El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) concluyó formalmente el proceso de elecciones judiciales al validar los resultados de la jornada del 1 de junio y entregar las constancias de mayoría a quienes resultaron electos. En total, 137 candidatas y candidatos fueron reconocidos como ganadores en esta inédita elección que definió jueces, magistrados y autoridades del Tribunal de Disciplina Judicial.
En un acto celebrado en la sede del IECM, se otorgaron constancias a 98 personas que desempeñarán funciones judiciales en distintas materias como lo civil, penal, familiar, laboral y justicia para adolescentes. Además, se formalizó el nombramiento de 34 magistraturas locales y cinco integrantes del órgano disciplinario del Poder Judicial capitalino.
Uno de los casos destacados fue el de Raymundo Villalpando, quien recibió su constancia de mayoría como Juez Civil Local. Su elección refleja el respaldo ciudadano en este proceso que, por primera vez, permitió a los capitalinos participar directamente en la selección de quienes impartirán justicia.
La presidenta del IECM, Patricia Avendaño Durán, subrayó el carácter histórico del ejercicio, reconociendo las dificultades técnicas y logísticas que enfrentó el instituto. No obstante, destacó que se logró garantizar la legalidad y legitimidad del proceso electoral en el ámbito judicial.
Durante la sesión de validación, se presentó una solicitud para retener la constancia de mayoría a Juan Miguel Morales Monter,electo como magistrado en materia familiar, debido a señalamientos por su presunto apoyo a personas acusadas de violencia familiar. Aunque la propuesta fue discutida, el pleno la rechazó al no existir una resolución judicial en firme contra el candidato.
Con la entrega de constancias, el IECM cierra una etapa clave en la renovación del Poder Judicial local, marcada por la participación ciudadana directa. Los nuevos jueces y magistradosasumirán sus funciones en el próximo mes de septiembre.
La última oportunidad que tenían los ministros y jueces de la vieja guardia para perpetrar un golpe de Estado contra México, terminó con el traslado de 29 narcotraficantes a Estados Unidos. Una vez liberados los delincuentes amparados, el trato entre Trump y la Presidenta Claudia Sheinbaum, no sería el mismo sino que se regresaría el tiempo de subordinación que tiene expresiones de delirio con López Portillo, quien impuso hambruna y desempleo, y el resto de los priistas y panistas que ocuparon la Presidencia.
Eran tiempos en que la humillación era disfrazada de buenas relaciones con Estados Unidos. Darle a los medios convencionales basura para que publiquen no sería ninguna sorpresa para nadie, porque están siempre dispuestos a desgastar la legalidad, la legitimidad constitucional y la voluntad popular. Los empresarios, de fácil reubicación ideológica, apoyarían la intentona y el ejército tendría prácticamente al mundo contra los militares mexicanos.
Hay todavía columnistas que allanan el camino a este tipo de condiciones ilícitas y antidemocráticas, por venganza y por la ansiedad de recuperar privilegios que los llevó a días de fama y fortuna. Sus actuales informaciones los coloca como seres entrenados para facilitar un golpe de Estado blando, sin importar de dónde provenga.
Una vez liberados los delincuentes que por décadas exige tener en su territorio el gobierno del vecino país, y aprovechando el clima de malestar social que tratan de imponer los medios convencionales colocando a la inseguridad como el problema más importante del momento, se retomarían los tiempos de sumisión que acusaba complicidad con el crimen organizado, la cual estaría instrumentada por la vieja guardia de jueces, ministros y magistrados, la denuncia y cárcel para nuestra presidenta sería más fácil.
Una vez que hayan sido librados se acusaría de corrupción al gobierno. Recordemos que el traslado de los delincuentes se realizó a través de un operativo del Gabinete de Seguridad Nacional, al que le da origen la ley de Seguridad basado en el Articulo 5. Dicha ley señala en su artículo 3: “Para efectos de esta ley se entienden las acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado: mexicano, que conlleva a: La protección de la nación mexicana frente a las amenazas y riesgos que enfrenta el país”.
