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  • Por atentar contra el pueblo e invadir atribuciones de otro poder, diputados de la 4T piden juicio político contra ministros de la SCJN (FOTO)

    Por atentar contra el pueblo e invadir atribuciones de otro poder, diputados de la 4T piden juicio político contra ministros de la SCJN (FOTO)

    Un grupo de legisladores y legisladoras de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) presentaron una solicitud de juicio político en contra de algunos ministros de la suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a los que señalan de haber no solo traicionado al pueblo de México, sino de ganar más que el líder del Ejecutivo y echar atrás la reforma electoral, violando con ello las atribuciones del Poder Legislativo. 

    Entre los ministros del Poder Judicial señalados están Luis María Aguilar, Jorge Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Alberto Pérez Dayán. 

    “Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 110 y 114, primer párrafo, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, quinto, sexto, séptimo, noveno, décimo y demás relativos y aplicables de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, venimos a formular la denuncia de juicio político en contra de los ministros de la Suprema Corte de Justicia”.

    Precisa el documento

    El diputado Alejandro Robles Gómez acusó que los ministros han abusado y faltado a la Ley Federal de Remuneraciones: “esta demanda de juicio político porque no es capricho presidencial, sino es una definición de la voluntad del pueblo de México, para dar esa voz que no han querido escuchar las ministras y ministros que han decidido ampararse”.

    “¡Nunca más jueces, jueces, magistrados y magistradas que se pongan en contra de la voluntad del pueblo!”, agregaron los diputados en sus redes sociales. 

    El magistrado Alberto Pérez Dayán es señalado de ser uno de los principales aliados de la oligarquía, así como de votar en contra de los intereses del pueblo o de los más necesitados.

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  • Ecuador: Guillermo Lasso ordena la disolución del parlamento y llama a elecciones anticipadas, en medio de un juicio político a su persona

    Ecuador: Guillermo Lasso ordena la disolución del parlamento y llama a elecciones anticipadas, en medio de un juicio político a su persona

    El presidente de Ecuador de derecha, Guillermo Lasso, acusado de corrupción por el Congreso y amenazado por destitución y quien también enfrenta un juicio político, ordenó la disolver del Parlamento por lo que llamó a alecciones anticipadas, lo que puede ocasionar una grave crisis constitucional en el país.

    Para llevar a cabo su plan, Lasso firmó el decreto “muerte cruzada”, el cual es un mecanismo constitucional que permite al jefe de Estado disolver la Asamblea Nacional si considera que está obstaculizando su capacidad para gobernar y como consecuencia habrá elecciones parlamentarias y presidenciales en 6 meses.

    El presidente aludió a una “grave crisis política” y conmoción interna” como motivo firmar este documento. “Así se da una salida constitucional a la crisis”, dijo.

    ¿Por qué Lasso enfrenta un juicio político?

    El presidente de Ecuador enfrenta un juicio político por presunta participación en el delito de peculado. Según la oposición, el mandatario no dio por terminado un contrato entre la Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) y el consorcio Amazonas Tankers para el transporte de derivados de petróleo, lo cual supuestamente habría representado perjuicios a las arcas estatales.

    Lasso rechazó los señalamientos: “La democracia, la Presidencia de la República como institución, mi Gobierno y yo estamos bajo el ataque de una oposición que no quiere reconocer los logros de mi Gobierno en apenas 22 meses de gestión”, dijo.

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  • Navarro a juicio político

    Navarro a juicio político

    Al momento que se escriben estás líneas, se lleva acabo la audiencia de juicio político contra el secretario general de gobierno de Nuevo León Javier Navarro Velasco, el día dos de mayo de 2023, 16:10 hrs.

    Dicha audiencia es para el desahogo de pruebas y alegatos tras no publicar 56 decretos aprobados por el Congreso del Estado de Nuevo León, en el Periódico Oficial del Estado (POE) y forma parte del expediente 16177/LXXVI.

    A este punto, la mayoría de estos decretos ya han sido publicados, algunos vetados y otros pendientes de resolución por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

    Ante esto, nuevamente se está ante un escenario que no beneficia a los ciudadanos en general, pues se acrecentan los desacuerdos entre el gobierno del estado y el Congreso.

    Si se recuerda, el mes pasado, el Congreso de Nuevo León se aprobó reformas al Código Penal (CPNL) para considerarse delito faltar al mandato constitucional y no publicar los decretos aprobados en el POE, por lo que se sancionaría con uno a tres años de prisión a los servidores públicos que se negarán a hacerlo.

    Dicha reforma se equipara al delito de desobediencia, al cual se le añade un nuevo párrafo al artículo 180 del CPNL y se fundamenta en los plazos del artículo 90 de la Constitución de Nuevo León (CPENL) es decir, cinco días hábiles.

    Asimismo, hay que recordar que el Congreso de Nuevo León ya ha tenido la intención de llevar a juicio político al gobernador, Samuel García, por el mismo motivo al que hoy compareció el secretario general, Javier Navarro. 

    Sin embargo, Samuel García logró una suspensión a su favor, por lo cual su adiencia no se ha determinado.

    Ahora bien, acorde a la ley, el caso debería sobreseerse, ya que la acusación ya no tiene base, pues de los 56 decretos, 41 de ellos ya han sido publicados, 6 fueron vetados y los 9 restantes se encuentran en juicios. Por tanto, el juicio político contra Javier Navarro, como se dice jurídicamente, se quedó sin materia.

    Por tanto, el Congreso de Nuevo León queda, nuevamente, mal parado tras una acción con la cual pretende meter presión al poder ejecutivo.

    No hace mucho, en marzo, los diputados hicieron una huelga tras la suspensión de un tribunal federal que consideró que algunas reformas del Congreso (decreto 340) violaban el principio de retroactividad de la ley. 

    Al parecer, no han podido sacarse esa pequeña piedra del zapato e insisten en crear mecanismos que les permitan llevar a juicio al gobernador y sus funcionarios.

    Tanto es así que en el portal web del Congreso de Nuevo León, aparece un banner grande mediante el que se informa que hubo reformas a la constitución de Nuevo León, las cuales entraron en vigor el 9 de marzo, es decir, a pesar de existir una suspensión de un tribunal federal, el Congreso de Nuevo León insiste en defender que sus reformas son vigentes.

    Al final del día, nada de esto parece beneficiar los asuntos y problemas que se viven en el estado de Nuevo León. Mientras diputados y gobernador se pelean, los índices de inseguridad (actos violentos) crecen, la contaminación del aire va en aumento y ya dirá verano cómo va con el agua.