Funcionario del INE pasó de ser proveedor de empresas que buscaban contratos electorales a manejar el presupuesto del instituto; Jesús Octavio García González enfrenta una denuncia por presuntamente ocultar vínculos y operar desde un cargo clave sin aval del Consejo General.
El reciente funcionario Jesús Octavio García González, encargado de despacho de la Dirección Ejecutiva de Administración, fue denunciado ante el Órgano Interno de Control (OIC). Según la denuncia anónima con folio 20260120194039022, García González pasó en apenas siete meses de representar legalmente a empresas que competían por contratos con el propio INE a ser quien supervisa y administra los recursos del instituto, un presupuesto anual que asciende a 15 mil 99 millones de pesos en un año sin comicios federales.
Antes de llegar a este cargo, Jesús Octavio García González trabajó como representante legal y asesor de empresas proveedoras vinculadas al sector electoral, entre ellas Corporativo Zeg y Cajas Graf, compañías que han participado en licitaciones para fabricar urnas, mamparas y material de votación. Y de acuerdo con información oficial del INE, es licenciado en Derecho y cuenta con una maestría en Derecho Electoral.
El expediente detalla que en enero de 2025, cuando aún era representante de corporativos privados, García González compitió en una licitación para proveer urnas, mamparas y marcadores por casi 200 millones de pesos para la elección judicial de ese año, en representación de Corporativo Zeg. Sin embargo, poco después de su nombramiento el 21 de septiembre, parte de esos materiales fue adjudicado directamente a Cajas Graf, empresa que también había sido representada por él años atrás.
La queja acusa que el funcionario no solo omitió esta relación en su currículum público entregado al INE, sino que asumió un cargo desde el cual podría influir en decisiones de contratación, lo que, de comprobarse, configuraría un probable conflicto de interés y abuso de funciones. El poder legal otorgado a García González en junio de 2023 por Corporativo Zeg, aún vigente según el documento, se cita como evidencia de esa relación previa.
El nombramiento de García González fue realizado por la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, a través de un mecanismo de designación directa que no contó con la ratificación del pleno de consejeros electorales, lo que ha generado críticas internas por la falta de transparencia en el proceso.
Miembros del Consejo General han expresado preocupación por la concentración de poder en la dirección de administración y por la aparente omisión de antecedentes relevantes en la trayectoria profesional del funcionario. En respuesta a la controversia, algunos consejeros impulsan la creación de una Comisión de Administración, con el objetivo de supervisar contrataciones relevantes y evitar decisiones unilaterales que comprometan la integridad del instituto.
