En el Poder Judicial siguen tratando de atentar contra la democracia, por lo que ahora la jueza Grissell Rodríguez Febles, otorgó una segunda suspensión provisional que obliga al Instituto Nacional Electoral (INE) a detener temporalmente el proceso electoral judicial. Esta medida también prohíbe al Senado de la República emitir la convocatoria para integrar las listas de candidatas y candidatos a jueces y magistrados federales.
La jueza, del Quinto Distrito con sede en Yucatán, ordenó que tanto la Cámara de Diputados como los congresos estatales frenen cualquier modificación a las leyes federales y las reformas constitucionales relacionadas. Asimismo, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) no deberá entregar al Senado información sobre jueces y magistrados, ni avanzar en la implementación de la reforma judicial, debiendo además gestionar el presupuesto para mantener la autonomía del Poder Judicial.
El Diario Oficial de la Federación también fue instruido para abstenerse de publicar actos relacionados con la reforma. Esta medida cautelar estará vigente hasta que se resuelva la suspensión definitiva.
Rodríguez Febles pidió que cualquier desacuerdo sea resuelto por medios legales y no a través de redes sociales o descalificaciones, ya que estos no tienen validez en los juicios de amparo.
Por otro lado, Francisco García Contreras, juez Segundo de Distrito en Colima, emitió una primera suspensión similar, pero señaló que el INE aún no ha recibido notificación formal, por lo que solicitó el apoyo de un juzgado en la Ciudad de México para completar el proceso.
En medio de la controversia sobre la entrada en vigor de la reforma judicial, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) ha adoptado una postura que deja en claro cuáles son sus prioridades: proteger los privilegios de los jueces y magistrados. Según reportes de La Jornada, el pasado 11 de septiembre, el CJF aprobó por unanimidad un sistema que asegura compensaciones vitalicias para estos funcionarios, compensaciones que se suman a las pensiones que ya reciben del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
Este nuevo esquema permitirá a jueces y magistrados recibir entre un 45% y un 80% de sus ingresos como pensión complementaria, según su antigüedad y edad. No es casualidad que esta medida se implemente justo antes de que se extingan los fideicomisos del Poder Judicial como parte de la reforma que ya fue avalada por el Congreso de la Unión y más de 20 congresos locales.
Sueldos excesivos y privilegios blindados
El CJF cuenta con 768 jueces de distrito y 951 magistrados, quienes perciben salarios netos mensuales de 139 mil 210 pesos y 152 mil 531 pesos, respectivamente, según los datos del propio Consejo. Con sueldos que están muy por encima de la media nacional, estos servidores públicos aseguran ahora pensiones adicionales millonarias que estarán respaldadas por un fondo de 5 mil 191 millones de pesos.
Este plan de compensaciones vitalicias otorga a los jueces y magistrados la posibilidad de jubilarse de forma anticipada a los 55 años o menos, siempre que hayan trabajado entre 25 y 35 años. Así, podrán obtener entre un 45% y 80% de su pensión complementaria, dependiendo de su edad y años de servicio, un beneficio considerablemente superior al que ofrece la Ley del Issste, que establece la jubilación a los 58 años para hombres y 56 para mujeres.
¿Interés público o protección de intereses privados?
La medida adoptada por el CJF parece centrada en garantizar que los jueces y magistrados mantengan sus privilegios, incluso cuando las finanzas públicas no deben soportan fuertes cargas para sostener a unos cuantos. Los porcentajes establecidos para las pensiones complementarias aseguran que los funcionarios del Poder Judicial tengan un retiro cómodo y lleno de lujos, con beneficios adicionales que no están al alcance del resto de los servidores públicos.
El acuerdo del CJF reformó el artículo 73, estableciendo condiciones aún más favorables para estos funcionarios, diferenciándose de la Ley del Issste al exigir un mínimo de 25 años de servicio para el retiro voluntario, sin importar la edad. La intención es clara: asegurar un retiro sin preocupaciones económicas, a expensas del erario público.
Privilegios intactos
A pesar de que la Reforma Judicial traerá consigo la desaparición de los fideicomisos del Poder Judicial, lo cierto es que los jueces y magistrados han encontrado la forma de blindar sus pensiones complementarias. Aunque el sistema de compensaciones anterior contemplaba la jubilación forzosa a los 75 años, con una compensación del 80%, este nuevo acuerdo les permite retirarse mucho antes y con condiciones más favorables.
