La FGR pidió no ceder a la “petición navideña” del ex gobernador, mientras testigos señalaron presuntos intentos de entorpecer procesos por desaparición forzada.
La jueza Ángela Zamorano Herrera, del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Norte, aplazó para este viernes la resolución sobre la libertad anticipada de Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz condenado por asociación delictuosa y lavado de dinero. La audiencia, que se prolongó casi 12 horas, estuvo marcada por confrontaciones entre la defensa y la Fiscalía General de la República (FGR).
Durante la diligencia, el fiscal Manuel Granados Quiroz pidió a la juzgadora no conceder “esta petición navideña” al ex mandatario, mientras Duarte acusó a la FGR de convertir el proceso en un “circo mediático”, luego de que se mencionara un presunto desvío de 60 mil millones de pesos. “Es una falta de respeto para usted y para la institución”, reclamó.
El abogado del ex gobernador, Pablo Campuzano, insistió en que Duarte cumple los criterios de la Ley Nacional de Ejecución Penal, como haber purgado más del 70% de su condena y mantener buena conducta. Sin embargo, este punto detonó el mayor debate de la jornada.
La FGR presentó a seis testigos, entre ellos cuatro funcionarios de la fiscalía de Veracruz, quienes afirmaron que Duarte entorpeció en diversas ocasiones la audiencia inicial por desaparición forzada. La fiscal Denisse Moreno Córdova relató que en seis ocasiones el ex gobernador retrasó la comparecencia; una de ellas en 2022, cuando abandonó la sala alegando náuseas y vómito, para luego ser regresado en una silla por personal penitenciario.
La defensa respondió acusando que Duarte fue forzado a comparecer pese a un episodio de presión baja y que incluso se le inyectó adrenalina para reingresarlo a la audiencia. Granados Quiroz sostuvo que estos episodios evidencian “una actitud que afecta directamente la evaluación de buena conducta”.
La determinación final se dará a conocer este viernes, en una audiencia que definirá si el ex gobernador obtiene o no el beneficio preliberacional.
La Fiscalía busca desacreditar los argumentos de buena conducta del ex gobernador y presentará a seis testigos clave para evitar que abandone el Reclusorio Norte antes de 2026.
La Fiscalía General de la República (FGR) presentará este miércoles a seis testigos con los que busca impedir que Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz, obtenga la libertad anticipada. Aunque su defensa afirma que ya cumplió más del 70% de su condena, mantiene buena conducta y no tiene prisión preventiva, la FGR intenta desmontar esos argumentos ante el Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Norte.
Tres de los testigos pertenecen a la Fiscalía de Veracruz, quienes no pudieron asistir a la diligencia anterior. La jueza Ángela Zamorano Herrera encabezará la audiencia que podría extenderse por más de ocho horas y definirá si Duarte permanece en prisión hasta abril de 2026, fecha en que concluye su sentencia por asociación delictuosa y lavado de dinero.
Hasta ahora, cinco testigos de la defensa —funcionarios del Gobierno de la Ciudad de México y uno federal— declararon en favor del ex mandatario para acreditar avances en su proceso de reinserción social. Sin embargo, durante las comparecencias también se revelaron faltas graves cometidas por Duarte en 2019 y 2020, cuando fue sorprendido con latas de alcohol, un Blu-Ray modificado como módem, un bolígrafo con cámara oculta y otros objetos prohibidos, lo que derivó en 15 días sin visitas.
La FGR insiste en que estos incidentes, sumados a nuevos elementos aportados por la Fiscalía de Veracruz, justifican negar su salida anticipada. A ello se suma un recurso de apelación que aún podría reactivar un proceso por desaparición forzada, el cual también complicaría su liberación.
Duarte fue sentenciado en 2018 a nueve años de prisión y se le decretó el decomiso de 41 propiedades, entre ellas departamentos de lujo en Santa Fe valuados en más de 45 millones de pesos cada uno.
