A 11 años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, en Iguala, Guerrero, la justicia parece moverse lentamente. Algunos responsables se esconden, otros descansan, algunos enfrentan juicios livianos y varios permanecen impunes.
El 26 de septiembre de 2014, los 43 normalistas fueron atacados mientras intentaban tomar autobuses para participar en la marcha del 2 de octubre. Policías municipales, en coordinación con otras corporaciones y civiles vinculados al crimen organizado, dispararon contra ellos y detuvieron a 43 jóvenes que desaparecieron.
Jesús Murillo Karam, exprocurador General de la República, construyó la llamada “Verdad Histórica” durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, asegurando que los estudiantes habían sido asesinados y cremados por el grupo “Guerreros Unidos” en el basurero de Cocula. Tras revelarse un video donde Tomás Zerón de Lucio, entonces jefe de la Agencia de Investigación Criminal, torturaba a “El Cepillo” para obtener confesiones, Murillo Karam fue vinculado a proceso por tortura, desaparición forzada y delitos contra la administración de justicia. Actualmente se encuentra en prisión domiciliaria en Lomas de Chapultepec, mientras su juicio de amparo avanza en la Suprema Corte.
José Luis Abarca, exalcalde de Iguala, detenido desde 2014, logró recientemente suspender la ejecución de su condena de 92 años por el secuestro de siete activistas. Su esposa, María de los Ángeles Pineda, también acusada en el caso, permanece en el Penal Federal Femenil de Amacuzac. La suspensión de Abarca impide que se cumpla la sentencia mientras se revisa su caso en tribunales.
Tomás Zerón de Lucio sigue prófugo en el extranjero. La presidenta Claudia Sheinbaum informó que México ha solicitado reiteradamente a Israel su extradición, pero hasta ahora no ha sido concedida.
Por su parte, Enrique Peña Nieto, exmandatario federal, enfrenta investigaciones por presuntos sobornos de 25 millones de dólares relacionados con contratos públicos, incluyendo la adquisición del software Pegasus, según reportó el diario israelí The Marker. Mientras tanto, vive cómodamente en España, mientras los familiares de los normalistas continúan luchando por justicia.
A más de una década del crimen, la impunidad persiste y la memoria de los 43 normalistas sigue reclamando respuestas.
A más de una década de los hechos en Iguala, las familias de los 43 estudiantes siguen buscando justicia mientras el caso ha atravesado tres gobiernos sin que se haya emitido sentencia contra los responsables.
La noche que marcó la historia de México
El 26 de septiembre de 2014, 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa fueron secuestrados en Iguala, Guerrero, mientras viajaban en cinco autobuses rumbo a la marcha del 2 de octubre. Ese mismo día murieron seis personas y más de 40 resultaron heridas por ataques armados de policías municipales y miembros del cártel Guerreros Unidos. Según testimonios, algunos policías estaban al servicio de la organización criminal, que había recibido órdenes de “matarlos a todos”.
Los Avispones: víctimas colaterales
Esa noche, un equipo de fútbol local, Los Avispones, también fue atacado por error en Santa Teresa, Guerrero. Una ráfaga de balas impactó el autobús en el que viajaban 29 personas. Solo sobrevivieron algunos, mientras que un jugador y el chofer murieron. Este episodio evidencia que los autobuses eran confundidos con vehículos vinculados al tráfico de drogas, principal objetivo de Guerreros Unidos.
Guerreros Unidos y el tráfico de drogas
El cártel Guerreros Unidos surgió de la fragmentación del Cártel de los Beltrán Leyva y operaba con protección de autoridades locales. Entre sus líderes se encontraba José Ángel Casarrubias Salgado, El Mochomo, responsable directo de la desaparición de los estudiantes. Los investigadores revelaron que los autobuses utilizados por los normalistas transportaban heroína hacia Estados Unidos, especialmente a Chicago, lo que habría motivado el ataque.
Arrestos y controversias
De entre los detenidos destacan Jesús Murillo Karam, exprocurador acusado de fabricar la “verdad histórica”; José Luis Abarca y María de los Ángeles Pineda, exalcaldes de Iguala; y miembros del cártel como El Cepillo, El Mochomo, El Pato y El Pajarraco. Sin embargo, hasta el momento ninguno ha recibido una sentencia definitiva, y muchas detenciones fueron anuladas o cuestionadas.