Si bien el acuerdo menciona que busca garantizar una jubilación “digna” para estos funcionarios, lo cierto es que los privilegios que obtienen están muy por encima de lo que podría considerarse un retiro digno en el contexto de la mayoría de los trabajadores mexicanos.
Durante la conferencia matutina, Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), presentó diversos casos que exponen el preocupante fenómeno de jueces que han otorgado libertades a delincuentes en fines de semana, en lo que se ha denominado como “sabadazos”. Estos casos han generado indignación y han puesto en evidencia las inconsistencias y la corrupción en el Poder Judicial.
Uno de los casos más destacados fue el del juez Gregorio Salazar Hernández, quien ordenó el cambio de medida cautelar para Janet Miriam “N”, excolaboradora de Genaro García Luna, liberándola el 14 de junio de 2024, a pesar de estar acusada de delitos graves como peculado y delincuencia organizada.
#ConferenciaPresidente | Casos de jueces que otorgaron libertad a delincuentes en fines de semana (Sabadazos):
➡️La jueza Diana Montserrat Partida Arambulo benefició a Marcelino "N", alias "El Fantasma", presunto miembro del Cartel de Sinaloa", con una libertad anticipada… pic.twitter.com/ozY8wJmaFn
Otro caso alarmante involucra al juez Andrés Cascamilla González, quien dictó sentencia absolutoria y liberación inmediata para Vicente Javier “N”, alias “El Cholula”, quien enfrentaba cargos por robo con violencia, homicidio calificado, secuestro y asociación delictuosa. Este tipo de decisiones, otorgadas en días no hábiles, generan dudas sobre la integridad de los procesos judiciales.
Además, se presentaron más ejemplos de liberaciones que han ocurrido en fines de semana. El juez Adrián Leobardo Ríos González otorgó libertad inmediata el 1 de julio de 2023 a José Eliseo “N”, presunto miembro de Los Zetas, mientras que la jueza Angélica Sánchez Hernández liberó a Itiel “N”, presunto miembro del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), acusado de homicidio doloso calificado. En ambos casos, los jueces argumentaron falta de elementos para vincular a proceso, lo que ha causado controversia debido a la gravedad de los delitos.
➡️Jesús Murillo "N", ex procurador de la República, vinculado a proceso por delitos de desaparición forzada y tortura en el #CasoAyotzinapa, recibió un cambio de medida cautelar a prisión… pic.twitter.com/e2UQ3TJIpl
El patrón se repite en el caso de Rogelio León Díaz Villarreal, quien benefició a Abraham “N”, hermano de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del CJNG. El juez dictó auto de no vinculación a proceso, liberándolo el 28 de abril de 2024. Otro ejemplo es el del juez Daniel Ramírez Peña, quien liberó a Angélica “N”, presunta integrante del Cártel de Santa Rosa de Lima (CSRL), el 29 de abril de 2023.
Delincuentes de alto perfil también beneficiados
No solo los miembros del crimen organizado han sido favorecidos por decisiones judiciales polémicas. También se han dado casos de exfuncionarios y figuras políticas que han recibido beneficios judiciales. La jueza Angélica del Carmen Ordoño Suárez otorgó un cambio de medida cautelar a Mario Marín, exgobernador de Puebla, acusado de tortura, permitiéndole salir del penal con brazalete electrónico. Además, el juez Juan Pedro Contreras Navarro amparó a Emilio “N”, exdirector de Pemex, permitiéndole evitar la prisión preventiva.
➡️El ex gobernador de #Chihuahua, Cesar Duarte, fue beneficiado por la jueza Hortensia García Rodríguez, quien cambió la medida de prisión preventiva a una prisión domiciliaria, portación de… pic.twitter.com/OS8H18vDLJ
El caso de César Duarte, exgobernador de Chihuahua, también destaca entre los beneficiados. La jueza Hortensia García Rodríguez cambió su medida de prisión preventiva a prisión domiciliaria. A nivel federal, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito de la Ciudad de México dictó que Jesús Murillo “N”, exprocurador vinculado al Caso Ayotzinapa, cumpliera su proceso en prisión domiciliaria.
Las decisiones judiciales también han beneficiado a miembros del crimen organizado de alto perfil. La jueza Diana Montserrat Partida Arámbulo liberó anticipadamente a Marcelino “N”, alias “El Fantasma”, presunto integrante del Cártel de Sinaloa, mientras que el juez José Luis Hernández Hernández dictó libertad para Guillermo “N”, alias “El Memo”, vinculado a la Fuerza Anti-Unión Tepito.
