El boxeador Julio César Chávez Carrasco, mejor conocido como Julio César Chávez Jr., fue vinculado a proceso por delincuencia organizada y tráfico de armas, aunque obtuvo la medida cautelar de libertad condicional, lo que lo obliga a presentarse de manera periódica ante las autoridades. En paralelo, enfrenta una investigación de la DEA en Estados Unidos.
La resolución fue dictada por el juez federal Enrique Hernández Miranda, quien consideró que las pruebas de la Fiscalía General de la República (FGR) son suficientes para abrir un proceso penal, pues coinciden con denuncias recabadas desde 2019 en México y EE.UU., respaldadas por testimonios con nombre, fecha y lugar que lo relacionan con un grupo criminal.
El abogado del boxeador, Rubén Fernández Benítez, afirmó que Chávez Jr. seguirá el proceso para demostrar su inocencia:
“El pueblo mexicano tiene derecho a saber que a mi representado le interesa concluir este proceso y soterrar las especulaciones”.
La audiencia se realizó por videoconferencia desde el Cefereso No. 11 en Hermosillo, a petición de autoridades penitenciarias para garantizar la seguridad del pugilista, quien compareció con la ropa que llevaba en el momento de su extradición.
Entre las pruebas destacadas se encuentran escuchas telefónicas que lo vinculan con Néstor Isidro Pérez Salas, alias El Nini, jefe de seguridad del Cártel de Sinaloa, además de un informe de la DEA que lo señala como objetivo de investigación.
También se presentaron órdenes de intervención de comunicaciones, grabaciones donde supuestamente es identificado como aliado de Pérez Salas y el hallazgo de una bata de boxeo de Chávez Jr. en una propiedad cateada vinculada al capo.