Tortura y la “verdad histórica”
El proceso estuvo marcado por actos de tortura, especialmente a manos de Tomás Zerón, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal. Videos y testimonios revelan interrogatorios violentos y presiones para declarar culpables a los implicados. La “verdad histórica” de Murillo Karam afirmaba que los estudiantes fueron asesinados e incinerados en Cocula, pero investigaciones posteriores y reportes del GIEI demostraron irregularidades, omisiones y la participación de autoridades en varios niveles.
Rol del GIEI y la lucha por justicia
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), creado en noviembre de 2014, supervisó las investigaciones y elaboró planes de búsqueda, incluyendo fosas clandestinas y análisis de telefonía celular, recomendando nuevas líneas de investigación y reparación integral para las familias. A pesar de sus aportes, los padres consideran que el caso sigue estancado.
Vidulfo Rosales cambia Ayotzinapa por la SCJN
En agosto de 2025, Rosales anunció su retiro del caso Ayotzinapa y del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, tras 24 años de labor. Alegó motivos personales y de salud, pero su “retirada con la frente en alto” ha dejado a las familias de los 43 normalistas en un vacío de justicia. No olvidemos que asumió un puesto en la Suprema Corte con un sueldo bruto mensual de 167 mil 671 pesos. ¿Un respiro conveniente? Las dudas persisten.
11 años de impunidad
El martirio empezó en el sexenio de Enrique Peña Nieto y, hasta hoy, después de 11 años las familias reclaman falta de avances. Solicitan acceso a información clave, como el análisis de telefonía celular, y denuncian la falta de justicia: ninguno de los responsables ha sido condenado. El voto de confianza a la actual administración se mantiene más que nunca, pero con frustración ante la falta de resultados.
Los 43 normalistas
1. Abel García Hernández, 2. Abelardo Vázquez Penitén, 3. Adán Abraján De la Cruz, 4. Antonio Santana Maestro, 5. Alexander Mora Venancio, 6. Benjamín Ascencio Bautista, 7. Bernardo Flores Alcaraz, 8. Carlos Iván Ramírez Villarreal, 9. Carlos Lorenzo Hernández Muñoz, 10. César Manuel González Hernández, 11. Cristián Alfonso Rodríguez Telumbre, 12. Cristián Tomás Colón Garnica, 13. Cutberto Ortiz Ramos, 14. Doriam González Parral, 15. Emiliano Gaspar de la Cruz, 16. Everardo Rodríguez Bello, 17. Felipe Arnulfo Rosa, 18. Giovanni Galindo Guerrero, 19. Israel Caballero Sánchez, 20. Israel Jacinto Lugardo, 21. Jhosivanni Guerrero De la Cruz, 22. Jonás Trujillo González, 23. Jorge Álvarez Nava, 24. Jorge Aníbal Cruz Mendoza, 25. Jorge Antonio Tizapa Leguideño, 26. Jorge Luis González Parral, 27. José Ángel Campos Cantor, 28. José Ángel Navarrete González, 29. Jesús Jovany Rodríguez Tlatempa, 30. José Eduardo Bartolo Tlatempa, 31. José Luis Luna Torres, 32. Julio César López Patoltzin, 33. Leonel Castro Abarca, 34. Luis Ángel Abarca, 35. Luis Ángel Francisco Arzola, 36. Magdaleno Rubén Lauro Villegas, 37. Marcial Pablo Baranda, 38. Marco Antonio Gómez Molina, 39. Martín Sánchez García, 40. Mauricio Ortega Valerio, 41. Miguel Ángel Hernández Martínez, 42. Miguel Ángel Mendoza Zacarías, 43. Saúl Bruno García.
A 11 años de los sucesos, sus familias continúan buscando justicia y respuestas sobre su paradero.
La presidenta Claudia Sheinbaum reafirma su solicitud a Israel para extraditar a Tomás Zerón. Al mismo tiempo, asegura que se avanza en el caso Ayotzinapa, generando esperanza en las familias de los desaparecidos.
Claudia Sheinbaum, presidenta de México, comunicó que sigue en la lucha por la extradición de Tomás Zerón. Este exjefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) está acusado de tortura en el caso Ayotzinapa. Durante su conferencia de prensa, Sheinbaum destacó que se han enviado varias cartas al Gobierno de Israel para solicitar su regreso a México.
Zerón, quien se había fugado a Canadá en 2019 y luego a Israel, enfrenta dos órdenes de aprehensión en México. A pesar de la falta de un tratado de extradición entre México e Israel, el gobierno insiste en que debe rendir cuentas por su papel en la “verdad histórica” del caso Ayotzinapa.
