Durante la conferencia matutina, Octavio Romero, titular del Infonavit, abordó las denuncias sobre juicios hipotecarios irregulares presentadas por el periodista Amir Ibrahim. La discusión giró en torno a dos momentos clave: el periodo de 2012, cuando se aplicaron juicios masivos para recuperar viviendas, y 2023, en el que, aunque se prohibieron esos procedimientos, se detectaron estrategias similares mediante juicios individuales con características irregulares.
Ibrahim señaló que en 2012 se llevaron a cabo alrededor de 370 mil juicios masivos, donde los demandados no eran notificados adecuadamente y, en muchos casos, los procedimientos se realizaban en estados distintos al de la propiedad en disputa. Esta práctica derivó en el desalojo de 207 mil derechohabientes, cuyas viviendas fueron recuperadas rápidamente gracias a sentencias favorables al Infonavit.
Ante estas irregularidades, Romero subrayó que durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se estableció una prohibición expresa de los juicios masivos y los desalojos. Sin embargo, en 2023 se detectaron 63 mil demandas individuales, muchas de ellas presentadas en la Ciudad de México, a pesar de que los propietarios eran de otros estados. Ibrahim cuestionó por qué, si estos juicios contaban con notificaciones a través de edictos, seguían considerándose irregulares.
El titular del Infonavit reconoció que estas demandas replicaban el esquema de los juicios masivos y fueron promovidas por despachos externos, a pesar de la instrucción de no proceder con este tipo de prácticas. Destacó que todos estos juicios se concentraron en una sola sala del Poder Judicial.
En cuanto a los pagos a despachos jurídicos, se indicó que entre 2012 y 2018 se destinaron aproximadamente 30 mil millones de pesos para estos procesos, mientras que en 2023 también se realizaron pagos, aunque en menor escala y bajo un esquema de juicios individuales.
Ibrahim también cuestionó el papel de algunos miembros de Coparmex, quienes, según su investigación, habrían estado involucrados tanto en contratos de construcción como en la ejecución de estos litigios. Ante estas dudas, Romero aseguró que se continuará investigando para esclarecer la relación entre los despachos jurídicos y los procedimientos realizados.
Uno de los aspectos que diferenció ambos periodos fue que, a diferencia de 2012, en 2023 no se ejecutaron desalojos, lo que reflejó la postura del gobierno de López Obrador en contra de este tipo de prácticas. Sin embargo, el periodista insistió en que las estrategias utilizadas en ambos periodos eran similares.
Romero concluyó afirmando que el Infonavit ha tomado medidas para frenar estas prácticas y garantizar que los juicios sean transparentes y justos para los derechohabientes.
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