Jueces que no autorizan órdenes de aprehensión:
Uno de los casos más polémicos fue el de la jueza Adriana Yolanda Vega Marroquín, quien otorgó un amparo al exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier “N”, para dejar insubsistente una orden de aprehensión en su contra. A Francisco Javier “N” se le acusa de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, sin embargo, la jueza dictaminó que no había fundamentos suficientes para proceder.
Otro caso destacado es el del juez Gerardo Genaro Alarcón López y los magistrados Alberto Torres Villanueva, Manuel Bárcena Villanueva y Gabriela Guadalupe Ramírez Escobar, quienes negaron y ratificaron, respectivamente, la negativa de una orden de aprehensión contra Genaro “N”, ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública. A Genaro “N” se le acusa de enriquecimiento ilícito, pero el juez y los magistrados consideraron que no había pruebas contundentes para justificar la orden de captura.
La conferencia también abordó el caso del exgobernador de Veracruz, Javier “N”, a quien los magistrados del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal le negaron una orden de aprehensión. Las acusaciones en su contra, que incluyen graves delitos de corrupción, fueron desestimadas por falta de pruebas suficientes, lo que generó controversia y críticas al sistema judicial.
Finalmente, uno de los casos más impactantes expuestos fue el del juez Jesús Alberto Chávez Hernández, Juez Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales del Estado de México, quien negó una orden de aprehensión en contra de Jorge Antonio Sánchez Ortega, exagente del CISEN, acusado de haber sido el coautor material en el asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta. A pesar de que había más de 123 pruebas presentadas, de las cuales al menos 50 se consideraban contundentes, el juez rechazó la orden de captura. El Primer Tribunal Colegiado de Apelación del Segundo Circuito, con sede en Toluca, confirmó esta decisión el 1 de agosto de 2024, lo que avivó la polémica sobre este histórico caso.
Tal y como se comprometió AMLO en días pasados, este martes se presentó un informe detallado sobre las graves faltas que se comente en el Poder Judicial de la Federación y que han valido que se haya presentado la reforma a la impartición de justicia que ya avanza en las Cámaras y que de manera inminente podría ser aprobada en el Senado de la República.
La Secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, detalló que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, presidida por la ministra Norma Lucía Piña Hernández, ha incurrido en varias injerencias en materia electoral durante los últimos meses, esto aparentemente para atropellar la voluntad de millones de mexicanos que votaron por la Cuarta Transformación.
1. En diciembre de 2023, la ministra Piña convocó a una cena privada en casa del ministro González Alcántara al dirigente del PRI, Alejandro Moreno, al coordinador de campaña de Xóchitl Gálvez, Santiago Creel, y a los magistrados electorales de la Sala Superior del Tribunal Electoral
2. En julio de 2024, un juez de Distrito ordenó al Tribunal electoral designar dos magistraturas vacantes para calificar la elección presidencial, lo que fue rechazado por la Sala Superior al ser excesivo y violatorio del artículo 99 constitucional
3. En agosto de 2024, la ministra Piña admitió un recurso del dirigente del PAN, Marko Cortés, para que la Corte interpretara y definiera los criterios para la asignación de diputaciones plurinominales en el Congreso
Corrupción en la selección de jueces
Otro de los casos registrados y presentados por Alcalde Luján, es la corrupción, vicios e irregularidades que hay en los procesos de selección de jueces e imaprtidores de justicia que deberían comenzar con el ejemplo desde su proceso de selección:
1. Venta de exámenes. Se han documentado casos de corrupción al más alto nivel de la Escuela Judicial, donde se vendieron los exámenes de oposición para jueces en 186 mil pesos
2. Los concursos de oposición son impugnados con frecuencia ante la inequidad, influyentismo o falta de criterios objetivos, Neus personas cercanas a jueces y magistrados resultan vencedoras
Casi la mitad del personal del Poder Judicial incurre en casos de nepotismo
Otro de los graves casos de corrupción que se presenta al interior del Poder Judicial, son los casos de nepotismo, y es que el reiteradas ocasiones el líder del Ejecutivo ha denunciado esta mala práctica y la cual hoy fue confirmada por la Secretaria de Gobernación, la cual deja ver la escala de estos casos.