Sheinbaum también mencionó que, en una reciente reunión con el secretario de Estado de Estados Unidos, solicitó la extradición de dos personas vinculadas a este caso. La presidenta destacó la importancia de estos esfuerzos para avanzar en la investigación sobre la desaparición de los 43 estudiantes en 2014.
Las familias de los normalistas expresan su frustración por la falta de avances significativos. Isidoro Vicario, abogado de las familias, comentó que, aunque hay confianza en la voluntad de Sheinbaum, esto debe reflejarse en resultados concretos. Los familiares sienten que varias líneas de investigación han quedado estancadas.
A medida que se cumplen 11 años de la tragedia de Ayotzinapa, el caso enfrenta retrocesos. Recientemente, un tribunal absolvió a José Luis Abarca, exalcalde de Iguala, del secuestro de los 43 normalistas, aunque sigue en prisión por otros cargos.
La búsqueda de justicia para los estudiantes desaparecidos continúa. Los padres y familiares mantienen la esperanza de que el gobierno realice acciones efectivas. La historia de Ayotzinapa no debe ser olvidada, y las promesas de justicia deben materializarse en acciones claras y firmes.
En su ocaso, jueces federales al servicio de criminales y poderosos siguen atropellando la impartición de justicia, esto debido a que un presunto “impartidor de justicia” otorgó un amparo que podría permitir al ex alcalde de Iguala, Guerrero, José Luis Abarca Velázquez, seguir su proceso en libertad, a pesar de que enfrenta un proceso por presuntos delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La decisión judicial se escuda en evaluar si las enfermedades que padece Abarca representan un riesgo para su vida y si las autoridades del penal de máxima seguridad del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, tienen la capacidad técnica y operativa para atender su condición médica.
Everardo Maya Arias, juez Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales con sede en Toluca, instruyó dejar sin efecto la resolución dictada por un juez de procesos el 14 de diciembre de 2023, en el incidente de sustitución de prisión preventiva de la causa penal 103/2014. En esa fecha, un secretario en funciones de juez del Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México había modificado la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa a prisión preventiva justificada para Abarca, acatando una sentencia de amparo.
José Luis Abarca impugnó esta decisión, argumentando que durante la audiencia no se consideraron los datos que demostraban que padecía diversas enfermedades. Ayer, Maya Arias concedió el amparo para que se realice una nueva audiencia y se emita una nueva determinación sobre si Abarca debe continuar interno o enfrentar su proceso en libertad.
El juez Everardo Maya Arias detalló en su resolución que el juez de procesos penales debe, “con libertad de jurisdicción, pero atendiendo a los lineamientos destacados en el último considerando de esta sentencia, ordene oficiosamente la recabación, preparación y desahogo de todas las probanzas que estime necesarias, idóneas, pertinentes y suficientes (periciales oficiales, reportes médicos, bitácoras, expedientes clínicos, inspecciones, inventarios, etcétera) para establecer: a) La verosimilitud y, en su caso, la certeza, de los padecimientos aducidos por el quejoso, para determinar si se trata de enfermedades mortales, graves, terminales o crónicas degenerativas complejas”.
Además, se debe determinar “si sólo se trata de padecimientos o enfermedades que por su naturaleza sean controlables y no representen un riesgo potencial de pérdida de la vida, o de menoscabo o limitación a alguna función orgánica a través del tratamiento adecuado; b) El grado de afectación y avance respectivo; y, c) Si la enfermedad o enfermedades pueden complicarse o agravarse ya sea por las circunstancias propias de la persona, por falta de capacidad institucional de atender la situación, o por negligencia de las autoridades penitenciarias encargadas del quejoso”.
En esencia, las pruebas no solo deben relacionarse con el estado de salud del ex alcalde y su expediente clínico, sino también con la capacidad técnica y operativa del centro penitenciario en el que se encuentra para asegurar que se cuenta con los recursos necesarios para tratar sus condiciones médicas y salvaguardar su integridad física y su vida. La sentencia subraya que el juez de procesos penales no debe permitir un nuevo ofrecimiento y desahogo de pruebas, sino recabar los documentos ya existentes y, con base en ellos, emitir su resolución con libertad de jurisdicción.
El ex alcalde de Iguala, Guerrero, José Luis Abarca Vázquez, podría continuar en libertad el proceso judicial en su contra por el Caso Ayotzinapa, luego de que le otorgaran un amparo y le concedieran el cambio de medida cautelar.
