A 11 años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, en Iguala, Guerrero, la justicia parece moverse lentamente. Algunos responsables se esconden, otros descansan, algunos enfrentan juicios livianos y varios permanecen impunes.
El 26 de septiembre de 2014, los 43 normalistas fueron atacados mientras intentaban tomar autobuses para participar en la marcha del 2 de octubre. Policías municipales, en coordinación con otras corporaciones y civiles vinculados al crimen organizado, dispararon contra ellos y detuvieron a 43 jóvenes que desaparecieron.
Jesús Murillo Karam, exprocurador General de la República, construyó la llamada “Verdad Histórica” durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, asegurando que los estudiantes habían sido asesinados y cremados por el grupo “Guerreros Unidos” en el basurero de Cocula. Tras revelarse un video donde Tomás Zerón de Lucio, entonces jefe de la Agencia de Investigación Criminal, torturaba a “El Cepillo” para obtener confesiones, Murillo Karam fue vinculado a proceso por tortura, desaparición forzada y delitos contra la administración de justicia. Actualmente se encuentra en prisión domiciliaria en Lomas de Chapultepec, mientras su juicio de amparo avanza en la Suprema Corte.
José Luis Abarca, exalcalde de Iguala, detenido desde 2014, logró recientemente suspender la ejecución de su condena de 92 años por el secuestro de siete activistas. Su esposa, María de los Ángeles Pineda, también acusada en el caso, permanece en el Penal Federal Femenil de Amacuzac. La suspensión de Abarca impide que se cumpla la sentencia mientras se revisa su caso en tribunales.
Tomás Zerón de Lucio sigue prófugo en el extranjero. La presidenta Claudia Sheinbaum informó que México ha solicitado reiteradamente a Israel su extradición, pero hasta ahora no ha sido concedida.
Por su parte, Enrique Peña Nieto, exmandatario federal, enfrenta investigaciones por presuntos sobornos de 25 millones de dólares relacionados con contratos públicos, incluyendo la adquisición del software Pegasus, según reportó el diario israelí The Marker. Mientras tanto, vive cómodamente en España, mientras los familiares de los normalistas continúan luchando por justicia.
A más de una década del crimen, la impunidad persiste y la memoria de los 43 normalistas sigue reclamando respuestas.
A más de una década de los hechos en Iguala, las familias de los 43 estudiantes siguen buscando justicia mientras el caso ha atravesado tres gobiernos sin que se haya emitido sentencia contra los responsables.
La noche que marcó la historia de México
El 26 de septiembre de 2014, 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa fueron secuestrados en Iguala, Guerrero, mientras viajaban en cinco autobuses rumbo a la marcha del 2 de octubre. Ese mismo día murieron seis personas y más de 40 resultaron heridas por ataques armados de policías municipales y miembros del cártel Guerreros Unidos. Según testimonios, algunos policías estaban al servicio de la organización criminal, que había recibido órdenes de “matarlos a todos”.
Los Avispones: víctimas colaterales
Esa noche, un equipo de fútbol local, Los Avispones, también fue atacado por error en Santa Teresa, Guerrero. Una ráfaga de balas impactó el autobús en el que viajaban 29 personas. Solo sobrevivieron algunos, mientras que un jugador y el chofer murieron. Este episodio evidencia que los autobuses eran confundidos con vehículos vinculados al tráfico de drogas, principal objetivo de Guerreros Unidos.
Guerreros Unidos y el tráfico de drogas
El cártel Guerreros Unidos surgió de la fragmentación del Cártel de los Beltrán Leyva y operaba con protección de autoridades locales. Entre sus líderes se encontraba José Ángel Casarrubias Salgado, El Mochomo, responsable directo de la desaparición de los estudiantes. Los investigadores revelaron que los autobuses utilizados por los normalistas transportaban heroína hacia Estados Unidos, especialmente a Chicago, lo que habría motivado el ataque.
Arrestos y controversias
De entre los detenidos destacan Jesús Murillo Karam, exprocurador acusado de fabricar la “verdad histórica”; José Luis Abarca y María de los Ángeles Pineda, exalcaldes de Iguala; y miembros del cártel como El Cepillo, El Mochomo, El Pato y El Pajarraco. Sin embargo, hasta el momento ninguno ha recibido una sentencia definitiva, y muchas detenciones fueron anuladas o cuestionadas.
Tortura y la “verdad histórica”
El proceso estuvo marcado por actos de tortura, especialmente a manos de Tomás Zerón, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal. Videos y testimonios revelan interrogatorios violentos y presiones para declarar culpables a los implicados. La “verdad histórica” de Murillo Karam afirmaba que los estudiantes fueron asesinados e incinerados en Cocula, pero investigaciones posteriores y reportes del GIEI demostraron irregularidades, omisiones y la participación de autoridades en varios niveles.