El exgobernador de Veracruz, condenado por lavado de dinero y asociación delictuosa, busca salir de prisión antes de cumplir su sentencia completa. La decisión fue pospuesta al 19 de noviembre.
La audiencia que definirá si Javier Duarte obtiene su libertad anticipada fue aplazada para el próximo 19 de noviembre, según determinó la jueza Ángela Zamorano Herrera, titular del Juzgado de Ejecución de Sanciones del Centro de Justicia Penal Federal.
El exgobernador de Veracruz, condenado a nueve años de prisión por lavado de dinero y asociación delictuosa, solicitó este beneficio argumentando buena conducta, participación en actividades de reinserción y que incluso imparte cursos a otros internos. Duarte cumple su condena en el Reclusorio Norte, donde ya habría cumplido el 95% de su sentencia, equivalente a 3 mil 125 de los 3 mil 285 días impuestos por la justicia federal.
De acuerdo con los abogados defensores, encabezados por Pablo Campuzano, Duarte no enfrenta ningún otro proceso penal vigente, luego de que cuatro causas adicionales —tres del fuero común y una federal— fueron canceladas o declaradas prescritas. Entre ellas figuraban delitos como peculado, incumplimiento del deber legal y desaparición forzada, este último cerrado en noviembre de 2024.
Durante la diligencia, la jueza Zamorano explicó que analiza 11 testimonios y 23 pruebas documentales presentadas tanto por la defensa como por la Fiscalía General de la República (FGR). Rechazó eliminar evidencia de alguna de las partes al señalar que “sería absurdo suprimir las pruebas, pues sin ellas no habría elementos para pronunciarme”.
Si la resolución resulta favorable, Javier Duarte podría salir de prisión de manera inmediata, cinco meses antes de que concluya su condena formal, prevista para abril de 2026.
El exmandatario veracruzano fue detenido en abril de 2017 en Guatemala y extraditado a México tras ser uno de los símbolos más notorios de corrupción en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Desde entonces, su figura ha representado para muchos la impunidad del viejo régimen, que hoy parece intentar reinsertarse, al menos jurídicamente, en la vida pública.
A casi nueve años de su detención en Guatemala, el exgobernador priista Javier Duarte podría recuperar la libertad pese a ser uno de los mayores símbolos de corrupción política en México. La Fiscalía se opone, pero la jueza ya analiza su caso.
El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, podría salir de prisión en cuestión de semanas. A casi nueve años de su detención en Guatemala, el político priista busca obtener libertad anticipada tras cumplir con más del 70% de su condena y argumentar “buen comportamiento”.
La audiencia que definirá su futuro fue fijada para el 12 de noviembre, y estará a cargo de la jueza Ángela Zamorano Herrera, quien deberá resolver si procede su salida antes de abril de 2026, fecha en la que concluiría formalmente su sentencia por asociación delictuosa y lavado de dinero.
Aunque el beneficio legal podría concedérsele, la Fiscalía General de la República (FGR) ha impugnado la solicitud, al considerar la magnitud del daño económico y social causado durante su administración. Sin embargo, tras ser absuelto en 2024 del delito de desaparición forzada, Duarte ya no enfrenta procesos adicionales.
El símbolo de corrupción
Nacido en 1973, Javier Duarte pasó de ser un político con un currículum brillante a uno de los rostros más reconocibles de la impunidad mexicana. Gobernó Veracruz entre 2010 y 2016, bajo el amparo del PRI y de su mentor Fidel Herrera, prometiendo modernidad y desarrollo. Pero en realidad construyó una de las redes de saqueo público más grandes en la historia reciente.
De acuerdo con investigaciones de la extinta PGR y la Auditoría Superior de la Federación (ASF), durante su gobierno se desviaron más de 73 mil millones de pesos del erario estatal. El dinero circuló a través de 73 empresas fantasma creadas para simular contratos por obras y apoyos sociales inexistentes. En los domicilios fiscales se hallaron casas vacías, terrenos baldíos y pequeños locales falsos.
