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  • Arranca evaluación nacional a jueces electos del Poder Judicial

    Arranca evaluación nacional a jueces electos del Poder Judicial

    Los jueces y magistrados electos en junio pasado enfrentarán exámenes teórico-prácticos y revisiones de desempeño, en un proceso que busca medir capacidad, eficiencia y abatimiento de rezago judicial.

    A partir del lunes 9 de febrero, inicia la evaluación formal de jueces y magistrados electos en junio de 2025, un proceso que pretende medir su desempeño real en la impartición de justicia, tras poco más de cuatro meses en funciones. La revisión estará a cargo del Tribunal de Disciplina Judicial, con exámenes diseñados por el Órgano de Evaluación del Desempeño Judicial.

    El procedimiento incluye un examen teórico-práctico, que se aplicará desde las 10:00 horas, y evaluará conocimientos jurídicos, resolución de casos y manejo del rezago de expedientes, uno de los principales problemas estructurales del sistema judicial. Los juzgadores evaluados asumieron el cargo el 17 de septiembre de 2025, luego de ser asignados por el Órgano de Administración Judicial (OAJ) a sus respectivos órganos jurisdiccionales.

    Para quienes ya ejercían como jueces o magistrados antes del proceso electoral del 1 de junio, la evaluación será distinta. En estos casos se aplicará una revisión de seguimiento regular, acompañada de visitas presenciales o digitales, que también incluirán a secretarios de acuerdos y actuarios, como parte de los controles permanentes de desempeño.

    Las autoridades judiciales informaron que el contenido de la prueba permanecerá bajo resguardo, con el objetivo de evitar filtraciones o ventajas indebidas para personas cercanas a quienes tengan acceso a la información. La intención, aseguran, es garantizar imparcialidad y equidad en el proceso.

    En caso de que algunos juzgadores no obtengan calificaciones aprobatorias, la evaluación no implicará sanciones inmediatas. Servirá, en primer término, para detectar áreas de capacitación, diseñar cursos específicos y ofrecer una segunda oportunidad de evaluación, reforzando la profesionalización del nuevo Poder Judicial.

    Este ejercicio marca un precedente clave tras la elección judicial, al poner a prueba si el cambio en el mecanismo de designación se traduce en mejor desempeño, mayor eficiencia y una justicia más cercana a la ciudadanía.

  • Poder Judicial de la Federación: una reconciliación urgente

    Poder Judicial de la Federación: una reconciliación urgente

    Por Fabiana Estrada

    Las instituciones públicas no son meras estructuras burocráticas; su esencia radica en un sentido de misión compartido que trasciende intereses partidistas o personales. Este sentido de misión implica una orientación colectiva hacia objetivos superiores, ligados al bien común: bienestar, crecimiento, seguridad, justicia, etc.

    En el caso del Poder Judicial de la Federación, la reforma judicial no solo estableció una nueva estructura y un nuevo modelo de acceso a los cargos de personas juzgadoras, a través del voto popular, sino que pretende ser un replanteamiento de la visión de justicia. Busca redefinir la misión de los poderes judiciales para hacerlos más sensibles a las realidades sociales, más cercanos a las personas y más enfocados a la rendición de cuentas.

    Pero la radicalidad de la reforma y el clima imperante de polarización en el discurso público generaron un ambiente de confrontación al interior del Poder Judicial de la Federación, que no ha menguado en la etapa postelectoral y que pone en riesgo no solo la función que desempeña, sino la confianza ciudadana y con ella la certeza necesaria para la vigencia del Estado de Derecho.

    En la prensa y en las redes sociales se fomenta una hostilidad contra los jueces electos, a quienes despectivamente se identifica como “del bienestar”. Se les atribuye en automático una supuesta alineación con el sistema político y se contraponen a los jueces de carrera, supuestamente llenos de sabiduría y virtud. Así, se construyen barreras entre colegas, polarizando el ambiente laboral y operativo del Poder Judicial.

    Estos conflictos internos y este afán de “exhibir” a las personas juzgadoras afectan la independencia judicial. Al promover narrativas que deslegitiman a ciertos jueces por su origen electoral, se incentiva un clima de desconfianza que alienta interferencias externas, como campañas mediáticas o presiones partidistas, lo cual contradice la misión de velar por la legalidad y la separación de poderes.

    Además, la polarización erosiona la confianza ciudadana en el sistema de justicia. Se amplifica el escepticismo público, haciendo que los ciudadanos duden de antemano de la imparcialidad de las resoluciones judiciales, lo que va en detrimento del servicio público y daña el Estado de Derecho.

    Por supuesto, que todas las personas juzgadoras deben estar abiertas al escrutinio público: ese es el objetivo que se perseguía con el sistema de elección popular. Pero buscar a toda costa ridiculizar, generalizar las críticas y hacer del Poder Judicial una caja de resonancia de las divisiones partidistas es simplemente irresponsable.

    Urge reconstruir puentes, priorizando la misión colectiva de justicia por encima de etiquetas divisorias y rencores pasados. Es tiempo de reconstruir el sentido de pertenencia a la institución, porque quienes pierden con este encojo absurdo son las personas justiciables. Sin un norte común, las instituciones se fragmentan, pierden legitimidad y fallan en su servicio público esencial. Nadie debería desear ese resultado.