La Fiscalía General de la República aseguró el Semefo de Iguala y dos funerarias presuntamente vinculadas a irregularidades en el manejo de cuerpos, como parte de una nueva línea de investigación por el caso Ayotzinapa.
En un giro inesperado dentro de las investigaciones del caso Ayotzinapa, la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA), aseguró este jueves el Servicio Médico Forense (Semefo) de Iguala y las funerarias El Ángel y Rueda, en un operativo realizado bajo estricta reserva y con la participación de elementos armados del Ejército Mexicano y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
De acuerdo con fuentes locales, las acciones comenzaron poco después del mediodía y se extendieron a varios puntos de la ciudad, donde agentes federales colocaron sellos con las leyendas “Desaparición Forzada” y “Contra la Salud”, junto con el número de carpeta de investigación FED/SDHPDSC/01-GRO/0000022/2020, por lo que está prohibido cualquier acceso o manipulación de cadáveres, documentos o archivos en los inmuebles intervenidos.
Entre los lugares asegurados figura la funeraria El Ángel, ubicada en la comunidad de Rancho del Cura y señalada por su presunta relación con el empresario Rodolfo Rueda Mazón, concesionario del propio Semefo de Iguala. También fue intervenida la funeraria Rueda, ubicada sobre la Avenida Bandera Nacional, además de otros inmuebles relacionados con los mismos propietarios, todos ahora bajo investigación federal.
El operativo tuvo lugar menos de dos semanas después de los disturbios del 27 de septiembre, cuando estudiantes de la Federación de Estudiantes Campesinos y Socialistas de México (FECSM) atacaron el Palacio de Justicia de Iguala durante las protestas por los 11 años de la desaparición de los 43 normalistas. Analistas consideran que el aseguramiento del Semefo y las funerarias ha abierto una nueva línea de investigación sobre posibles irregularidades en el manejo de cuerpos y evidencias durante los años posteriores a la tragedia. Hasta el momento, la FGR no ha emitido un comunicado oficial sobre el operativo.
Con información de José De Jesús Dorantes González para El Sol de Acapulco
Mientras México recuerda la tragedia de los 43 normalistas, el expresidente Enrique Peña Nieto se deja ver en un torneo de golf en San Lorenzo de El Escorial
A 11 años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, el país sigue esperando respuestas, mientras que Enrique Peña Nieto parece haber encontrado tiempo para perfeccionar su swing en España. El expresidente completó 18 hoyos en el campo de La Herrería, demostrando que mientras la memoria de Ayotzinapa sigue viva en México, él se concentra en otros desafíos… con club en mano.
En paralelo, Peña Nieto reiteró su postura sobre Ayotzinapa en el documental PRI: Crónica del fin, reconociendo que los hechos fueron una tragedia, aunque defendió la controvertida “verdad histórica” presentada en 2015 por el entonces procurador Jesús Murillo Karam. El exmandatario afirmó: “Lo hecho, hecho está. Para mí fue una tragedia. Todos o algunos, no lo sé. Seguramente hubo participación de algunos (autoridades municipales, el Estado y el Ejército), pero no pongas el nombre de la Institución”.
Con la misma “sinceridad” comentó sobre su paso por la presidencia: “Como no hay escuela para ser Presidente de la República, cobras noción y dimensión de la responsabilidad hasta que estás ahí”. Sin embargo, surgen dudas sobre qué tanto de esa lección se tradujo en acción.
A su vez, la Fiscalía General de la República sigue indagando presuntos actos de corrupción y la compra ilegal del software Pegasus durante su sexenio, recordando que los pendientes judiciales y éticos aún alcanzan al expresidente… incluso más allá de las fronteras.
Entre fairways, eventos benéficos y reapariciones, Peña Nieto demuestra que algunos descansan… mientras otros siguen buscando a sus familiares y justicia. Porque la tragedia de Ayotzinapa no es un juego, aunque algunos juegan mientras la justicia aún no llega.
Después de 11 años, se recuerda la investigación del GIEI que reveló inconsistencias, tortura y ocultamiento de información que derrumbanron la versión oficial sobre la desaparición de los 43 normalistas.
Han pasado más de 11 años desde la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, y la llamada “verdad histórica” sigue siendo un símbolo de impunidad y manipulación. Presentada por la Procuraduría General de la República (PGR) durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, esta versión aseguraba que los jóvenes fueron asesinados e incinerados en el basurero de Cocula, Guerrero, por integrantes del cártel Guerreros Unidos. Sin embargo, el trabajo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) desmontó esta versión, al revelar un entramado de irregularidades y encubrimientos que involucran desde autoridades municipales hasta el Ejército y la Marina.