La mitad de personal (49% equivalente a 24,546 personas) tiene al menos un familiar en el Poder Judicial
El 85.4% de los magistrados y el 67% de los jueces tienen familiares en el Poder Judicial de la Federación
Los magistrados tienen entremedio 4.7 familiares trabajando en el PJF
El 23.7% del personal del PJF tiene más de 4 familiares trabajando en la institución
La persona que acumula más familiares en el PJF tiene 26 parientes trabajando, incluyendo un magistrado, 132 secretarios, 2 actuarios y 10 oficiales
Con este reporte, Luisa María Alcalde deja ver la podredumbre que impera al interior del Poder Judicial y que pese a las evidencias, sus altos mandos siguen insistiendo en mantener sus privilegios a costa del erario y peros aún, atentando abiertamente contra el derecho del pueblo a acceder a la justicia pronta y expedita.
En una polémica carta, cinco de las principales asociaciones de jueces del Poder Judicial (PJ) han solicitado a las y los senadores que voten en contra de la reforma judicial, a pesar de que esta ya ha sido aprobada por la mayoría del pueblo en un proceso democrático. Los jueces argumentan que la reforma podría debilitar las instituciones y amenazar la democracia, pero muchos señalan que esta postura va en contra de la voluntad popular expresada en las urnas.
El llamado de los jueces ha sido interpretado como una maniobra para proteger sus propios intereses, ya que la reforma busca limitar el control de las élites y monorías sobre el PJ y aumentar la transparencia.
Los jueces advierten sobre “riesgos” falsos y alarmistas para los derechos ciudadanos, se ha reiterado por diversas personas que la reforma es justamente el resultado de un proceso democrático donde se votó para fortalecer la rendición de cuentas y reducir la influencia de poderes fácticos dentro del sistema judicial.
Los senadores que respaldan la reforma han afirmado que ceder a las presiones de las asociaciones de jueces sería una “traición al pueblo”, que ya votó a favor de la transformación del Poder Judicial. Subrayan que la reforma es esencial para garantizar un sistema más justo, eficiente y transparente, y que oponerse a ella solo favorece a quienes buscan preservar privilegios.
En una decisión que ha generado indignación y controversia, el juez quinto de lo familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Juan Miguel Morales Montier, otorgó la custodia completa de cinco menores al empresario Bernardo Vogel Fernández de Castro. La sentencia se emitió a pesar de las denuncias de violencia vicaria presentadas en su contra, lo que ha provocado que Maha, madre de las menores, lleve más de siete meses sin poder ver a sus hijas.
Yakiri Rubio, representante de la Fundación Voces Humanizando la Justicia, criticó duramente el fallo, argumentando que el empresario, dueño del Grupo Collado y de diversas empresas multinacionales que cotizan en bolsa, “utilizó su poder económico para que la justicia le favoreciera”. Según Rubio, la violencia vicaria ejercida por Vogel Fernández de Castro comenzó el año pasado cuando Maha le pidió el divorcio.
Rubio explicó que el empresario, tras el pedido de divorcio, engañó a Maha para ganar tiempo y planear una demanda de divorcio en secreto, que luego presentó como una forma de castigo. Además, se denunció que durante los 18 años de matrimonio, Maha y sus hijas sufrieron violencia, y aún así, el juez Morales Montier decidió otorgar la custodia total al empresario.
La abogada de la Fundación Voces Humanizando la Justicia también señaló que Vogel Fernández de Castro, con la ayuda de su padre y otros familiares, contrató a una persona del DIF para simular un operativo y trasladar a las menores al albergue temporal de la Fiscalía capitalina. Este operativo, de acuerdo con Rubio, fue parte de una estrategia para alejar a las menores de su madre y someterlas al control del empresario.
Además, Rubio informó que se han abierto varias carpetas de investigación contra Maha, alegando que el empresario usó su poder económico para influir en las autoridades y manipular a las menores en su contra. “Este es uno de los casos más graves de violencia vicaria que hemos visto”, afirmó.
La situación ha despertado preocupaciones sobre la imparcialidad de la justicia en casos donde existe una evidente desigualdad económica entre las partes, y ha generado un llamado a revisar la actuación del juez y las autoridades involucradas para garantizar que los derechos de Maha y sus hijas sean respetados.
Como cada 15 días, el subsecretario de la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana del Gobierno de México, Luis Rodríguez Bucio, presentó un reporte los jueces y magistrados corruptos que han liberado tanto a criminales de cuello blanco como a delincuentes de alta peligrosidad que ponen en riesgo la integridad de las y los mexicanos.
