La Patagonia argentina atraviesa una de las emergencias ambientales más graves de las últimas décadas, luego de que incendios forestales de gran magnitud arrasaran bosques nativos, campos productivos y zonas pobladas desde comienzos de enero. Las llamas, que avanzan al pie del extremo sur de la cordillera andina, ya consumieron más de 15 mil hectáreas en distintas provincias, con epicentro en Chubut, donde el foco más crítico afectó al menos 11 mil 970 hectáreas cerca de la localidad de Epuyén.
De acuerdo con el Servicio Provincial de Manejo del Fuego, este incendio comenzó el lunes pasado y en apenas una semana duplicó su extensión, especialmente entre el sábado y el domingo. En la zona trabajan cientos de brigadistas, bomberos y vecinos voluntarios, quienes enfrentan condiciones extremas marcadas por la sequía prolongada, altas temperaturas y fuertes vientos. Además de Chubut, se registran focos activos en Santa Cruz y Río Negro.
Ante la gravedad de la situación, el Ministerio de Seguridad Nacional informó que la Agencia Federal de Emergencias desplegó aviones hidrantes, helicópteros, brigadistas y bomberos en distintos puntos de la Patagonia. No obstante, las autoridades advirtieron que los peritajes realizados en una de las zonas afectadas detectaron la presencia de acelerantes, lo que confirma la intencionalidad del hecho, ya denunciado por Rúben Oliva, presidente de la Federación de Bomberos Voluntarios de Chubut.
La crisis ocurre apenas un año después de los peores incendios forestales en tres décadas en la región, cuando más de 32 mil hectáreas fueron consumidas por el fuego. Esta seguidilla de eventos extremos ha puesto bajo una presión inédita tanto a los sistemas institucionales como a las brigadas comunitarias, integradas por vecinos que, ante la amenaza constante, se han capacitado para proteger sus viviendas y su entorno natural.
Organizaciones ambientalistas como Greenpeace y referentes del sector, calificaron los incendios como un “ecocidio”, pues estas regiones son reconocidas por su alto valor ecológico, ya que albergan bosques nativos, fauna endémica y ecosistemas frágiles que pueden tardar décadas en recuperarse tras incendios de gran magnitud.
Desde la organización ambiental denunciaron la falta de prevención, la escasez de brigadistas y la insuficiencia de recursos materiales, señalando que solo en la provincia de Chubut la superficie afectada ya asciende a unas 21 mil hectáreas, un área equivalente a la de la ciudad de Buenos Aires.
A estas críticas se suman cuestionamientos a la política ambiental del gobierno del presidente Javier Milei. Greenpeace advirtió que la reducción del presupuesto destinado a la Ley de Bosques alcanzó un mínimo histórico, al asignarse apenas el 3.5 por ciento de lo establecido por la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental. Asimismo, asociaciones de bomberos voluntarios denunciaron que en 2025 el Gobierno transfirió solo la mitad de los fondos correspondientes a los mil cuarteles existentes en el país.
En paralelo, trabajadores de la Administración de Parques Nacionales alertaron que actualmente cuentan con apenas 400 brigadistas para cubrir cinco millones de hectáreas bajo su jurisdicción, cuando se necesitarían al menos 700 para cumplir adecuadamente las tareas de prevención y combate del fuego.
Más allá del impacto inmediato en los ecosistemas y las comunidades afectadas, los incendios forestales se han convertido en una crisis de alcance global con costos económicos, sociales y ambientales cada vez más elevados.
A nivel mundial, estos desastres no solo generan pérdidas millonarias en infraestructura, producción y turismo, sino que también profundizan la crisis climática al liberar grandes volúmenes de gases de efecto invernadero, acelerar la degradación de los suelos y comprometer la seguridad alimentaria. La creciente frecuencia e intensidad de los incendios evidencia la fragilidad de los modelos actuales de gestión ambiental y la urgencia de fortalecer políticas de prevención, financiamiento y cooperación internacional.
Por: Jesica Ochoa
