El expresidente Jair Bolsonaro y siete colaboradores fueron condenados a penas de entre dos y 27 años por su intento de perpetuarse en el poder tras las elecciones de 2022.
La Primera Sala del Tribunal Supremo de Brasil condenó a Jair Bolsonaro y a siete de sus colaboradores por intento de golpe de Estado. Las penas varían entre dos y 27 años de prisión según la sentencia.
El juez Alexandre de Moraes explicó que los antecedentes se remontan a 2021, cuando Bolsonaro lanzó una campaña de descrédito contra el proceso electoral y las instituciones. Su objetivo era mantenerse en el poder tras perder las elecciones de 2022 frente a Luiz Inácio Lula da Silva.
La investigación reveló “13 actos ejecutivos” que mostraron cómo el expresidente buscó romper el orden democrático, pues realizaron reuniones con miembros del gabinete y de las Fuerzas Armadas para discutir planes golpistas.
El 8 de enero de 2023, seguidores de Bolsonaro invadieron las sedes de la Presidencia, el Congreso y el Supremo. Este acto de violencia fue considerado como el clímax del complot que el tribunal atribuyó a Bolsonaro.
Esta sentencia refleja la gravedad de los intentos de Bolsonaro por socavar la democracia en Brasil. La comunidad internacional observa con atención cómo se desarrolla esta situación en el país sudamericano.
El pasado martes 2 de septiembre comenzó en Brasilun juicio sin precedentes: el ex presidente Jair Bolsonaro (2019-2022) es juzgado por el Supremo Tribunal Federal (STF) por su presunta implicación en un plan para mantener el poder mediante un golpe de Estado. Analistas y adversarios coinciden: su condena es prácticamente inevitable.
De acuerdo con información de Eric Nepomuceno para La Jornada, el juicio inició con los informes del juez Alexandre de Moraes y del fiscal general Paulo Gonet, quienes detallaron que el complot estuvo constituido por intentos de desestabilizar el sistema de votación electrónica, un motín el 8 de enero de 2023 y planes de asesinar al presidente Luiz Inácio Lula da Silva y a un juez del STF. Gonet subrayó que los actos de Bolsonaro y su ministro de Defensa configuraron un proceso criminal en marcha.
Bolsonaro no asistió al tribunal y siguió el juicio desde su residencia en un barrio exclusivo de Brasilia, fuentes cercanas indican que se mostró deprimido e irritado, mientras sus abogados intentaban limitar la pena máxima. Este miércoles será el turno de la acusación directa contra el ex mandatario y se espera conocer si se presentará personalmente.
Otros acusados, como el almirante retirado Almir Garnier Santos y el teniente-coronel Mauro Cid, participaron también en el juicio. Cid, edecán de Bolsonaro, solicitó su retiro del ejército por falta de “condiciones psicológicas” para continuar activo.
El presidente Lula declaró a O Globo que espera se haga justicia respetando la presunción de inocencia: “Quiero que Brasil conozca la verdad y solo la verdad. Si es inocente, que lo demuestre”, dijo.
La Policía Federal de Brasil presentó una nueva denuncia contra el expresidente Jair Bolsonaro y su hijo, el diputado Eduardo Bolsonaro, por coaccionar a la Corte Suprema durante el proceso que enfrenta por un intento de golpe de Estado. La denuncia se formalizó tras concluir una investigación sobre presuntas maniobras para entorpecer la justicia.
Según las autoridades, ambos son sospechosos de delitos de coacción y de intentar abolir el Estado democrático de derecho restringiendo los poderes constitucionales. El informe, enviado a la Corte Suprema el pasado viernes, también señala que intentaron influir en el Gobierno de Donald Trump para descartar la causa en su contra. Actualmente, Bolsonaro se encuentra en arresto domiciliario, usa tobillera electrónica y tiene prohibido el uso de redes sociales.
Además, la Policía descubrió que Bolsonaro planeaba pedir asilo político a la administración de Javier Milei en Argentina tras el hallazgo, en sus celulares, de un documento sin fecha en el que se autodenominaba víctima de persecución política. Las autoridades sospechan que el archivo fue redactado por la esposa del senador Flavio Bolsonaro, otro de sus hijos.
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, descartó aplicar aranceles recíprocos a Estados Unidos, tras el aumento del 10% al 50% en tarifas impuestas por el gobierno de Donald Trump, aunque advirtió que su país no se quedará con los brazos cruzados.
“No voy a humillarme, y no voy a hablar con alguien que no está dispuesto al diálogo”, sentenció Lula en entrevista con Reuters, al referirse a Trump. Aun así, el mandatario aseguró que Brasil mantendrá una postura firme en defensa de sus exportaciones y su soberanía económica.
El golpe arancelario afecta al 36% de las exportaciones brasileñas a EE.UU., incluyendo productos clave como café y carne. Otros, como jugo de naranja, energía, fertilizantes y aviones civiles, quedaron excluidos.