El golpe de Estado blando está planeándose desde más de seis asó, por lo que resulta poco probable que desconocieran el plan las más altas autoridades política del vecino país del mundo. Las reiteradas acusaciones de autoritarismo serían acompañadas de excesos paroxísticos de los periodistas de alquiler, para provocar, alguna amonestación, castigo, encarcelamiento, multa, etc. y así tener el pretexto de que en México la libertad de expresión es coartada por el autoritarismo de la Presidenta en medio de un caos social que se asemeja a Estado fallido, retomando y repitiendo la liberación de casi la mitad de los narcos que ahora están en Estados Unidos.
La fecha de la intentona la determinarían las marchas de la marea rosa de la que volverían a echar mano, ya que son personas muy manipulables y con la promesa de que pronto todo cambiaría, la clase media desinformada iría a comprar tenis y sombreros para estrenar en marchas en las ciudades más importante del país.
El descontento social representado por la marea rosa en las calles, informaría al mundo que ya no puede vivirse en México por la represión, el autoritarismo muy cercano al comunismo y la complicidad con el crimen organizado de los principales actores políticos del país.
Así, algún grupo representativo de oposición, que pudiera ser el PAN, por su relación directa con la violencia política y sus relaciones con fuerzas de ultraderecha, pediría la renuncia de la Presidenta. En ese momento se di raque se “restituyen los derechos de los mexicanos que habían sido despojados de su dignidad”.
Los intereses dentro del Poder Judicial todavía no acaban de conocerse, no hay siquiera a la vista la punta del iceberg, los mecenas de los analistas del pasado siguen sin develarse, el verdadero rostro del empresariado sigue con la máscara puesta. La oposición, frágil y famélica espera que haya algo que les regrese la esperanza de vida en su vergonzosa agonía. En México la oposición se ubica en el conservadurismo, a derecha y la ultraderecha, son tan pocos de intentan aglutinarse en diferentes términos como sociedad, civil, marea rosa, o “millones de mexicanos”.
Trump es un golpista por antonomasia y no dejará pasar la oportunidad de perpetrar uno en América Latina, no sólo como escarmiento, sino porque sería la única manera de aparecer en la historia.
En los últimos tres años, el Poder Judicial de la Federación ha otorgado la libertad a 72 líderes e integrantes de la delincuencia organizada en México, mediante sentencias absolutorias, libertades provisionales y anticipadas, así como cambios de medidas cautelares, según publicó El Universal. Entre los beneficiados destacan personas procesadas por narcotráfico, delitos contra la salud, tortura y secuestro, entre otros cargos.
El pasado jueves, el Gobierno de México sorprendió con el traslado de 29 capos de alto y medio rango a Estados Unidos, entre los que sobresalen Rafael Caro Quintero (Don Rafa), Vicente Carrillo Fuentes (El Viceroy), Antonio Oseguera Cervantes (Tony Montana) y Miguel Ángel Treviño Morales (El Z-40). Más tarde, infirmes oficiales revelaron que jueces de Poder Judicial tenían planeado liberar a más de una decena de los generadores de violencia.
El Universal destacó que, de enero de 2022 a enero de 2025, diversos juzgadores emitieron resoluciones que permitieron la libertad de presuntos delincuentes de alta peligrosidad, como Inés Coronel Barrera, suegro de Joaquín El Chapo Guzmán, liberado el 5 de abril de 2022, o Javier Adrián Salazar Ortiz (El Barbas), quien fue absuelto el 29 de febrero de 2024. Además, Fernando Sánchez Arellano (El Ingeniero), sobrino de los fundadores del Cártel de los Arellano Félix, recibió libertad provisional el 25 de diciembre de 2023.
