corte son Hugo Ortiz Aguilar, Lenia Batres, Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz, María Estela Ríos, Giovanni Figueroa, Irving Espinosa, Arístides Guerrero y Sara Herrerías.
Con este cambio, Aguilar busca una Corte diferente, enfocada en la justicia y el bienestar del pueblo mexicano.
Por violencia de género, Emma Yolanda Santos González, de 70 años, denunció el 24 de agosto a Simón Levy Dabbah, exfuncionario de la Secretaría de Turismo, por lesiones y agresión.
De acuerdo con un documento entregado a La Jornada, Santos González explicó que, tras presentar una denuncia por un fraude de casi 1.5 millones de dólares en la construcción de un inmueble, Levy Dabbah irrumpió en su domicilio con insultos, amenazas de muerte y daños a su propiedad. La denuncia derivó en una orden de aprehensión vigente, que hasta ahora no se ha ejecutado.
El caso señala que Levy ha gozado de total impunidad ante denuncias en México y Estados Unidos por fraude y responsabilidad no cumplida en la construcción de un edificio.
En represalia, su esposa, Jesica Sadovich Saba, presentó denuncias contra Santos González, acusándola falsamente de hechos pasados relacionados con su hijo menor y de red de corrupción, todas desmentidas con pruebas aportadas por la afectada.
A la fecha, Simón Levy Dabbah permanece prófugo en San Diego, California, sin enfrentar la justicia por las múltiples denuncias en su contra.
Integrantes del Comité Eureka instalaron una huelga de hambre en el Zócalo capitalino buscando exigir justicia ante las desapariciones forzadas de la guerra sucia, que aseguran siguen sin resolverse por los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum Pardo.
En un comunicado, el grupo recordó la labor de su fundadora, Rosario Ibarra de Piedra, y de Las Doñas, quienes hace 47 años iniciaron una protesta similar frente a la Catedral Metropolitana. Aun así, denunciaron que no hay certeza de que se haya iniciado una investigación judicial por estos crímenes.
“El abuso de poder, la represión despiadada y la corrupción de los gobiernos priístas y panistas devastó al país entero. Tras más de cuatro décadas, nos encontramos con la indolencia y falta de interés de los gobiernos pasados y del actual”, señalaron.
El Comité subrayó que, aunque el gobierno actual ha reconocido a Rosario Ibarra en efemérides patrias y en la historia de la Ciudad de México, esto no basta. La exigencia de verdad y justicia por los desaparecidos políticos sigue pendiente: “¿Dónde están los desaparecidos políticos?”, reiteraron.