Entre los hallazgos clave del GIEI, destacan siete puntos que desmantelan la “verdad histórica”:
No hubo cremación en el basurero de Cocula: Los peritajes independientes, incluido el del experto José Torero, demostraron que no existía suficiente combustible ni tiempo para incinerar 43 cuerpos.
Motivo del ataque: Los normalistas no fueron atacados por boicotear un evento, sino que los autobuses fueron confundidos y vinculados al tráfico de heroína hacia Estados Unidos, una línea de investigación ignorada por la PGR.
Participación del Ejército y policía federal: La colusión de autoridades quedó evidenciada, antes de que el gobierno de AMLO reconociera un posible crimen de Estado.
Tortura: Muchos testimonios utilizados por la PGR fueron obtenidos mediante golpizas, amenazas y descargas eléctricas.
Ocultamiento de información: El Ejército y la PGR escondieron datos clave sobre la presencia de militares la noche de la desaparición.
La Marina: Archivos secretos revelaron que la Marina manipuló pruebas en el basurero de Cocula durante siete años.
CISEN: El extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional seguía los movimientos de los estudiantes y registró sus actividades antes y durante la desaparición, información que nunca se incluyó en la versión oficial.
El GIEI, creado en 2014 por un acuerdo entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el gobierno y las familias de los normalistas, fue clave para exponer estas irregularidades. A pesar de sus informes y recomendaciones, la justicia sigue pendiente: solo tres de los 43 estudiantes han sido identificados y el paradero del resto permanece desconocido. La “verdad histórica” quedó desmentida, pero el reclamo de las familias continúa, por lo que exigen respuestas y justicia real tras más de una década de impunidad.
A más de una década de los hechos en Iguala, las familias de los 43 estudiantes siguen buscando justicia mientras el caso ha atravesado tres gobiernos sin que se haya emitido sentencia contra los responsables.
La noche que marcó la historia de México
El 26 de septiembre de 2014, 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa fueron secuestrados en Iguala, Guerrero, mientras viajaban en cinco autobuses rumbo a la marcha del 2 de octubre. Ese mismo día murieron seis personas y más de 40 resultaron heridas por ataques armados de policías municipales y miembros del cártel Guerreros Unidos. Según testimonios, algunos policías estaban al servicio de la organización criminal, que había recibido órdenes de “matarlos a todos”.
Los Avispones: víctimas colaterales
Esa noche, un equipo de fútbol local, Los Avispones, también fue atacado por error en Santa Teresa, Guerrero. Una ráfaga de balas impactó el autobús en el que viajaban 29 personas. Solo sobrevivieron algunos, mientras que un jugador y el chofer murieron. Este episodio evidencia que los autobuses eran confundidos con vehículos vinculados al tráfico de drogas, principal objetivo de Guerreros Unidos.
Guerreros Unidos y el tráfico de drogas
El cártel Guerreros Unidos surgió de la fragmentación del Cártel de los Beltrán Leyva y operaba con protección de autoridades locales. Entre sus líderes se encontraba José Ángel Casarrubias Salgado, El Mochomo, responsable directo de la desaparición de los estudiantes. Los investigadores revelaron que los autobuses utilizados por los normalistas transportaban heroína hacia Estados Unidos, especialmente a Chicago, lo que habría motivado el ataque.
Arrestos y controversias
De entre los detenidos destacan Jesús Murillo Karam, exprocurador acusado de fabricar la “verdad histórica”; José Luis Abarca y María de los Ángeles Pineda, exalcaldes de Iguala; y miembros del cártel como El Cepillo, El Mochomo, El Pato y El Pajarraco. Sin embargo, hasta el momento ninguno ha recibido una sentencia definitiva, y muchas detenciones fueron anuladas o cuestionadas.
Tortura y la “verdad histórica”
El proceso estuvo marcado por actos de tortura, especialmente a manos de Tomás Zerón, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal. Videos y testimonios revelan interrogatorios violentos y presiones para declarar culpables a los implicados. La “verdad histórica” de Murillo Karam afirmaba que los estudiantes fueron asesinados e incinerados en Cocula, pero investigaciones posteriores y reportes del GIEI demostraron irregularidades, omisiones y la participación de autoridades en varios niveles.
Rol del GIEI y la lucha por justicia
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), creado en noviembre de 2014, supervisó las investigaciones y elaboró planes de búsqueda, incluyendo fosas clandestinas y análisis de telefonía celular, recomendando nuevas líneas de investigación y reparación integral para las familias. A pesar de sus aportes, los padres consideran que el caso sigue estancado.