Por su parte, Milenio reveló que el Gobierno de México tiene bajo investigación a 16 jueces de distrito, señalados por retardar la extradición de los hermanos Treviño Morales, líderes del Cártel de Los Zetas. En más de siete años, estos jueces difirieron en 36 ocasiones las audiencias de la junta de peritos, incluso retrasando en nueve ocasiones la identificación fisionómica de los imputados.
El pasado viernes 28 de febrero, la Presidenta Sheinbaum arremetió contra la corrupción en el Poder Judicial, calificándola como “aberrante y ofensiva”, luego de la extradición de 29 presos al gobierno de Estados Unidos.
Crisis judicial y controversia en las liberaciones
El registro de libertades incluye a personajes como José Antonio Yepes (El Marro), fundador del Cártel Santa Rosa de Lima, y Axel Alfredo Cárdenas Rodríguez, líder del Cártel del Golfo, entre otros. En muchos casos, las resoluciones se basaron en argumentos que el fiscal general Alejandro Gertz Manero calificó como “ridículos y desproporcionados”, señalando que se utilizaron pretextos como “no son ellos, que son otros”, a pesar de contar con fotografías y datos concluyentes.
Las autoridades mexicanas presentaron en agosto de 2023 una queja administrativa ante el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) contra los jueces implicados, quienes en más de ocho años no concluyeron la instrucción de extradición de los hermanos Treviño Morales. Finalmente, el 27 de septiembre de 2024 se determinó que ya no había pruebas pendientes, abriendo la puerta a la resolución del proceso.
Harfuch y Gertz exponen corrupción del Poder Judicial
El pasado jueves, durante conferencia de prensa, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó sobre el traslado de 29 detenidos considerados generadores de violencia a Estados Unidos, donde enfrentan cargos por delitos de alto impacto como tráfico de drogas, delincuencia organizada, trasiego de fentanilo, tráfico de armas y secuestro.
García Harfuch explicó que esta acción se tomó el pasado 27 de febrero luego de que el Gabinete de Seguridad obtuviera información sobre posibles acuerdos entre algunos jueces para favorecer a estos delincuentes, ya sea mediante su liberación o retraso en sus procesos judiciales.
El titular de la Fiscalía General de la República (@FGRMexico), Alejandro Gertz Manero, informó que el traslado de las 29 personas a #EstadosUnidos se realizó con base a un requerimiento del gobierno estadounidense fundamentado en la Convención de Palermo, contra la delincuencia… pic.twitter.com/5OzYMyfHwD
Por su parte, el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, aseguró que el traslado de estos criminales se realizó en estricto apego a los convenios bilaterales entre México y Estados Unidos. Ante la posibilidad de que alguno de los extraditados enfrente la pena de muerte, Gertz Manero enfatizó que las sanciones impuestas en territorio estadounidense deben respetar los acuerdos suscritos entre ambos países.
“Tenemos un acuerdo muy claro en el sentido de que una legislación como la mexicana, que no contempla esa sanción [la pena de muerte], debe ser respetada”, declaró el Fiscal General.
A la medianoche del día 25 de noviembre del 2024, se concluyó el plazo para la inscripción en la elección de jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial que se llevaran a cabo en junio del 2025. Se registraron en el sitio oficial del Comité de Evaluación del Poder Legislativo 11 mil 646 solicitudes. También se registraron 258 solicitudes en las oficialías de partes de las cámaras de Diputados y Senadores.
Arturo Zaldívar, ex ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y actual Coordinador General de Política y Gobierno del Gobierno de la República, agradeció a las 18,447 personas registradas en el micrositio del Poder Ejecutivo para poder participar en la elección de personas juzgadoras en 2025. Así mismo, Gerardo Fernández Noroña, Presidente del Senado, celebró la respuesta de la población a la convocatoria para participar en los comicios de junio del próximo año. “Fue espléndida” destacó tras ironizar que la derecha y los medios masivos de comunicación señalaban que no se lograría tal meta.
