Tres niñas fueron encontradas sin vida este 5 de julio en el kilómetro 7 de la carretera 36 Norte, en el poblado Miguel Alemán, municipio de Hermosillo, Sonora. De manera extraoficial se habla de impactos de arma de fuego, aunque la Fiscalía estatal no ha confirmado esta versión.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó que las víctimas son tres menores de edad: una niña de 9 años y dos gemelas de 11. Los cuerpos ya fueron identificados por sus familiares ante el Ministerio Público. El caso está relacionado con otro hallazgo ocurrido el 4 de julio en el mismo camino, a la altura del entronque Hermosillo-Bahía de Kino, donde se localizó sin vida a su madre, una mujer de 28 años.
ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN
Hermosillo, Sonora, 6 de julio de 2025.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), informa que el hallazgo del día de ayer por la tarde, de tres cuerpos localizados sin vida a la altura del kilómetro 7 de la carretera 36 Norte, en… pic.twitter.com/chaPV0dszl
Las investigaciones están a cargo de la Dirección General de Homicidios y se desarrollan con prioridad dentro del Gabinete de Seguridad del Estado, que mantiene coordinación con autoridades municipales para articular acciones frente a los hechos recientes de violencia en Hermosillo.
La Fiscalía indicó que se han activado apoyos del Centro de Atención a Víctimas del Delito (CAVID), además de acompañamiento por parte de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas. Las labores periciales y de campo continúan para esclarecer los hechos y dar con los responsables.
Hombres armados asesinaron a Ignacio Alejandro Roaro Aguilar, secretario del Ayuntamiento de Apaseo el Alto, Guanajuato, mientras jugaba basquetbol en el Parque Ecológico de la ciudad la tarde del sábado. El ataque dejó además a dos personas heridas, entre ellas presuntamente otro funcionario local.
Roaro Aguilar, integrante de la administración panista de la presidenta municipal Monserrat Mendoza Cano, fue alcalde interino en 2023 y previamente dirigió el área de Fiscalización en Celaya. La Fiscalía estatal ya investiga el homicidio.
El gobierno municipal condenó el asesinato y expresó su pesar: “Perdimos a un servidor público ejemplar, comprometido con la legalidad, el servicio y el bienestar de Apaseo el Alto”. También informó que se reforzó la seguridad con apoyo estatal y federal, y exigió justicia.
Autoridades locales aseguraron que no permitirán que la violencia debilite la vocación de servicio público.
Zitácuaro, Michoacán, enfrenta una crisis de seguridad tras una serie de ataques armados y la quema de una tienda de conveniencia. La Fiscalía de Michoacán confirmó la muerte de un menor en el trayecto al hospital, además de dos heridos por disparos.
Los informes iniciales sugieren que esta jornada de violencia es una respuesta de William Edwin Rivera Padilla, conocido como “El Barbas”, jefe regional del Cártel Jalisco Nueva Generación. Estos actos se producen en reacción a los operativos del Ejército Mexicano en la región.
El primer enfrentamiento ocurrió en la salida a Toluca, donde el grupo criminal incendió la tienda. Pocos minutos después, se registraron disparos en la colonia Pueblo Nuevo, cerca de un puente peatonal. Otro ataque se confirmó cerca de la terminal de autobuses de la ciudad.
La situación obligó a comerciantes a cerrar sus negocios y buscar refugio. Clientes y transeúntes también se resguardaron en el interior de los establecimientos. La violencia ha generado pánico entre niños y adolescentes en escuelas cercanas.
Aunque se reportó la quema de un vehículo en Puente de Fierro, cercano a la salida a Morelia, este hecho aún no ha sido confirmado. La comunidad de Zitácuaro vive momentos de angustia y temor ante la creciente inseguridad.
El evento conocido como Acamoto 2025, celebrado este fin de semana en las calles de Acapulco, dejó un saldo de por lo menos siete personas muertas, entre ellas cinco motociclistas y dos mujeres, además de varios lesionados y un entorno urbano sumido en el desorden, la basura y la ausencia de autoridad.
De acuerdo con reportes oficiales, el Acamoto se realizó del viernes 16 al domingo 18 de mayo, principalmente sobre la avenida Costera Miguel Alemán, donde miles de motociclistas se congregaron en eventos no oficiales marcados por acrobacias, consumo excesivo de alcohol y cierre parcial de vialidades.
