La presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció este jueves desde el Palacio Nacional, que a principios de enero sostendrá una reunión con Guadalupe Taddei Zavala, consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), para analizar el presupuesto destinado a la elección extraordinaria del Poder Judicial de la Federación, tras los ajustes aprobados por la Cámara de Diputados.
“Quieren hacernos un planteamiento, nosotros seguimos con la misma idea; ellos tienen que hacer público en qué van a destinar los recursos y cuántos recursos se necesitan de acuerdo con ellos en la elección del Poder Judicial”, señaló Sheinbaum durante la Mañanera del Pueblo.
La mandataria destacó que el presupuesto aprobado para este proceso es de 7 mil millones de pesos, pero enfatizó que, en caso de que el INE requiera más recursos, deberá justificar de manera pública la razón de la solicitud.
“Que lo hagan público, que el pueblo de México conozca en qué se destina el presupuesto de los 7 mil millones o más que requieran para la elección. Mientras no se haga público y no se conozca en qué, pues es muy difícil saber por qué requieren más de 7 mil millones de pesos para realizar la elección”, puntualizó.
Este miércoles, la Comisión Temporal de Presupuesto del INE aprobó un reajuste que asigna 6 mil 329 millones de pesos para la organización del proceso electoral extraordinario del Poder Judicial, lo que aún deja abierta la discusión sobre posibles ajustes adicionales.
El pasado 21 de diciembre, el juez Sergio Santamaría Chamú, del Primer Distrito en Morelia, Michoacán, ordenó la suspensión inmediata del proceso electoral extraordinario 2024-2025, organizado por el Instituto Nacional Electoral (INE), destinado a elegir jueces de distrito y magistrados de circuito. Esta decisión es una muestra de la resistencia que se muestra hacia la reforma que busca democratizar el Poder Judicial y abrirlo a una mayor participación ciudadana.
El fallo también prohíbe a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Tesorería de la Federación extinguir los fideicomisos y fondos que administra el Poder Judicial. Estos recursos, que se encuentran bajo administración interna, han sido señalados por su falta de transparencia y su función en el mantenimiento de privilegios exclusivos para altos funcionarios judiciales.
La resolución detalla que el INE debe cesar de inmediato las actividades relacionadas con las elecciones extraordinarias y que Hacienda deberá abstenerse de reducir o cancelar las pensiones complementarias asignadas a funcionarios judiciales retirados. Además, impone una multa de 107,570 pesos a los 11 consejeros del INE y a dos funcionarios federales. De no cumplir con la orden, se les aplicará una sanción económica adicional por el mismo monto.
Fideicomisos bajo protección judicial
El juez ordenó explícitamente evitar cualquier acción dirigida a extinguir, reducir o modificar los fideicomisos del Poder Judicial. Según el dictamen, estas medidas se justifican en la necesidad de preservar los recursos asignados a esta institución. Sin embargo, el mantenimiento de estos fideicomisos ha generado cuestionamientos sobre su función y el destino de los recursos que concentran.
Suspensión del proceso electoral
El dictamen también establece que el Consejo General del INE debe detener el proceso electoral en la etapa en la que se encuentra. La reforma, que dio origen a este proceso, pretendía garantizar mayor pluralidad en la elección de jueces y magistrados, evitando el control discrecional por parte de las cúpulas del Poder Judicial. La suspensión de este proceso electoral pone en pausa dichas aspiraciones de cambio.
Los involucrados tienen un plazo de 48 horas, contadas a partir de la notificación oficial, para acatar las disposiciones del juez. Las notificaciones oficiales se entregarán en las oficinas del INE y Hacienda una vez concluidas las festividades navideñas, momento en el que comenzará a correr el plazo para cumplir con las órdenes judiciales.
Aunque el Instituto Nacional Electoral (INE), ha exigido más de 40 mil millones de pesos como presupuesto para organizar la Elección Judicial de junio del 2025, la Cámara de Diputados solo aprobará 27 mil millones de pesos, adelantaron. Esto no tiene muy contentos a los consejeros y consejeras electorales.