Ante la enorme respuesta ciudadana, se habilitaron tres correos electrónicos como vía alterna de registro en los que recibieron 15 mil 242 expedientes, de los cuales determinará su status una vez que se hayan revisado. Ahora el Comité de Evaluación tendrá un “trabajo descomunal” porque revisara todo un cúmulo de solicitudes para separar quienes no cumplen y si cumplen los requisitos.
¿En qué consiste ese trabajo descomunal? Los Comités de Evaluación de cada Poder de la Unión realizarán la “Evaluación de Elegibilidad”, en la que deberán diagnosticar el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales en cada postulación. Luego, se llevará una “Evaluación de Idoneidad”, en la que identificaran a las personas mejor evaluadas con los conocimientos técnicos necesarios para el desempeño de cargo y se hayan distinguido por su honestidad, buena fama pública, competencia y antecedentes (tanto académicos como profesionales) en el ejercicio de la actividad jurídica. Para la obtención de mayores elementos de resolución, el Comité de Evaluación seleccionará a las personas aspirantes, que estime a aquellos perfiles idóneos para desempeñar los cargos para los cuales se hubiesen postulado y así acordar la realización de una entrevista pública. En la Mañanera del Pueblo del pasado lunes 25 de noviembre, se revelaron los nombres de los integrantes del Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo, entre los que destacan el ex ministro Zaldívar, Isabel Inés Romero, Mary Cruz Cortés, Javier Quijano y Vanessa Romero Rocha. De modo que, ellos tendrán la gran responsabilidad de seleccionar a las personas que participarán en la elección de juzgadores del próximo año. Una vez evaluados, la lista preliminar de aspirantes elegibles será publicado el próximo 15 de diciembre de este año, en las páginas web del Senado de la República y la Cámara de Diputados.
Así cómo una respuesta positiva por parte de la ciudadanía en la convocatoria, hubo reacciones negativas por parte no sólo de un grupo de juzgadores, las élites económicas y políticas con una absurda concepción de una impartición de justicia subordinada a los intereses de los poderes fácticos. Por ejemplo, Lilia Mónica López Benítez, Consejera de la Judicatura Federal, quien expresó su molestia en su cuenta de X (antes Twitter), en la que jamás se prestaría a “ese juego”, tras haber recibido peticiones para cartas de recomendación, para participar en la elección de personas juzgadoras. Más aún, Jesús Alejandro Jiménez Álvarez, juez de distrito con residencia en Guanajuato, respaldó la opinión de la consejera y despreció la reforma constitucional al considerarla una “barbaridad del oficialismo”.
Así mismo intereses extranjeros y la misma iglesia católica intensificaron su postura de rechazo a la reforma al poder judicial y al proceso que ya está en marcha para elegir a jueces, magistrados y ministros. En la Basílica de Guadalupe, donde asistió un grupo de magistrados y Ken Salazar, embajador de los Estados Unidos en México, quien ha señalado en numerosas ocasiones que la reforma pone en riesgo las relaciones comerciales y al T-MEC. Francisco Javier Acero Pérez, ofició la misa y encomendó el país a la Virgen de Guadalupe “para que reine la justicia y la paz”.
James A. Robinson, politólogo y economista británico ganador del Premio Nobel de Economía 2024, consideró que la elección de juzgadores forma parte de una estrategia para tener control del Poder Judicial. No obstante, Robinson tomó en cuenta que hay un proceso democrático en México a diferencia de otros países. “No sé si va a funcionar o cuáles serían las consecuencias económicas, creo que no hay muchos precedentes en este sentido, pero lo que el Presidente (Perón) hizo es diferente en México. Él escogió seleccionar a jueces. Aquí hay un proceso democrático. Hay que darle fe a los ciudadanos de México, hay que tener fe en la democracia va a poder ser atendida y será vista como un desafío para invertir en la sociedad, en la educación, en todo esto. Yo no soy un experto, pero hay que darle la oportunidad a los ciudadanos mexicanos para ver si pueden estar a la altura de los desafíos” declaró el economista británico con motivo de su vista a México, autor del libro Por qué fracasan los países.