A esto se suman 35 mil millones de fondos federales y estatales desaparecidos, y más de 14 mil millones de daño patrimonial. Incluso la Cruz Roja fue afectada, al no recibir nueve millones de pesos recaudados mediante la tenencia vehicular.
Infancias: el precio de la corrupción
Durante el gobierno de Javier Duarte en Veracruz, se descubrió uno de los escándalos más indignantes de corrupción en el sistema de salud mexicano: el uso de agua destilada en lugar de medicamentos para niños con cáncer atendidos en hospitales públicos.
La denuncia fue hecha por el entonces gobernador Miguel Ángel Yunes, quien calificó el hecho como un “pecado brutal”. Además, exfuncionarios de salud revelaron que la administración de Duarte también habría comprado miles de pruebas falsas de VIH y medicamentos pirata o caducados, lo que evidenció una red de negligencia y desvío multimillonario de recursos públicos en perjuicio de la población más vulnerable.
Las investigaciones señalaron que el propio Duarte estaba al tanto de las irregularidades, pese a que su gobierno intentó encubrirlas. Se comprobó que, desde 2010, durante el mandato de su antecesor Fidel Herrera, ya se habían adquirido lotes falsos de medicamentos a empresas vinculadas con operadores políticos del PRI. Aún cuando la farmacéutica Roche advirtió que los productos eran falsos, el gobierno de Duarte continuó comprando y suministrando los fármacos hasta 2013.
El daño, además del financiero —más de 2,500 millones de pesos desviados de hospitales y centros médicos—, dejó una profunda huella ética y humanitaria que convirtió a Duarte en símbolo del abuso político y la descomposición institucional en México.
Huida, captura y juicio negociado
En noviembre de 2016, cuando las investigaciones lo cercaban, Duarte huyó del país. Fue detenido en abril de 2017 en Guatemala, junto a su esposa Karime Macías, recordada por su frase “Sí merezco abundancia”.
Tras su extradición, enfrentó cargos por delincuencia organizada, pero la acusación fue reclasificada a asociación delictuosa, permitiéndole un procedimiento abreviado. Fue condenado a nueve años de prisión y una multa de apenas 58 mil pesos, sin obligación de reparar el daño.
Organizaciones civiles, como TOJIL, calificaron el acuerdo como un acto de corrupción judicial, ya que el exmandatario recibió un trato preferencial pese a la magnitud del desfalco.
La sombra de la impunidad
Si la jueza concede la libertad anticipada, Duarte saldría libre sin devolver un solo peso de los miles de millones desviados y sin enfrentar nuevos cargos. La mayoría de sus excolaboradores siguen prófugos o protegidos por el fuero legislativo.
El caso Duarte no solo representa uno de los mayores escándalos financieros del “Nuevo PRI”, sino también un símbolo de cómo la impunidad sigue marcando la vida política mexicana.
El Tribunal Superior de Justicia de Veracruz absolvió a Karime Macías de un presunto fraude de 114 millones de pesos en el DIF estatal. Esta decisión genera serias preocupaciones sobre la justicia en México.
La Tercera Sala del tribunal determinó que la Fiscalía no presentó pruebas sólidas para respaldar las acusaciones. Los magistrados invalidaron los contratos simulados que supuestamente sustentaban el desvío de recursos. Este fallo beneficia a Macías y a dos excolaboradores, dejando sin consecuencias a quienes pudieron haber perjudicado al DIF.
La decisión unánime de los magistrados parece ignorar el contexto de corrupción que rodeó a la gestión de Javier Duarte. Durante su mandato, Macías estuvo involucrada en prácticas que levantaron sospechas sobre el uso indebido de fondos públicos.
Karime Macías se encuentra actualmente en Inglaterra y su absolución reaviva el debate sobre la impunidad en casos de corrupción en México. Muchos se preguntan cómo una figura tan polémica puede eludir la justicia de esta manera.