Como el consejero Jorge Montaño, presidente de la Comisión Temporal para la Elección Judicial, quien aprovechó una sesión del Consejo del INE en el que se abordaba la selección de participantes en el proceso electoral judicial, para externar su disgusto ante la austera asignación de dinero público.
No hay que dejar pasar, olvidar, que tenemos un límite entre lo realmente posible y lo materialmente imposible”, se quejó Montaño.
A Montaño lo secundó el consejero Jaime Rivera, quien recordó su origen terrenal y advirtió que no es ningún santo capaz de hacer milagros.
El INE hace elecciones, no hace milagros“, declaró iracundo.
La verdad es que nadie le está pidiendo al INE que haga milagros, lo que se les va a exigir a sus funcionarios es que asuman su papel en el momento histórico que está viviendo México, se ajusten a la austeridad republicana y le sirvan al Pueblo, que al final del día es quien les demanda su buen desempeño, honesto y práctico.
La consejera Claudia Zavala también se unió a los reclamos contra el presupuesto. Ella expresó su deseo de que el Congreso sea solidario con el INE y haga modificaciones presupuestales a favor de ellos.
También la consejera presidenta, Guadalupe Taddei, reiteró su postura y dijo que aún cabía la posibilidad de pedir a las diputadas y a los diputados, que se haga una ampliación en el presupuesto planteado para llevar a cabo la Elección Judicial 2025.
No es verdad que en la elección pasada se eligieran más de 20 mil cargos federales sino 629; los restantes correspondieron a cargos locales, cuyos costos fueron cubiertos por cada entidad“, contrastó el consejero Arturo Castillo, en apoyo a los argumentos de sus compañeras y compañeros del Consejo del INE.
La presidenta del Instituto Nacional Electoral de México (INE), Guadalupe Taddei, aseguró ayer que el organismo realizará “un trabajo de excelencia” en la elección del Poder Judicial programada para junio de 2025, pese al recorte presupuestal aprobado.
“El profesionalismo no solamente es poder sacar la elección cuando ya todo está acordado, también es replantear, desde las Juntas Distritales Ejecutivas, alternativas que lleguen a las direcciones ejecutivas y unidades técnicas para que puedan ser tomadas en cuenta y salir adelante con este proceso”, expresó Taddei durante la primera reunión nacional de organización de los comicios judiciales.
En el evento participaron vocales de las 32 Juntas Locales Ejecutivas, responsables de Organización Electoral, Registro Federal de Electores y Capacitación Electoral, con el objetivo de fortalecer la coordinación, análisis y retroalimentación para este complejo proceso electoral.
Taddei destacó que la Junta General Ejecutiva (JGE) del INE tiene la capacidad de adaptarse e innovar, incluso ante la reducción de recursos solicitados. “A nosotros nos toca la parte del proceso electoral y yo sí soy optimista de que lo vamos a hacer muy bien”, enfatizó, recordando que el cumplimiento del mandato constitucional es una prioridad para el INE.
Asimismo, confió en el compromiso del personal del instituto para enfrentar este reto con serenidad y “prudencia para hacer nuestros trabajos sin estridencias, pero sí con mucha contundencia en el tema operativo y técnico”.
Cabe mencionar que a finales de noviembre, Taddei solicitó un presupuesto superior a los 13 mil millones de pesos para la organización de este proceso electoral. Aunque se trata de una elección histórica, ya que no contempla la participación de partidos ni campañas políticas, la cifra fue calificada como excesiva por diversos sectores, considerando la ausencia de elementos que habitualmente incrementan los costos en procesos similares.
El próximo 1 de junio de 2025, de manera histórica, el pueblo de México votará para elegir 386 jueces, 464 magistraturas y los nuevos integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que reducirá su composición de 11 a 9 ministros, para mejorar su funcionamiento.