La elección de juzgadores no acabara con la democracia como han pregonado estos personajes de la derecha, como parte de una campaña de desprestigio para infundir miedo en la ciudadanía. La elección de juzgadores forman parte de una nueva realidad constitucionalidad en la que se elegirán 900 cargos judiciales. Hay un interés legítimo por parte de los operadores judiciales que buscan erradicar el nepotismo y esa creencia que el Poder Judicial forma parte de un patrimonio personal. Solo queda la interrogante ¿Qué tanto va a cambiar el sistema judicial mexicano con esta elección popular de jueces, magistrados y ministros?
La presidenta Claudia Sheinbaum presentó una iniciativa para expedir una nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Entre los puntos destacados, se establece que las renuncias de los ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) procederán únicamente por causas graves y deberán ser aprobadas por mayoría en el Senado o, en su defecto, por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
En cuanto a las vacantes, la iniciativa propone que, si un ministro o ministra se ausenta por más de un mes sin licencia o por causas como fallecimiento o renuncia, será designada para ocupar el cargo la persona del mismo género que haya obtenido el segundo lugar en la elección correspondiente.
Además, se contempla una pensión del 50% de la remuneración mensual de los ministros en caso de fallecimiento, la cual beneficiará al cónyuge y a los hijos menores de edad o con incapacidad. Este derecho cesará para el cónyuge al contraer matrimonio o al iniciar concubinato, y para los hijos al alcanzar la mayoría de edad.
Respecto al haber de retiro, las y los ministros que no se postulen o no sean electos en la elección extraordinaria de 2025 no podrán acceder a este beneficio, salvo si renuncian antes de la fecha establecida en el decreto, en cuyo caso recibirán un pago proporcional al tiempo desempeñado.
La iniciativa también restringe a los ministros de aceptar cargos remunerados en la Federación, estados o empresas privadas tras concluir su encargo, permitiendo solo funciones no remuneradas en asociaciones científicas, académicas, literarias o de beneficencia.
Otro cambio significativo es que la presidencia de la SCJN será rotatoria cada dos años y recaerá en la persona que obtenga la mayor votación en la elección interna. Asimismo, la admisión de controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad no suspenderá en ningún caso la aplicación de las normas cuestionadas.
Finalmente, Sheinbaum presentó al Senado una propuesta para expedir la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación y reformar la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Estas iniciativas buscan fortalecer la transparencia y eficiencia en la administración de justicia en México.
Juezas y jueces siguen haciendo de las suyas pataleando a más no poder, consumando su verdadero berrinche y rompiendo todas las reglas posibles. Lo único que importa son ellas y ellos mismos y sus intereses mezquinos. Son verdaderas dictadoras y dictadores, se hace lo que ellas y ellos digan. Esa actitud sumamente antidemocrática nos obliga a escribir las siguientes líneas.
Justicia de mercado
La justicia en el capitalismo -como era de esperarse- es para quien pueda pagarla. Así lo dictan todos los procedimientos burocráticos super caros del entramado de justicia, también lo confirman las cargadas que existen en los juzgados para favorecer a los dueños del dinero.
Así tenemos cárceles llenas de personas pobres con casos irregulares donde hablamos de verdaderas injusticias, mientras que los delincuentes de cuello blanco siguen impunes como si nada pasara.
Con la llegada de la 4t se vino a modificar esa impunidad, pero juezas y jueces han amparado a estos dueños del dinero para mantenerlos a salvo. Si no me creen, pregunten a Salinas Pliego y su gran deuda de impuestos en México y en Estados Unidos.
Esta justicia corrompida además se hace valer de una supuesta independencia para hacer sus atropellos e invalidar toda iniciativa que venga a mejorar la vida de millones de personas en el pasado y en el actual sexenio. Prefieren defender a empresas extranjeras que al pueblo de México.