Aunque descartó una respuesta arancelaria inmediata, Lula presentó una queja formal ante la OMC, inició contactos con líderes de BRICS como Xi Jinping y Narendra Modi, y anunció una nueva política nacional sobre minerales estratégicos, que serán tratados como asunto de seguridad nacional.
Además, acusó a Bolsonaro de ser “traidor a la patria” por permitir que Trump use su procesamiento judicial como justificación para los nuevos aranceles.
La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental de EE.UU. condenó la decisión del Supremo Tribunal Federal de Brasil de imponer arresto domiciliario a Jair Bolsonaro.
El Departamento de Estado acusó al juez Alexandre de Moraes de violar derechos humanos y silenciar la oposición. Exigió que Bolsonaro pueda defenderse públicamente.
La orden se dio tras la supuesta violación de medidas cautelares por parte del expresidente. Moraes le prohibió tener visitas, salvo de abogados y familiares.
EE.UU. amenaza con nuevas sanciones a funcionarios de la Corte brasileña por esta decisión. Además, inclusión a Moraes en la lista de sancionados.
El STF rechazó las amenazas de Washington y afirmó que continuaría con el proceso judicial. La Procuraduría General de la República busca 43 años de cárcel para Bolsonaro por varios delitos.
El ministro de Finanzas de Brasil, Fernando Haddad, calificó como “injusta” la reciente imposición arancelaria del gobierno de Donald Trump, aunque reconoció que el resultado fue “más favorable de lo esperado”. A partir del 6 de agosto, entrarán en vigor aranceles del 50% a productos brasileños como el café y la carne, sectores en los que Brasil es líder mundial en exportación, de acuerdo con información recopilada por La Jornada.
Sin embargo, el castigo comercial excluye productos clave como jugo de naranja, energía, aeronaves civiles y fertilizantes, lo que abre la puerta a futuras negociaciones bilaterales. Haddad anunció que ya se prepara una reunión con el secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, aunque aún sin fecha definida. “Estamos en un punto de partida más favorable, pero lejos del punto de llegada. Va a requerir mucha negociación”, afirmó el funcionario brasileño.
Brasil también recurrirá los aranceles ante instancias nacionales e internacionales, mientras prepara un programa de apoyo a empresas exportadoras afectadas, que será lanzado en los próximos días.
Desde Brasilia, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva advirtió que defenderá la soberanía del pueblo brasileño, en lo que se perfila como una nueva etapa de tensiones con Washington. La decisión de Trump también coincide con las sanciones impuestas a Alexandre de Moraes, juez que lleva el caso contra el expresidente Jair Bolsonaro, cercano aliado del expresidente estadounidense.
La Administración de Estados Unidos ha revocado las visas del juez brasileño Alexandre de Moraes, su familia y aliados. Esta decisión surge por el caso contra el exmandatario Jair Bolsonaro. El anuncio lo hizo el secretario de Estado, Marco Rubio.
Rubio afirmó en su cuenta de X que la persecución política de Moraes contra Bolsonaro viola los derechos fundamentales de los brasileños y afecta también a los estadounidenses. La revocación de las visas entra en efecto inmediato.
Este movimiento se produce mientras Bolsonaro enfrenta acusaciones por intentar un golpe de Estado tras su derrota electoral en 2022. La Policía Federal de Brasil colocó a Bolsonaro una tobillera electrónica debido a un creciente riesgo de fuga.
Además de la tobillera, la Justicia brasileña impuso varias medidas cautelares. Estas incluyen la prohibición de acercarse a embajadas, usar redes sociales o comunicarse con su hijo Eduardo, quien reside en EE.UU.
Por otro lado, Donald Trump anunció aranceles del 50% a productos brasileños a partir del 1 de agosto. Este anuncio responde a los supuestos ataques políticos contra Bolsonaro.
El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, reaccionó indicando que aplicaría medidas recíprocas para las importaciones desde EE.UU. a pesar de la tensión, Lula se muestra abierto a la negociación.
Lula también afirmó que, si su salud se mantiene, se presentará como candidato a la reelección. Expresó su intención de no permitir que un “puñado de locos” vuelva al poder.
El Supremo Tribunal de Justicia de Brasil impuso nuevas medidas cautelares a Jair Bolsonaro. Estas incluyen el uso de tobillera electrónica y la prohibición de acceder a sus redes sociales.
Bolsonaro enfrenta un proceso por un supuesto intento de golpe de Estado. Calificó la decisión como una “máxima humillación” y aseguró que no planea dejar el país. Durante una conferencia, afirmó que lo acusan sin pruebas y que nunca existió un plan golpista.
El STF también le prohibió comunicarse con personas bajo investigación, incluidas sus hijos, Carlos y Eduardo. Además, deberá cumplir arresto domiciliario desde las 19:00 hasta las 07:00, incluyendo los fines de semana.
