La reciente decisión de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández, de admitir la revisión del amparo tramitado por el exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam, provocará un fuerte rechazo y críticas por parte de diversos sectores de la sociedad.
Esta acción, que permite que el caso del político priista, vinculado al caso Ayotzinapa y acusado de tortura y desaparición forzada, sea revisado nuevamente, plantea serias dudas sobre la imparcialidad y la integridad del sistema judicial mexicano.
Un golpe a la memoria de las víctimas
La admisión del amparo por parte de Piña Hernández y su decisión de turnarlo a la ministra Ana Margarita Ríos Farjat para su análisis, parecen indicar una falta de compromiso con la justicia y la verdad en uno de los casos más emblemáticos de violaciones a los derechos humanos en el país.
La decisión de la SCJN no solo parece favorecer a un exfuncionario que ha sido ampliamente criticado por su papel en la creación de la “verdad histórica” sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, sino que también envía un mensaje preocupante sobre la protección de figuras políticas cuestionadas.
La búsqueda de justicia en un contexto de impunidad
La revisión del amparo se produce en un contexto en el que la sociedad demanda justicia y transparencia, así como el castigo a quienes han estado involucrados en la impunidad y el abuso de poder. La administración de justicia no debería estar sujeta a interpretaciones que beneficien a quienes han abusado de su posición, sino que debería ser un proceso claro y directo que busque restablecer la confianza en las instituciones.
Además, la decisión de la SCJN podría interpretarse como una falta de sensibilidad hacia las familias de las víctimas del caso Ayotzinapa, quienes han luchado incansablemente por la verdad y la justicia. La prolongación del proceso judicial para Murillo Karam solo añade más dolor y frustración a aquellas familias que han estado esperando respuestas desde hace años.
La SCJN y su responsabilidad ante la justicia
La SCJN, bajo la dirección de Norma Piña, debería enfocarse en fortalecer la confianza del pueblo en el sistema judicial, no en revivir casos que parecen estar más alineados con intereses políticos que con la justicia. La admisión del amparo de Murillo Karam no solo es un golpe para la memoria de los normalistas desaparecidos, sino también un recordatorio de que el camino hacia la justicia en México aún está lleno de obstáculos.
La necesidad de reforzar la confianza ciudadana
Es imperativo que la SCJN actúe con responsabilidad y ética, priorizando la verdad y la justicia por encima de cualquier consideración política. La sociedad mexicana merece un sistema judicial que se comprometa a erradicar la impunidad y a garantizar que los culpables de violaciones a los derechos humanos enfrenten consecuencias por sus actos. La decisión de Norma Piña ha dejado claro que aún queda un largo camino por recorrer para lograr una verdadera justicia en México.