En el marco del proceso de selección de candidatos para la elección judicial, el juez Segundo de Distrito en Colima, Francisco Javier García Contreras, ha impuesto nuevas sanciones económicas a los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), argumentando incumplimiento de resoluciones judiciales. Sin embargo, sus acciones son excesivas y con posibles repercusiones negativas en el desarrollo de la elección judicial, es decir, se oponen al proceso de democratización del Poder Judicial.
El juez justificó las multas señalando la necesidad de preservar el estado de derecho: “Se debe evitar que se pierda el Estado de derecho, lo cual es un mandato constitucional supremo creado por el pueblo desde la formación del Estado, para vivir libres de arbitrariedades fincadas en la voluntad de algunos cuantos”. No obstante, el contexto y los efectos de estas sanciones hacen evidente un impacto significativo en la operatividad del órgano electoral.
La multa impuesta, de 54,285 pesos a cada uno de los once consejeros del INE, suma un total de 162,855 pesos por persona tras las tres sanciones acumuladas. García Contreras fundamentó su decisión en la fracción III del artículo 262 de la Ley de Amparo, que estipula sanciones por el incumplimiento de suspensiones provisionales dictadas por los tribunales. Según el acuerdo emitido, se acusa a los consejeros de no acatar una suspensión provisional relacionada con el expediente 937/2024, emitida inicialmente el 24 de septiembre de 2024 y modificada el 3 de octubre del mismo año.
El juez subrayó que el desacato del INE no es un hecho aislado. En el acuerdo emitido, destacó que “se evidencia nuevamente el incumplimiento a la suspensión provisional concedida en auto del veinticuatro de septiembre de dos mil veinticuatro, modificada mediante resolución emitida en sesión de tres de octubre de dos mil veinticuatro, en el recurso de queja 937/2024, por el Tribunal Colegiado de este Trigésimo Segundo Circuito en el Estado de Colima”.
Además de las sanciones económicas, el juez recordó que presentó una denuncia penal contra los consejeros ante la Fiscalía General de la República a principios de diciembre. Según el magistrado, el proceder del INE constituye un delito contemplado en la fracción III del artículo 262 de la Ley de Amparo:“A fin de que se realicen las investigaciones pertinentes en relación con el delito previsto en la fracción III del artículo 262 de la Ley de Amparo, al ser su proceder, el de desobedecer la suspensión provisional concedida por este juzgador”.
El ex dirigente del Partido de la Revolución Democrática (PRD), que fracasó en las pasadas elecciones, Jesús Zambrano, anunció que buscará crear otro partido político luego de que el Instituto Nacional Electoral (INE) le quitara su registro.
En entrevista para Azucena Uresti de Grupo Fórmula, el olvidado líder explicó que su intención es reunir a una fuerza política cercana a la gente, con miras al proceso electoral del 2027.
Hay que saber actuar con cabeza fría y escuchar propuestas de la gente, acercarse a ellos para obtener narrativas nuevas“, reflexionó Zambrano.
Detalló que está trabajando en su regreso a la política y para ello ya se encuentra en platicas con 26 dirigentes estatales del PRD, quienes todavía conservan sus registros electorales locales. Ese sería el primer paso para recuperar lo perdido: la credibilidad. Y es que después de traicionar sus principios de izquierda para unirse al PRI, y sobre todo al conservador PAN, a Zambrano poca reputación le queda.
Hay un ánimo muy grande para que en 2025 se anuncie que algunos compañeros trabajarán para conformar un nuevo partido político“, aseguró.
Zambrano cuenta con que se le unan representantes independientes de otros sectores de la oposición, como el Frente Cívico, o incluso ex militantes perredistas, como el que los representó ante el INE antes de su debacle: Ángel Ávila. Ahora mismo está definiendo la ruta a seguir para conseguir que se sumen todos los liderazgos que según él tienen mucho potencial.
También aprovechó para hablar del presupuesto del INE. Lamentó que mientras Adán Augusto López Hernández y Ricardo Monreal se pelean por el Presupuesto 2025, Morena y sus aliados le nieguen recursos precisamente al Nacional Electoral.