El primer incidente fatal ocurrió un día antes del arranque del evento, cuando dos motociclistas perdieron la vida en la Autopista del Sol, mientras se dirigían a Acapulco. El viernes, otras tres personas murieron en la zona urbana, una de ellas una mujer que fue impactada por una motocicleta tras una acrobacia fallida.
Asimismo, se reportó el fallecimiento de otra mujer y un hombre durante un percance vial catalogado como “accidente por desespero”, según fuentes policiacas.
Pese a la gravedad de los hechos, las autoridades estatales y municipales permanecieron omisas durante gran parte del evento, permitiendo que las calles se convirtieran en un circuito de riesgo constante para transeúntes, vecinos y los propios participantes.
La Costera Miguel Alemán amaneció inundada de basura todos los días durante el evento, sin presencia visible de servicios de limpieza ni operativos de control.
Vecinos, empresarios y ciudadanos denunciaron en redes sociales la falta de prevención, regulación y vigilancia por parte del gobierno local, que desde años anteriores ha sido señalado por permitir la realización informal del Acamoto, sin estrategia clara de seguridad ni contención.
Jalisco vive una crisis de inseguridad alarmante. La reciente muerte de Karina Ruiz Ocampo, activista defensora del agua, resalta la ineptitud del gobierno de Jesús Pablo Lemus Navarro. La activista, desaparecida el 13 de abril, fue hallada sin vida, evidenciando la grave situación que enfrentan quienes luchan por sus derechos.
Karina Ruiz, de 47 años, lideraba la asociación “La cima nuestra prioridad”. Su trabajo consistía en exigir un suministro regular de agua en su comunidad, donde solo tienen acceso a ella 30 minutos al día. A pesar de las amenazas que recibió en redes sociales, las autoridades hicieron poco para protegerla.
El 13 de abril, un grupo armado irrumpió en su hogar y la secuestró. Su cuerpo fue encontrado el 22 de abril en la carretera Guadalajara-Tepic, en un estado avanzado de descomposición. Aún se desconocen las causas de su muerte, pero su historia refleja un patrón alarmante en Jalisco.
En las últimas semanas, otros dos activistas también fueron asesinados. María del Carmen Morales y su hijo fueron víctimas de la violencia el 23 de abril. Teresa González, buscadora de personas desaparecidas, murió tras recibir un disparo. Estos crímenes revelan un ambiente hostil para quienes buscan justicia en Jalisco.
La Fiscalía de Jalisco, en lugar de brindar protección, ha mostrado inoperancia. La omisión de las amenazas a Karina Ruiz es un claro ejemplo de su falta de eficacia. La indignación de los vecinos y amigos es palpable. Exigen respuestas y justicia.
Karina había advertido sobre su situación. Antes de desaparecer, compartió un audio señalando a posibles responsables. A pesar de ello, el gobierno se mostró indiferente. Su lucha por agua potable no debió costarle la vida.
La muerte de Karina Ruiz Ocampo es un llamado urgente. La sociedad no puede permanecer en silencio ante la violencia sistemática. Es hora de exigir acciones concretas al gobierno de Jesús Pablo Lemus Navarro. La vida de los activistas no debe ser un precio a pagar por defender los derechos humanos. Jalisco merece un cambio y la justicia debe prevalecer.
Durante la mañanera del pueblo de este martes 22 de abril, el Gobierno de México informó que la inseguridad disminuyó 32.9%.
Como parte del informe trimestral en materia de seguridad, el Gobierno de México, a través de la secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa, detalló que la incidencia delictiva general del país disminuyó 32.9% entre septiembre de 2024 y abril de 2025.
Asimismo, Figueroa aseguró que, en el delito de homicidio, se alcanzó una disminución de hasta 28.1% en el primer trimestre de 2025. Entre las entidades que reportaron más homicidios se encuentran Guanajuato (11.8%), Estado de México (8.2%), Sinaloa (6.9%), Jalisco (6.5%) y Guerrero (6.1%).
Durante su intervención, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, presentó las detenciones más relevantes, entre las que destaca la de Joel Alonso “N”, alias “El Gangoso”, en la Ciudad de México. Este sujeto es identificado como jefe de una célula operativa de “Los Mayos”, vinculada al Cártel del Pacífico.
Harfuch reiteró que, del 1 de octubre de 2024 al 20 de abril de 2025, han sido detenidas 18 mil 712 personas por delitos de alto impacto. Se han asegurado 144 toneladas de droga, incluyendo cerca de una tonelada y media de fentanilo y más de 2 millones de pastillas de esta sustancia. Además, se han confiscado más de 9 mil 600 armas de fuego en 17 estados del país. El Ejército y la Marina han destruido 839 laboratorios clandestinos y áreas de concentración para la elaboración de metanfetaminas.