Rol del GIEI y la lucha por justicia
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), creado en noviembre de 2014, supervisó las investigaciones y elaboró planes de búsqueda, incluyendo fosas clandestinas y análisis de telefonía celular, recomendando nuevas líneas de investigación y reparación integral para las familias. A pesar de sus aportes, los padres consideran que el caso sigue estancado.
Vidulfo Rosales cambia Ayotzinapa por la SCJN
En agosto de 2025, Rosales anunció su retiro del caso Ayotzinapa y del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, tras 24 años de labor. Alegó motivos personales y de salud, pero su “retirada con la frente en alto” ha dejado a las familias de los 43 normalistas en un vacío de justicia. No olvidemos que asumió un puesto en la Suprema Corte con un sueldo bruto mensual de 167 mil 671 pesos. ¿Un respiro conveniente? Las dudas persisten.
11 años de impunidad
El martirio empezó en el sexenio de Enrique Peña Nieto y, hasta hoy, después de 11 años las familias reclaman falta de avances. Solicitan acceso a información clave, como el análisis de telefonía celular, y denuncian la falta de justicia: ninguno de los responsables ha sido condenado. El voto de confianza a la actual administración se mantiene más que nunca, pero con frustración ante la falta de resultados.
Los 43 normalistas
1. Abel García Hernández, 2. Abelardo Vázquez Penitén, 3. Adán Abraján De la Cruz, 4. Antonio Santana Maestro, 5. Alexander Mora Venancio, 6. Benjamín Ascencio Bautista, 7. Bernardo Flores Alcaraz, 8. Carlos Iván Ramírez Villarreal, 9. Carlos Lorenzo Hernández Muñoz, 10. César Manuel González Hernández, 11. Cristián Alfonso Rodríguez Telumbre, 12. Cristián Tomás Colón Garnica, 13. Cutberto Ortiz Ramos, 14. Doriam González Parral, 15. Emiliano Gaspar de la Cruz, 16. Everardo Rodríguez Bello, 17. Felipe Arnulfo Rosa, 18. Giovanni Galindo Guerrero, 19. Israel Caballero Sánchez, 20. Israel Jacinto Lugardo, 21. Jhosivanni Guerrero De la Cruz, 22. Jonás Trujillo González, 23. Jorge Álvarez Nava, 24. Jorge Aníbal Cruz Mendoza, 25. Jorge Antonio Tizapa Leguideño, 26. Jorge Luis González Parral, 27. José Ángel Campos Cantor, 28. José Ángel Navarrete González, 29. Jesús Jovany Rodríguez Tlatempa, 30. José Eduardo Bartolo Tlatempa, 31. José Luis Luna Torres, 32. Julio César López Patoltzin, 33. Leonel Castro Abarca, 34. Luis Ángel Abarca, 35. Luis Ángel Francisco Arzola, 36. Magdaleno Rubén Lauro Villegas, 37. Marcial Pablo Baranda, 38. Marco Antonio Gómez Molina, 39. Martín Sánchez García, 40. Mauricio Ortega Valerio, 41. Miguel Ángel Hernández Martínez, 42. Miguel Ángel Mendoza Zacarías, 43. Saúl Bruno García.
A 11 años de los sucesos, sus familias continúan buscando justicia y respuestas sobre su paradero.
El exprocurador General de la República, Jesús Murillo Karam, acusado por la Fiscalía General de la Republica (FGR) por los delitos de tortura, desaparición forzada y coalición de servidores públicos en el caso de la desaparición de los 43 estudiante normalistas de Ayotzinapa, recibió el cambio de medida cautelar para permanecer en prisión domiciliaria.
Este viernes, el juez de control Juan José Hernández Leyva le concedió prisión domiciliaria al ex funcionario en el gobierno de Enrique Peña Nieto, conocido como autor de la Verdad Histórica, misma que ya fue desmentida por la actual administración.
Murillo Karam, permanecerá en prisión domiciliaria, deberá usar un brazalete, no podrá acercarse a ningún aeropuerto y tendrá vigilancia adicional, esto a solicitud de la FGR.
Cabe mencionar que, el pasado 4 de abril, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito concedió una suspensión definitiva al exprocurador, por graves problemas de salud y tener más de 70 años.
El juez Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, Rubén Darío Noguera, rechazó otorgarle a Jesús Murillo Karam una suspensión provisional por el Caso Ayotzinapa.