La reforma
El poder judicial corrupto y lleno de nepotismo no se quiso reformar por sí solo cuando se le propuso a comienzos de la 4t. Ahora que se realiza una verdadera reforma democratizadora de este poder legitimada por 36 millones de personas que votaron por este proyecto salen a llorar y patalear que no.
Y pues ya saben, no faltan los comentadores de derecha con sus argumentos risibles de “si se necesita una reforma pero pues no ésta” o “MORENA quiere someter al poder judicial al ejecutivo y quitarle su independencia” neta, no sé en qué pinche país han vivido estas personas, si el poder judicial antes siempre dependía del ejecutivo en la práctica y del poder económico como lo sigue haciendo ahora.
La reforma constitucional que hace que juezas y jueces sean votados por el pueblo de México provocó sus rabietas increíbles. Primero con una huelga patronal suigéneris con todo pagado, después con muchas mentiras en medios de comunicación y termina con la aceptación de muchos amparos para detener esta reforma.
No importa que legalmente juezas y jueces no pueden amparar contra una reforma constitucional (lo dice la misma ley de amparo), ellas y ellos dicen que si se puede porque pues así lo quieren hacer y son todopoderosos.
Con todo y que eso implica un conflicto de interés marcado, no les importa y así sale la misma jueza Nancy Juárez protestando ferozmente en las calles y tres doritos después sale emitiendo un chafa recurso legal contra la misma presidenta amenazando con cárcel para Claudia de no cumplirla. Con todo respeto, pero ¿quiénes se creen?
Lo que sigue
Es muy probable que la Suprema Corte de Justicia de la Nación quiera parar ilegalmente la reforma constitucional (así pinta la cosa) lo cual continuaría demostrando que son un chiste y que su idealización de su poder independiente y su carrera judicial no sirven para nada.
La tarea es la movilización del pueblo de México y una respuesta firme del poder constituyente del congreso popular y de la presidenta. Estamos hablando de que esta batalla es contra un intento ya más serio de lawfare y de demostrar que la gran mayoría del país pesa mucho más que unos cuantos ministros y ministras, jueces y juezas que son los verdaderos dictadores al querer imponer su poder a como dé lugar.
A estas alturas nadie puede creer que a los integrantes del Poder Judicial les interese la imparcialidad en la administración de justicia, menos aún en la democracia, la legalidad. Las acciones de los inconformes, empezando por la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, están más cerca de la impunidad, la extorsión, el chantaje, la complicidad que de la justicia.
Sus excesos, reconocidos por ellos mismos, como los de todos que integraban los otros dos poderes en años pasados, son lo de menos. Se han desintegrado las aristas del triángulo que impulsa los golpes de Estado.
La reforma al poder judicial no sólo erradica la corrupción en ese espacio, sino que impide, por el momento, el golpe de estado blando, pero también debilita a la política injerencista de estados unidos, la cual era alimentada por la derecha en México, principalmente por el PAN.
Es evidente que hay muchos intereses en que nada cambie en el Poder Judicial, a pesar de la mala fama que tiene, pero también que hay mucho dinero para evitar cualquier cambio. Ya la Constitución fue reformada pero continúan tratando de evitar que en las acciones se lleven a cabo una reforma. Culpan al Poder Ejecutivo de cambiar una ley cuando fue el Poder Legislativo el que desvirtuó su labor social, mostrando poco o nulo conocimiento de las leyes, sí como sensibilidad social.
Hay en las oficinas del Poder Judicial, movimientos radicales contra la reforma que llegan a la violencia, que son pagados por una mano desconocida para continuar saboteando, además de garantizarles seguir cobrando su salario. Estas personas ya no pueden trabajar en una instancia encargada de administrar la ley, son mercenarios.