La secretaria Encargada del Despacho del Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, Sara Mercedes Neira González, fue quien modificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa a prisión preventiva justificada.
Foto: Reuters
En ese sentido, este cambio de medida cabe la posibilidad de que Abarca Velazquez promueva un nuevo amparo y logre enfrentar en libertad, los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, esto debido a que su defensa ha argumentado que se han vulnerado los derechos humanos de su cliente.
Cabe mencionar que, el pasado 14 de diciembre de 2023 se celebró una audiencia en el juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, en la que se modificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa a prisión preventiva justificada en acato a una sentencia de amparo.
Además, el ex alcalde de Iguala fue absuelto por el Poder Judicial del secuestro de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Este viernes 16 de junio, un juez de distrito concedió un nuevo amparo al exalcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, en el cual se ordena dejar insubsistente el auto de formal prisión que se dictó en su contra, al igual que su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, por el delito de delincuencia organizada, dentro de la causa penal 15/2022.
Cabe destacar que el exservidor público y su esposa solicitaron una impugnación a la resolución el 21 de septiembre de 2022, donde el juez de control comenzó el proceso penal por dicho ilícito por su presunta relación con el grupo criminal denominado Guerreros Unidos.
Sin embargo, el juez resolvió que el fallo no se encuentra debidamente fundado y motivado, razón por la cual otorgó la protección de la justicia federal para el efecto de que la autoridad responsable deje insubsistente el auto de formal prisión y emita otra resolución en la cual deberá de manera fundada y motivada las circunstancias de ejecución del ilícito, las razones por las que estimó que se acreditaron los elementos del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del quejoso.
Asimismo, se precisó que el amparo es para “efectos de vicios formales por lo que no vincula a emitir un auto de libertad, sino a realizar un nuevo estudio de la situación jurídica de los quejosos con libertad de jurisdicción”.
La periodista Zeltzin Juárez preguntó este miércoles al Presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la absolución de José Luis Abarca, ex alcalde de Iguala, Guerrero, por parte de un tribunal de Tamaulipas, y cómo es que ese nuevo golpe del Poder Judicial, podŕia afectar la investigación del caso Ayotzinapa.
Ante esto, AMLO fue contundente y aclaró que tal fallo no afectará el compromiso de las autoridades de encontrar a los 43 normalistas de Ayotzinapa y esclarecer que sucedió en el crimen de estado cometido en septiembre de 2014.
“No afecta porque nosotros continuamos con la investigación, y no vamos a incumplir el compromiso que tenemos con adres y madres de los jóvenes desaparecidos, estamos enfrentando muchos obstáculos, como en todo, pero como venimos de luchar contra cacicazgos, mafias, oligarquías, Gobiernos corruptos, hasta nos crecemos, como decía Ponciano Arriaga ‘entre más me golpean más digno me siento’”.
Sentenció
Poder Judicial, al servicio de la oligarquía
El primer mandatario agregó que el Poder Judicial está al servicio de la oligarquía y quedó intacto luego de terminado el periodo neoliberal, en referencia a que ese poder se le entregó al conservadurismo durante el sexenio de Ernesto Zedillo.
“Yo les diría que el Poder Judicial prácticamente quedó intacto, como estaba (…) Aunque hay excepciones honrosas, pero no es la regla, es la excepción, el Poder Judicial está al servicio de la oligarquía porque lo que había en México,, eso lo tengo claro y lo puedo fundar teóricamente”.
Agregó
En el mismo tenor, López Obrador recordó que en el pasado había en Mexico una oligarquía con apariencia de democracia, ya que no dominaba el pueblo en la toma de decisiones y éstas eran tomadas por una minoría, es por ello que ahora los jueces entregan amparos de todo tipo.
“Es todo un desafío y me siento muy fortalecido porque no estamos solos, somos millones, hay un despertar ciudadanos, estamos viviendo un momento estelar en la historia de México”
Enfatizó
Tribunal absuelve a José Luis Abarca
El Tribunal Colegiado de Apelación del Décimo Noveno Circuito en Matamoros, Tamaulipas, absolvió el martes a quien fuera alcalde de Iguala, Guerrero, José Luis Abarca, por el caso del secuestro de los 43 estudiantes de la normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.
“Se dicta sentencia absolutoria en favor de (José Luis Abarca Velázquez), por el ilícito de delincuencia organizada, previsto y sancionado en los artículos 2 fracción I, todos de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, por las consideraciones y fundamentos expuestos en el considerando séptimo”.