Lo que quieren es que el INE haga mal su trabajo en las elecciones judiciales para desprestigiarlo ante la sociedad y posteriormente desaparecerlo“, denunció el eterno aspirante.
Obviamente expreso su oposición a la 4T, pues advirtió que están haciendo todo mal y que en el año 2027 habrá caos en la asignación de candidaturas, lo que finalmente afectará a Morena en el 2030.
Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió al Instituto Nacional Electoral (INE) que explique de manera detallada en qué se gastarán los 7 mil millones de pesos aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2025. Además, cuestionó la decisión del organismo de reducir el número de casillas para las elecciones judiciales, como fue anunciado recientemente.
¿A qué se destinarán los recursos?
Sheinbaum enfatizó que es esencial que el INE transparente los costos específicos de la elección de jueces, magistrados y ministros, señalando que el presupuesto aprobado para este proceso supera lo que el organismo solicitó este año para elecciones.
“No es nada más decir: requiero 10 mil millones, ¿por qué requieres 10 mil millones de pesos? En las urnas, cuánto puede costar una urna; en las boletas, ahí sí puede haber un gasto especial porque tienen características de seguridad; capacitación, los servidores que estarán en las casillas son voluntarios, no habrá representación de los partidos políticos,” destacó la mandataria.
Sheinbaum comparó el presupuesto del INE con otros proyectos de inversión:
7 mil millones de pesos equivale al costo de dos líneas de Cablebús.
Es lo que se destinará para mejorar carreteras y sistemas de agua potable en Guerrero.
Además, supera lo que reciben anualmente en inversión más de la mitad de los estados de México.
Reducción en el número de casillas
Otro punto de preocupación planteado por Sheinbaum fue la decisión del INE de reducir el número de casillas para las elecciones judiciales. Según el organismo, esta medida responde a la restricción presupuestaria. Sin embargo, Sheinbaum cuestionó por qué el INE planea instalar menos casillas si para el próximo año recibirá un presupuesto mayor que en 2023.
“¿En qué van a destinar esos recursos? ¿Por qué dicen que van a reducir a la mitad el número de casillas?” preguntó.
Para la mandataria, es fundamental que el INE explique a la ciudadanía los costos de la elección judicial y haga transparente el proceso de planeación y ejecución.
Llamado a la transparencia
Sheinbaum insistió en que los recursos del INE deben ser públicos y abiertos al escrutinio del pueblo de México.
“Si clarifican cuáles son los costos de la elección, entonces el pueblo sabrá en qué gastan. Eso es lo que estamos solicitando, que transparenten el proceso y expliquen en qué se utilizarán esos 7 mil millones de pesos,” concluyó.
Con estas declaraciones, Sheinbaum refuerza su postura de que los ciudadanos tienen derecho a conocer cómo se destinan los recursos públicos, especialmente en un proceso electoral de esta magnitud.
El Instituto Nacional Electoral (INE) se encuentra nuevamente en el centro del debate público tras el recorte presupuestal aprobado por la Cámara de Diputados para el proceso electoral de 2025. De los 13 mil millones de pesos solicitados, el presupuesto quedó reducido a 7 mil millones, lo que ha llevado a su presidenta, Guadalupe Taddei, y a la consejera Claudia Zavala a expresar preocupación por las posibles consecuencias.
Las declaraciones de Guadalupe Taddei
Guadalupe Taddei, presidenta del INE, subrayó que el Instituto cumplirá con su mandato constitucional a pesar de los ajustes, aunque señaló que las condiciones de las votaciones cambiarán debido a la reasignación presupuestal. En sus propias palabras:
“También con la mira puesta en que ante una posible necesidad extraordinaria habremos de tocar las puertas nuevamente al Congreso para que se nos haga una ampliación presupuestaria, si así se requiere. No dejará el Instituto de hacer absolutamente ningún esfuerzo por cumplir con este mandato constitucional.”