El Juez del Tribunal de Enjuiciamiento del Circuito Judicial de la Mixteca, con sede en Huajuapan, perteneciente al Poder Judicial del Estado de Oaxaca, dictó un polémico fallo absolutorio a favor de Juan Antonio “N”, Rubicel “N” y Rubén “N”. Estos individuos, acusados de intentar cometer feminicidio contra la saxofonista María Elena “N” el 9 de septiembre de 2019, han sido liberados, generando indignación y preocupación sobre la imparcialidad y eficacia del sistema judicial.
En un acto que levanta serias dudas sobre la administración de justicia en Quintana Roo, la Jueza Tercera de Distrito, Elsa Patricia Espinoza Salas, otorgó un amparo a Mario Plutarco “N”, anulando la resolución del 9 de agosto de 2023, emitida por el Juez 2° de Distrito. Este último había rechazado la petición de modificar o sustituir la prisión preventiva del acusado, asegurando su continuidad. Sin embargo, la Jueza Espinoza Salas decidió que el plazo constitucional de dos años ya había expirado, lo que sugiere una interpretación cuestionable de las leyes.
Para agravar la situación, la Jueza Segunda de Distrito en Quintana Roo, Angélica del Carmen Ortuño Suárez, en obediencia a la resolución de amparo, ordenó la inmediata liberación de Mario Plutarco “N” el 10 de agosto de 2024. A pesar de las graves acusaciones que enfrenta, el acusado solo deberá cumplir con medidas cautelares mínimas: portar un brazalete electrónico, permanecer bajo resguardo domiciliario en Puebla, pagar una fianza de 100 mil pesos, y no abandonar el país. Este caso refleja una preocupante tendencia de decisiones judiciales que parecen priorizar la liberación de los acusados sobre la seguridad y justicia para las víctimas.
Con esto, el Gobierno de México reitera la importancia de una reforma al Poder Judicial, y es que cada vez son más los jueces que en vez de impartir justicia en pro del pueblo de México, se dedican a liberar criminales que solo ponen en riesgo la paz de la sociedad.
Jueces y magistrados de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación se preparan para una votación crucial este lunes 19 de agosto. Decidirán si iniciarán un paro nacional en rechazo a la Reforma Judicial, una medida que podría impactar profundamente el sistema de justicia en México.
La jornada de votación se llevará a cabo entre las 9:00 a.m. y las 8:00 p.m. (hora del centro) y está abierta a todos los jueces y magistrados registrados en la JUFED hasta el 31 de julio de 2024. La votación incluirá a titulares asociados, no asociados y personas vencedoras de concursos de oposición que actualmente ejercen funciones o están pendientes de adscripción.
En caso de aprobarse el paro, este comenzaría el 21 de agosto y se extendería “hasta que se cumplan sus peticiones”. Las demandas de los jueces y magistrados se centran en la protección de la independencia judicial y en el rechazo a cambios que, según ellos, pondrían en riesgo la carrera judicial en México.
El movimiento cuenta con el respaldo de un amplio sector del Poder Judicial, que considera la Reforma Judicial una amenaza directa a los privilegios de los jueces y magistrados. Este proceso se llevará a cabo en un contexto de creciente tensión entre el Poder Ejecutivo y el Judicial, lo que aumenta la relevancia de la votación del lunes.
Durante su conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró su compromiso con la cero impunidad dentro de su gobierno, buscando reconstruir el tejido social deteriorado por años de neoliberalismo. En un tono enérgico, señaló que es “una vergüenza” que los jueces continúen liberando a delincuentes, especialmente mediante el controversial “sabadazo”.
Según los datos revelados, en lo que va del sexenio, 58 presuntos delincuentes han sido liberados entre lunes y jueves. Sin embargo, los fines de semana, cuando las fiscalías tienen menos capacidad de reacción para mantener a los acusados en prisión, se han liberado a 192 delincuentes. López Obrador calificó esta situación como “una vergüenza” y una clara muestra de corrupción en el sistema judicial.
“Esto es una vergüenza. ¿Cómo es posible que de lunes a jueves liberen a 58 y en fin de semana a 192? ¿Cómo se explica eso? Ya, esto es en sí una denuncia, y es corrupción”, expresó el presidente, visiblemente indignado.
No obstante, el mandatario destacó que las denuncias presentadas durante las conferencias matutinas han comenzado a tener un impacto positivo. La tendencia ha mostrado una mejoría gracias a la visibilidad y el escrutinio público que se le ha dado al tema. “Y fíjense cómo ha venido cambiando 23 y 24, porque estamos aquí hablando del tema. Pero antes era el mundo del anonimato, todo era clandestino, no se sabía nada”, subrayó AMLO.