La falta de pruebas presentadas por la Fiscalía no debería ser excusa para cerrar este caso. La sociedad demanda responsabilidad y transparencia de sus líderes, especialmente en casos de corrupción de alto perfil.
La absolución de Macías no solo afecta a las víctimas potenciales de la corrupción, sino que también socava la confianza del público en el sistema judicial. Este desenlace plantea serias dudas sobre la capacidad del Estado para perseguir la corrupción de manera efectiva.
La situación refleja un panorama desalentador para los ciudadanos que buscan justicia en un país donde los poderosos parecen quedar exentos de las consecuencias de sus acciones.
Un juez federal ha ordenado la devolución inmediata de una casa a los hijos del ex gobernador de Chihuahua, César Duarte. Esta casa fue asegurada desde 2017 en medio de investigaciones por presuntos delitos.
El Segúndo Tribunal Colegiado argumenta que el aseguramiento del inmueble fue ilegal. Esta decisión genera serias dudas sobre la efectividad del sistema judicial en México.
La defensa de Duarte alega que los delitos nunca se probaron y que la investigación fue una “farsa” promovida por el ex gobernador Javier Corral y el fiscal César Peniche. Según ellos, Corral engañó al pueblo de Chihuahua con la llamada “Operación Justicia”.
Esta operación no solo resultó en el despilfarro de recursos, sino que también dejó al estado con un legado de impunidad. La resolución del tribunal parece dar la razón a quienes critican la falta de transparencia y justicia en el caso Duarte.
El regreso de esta propiedad a los hijos de Duarte plantea preguntas incómodas sobre el uso del poder judicial para fines políticos. La ciudadanía merece un sistema que actúe con imparcialidad y que no se convierta en una herramienta de represalias.
La decisión del tribunal deja en evidencia la fragilidad del proceso judicial en casos de corrupción y abuso de poder. La sociedad chihuahuense sigue esperando justicia real y no decisiones que parezcan favorecer a los poderosos.
En un polémico fallo que ha generado indignación entre colectivos de víctimas y observadores, el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, fue absuelto de las acusaciones de desaparición forzada. La resolución, emitida en una audiencia celebrada el pasado 14 de noviembre, desestimó el proceso penal en su contra en un tiempo récord de menos de 129 minutos.
El juez Oscar Hernández Carmona, encargado del caso, decidió anular el juicio argumentando que el testimonio principal, proporcionado por el exsecretario de Seguridad Arturo Bermúdez, fue obtenido bajo presunta tortura.
Esta resolución, tomada a puerta cerrada, impidió el acceso tanto a los familiares de las víctimas como a la prensa, lo que dejó a muchos cuestionando la transparencia del proceso judicial.
Un Caso Rápido y Cuestionado
La audiencia comenzó con el propósito de analizar la validez de una prueba presentada por la Fiscalía General del Estado (FGE). Sin embargo, en un giro inesperado, el juez determinó que el caso debía concluirse debido a la supuesta falta de validez de las pruebas.
A pesar de los esfuerzos de la defensa de las víctimas y de los fiscales, quienes solicitaron un aplazamiento de 24 horas para permitir la presencia de los familiares de David Lara Cruz, desaparecido en 2014 durante el gobierno de Duarte, el juez rechazó la petición.
“Esta audiencia no era para esto, era para debatir la nulidad de una prueba“, argumentaron los fiscales en un intento por detener la absolución. Sin embargo, Hernández Carmona procedió con la anulación del juicio.
La Defensa de Duarte y el Testimonio Clave
El testimonio de Arturo Bermúdez, que incriminaba directamente al exgobernador, fue central en el caso. La defensa de Duarte argumentó que dicho testimonio fue obtenido mediante coacción, citando una entrevista en la que Bermúdez aseguró haber sido presionado por la fiscalía. Aunque la FGE presentó pruebas periciales que descartaban la existencia de tortura, estas fueron ignoradas por el juez.