El expresidente, que estuvo presente en la Policía Federal para colocar la tobillera, dijo que los 14 mil dólares confiscados son fondos que ha declarado. La Fiscalía investiga a Bolsonaro y a siete de sus colaboradores por su papel en el intento de golpe tras las elecciones de 2022.
Los abogados de Bolsonaro expresaron sorpresa e indignación por las medidas. Afirmaron que el exmandatario siempre ha cumplido con las órdenes del Poder Judicial.
Eduardo Bolsonaro, su hijo, criticó al juez Alexandre de Moraes, quien impuso las restricciones. También mencionó que Donald Trump apoya a su padre, acusándolo de ser víctima de una “caza de brujas”. Trump amenazó al gobierno brasileño con imponer aranceles del 50% a las importaciones desde Brasil.
Bolsonaro enfrenta graves cargos, que incluyen participación en una organización criminal y tentativa de golpe de Estado. Si es declarado culpable, podría enfrentar hasta 43 años de prisión. Además, el Tribunal Superior Electoral inhabilitó a Bolsonaro para ejercer cargos públicos hasta 2030 debido a sus acciones previas a las elecciones de 2022.
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, advirtió que responderá con reciprocidad al arancel del 50% anunciado por Donald Trump a productos brasileños. Afirmó que Brasil es un país soberano y que no acepta injerencias externas, luego de que el mandatario estadounidense justificara la medida como protesta por el juicio contra Jair Bolsonaro.
Lula dijo que podrían acudir a la OMC, exigir explicaciones o emprender investigaciones internacionales, pero insistió en que aplicarán la Ley de Reciprocidad aprobada por el Congreso brasileño. “Si él nos cobra 50%, nosotros también”, sentenció.
La medida de Trump, que entra en vigor en agosto, generó indignación por su carácter político: acusa al gobierno de Lula de perseguir a Bolsonaro, procesado por intento de golpe de Estado tras los disturbios del 8 de enero de 2023. El propio Bolsonaro agradeció el respaldo en redes sociales.
Analistas advierten que ni Lula podría ceder, aunque quisiera. El sistema judicial brasileño es independiente, y sectores conservadores también ven con recelo la intervención extranjera. El conflicto diplomático podría escalar si el expresidente es condenado a prisión.
La Policía Federal de Brasil presentará este jueves una acusación formal contra el expresidente Jair Bolsonaro en el marco de la investigación por su presunta participación en una conspiración para desestabilizar el gobierno democrático tras su derrota en las elecciones de 2022, según informaron fuentes policiales.
El informe policial, resultado de una extensa investigación de casi dos años, detalla la supuesta participación de Bolsonaro en un movimiento que buscaba desacreditar los resultados electorales y generar caos político. Dicho movimiento culminó en enero de 2023, cuando manifestantes afines al exmandatario irrumpieron violentamente en la capital, Brasilia, apenas una semana después de que Luiz Inácio Lula da Silva asumiera la presidencia.
Los disturbios tenían como objetivo justificar, según la investigación, un golpe militar. Además, se descubrieron indicios de un plan para asesinar a Lula antes de que tomara posesión del cargo. Según una fuente cercana al caso, Bolsonaro estaba al tanto de estas intenciones.
Implicaciones legales y políticas para Bolsonaro
La presentación del informe policial al Supremo Tribunal Federal podría derivar en cargos penales contra Bolsonaro y varios de sus antiguos colaboradores, incluidos el general retirado Walter Braga Netto, exministro de Defensa, y el general retirado Augusto Heleno, exasesor de seguridad nacional. Un total de 40 sospechosos, incluidos miembros de alto rango de su administración, han sido señalados por su presunta participación.
Bolsonaro ha negado cualquier implicación en las acusaciones y calificó la investigación como una persecución política. Sin embargo, estas acusaciones representan un duro golpe para sus planes de regresar como candidato presidencial en 2026.
El atentado contra Lula y Geraldo Alckmin
La trama golpista también incluye un intento de asesinato contra Lula y su compañero de fórmula, Geraldo Alckmin, días antes de que ambos asumieran sus respectivos cargos. El martes, la policía arrestó a cinco personas sospechosas de haber planeado este ataque.
“El intento de envenenarme a mí y a Alckmin no funcionó, y aquí estamos”, comentó Lula desde el palacio nacional.
Decisión en manos del fiscal general
Tras la entrega del informe policial al Supremo Tribunal Federal, será la oficina del fiscal general quien determine si presenta cargos formales contra Bolsonaro y sus aliados. De ser así, el expresidente podría enfrentar un proceso judicial que lo pondría en el centro de uno de los mayores escándalos políticos de Brasil en los últimos años.
Este caso, que incluye la sospecha de intentos de asesinato, conspiración golpista y ataques a la legitimidad democrática, no solo podría redefinir el panorama político del país, sino también comprometer gravemente el legado de Bolsonaro.