Ante estos resultados, la presidenta Claudia Sheinbaum explicó que se trata de una muestra de los frutos que ha dado la continuidad en la estrategia de seguridad, basada en la atención a las causas, la coordinación entre instituciones y autoridades, y el fortalecimiento de la inteligencia operativa en tareas policiales. La mandataria reiteró que también se trabaja en conjunto con el Gobierno de Estados Unidos, pero enfatizó que este es un tema que los mexicanos resolverán: “colaboración sin subordinación”, sentenció.
En Salamanca, Guanajuato, cuatro hombres fueron asesinados a balazos en un campo de fútbol. El ataque ocurrió en la comunidad de Cárdenas. Otros dos hombres resultaron heridos.
Testigos relatan que varios hombres armados llegaron al lugar alrededor de las cinco de la tarde del lunes. Sin previo aviso, abrieron fuego contra seis personas que estaban en el campo.
Los dos hombres heridos fueron trasladados a un hospital de Salamanca. Las autoridades acordonaron la zona para llevar a cabo las investigaciones pertinentes.
Este trágico incidente recuerda el ataque del 16 de marzo, cuando ocho jóvenes fueron ejecutados en la comunidad de San José de Mendoza. La violencia en la región continúa generando preocupación entre los habitantes.
El periodista Ricardo Sevilla, en su reciente investigación, revela una alarmante percepción de inseguridad en Durango. Conversando con la población de la capital duranguense, se evidencia que el gobierno municipal no solo enfrenta problemas de corrupción, sino también una crítica inseguridad y pésimas condiciones de las calles.
📹 #Vídeo | Una investigación del periodista Ricardo Sevilla (@sevillacritico) revela los vínculos del alcalde prianista de Durango, José Antonio Roch,a con el crimen organizado.
Con el respaldo del actual gobierno municipal, los puntos de venta crecen mientras se pone en… pic.twitter.com/ZlViW0rLtH
Durante un recorrido en taxi, el operador compartió su perspectiva sobre la situación. Aseguró que, a pesar del discurso oficial de que Durango es un estado tranquilo, la realidad es muy diferente. “La tranquilidad es solo una fachada. La droga está presente, y todos lo saben”, afirmó.
El taxista destacó que las autoridades, incluyendo al presidente municipal y al gobernador, están al tanto del control que ejercen los narcotraficantes en la región. “El gobernador y el presidente municipal se reparten el pastel. Están bien pagados por el narco”, añadió.
Los testimonios de la ciudadanía reflejan un miedo palpable. Muchos evitan opinar por temor a represalias. “La gente no puede hablar porque tiene miedo al narco y a las autoridades”, comentó el taxista.
Además, la infraestructura de la ciudad deja mucho que desear. Las calles están llenas de baches y en mal estado. “Las calles están parcheadas, y el gobierno proyecta una imagen de una ciudad bonita, pero la realidad es otra”, explicó.
Durango necesita un buen gobierno que priorice el bienestar de la población y no esté atado al dinero del crimen. Lo que hace falta es valentía para enfrentar esta situación. Este análisis pone de manifiesto la urgente necesidad de un cambio en la administración local para mejorar las condiciones de vida en Durango.
En la colonia Luz y Esperanza, ubicada en la capital duranguense, persisten condiciones críticas de vida: escasez de agua, calles sin pavimentar, desempleo e inseguridad. Pese a las promesas de campaña de las autoridades actuales, los residentes aseguran que, tras tres años, no hay mejoras visibles. A ello se suma un temor generalizado a denunciar o opinar públicamente por miedo a represalias, tal y como lo constató el trabajo periodístico a cargo de Zeltzin Juárez.
Infraestructura abandonada y servicios básicos limitados
Las calles de la colonia exhiben graves daños: baches profundos y terracerías irregulares que, según los vecinos, dañan vehículos y complican el tránsito. “Aquí los brincos y brincos [de los autos] arruinan las suspensiones”, comentó un habitante bajo condición de anonimato. A esto se agrega la falta de agua potable, con cortes recurrentes que obligan a los residentes a racionar el líquido.