La abogada de las víctimas hizo un llamado al juez para priorizar los derechos de las familias afectadas, pero sus argumentos no alteraron el curso de la audiencia. Finalmente, el juez determinó que el testimonio era inadmisible y procedió a cancelar el proceso en cuestión de minutos.
Indignación por la Decisión Judicial
La celeridad con la que se resolvió el caso ha levantado cuestionamientos sobre la imparcialidad del Poder Judicial en Veracruz. Las víctimas han señalado que esta resolución deja en el desamparo a quienes buscan justicia por los casos de desaparición forzada ocurridos durante el gobierno de Duarte.
Aunque el exgobernador permanecerá en prisión por otras sentencias, la absolución por desaparición forzada marca un revés significativo para las familias que buscan justicia en Veracruz.
El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, ha sido absuelto del delito de desaparición forzada, según informó la Fiscalía General del Estado de Veracruz. La imputación había sido realizada a través de la Fiscalía Especializada para la Atención de Denuncias por Personas Desaparecidas, que lo señaló como presunto responsable de la desaparición de una persona identificada con las iniciales “D.L.C.”.
Con esta resolución, Duarte continúa cumpliendo su condena de nueve años por asociación delictuosa y lavado de dinero, delitos por los que fue sentenciado en 2018. Según el cronograma actual de su proceso penal, podría obtener su libertad en abril de 2026.
Un caso que marcó su administración
Javier Duarte, quien gobernó Veracruz de 2010 a 2016, enfrentó múltiples acusaciones durante y después de su mandato, relacionadas con corrupción, desvío de recursos y presuntos vínculos con el crimen organizado. Entre estas, la desaparición forzada fue uno de los señalamientos más graves.
Duarte fue detenido en el poblado de Panajachel, Guatemala, el 15 de abril de 2017, tras una intensa búsqueda internacional. Posteriormente, fue extraditado a México el 17 de julio de ese mismo año.
La absolución en contexto
El delito de desaparición forzada es considerado uno de los más graves en el sistema de justicia mexicano, ya que afecta directamente los derechos humanos. Sin embargo, la Fiscalía de Veracruz no logró sustentar las pruebas necesarias para vincular a Duarte con este crimen en particular, lo que derivó en su absolución.
Aunque esta decisión judicial alivia la carga legal de Duarte, no implica el fin de su responsabilidad penal, ya que sigue cumpliendo su condena actual.
Con su absolución en este caso, Duarte podría centrarse en la obtención de beneficios procesales que eventualmente le permitan reducir su condena. No obstante, su legado político y los daños ocasionados durante su gestión continúan siendo objeto de debate en el estado de Veracruz.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó que el Gobierno de Reino Unido detuvo la extradición de Karime Macías, exesposa del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, debido a un procedimiento distinto y resolución en incierta.
A través de una solicitud de información enviada a la Cancillería Mexicana por “Así las Cosas”, la SRE señaló que “las autoridades británicas han señalado al Gobierno de México que la señora KARIME MACIAS DE DUARTE y/o KARIME MACIAS TUBILLA se encuentra sujeta a un asunto legal separado y fuera del proceso de la extradición, el cual, según la ley del Reino Unido, debe resolverse antes de que pueda llevarse a cabo la extradición”.
🚨 REINO UNIDO FRENA EXTRADICIÓN DE KARIME MACÍAS
💥 Treinta meses después de que se autorizó la extradición de la exesposa de Javier Duarte por los desvíos de dinero público a través de empresas fantasma en Veracruz… ésta no se ha concretado.
Esto a pesar de que en 2022, la SRE anunció que existía un acuerdo para que Macías fuera entregada a México, sin embargo, esto nunca se concluyó.
Cabe mencionar que, Karime Macías es requerida por la autoridades mexicanos por el desvío de recursos públicos a través de empresas fantasmas en Veracruz, en la que se le vincula con simular contratos por más de 400 millones de pesos.