Una vez más, los jueces hicieron de las suyas, esta vez un Tribunal Federal absolvió a José Luis Abarca, exalcalde del municipio de Iguala, en Guerrero, por el secuestro de los 43 normalistas de Ayotzinapa, sentencia que es definitiva y que no podrá combatir la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con la información, el ex secretario de Seguridad Pública de dicha localidad, Felipe Flores Velázquez, también fue absuelto por el tribunal, así como otras18 personas más acusadas de delincuencia organizada en su modalidad de delitos contra la salud y delincuencia organizada en su modalidad de secuestro agravado.
El Tribunal de Alzada confirmó la sentencia dictada en 2019 por el juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en Tamaulipas, en la causa penal 66/2015. De acuerdo con registros judiciales consultados, el Tribunal Federal emitió su resolución ayer 29 de mayo, y esta mañana la notificó oficialmente a las partes.
En el expediente judicial se menciona que algunos de los involucrados exonerados fueron detenidos ilegalmente por la entonces Procuraduría General de la República (PGR). El resto de las personas absueltas son:
Alejandro Andrade de la Cruz
Arturo Calvario Villalba
Baltazar Martínez Casarrubias
Emilio Torres Quezada
Fausto Bruno Heredia
Hugo Salgado Vences
José Vicencio Flores
Juan Luis Hidalgo Pérez
Marco Antonio Ramírez Urval
Mario Cervantes Contreras
Miguel Ángel Hernández Morales
Nicolás Delgado Arellano
Oswaldo Arturo Vázquez Castillo
Raúl Cisneros García
Rubén Aldaín Marín
Salvador Herrera Román
Zulay Marino Rodríguez
Juan Armando Hurtado Hernández y/o Iván Hurtado Hernández
Un tribunal sentenció a José Luis Abarca, exalcalde de Iguala, Guerrero ,señalado de participar en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, a 92 años y seis meses de cárcel por el delito de secuestro agraviado.
En 2013, el líder del Movimiento Campesino Unidad Popular, Arturo Hernández Carona fue encontrado muerto, junto con dos personas, tras ser secuestrado por orden del ex presidente municipal de Iguala. Estos fueron encontrados con huellas de tortura y maniatados.
Por estos hechos, un juez determinó que el experredista es responsable del secuestro de Arturo Hernández Cardona, Ángel Román, Rafael Balderas Román, Héctor Arroyo Delgado, Efraín Amates Luna y Nicolás Mendoza Villa.
La sentencia se firmó el pasado 12 de mayo por el juez primero de distrito de procesos penales federales, Samuel Ventura Ramos y esta misma absolvió a Abarca del delito de delincuencia organizada que no tiene que ver con el secuestro de los activistas.
Cabe recordar que en septiembre de 2022, un juez absolvió a José Luis Abarca de participar de forma intelectual en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. El juez tercero de distrito de procesos penales federales con residencia en Tamaulipas determinó que no existían pruebas suficientes para acreditar su responsabilidad en los hechos ocurridos en septiembre de 2014.
Después de que les efectuaran nuevas órdenes de aprehensión, Enrique Beltrán Santes, Juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Méxicodictó auto de formal prisión contra el exalcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, por los delitos de delincuencia organizada, en su modalidad de delitos contra la salud, por supuestos nexos con el grupo criminal Guerreros Unidos.
En la misma resolución el Juez Beltrán Santes dictó el auto de formal prisión a Felipe Flores, quien fungió como secretario de Segurdad Pública de Iguala, durante la administración de Abarca; así como al teniente del Ejército mexicano Fabián Alejandro Pirita Ochoa.
De acuerdo con las investigaciones, Abarca Velázquez y Pineda Villa fueron acusados por el testigo protegido con nombre clave “Juan”, identificado como el exjefe de sicarios de Guerreros Unidos, Gildardo López Astudillo, alias “El Gil”, quien aseguró que José Luis y su esposa brindaron protección a esa organización criminal.
También, la Fiscalía General de la República (FGR) utilizó como datos de prueba los testimonios de la testigo colaboradora con nombre clave “Karla”; contra Felipe Flores, han declarado alrededor de 20 testigos en el sentido de que el exfuncionario también otorgaba protección a Guerreros Unidos.
José Luis Abarca, integrante del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y exalcalde de Iguala, fue detenido en noviembre de 2014 en la Alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México, en relación con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Actualmente se encuentra preso en el penal federal de máxima seguridad El Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México.