Inseguridad y silencio forzado
La violencia también acecha. Una mujer entrevistada admitió: “No me siento segura caminando aquí; sí hay peligro”. Sin embargo, la mayoría evitó dar declaraciones abiertas. “¿Usted votaría otra vez por el actual presidente municipal?”, preguntó Juárez. La respuesta más recurrente fue un incómodo “no sé” o evasivas, reflejando desconfianza hacia la gestión de Antonio “Toño” Ochoa, presidente municipal, y Esteban Villegas, gobernador de Durango, quienes en 2021 prometieron mejorar las condiciones de vida en la zona.
Promesas incumplidas y descontento social
Durante su campaña, Villegas y Ochoa prometieron impulsar obras de pavimentación, seguridad y acceso al agua. No obstante, los habitantes aseguran que las calles siguen igual, falta deempleo, escacez de agua y la delincuencia mantiene en alerta a la comunidad. “¿Dónde están las mejoras? Hace tres años prometieron, pero todo sigue igual”, cuestionó la periodista Zeltzin frente a una calle en total abandono.
Falta de transparencia y llamado anónimo
El reporte concluyó con un llamado a los ciudadanos a compartir sus testimonios de manera anónima en los comentarios del video, ante la evidente reticencia a hablar frente a cámaras. Mientras tanto, la colonia Luz y Esperanza espera respuestas concretas a problemas que, lejos de resolverse, profundizan la desilusión hacia sus autoridades.
La mañana de este martes, la Presidenta Claudia Sheinbaun detalló que Guanajuato lleva varios años siendo la entidad con más homicidios dolosos, además de ser el único estado donde estas cifras siguen yendo a la alza, y es que representa el 15.2% de los homicidios ocurridos en el país del 1 al 31 de enero, además, dijo que esto no sólo se debe a “la no atención profunda al tema de seguridad”, sino “también [es] producto a un modelo de desarrollo, el PAN lleva gobernando Guanajuato muchísimos años”.
Desde que el Partido Acción Nacional (PAN) asumió el gobierno de Guanajuato en 1991, la entidad ha pasado de ser una de las más prósperas del Bajío a convertirse en el epicentro de la violencia en México. Hoy, Guanajuato ocupa los primeros lugares en homicidios, ataques contra políticos y presencia del crimen organizado, dejando al descubierto el fracaso de la estrategia panista en seguridad.
Cifras que exponen la crisis
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Guanajuato registró una tasa de homicidios de 70 por cada 100,000 habitantes en 2021, una de las más altas del país. El problema no se ha detenido: en 2024, el estado sumó 4,333 homicidios, un incremento del 23% respecto a 2018, cuando Diego Sinhue Rodríguez Vallejo asumió la gubernatura.
Los ataques contra funcionarios y políticos también se han disparado. Durante 2024, se registraron 31 asesinatos de candidatos, funcionarios y servidores públicos en Guanajuato, convirtiéndolo en el segundo estado con más violencia política, solo por detrás de Guerrero. Municipios como Celaya encabezan la lista de violencia, superando incluso a Acapulco en estos crímenes.
El PAN, entre la impunidad y el colapso de la seguridad
A pesar de estos números alarmantes, los gobiernos panistas han evitado asumir responsabilidades y han apostado por una estrategia de seguridad que ha resultado ineficaz para contener el avance del crimen organizado. La situación llegó a un punto crítico en septiembre de 2024, cuando Carlos Zamarripa Aguirre, Fiscal General del Estado durante 15 años, presentó su renuncia tras las fuertes críticas por su incapacidad para frenar la violencia.
La crisis ha sido tal, que incluso funcionarios municipales han sido secuestrados por el crimen organizado, como ocurrió en enero de 2025 con el alcalde del municipio de Doctor Mora y la contralora de Atarjea.
Pobreza y falta de oportunidades: un cóctel de violencia
Más allá de la incapacidad del PAN para garantizar la seguridad, la crisis de violencia en Guanajuato también está vinculada a problemas estructurales que sus gobiernos han ignorado. Expertos coinciden en que la falta de oportunidades educativas, los bajos salarios y la pobreza han facilitado el reclutamiento de jóvenes por parte de grupos delictivos, generando un círculo vicioso de criminalidad que el PAN no ha sabido ni querido atender.
Con la llegada de la gobernadora, también panista, Libia Denisse García Muñoz Ledo, la entidas sigue siendo un campo de batalla entre grupos criminales, dejando a la población en un estado de indefensión permanente.
El modelo de seguridad panista ha fracasado
Con más de 30 años de gobiernos panistas, Guanajuato está hundido en una crisis de violencia sin precedentes. El modelo de seguridad del PAN no solo ha sido ineficaz, sino que ha permitido que el crimen organizado se fortalezca y expanda su dominio en la región.