El ex titular de la extinta Procuraduría General de la República (PGR) y creador de la Verdad Histórica, Murillo Karam, había promovido un recursos de amparo en contra de la resolución de José Rivas González, juez de control del Reclusorio Norte, quien le negó la posibilidad de auxiliarse para reunir documentos a su favor.
Este martes 30 de enero el juez determinó que la suspensión provisional no era procedente debido a que se trataba de un acto consumado. En ese sentido el juez fijó una nueva fecha para la audiencia incidental, que está programada para el próximo 7 de febrero, para determinar si se le concede o no la suspensión definitiva.
Jesús Murillo Karam fue detenido en agosto de 2022 y es señalado por la Fiscalía General de la República (FGR) por presunstos delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de la justicia en el caso Ayotzinapa, en el que fueron desaparecidos 43 estudiantes normalistas.
Un juez optó por segunda ocasión aplazar la audiencia de imputación contra Jesús Murillo Karam, ex titular de la Procuraduría General de la República (PGR), por su presunta responsabilidad en los delitos de tortura, desaparición forzada y contra la administración de justicia en el caso Ayotzinapa.
En caso de ser hallado culpable por los delitos que será acusado formalmente en el mes de abril por la Fiscalía General de la República (FGR), el ex gobernador de Hidalgo podría pasar hasta 82 años en prisión.
La diligencia que estaba programada para este miércoles 24 de enero, fue retrasada debido a que se encuentran realizando entrevistas y otras programadas por hacer, mismas que forman parte de la defensa del exfuncionario en el sexenio de Enrique Peña Nieto.
Murillo Karam es señalado de crear la “Verdad Histórica”, en la que indicó que los 43 estudiantes normalistas fueron plagiados por policías que los asesinaron e incineraron en el basurero de Cocula, por órdenes del crimen organizado.
Para el Caso Ayotzinapa de la FGR presentó 69 testimonios, 65 documentales y 43 peritajes para sostener su acusación contra Jesús Murillo Karam, quien se encuentra preso desde agosto de 2022.
Cabe mencionar que, el exprocurador manitiene otro proceso penal por los delitos de tortura, desaparición forzada y coalición de servidores públicos comentdos en contra de Felipe Rodríguez Salgado alías “El Cepillo”.
El exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam, tendrá una nueva audiencia en enero por los señalamientos que ha hecho la FGR en su contra por el caso Ayotzinapa, donde desaparecieron 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” en Iguala, Guerrero.
Karam es señalado por ser la mente maestra detrás de la denominada verdad histórica, razón por la que fue detenido e ingresado al reclusorio Norte al ser acusado de desaparición forzada, tortura y delitos contra la administración de justicia en el caso Ayotzinapa.
La versión que contó el exprocurador en la verdad histórica fue que los estudiantes “fueron privados de la vida, incinerados y sus cenizas arrojadas al Río San Juan”.
De acuerdo con sus declaraciones, las pruebas eran contundentes y no dejaban lugar a duda que el ex presidente municipal de Iguala, su esposa y Sidronio Casarrubias Salgado eran los líderes del grupo criminal Guerreros Unidos y ordenaron a los policías de su localidad Cocula entregar a los estudiantes a un grupo de sicarios.
Asimismo, aseguró que ninguna de estas pruebas involucraba al Ejército u otro cuerpo de seguridad federal.
El exprocurador de justicia Jesús Murillo Karam, se quedará en el penal de Tepepan, en Xochimilco, al sur de la Ciudad de México, luego de que un juez federal le negará la solicitud a su defensa de modificar la prisión preventiva a domiciliaria.
La solicitud se realizó debido a que el exprocurador de justicia se encuentra delicado de salud, aunado a su avanzada edad, sin embargo, el juez Rubén Darío Noguera Gregoire, titular del Juzgado Octavo de Distrito en Amparo en materia Penal, negó la suspensión definitiva, esto debido a que se prevé que Karam podría evadir a la justicia.
Jesús “N” enfrenta un segundo proceso penal por tortura, desaparición forzada y coalición de servidores públicos en agravio de Felipe Rodríguez Salgado, conocido como “El Cepillo”, presunto integrante del grupo delictivo “Guerreros Unidos”.
En caso de que la prisión preventiva sea autorizada en un futuro, el exprocurador la cumpliría desde su casa en Lomas de Chapultepec, en la capital del país.
Cabe recordar que, el juez de control José Rivas González le concedió la prisión domiciliaria dentro del primer proceso penal que enfrenta por delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de la justicia relacionado con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, sin embargo, esto no ocurrió para el segundo proceso, por lo que continuará en prisión.
El ex procurador general de la República Mexicana durante el sexenio de Peña Nieto y creador de la “verdad histórica”, Jesús Murillo Karam fue acusado de agresión sexual por una mujer.