Finalmente, López Obrador hizo un llamado a la ciudadanía para que denuncien estos actos de corrupción, enfatizando que esta es la única manera de lograr un verdadero cambio en el país. “Que todos ayudemos cuando menos denunciándolo, porque esto es lo que va a permitir que las cosas cambien en nuestro país. ¿Por qué creció tanto la violencia? Porque había tolerancia, impunidad y corrupción. Y arriba, las autoridades eran parte de la corrupción y desde luego cómplices de bandas”, concluyó.
Como cada martes, el subsecretario de Seguridad Pública y Ciudadana del Gobierno de México, Luis Rodríguez Bucio, presentó durante la sección de Cero Impunidad, a los jueces que presuntamente coludidos con el crimen ayudan a delincuentes de cuello blanco y alta peligrosidad, que al día de hoy permanecen libres amenazando la integridad del pueblo mexicano.
El funcionario federal exhibió que del 2018 al presente año, han sido liberados 192 presuntos delincuentes durante los fines de semana:
2018: 6 personas liberadas en fin de semana
2019: 83 personas liberadas en fin de semana
2020: 9 personas liberadas en fin de semana
2021: 22 personas liberadas en fin de semana
2022: 22 personas liberadas en fin de semana
2023: 29 personas liberadas en fin de semana
2024: 21 personas liberadas en fin de semana
En el listado de jueces corruptos a favor de la impunidad, destacan Gregorio Salazar Hernández, que benefició con libertad a Jannet Miriam “N”, presunta colaboradora de Genaro García Luna, ex secretario de seguridad del espurio Felipe Calderón.
También se menciona al juez Enrique Hernández Miranda y que benefició a Juan Luis “N”, alias “La Yegua”, presunto colaborador del Cartel del Mar, dedicado al tráfico de trotaba en el Alto Golfo de California.
#ConferenciaPresidente | Jueces que Favorecen a Presuntos Delincuentes liberándolos en fin de semana:
➡️Juez Gregorio Salazar Hernández ▪️Persona beneficiada: Jannet Miriam "N", presunta colaboradora de Genaro "N", ex secretario de Seguridad Pública
El juez Adrían Leobardo Ríos González, ayudó a José Eliseo “N” y/o Edgar Eliseo “N”, alias “El Charal”, presunto sicario con operación en Nuevo León, perteneciente al cártel Los Zetas.
Miembros de Cárteles, principales liberados por los jueces
Otro de los jueces señalados es Juez José Miguel Moreno Castillo, que ayudó a Martín “N”, alias “Cadete”, presunto miembro del Cartel del Noreste, así mismo, la jueza
Otro de los jueces señalados es Juez José Miguel Moreno Castillo, que ayudó a Martín “N”, alias “Cadete”, presunto miembro del Cartel del Noreste, así mismo, el juez Cipriano Garza de León benefició a Alan Ervey “N”, alias “Comandante Cano”, presunto miembro del Cartel de Sinaloa, con operación en el estado de Nuevo León.
#ConferenciaPresidente | Jueces que Favorecen a Presuntos Delincuentes liberándolos en fin de semana:
➡️Juez Rogelio León Diaz Villarreal ▪️Persona beneficiada: Abraham "N", alias "Rodo", presunto miembro del CJNG, hermano de Nemesio "N", alias "El Mencho"
Por su parte, la jueza María Antarez Núñez Atrian liberó a Daniel Eduardo “N”, alias “El Tiger”, presunto miembro de “La Unión Tepito”, presuntamente se encargaba de la logística y distribución de droga, extorsiones, secuestros, trata de personas y homicidios en contra de integrantes de grupos antagónicos.
Los secuestradores también se ven ayudados por los que deberían ser los impartidores de justicia, y es que Juan Manuel “N”, alias “El Luis”, presunto miembro de los Caballeros Templarios y presunto líder de secuestradores, ahora está libre gracias a la ayuda de Tereso Ramos Hernández.
Con este listado presentado por Rodríguez Bucio, se confirma que decenas de jueces federales que deberían velar por la seguridad del pueblo mexicano, están de lado de los criminales, que al día de hoy permanecen libres amenazando la seguridad de la población, todo a costa de los malos impartidores de justicia, que irónicamente se producían también en contra de la inminente Reforma al Poder Judicial que alista la mayoría de la 4T.