En el colmo de la ignorancia de las leyes intentan ampararse ante una reforma Constitucional, contra la cual no hay procedimiento que pueda echarla abajo. La mayoría que aprobó la reforma al poder Judicial tiene su origen en las urnas, la oposición apática y perezosa nunca se preocupó por tener los votos de la población mayoritaria, trabajo para una parte de la clase media que se politiza y toma conciencia a través del celular, y os resultados fueron catastróficos.
Dichos movimientos no han logrado sumar a la población en su lucha a pesar de las convocatorias de la toga que por la gran mayoría de los medios se realizan. De hecho, quienes quieren información al respecto son una minoría, los problemas de los trabajadores del poder Judicial no es asunto que le llame la atención a más del 70 por ciento dela población. Tampoco el Poder Judicial, y, menos aún que la oposición, atendieron al grueso de la población; al contrario, mientras más alejados estuvieran de la chusma, para ellos mejor, porque reafirmaría su supremacía y su calidad monárquica.
Los jueces siempre actuaron en favor de quiénes más tenían en todos los aspectos. Las Juntas de Conciliación y Arbitraje eran una especie de subasta donde regateaban al trabajador sus derechos laborales. Esa era su función. Y todos lo sabían. En esos tribunales se convertían en el mercadeo de liquidaciones y los derechos laborales, con la anuencia delos jueces. Así, los jueces eran buenos ante los medios, porque éstos se veían beneficiados con sus fallos.
Es así como los medios han creado un problema nacional de un conflicto gremial y en cada información sobre el tema argumentan que es la población que está a favor de los jueces y ministros que nunca han gozado de la simpatía de los ciudadanos.
Ahora, son los medios los que quieren hacer del problema de la inconformidad de los trabajadores del Poder Judicial, un problema de magnitudes nacionales, cuando en realidad a nadie les importa.
Debería darles vergüenza a ministros jueces y magistrados pelear, de manera tan descarada por sus privilegios personales. Con esas actitudes demuestran que no son sensibles a la vida de la mayoría de la población y creen tener un estatus de seres superiores, una especie de iluminados que siempre tienen la razón, cuando en realidad se trata de auténticos delincuentes.
Pero su obsesión por impedir la reforma, a pesar de que no les afecta a quienes protestan, acusa que el golpe de Estado blando se frustró.
El Poder Judicial actuó en la mayoría de los casos contra los intereses de los mexicanos, favoreció a quienes tenían más dinero y poder, de esa manera podría ellos escalar en relaciones que pudieran seguir cometiendo fechorías en nombre de la ley. En el contenido de esos archivos en los que quieren impedir la mirada de la población, porque son testimonios claros de la manera en que han trabajado por años dentro de la ilegalidad y la injusticia.
El Instituto Nacional Electoral (INE) aún no ha recibido notificación oficial sobre la suspensión provisional que un juez en Colima otorgó para detener el proceso de elección de jueces iniciado el pasado lunes, según informó la consejera presidenta, Guadalupe Taddei Zavala. La consejera subrayó que, una vez que se reciba la sentencia, los 11 consejeros deberán analizarla en conjunto con el área jurídica del instituto para decidir si se suspende o continúa el proceso.
Las consejeras Dania Ravel, Carla Humphrey y Claudia Zavala coincidieron en que, mientras no haya una notificación formal, el INE no puede tomar una decisión, a pesar de que el tema es de conocimiento público. Además, rechazaron la posibilidad de basarse en declaraciones de actores políticos, como el llamado del senador Ricardo Monreal para que el INE ignore la resolución judicial.
Entrevistada sobre el caso, Taddei reiteró que esperarán la notificación para analizarla jurídicamente y determinar el curso a seguir. “No soy sólo yo, somos 11 consejeros que tendremos que asumir una postura”, afirmó.
Por su parte, la consejera Dania Ravel enfatizó que la decisión se tomará con autonomía e independencia, pero siempre con base en un análisis jurídico. “Estamos esperando recibir esa notificación para en su momento leer el acuerdo del juez y tomar las determinaciones correspondientes”, comentó, señalando también que una vez recibida, se deberá rendir un informe circunstanciado que permita decidir si se otorga una suspensión definitiva.