De acuerdo con información del periodista Carlos Jiménez, Karam habría atacado a una fisioterapeuta en uno de los tantos permisos médicos que se le han otorgado desde que se encuentra preso en el Reclusorio Norte.
Jiménez informó que la víctima reveló información sobre el abuso, incluida la fecha, hora y forma en que habría ocurrido. La fiscalía de la capital ya estaría al tanto de las denuncias.
Por lo anterior, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) abrió una investigación contra Jesús Murillo Karam para determinar su potencial implicación en el nuevo delito del que se le responsabiliza.
Es importante señalar que, hasta el 4 de julio, el ex procurador tuvo al menos 11 ocasiones en las que fue trasladado a diferentes hospitales, entre ellos el Instituto Nacional de Cardiología y el Hospital Belisario Domínguez, debido a diversas enfermedades.
Acusado de tortura
Desde el pasado 19 de agosto de 2022, Murillo Karam se encuentra internado en el Reclusorio Norte mientras es investigado por los delitos de tortura, obstrucción a la justicia y desaparición forzada en relación con los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos el 29 de septiembre de 2014 en Iguala.
Al ex titular de la PGR se le pidió cumplir 82 años de prisión por estos delitos: 60 años por el delito de desaparición forzada, 12 años por el delito de tortura y 10 años más por el delito conexo contra la administración de justicia.
Se esperaba que la Fiscalía General de la República (FGR) acusara oficialmente a Jesús Murillo Karam, exprocurador General de la República, de cometer delitos en el marco del caso de Ayotzinapa, en la audiencia fijada para este lunes, pero un juez federal decidió posponerla.
El exfuncionario comparecería ante un juez para conocer la formulación de acusaciones por la potencial comisión de los delitos de desaparición forzada, tortura y administración de justicia, luego de superar diversos problemas de salud que lo obligaron a pasar varios días internado en el hospital de la ciudad.
Como parte de la estrategia jurídica utilizada por su defensa, la audiencia fue pospuesta y no se realizará hasta enero de 2024 para el exfuncionario, quien ejerció durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.
Es importante tener en cuenta que el acusador solicitó una pena de 82 años de prisión.
Además, está pendiente una solicitud de admisión de 15 pruebas documentales para desvirtuar los cargos contra Jesús Murillo Karam, la cual debe resolverse antes de que continúen las audiencias por el caso Ayotzinapa.
La Unidad Especial de Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa de la Fiscalía General de la República había preparado para la audiencia de este lunes 69 testimonios, 65 pruebas documentales y 43 peritajes.
Pese a lo anterior, el 18 de abril la defensa presentó una denuncia contra la decisión tomada en la audiencia luego de que se le negara el acceso a la carpeta de información.
La defensa consideró que los datos probatorios eran cruciales para probar su teoría del caso.
El Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal rechazó entonces el segundo intento de amparo porque no afectaba directamente los derechos de quien formula la acusación.
Sin embargo, el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal consideró fundamentados los argumentos y ordenó al Juzgado de Distrito asistirlos en la obtención de 15 pruebas para refutar los cargos.
El día de hoy 25 de julio, el Presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó que se reunió con un grupo de investigadores del caso de los 43 estudiantes, desaparecidos de Ayotzinapa el pasado 26 de septiembre del 2014, el grupo de investigadores se trata del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) quienes presentarán un último reporte del suceso.
El GIEI es impulsado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se dedican a resolver problemas estructurales relacionados con desapariciones forzadas. Mismos que realizaron un acuerdo con el Estado Mexicano así como con los representantes de los estudiantes desaparecidos para recibir la asistencia técnica internacional para el caso de Ayotzinapa, es decir, una ayuda en investigaciones y datos importantes sobre los hechos ocurridos así como la previa investigación de los culpables.
Algunos de los miembros del GIEI son: Carlos Martín Beristain, Angela Buitrago, Claudia Paz, Francisco Cox, Alejandro Valencia, entre otros. Todos pertenecientes a diferentes países de América Latina.
Los expertos emitirán un comunicado el día de hoy en donde indicarán sus últimos hallazgos así como los elementos que quedan pendientes para dar seguimiento al caso.
Uno de los logros del GIEI fue el hallazgo de la responsabilidad del exprocurador Jesús Murillo Karam, así como la detención de algunos militares que se encontraron vinculados a los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero.
El GIEI llevó a cabo la investigación durante ocho años y el día de hoy emitirán su último reporte el cual, al igual que los anteriores, ayudarán al Gobierno Federal Mexicano así como a las autoridades pertinentes a continuar con la búsqueda de justicia de los culpables de la desaparición de los 43.