🚨 #Alerta | 📹 #Vídeo | ¡Los que pagan el precio siempre son los mexicanos!: Guadalupe Taddei, consejera presidenta del #INE, anuncia que, como no le dieron todo el presupuesto que solicitó para la elección judicial, recortará el número de casillas electorales. pic.twitter.com/wf9pQmi1As
Taddei explicó que, de los recursos recortados, 4 mil millones de pesos estaban destinados de manera precautoria para consultas populares, mismas que no han sido solicitadas. A pesar de esto, indicó que el ajuste impactará en la instalación de las 172 mil casillas y la contratación de 52 mil supervisores y capacitadores electorales, ya que el presupuesto ahora es considerablemente menor al solicitado inicialmente.
“La cantidad prevista para ello implicaba el otro presupuesto. El Instituto tendrá que hacer una revisión de su propia estructura de proyectos para ver en cuáles vamos a dar prioridades o no vamos a dar prioridades.”
Taddei enfatizó que las áreas técnicas del INE ya están trabajando para ajustar los planes y cumplir con el mandato constitucional de organizar las elecciones, aunque bajo nuevos parámetros financieros.
¿Prioridades mal definidas o presupuesto inflado?
Las declaraciones de Taddei ponen al centro la necesidad real de los recursos solicitados por el INE. Por un lado, la reducción presupuestal refleja un llamado a la austeridad en un proceso electoral atípico, en el que no habrá participación de partidos políticos. Por otro lado, el discurso del organismo sugiere que sin un aumento presupuestario, se podrían afectar aspectos clave del proceso.
La solicitud inicial de 13 mil millones de pesos, que incluía 4 mil millones precautorios para consultas populares inexistentes, ha sido señalada como excesiva. El recorte podría ser una oportunidad para que el INE reorganice sus prioridades y optimice recursos en beneficio de los ciudadanos.
Víctor Hugo Carvente Contreras será el nuevo titular del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral (INE), así lo aprobó hoy la Cámara de Diputados, en respuesta a una propuesta de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO).
La nominación de Cervante Contreras recibió 436 votos a favor por parte de diputadas y diputados de todas las bancadas, en la sesión del pleno del día de hoy.
En su carrera como servidor público ha desempeñado diversidad de puestos en el Colegio de Postgraduados, la Lotería Nacional y la alcaldía Magdalena Contreras. Fue subdirector de gestión de usos alternos del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales.
Durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, colaboró en la Secretaría de la Función Pública como titular del área de Auditoría Interna, Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública, en ese entonces al mando de Irma Eréndira Sandoval.
Obtuvo el primer lugar en el II Premio de Tesis de Licenciatura en Administración Pública, con el trabajo titulado “Reestructuraciones de órganos y funciones de combate al tráfico de drogas. Procuraduría General de la República (1952-2012)”.
Cervantes Contreras rindió protesta para su nueva encomienda ante la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.
El juez Segundo de Distrito en el estado de Colima, Francisco García Contreras, denunció a los 11 consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), por no detener el proceso rumbo a la Elección Judicial del año 2025.
Las y los consejeros del INE tendrán que responder ante la Fiscalía General de la República (FGR), si en el lapso de 24 horas no detienen el proceso electoral para personas juzgadoras, serán responsables de desacato y además se les impondría una multa de 54 mil 285 pesos, según la denuncia.
A fin de que se realicen las investigaciones pertinentes en relación al delito previsto en la fracción III del artículo 262 de la Ley de Amparo, al ser su proceder, el de desobedecer la suspensión provisional concedida por este juzgador; no obstante se le ha requerido en diversas ocasiones”, argumenta el denunciante.
En teoría, si se encuentran culpables, las consejeras y los consejeros del INE podrían ir a la cárcel de 3 a 9 años, y solventar una multa de 50 a 500 días, además enfrentar la posible destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo público.
Por el momento no se ha planteado la suspensión ni mucho menos cancelación del proceso rumbo a la Elección Judicial que se llevará a cabo en junio del 2025. La primera etapa, de registro, concluyó exitosamente hace una semana, ahora los perfiles son revisados por los distintos comités evaluadores.