Ravel añadió que todas las decisiones de las autoridades jurisdiccionales deben ser acatadas, y aunque el INE podría impugnar si no está de acuerdo, el instituto no puede ignorar lo ordenado. “Haremos el análisis conducente a través de nuestra área jurídica, pero la decisión se toma aquí”, subrayó.
En la misma línea, la consejera Carla Humphrey afirmó que, hasta que sean formalmente notificados, el INE seguirá con el proceso según lo que manda la Constitución. “Cuando recibamos la notificación, tomaremos una posición jurídica. Mientras tanto, seguiremos con lo establecido por la Constitución”, concluyó.
La ministra del Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres, señaló que en los 34 días de suspensión de labores de los jueces de distrito y magistrados de circuito ha provocado un daño económico al Poder Judicial de 6 mil 419 millones 690.084 pesos.
A través de su cuenta de X, antes Twitter, la “Ministra del pueblo” también exhibió que los juzgadores que se oponen a la transformación del Poder Judicial, han dejado de garantizar el acceso a la justicia de los mexicanos, ya que abandonaron 440 mil juicios de amparo.
En 34 días de suspensión de labores de juzgados de distrito y tribunales de circuito del Poder Judicial de la Federación (PJF) se ha ocasionado un daño económico de 6,419 millones 690,084 pesos.
El Poder Judicial de la Federación tiene un presupuesto de 78,327 millones 278,245…
En 34 días de suspensión de labores de juzgados de distrito y tribunales de circuito del Poder Judicial de la Federación (PJF) se ha ocasionado un daño económico de 6,419 millones 690,084 pesos.
Indicó Batres Guadarrama.
En ese sentido, la ministra explicó que por lo que cada día que no laboran los tribunales y los juzgados, al pueblo de México le cuesta “188 millones 814,414 pesos”, ya que los Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito hacen uso “66, 917 millones 261,195 pesos” de los “78, 327 millones 278, 245 pesos” que tiene asignado el Poder Judicial para este 2024.
Asimismo, exhibió que la suspensión de labores en el Poder Judicial ha provocado una deficiencia en la resolución de los asuntos en los juzgados de distrito y los tribunales colegiados, ya que en agosto de 2023 se resolvieron 113 mil 246 casos, mientras que en agosto de 2024 apenas se han resuelto 14 mil 81 asuntos.
La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, dobla las manos ante los jueces y magistrados que se encuentran en huelga en contra de la reforma al Poder Judicial y extiende la suspensión de labores hasta el dos de octubre.
Luego de que los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y los representantes de los magistrados de circuito y jueces de distrito, así como de trabajadores del Poder Judicial, sostuvieron una reunión en la cual determinaron mantener el paro hasta el próximo dos de octubre.
No existen las condiciones para levantar la suspensión de plazos y términos en los juicios tramitados en los órganos jurisdiccionales y áreas administrativas.
Indica una circular difundida por el CJF.
También, los huelguistas acordaron que en dicha fecha se volverá a valorar si existen la condiciones para poder levantar la huelga, además por unanimidad de votos acordaron instalar una mesa de trabajo para tomar las decisiones con respecto a la implementación de la recién promulgada reforma al Poder Judicial.
De acuerdo con información del diario La Jornada, en las mesas de trabajo los juzgadores analizarán el otorgar plazas a las personas que actualmente laboran por honorarios, así como la mejora salarial de los empleados del Poder Judicial, una vez que se inicie la implementación de la reforma constitucional.
Cabe mencionar que, este nuevo acuerdo fue validada por votación dividida y que el consejero Bernardo Batíz Vázquez, las consejeras Eva Verónica De Gyvés Zárate y Celia Maya García votaron en contra de que se extendiera la suspensión de labores en los órganos jurisdiccionales