Vidulfo Rosales cambia Ayotzinapa por la SCJN
En agosto de 2025, Rosales anunció su retiro del caso Ayotzinapa y del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, tras 24 años de labor. Alegó motivos personales y de salud, pero su “retirada con la frente en alto” ha dejado a las familias de los 43 normalistas en un vacío de justicia. No olvidemos que asumió un puesto en la Suprema Corte con un sueldo bruto mensual de 167 mil 671 pesos. ¿Un respiro conveniente? Las dudas persisten.
11 años de impunidad
El martirio empezó en el sexenio de Enrique Peña Nieto y, hasta hoy, después de 11 años las familias reclaman falta de avances. Solicitan acceso a información clave, como el análisis de telefonía celular, y denuncian la falta de justicia: ninguno de los responsables ha sido condenado. El voto de confianza a la actual administración se mantiene más que nunca, pero con frustración ante la falta de resultados.
Los 43 normalistas
1. Abel García Hernández, 2. Abelardo Vázquez Penitén, 3. Adán Abraján De la Cruz, 4. Antonio Santana Maestro, 5. Alexander Mora Venancio, 6. Benjamín Ascencio Bautista, 7. Bernardo Flores Alcaraz, 8. Carlos Iván Ramírez Villarreal, 9. Carlos Lorenzo Hernández Muñoz, 10. César Manuel González Hernández, 11. Cristián Alfonso Rodríguez Telumbre, 12. Cristián Tomás Colón Garnica, 13. Cutberto Ortiz Ramos, 14. Doriam González Parral, 15. Emiliano Gaspar de la Cruz, 16. Everardo Rodríguez Bello, 17. Felipe Arnulfo Rosa, 18. Giovanni Galindo Guerrero, 19. Israel Caballero Sánchez, 20. Israel Jacinto Lugardo, 21. Jhosivanni Guerrero De la Cruz, 22. Jonás Trujillo González, 23. Jorge Álvarez Nava, 24. Jorge Aníbal Cruz Mendoza, 25. Jorge Antonio Tizapa Leguideño, 26. Jorge Luis González Parral, 27. José Ángel Campos Cantor, 28. José Ángel Navarrete González, 29. Jesús Jovany Rodríguez Tlatempa, 30. José Eduardo Bartolo Tlatempa, 31. José Luis Luna Torres, 32. Julio César López Patoltzin, 33. Leonel Castro Abarca, 34. Luis Ángel Abarca, 35. Luis Ángel Francisco Arzola, 36. Magdaleno Rubén Lauro Villegas, 37. Marcial Pablo Baranda, 38. Marco Antonio Gómez Molina, 39. Martín Sánchez García, 40. Mauricio Ortega Valerio, 41. Miguel Ángel Hernández Martínez, 42. Miguel Ángel Mendoza Zacarías, 43. Saúl Bruno García.
A 11 años de los sucesos, sus familias continúan buscando justicia y respuestas sobre su paradero.
Los padres de los 43 normalistas desaparecidos confirmaron una nueva reunión con la Presidenta, Claudia Sheinbaum, programada para este martes en Palacio Nacional. Será el cuarto encuentro con la mandataria, donde insistirán en la urgencia de avanzar en las investigaciones y localizar a los estudiantes desaparecidos desde hace casi 11 años.
Los familiares señalaron que acciones recientes, como la deportación de Edgar Damián Sandoval Albarrán “La Rana”, testigo clave en el caso, están ligadas a la cuestionada “verdad histórica” del basurero de Cocula, pero advirtieron que las pesquisas siguen sin enfocarse en las líneas centrales, de acuerdo con una entrevista que realizó La Jornada con las madres y padres.
Exigen que el Ejército entregue los 800 folios con información relevante, además de esclarecer las llamadas telefónicas que involucran a altos funcionarios y al exlíder de Guerreros Unidos en el traslado de estudiantes a un sitio llamado Loma de Coyotes, cerca de Iguala.
Mario González, padre de uno de los desaparecidos, criticó que “siguen anclados en la versión del basurero y no avanzan en la información clave del Ejército, las declaraciones y las conversaciones hackeadas”.
En la reunión, los padres reiterarán también la petición para que regrese el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), clave para mantener la presión sobre el caso.
Durante la marcha, los familiares portaron imágenes de sus hijos y realizaron el tradicional pase de lista en el antimonumento +43, desde el Ángel de la Independencia hasta el Hemiciclo a Juárez, donde exigieron justicia acompañados de estudiantes normalistas y organizaciones civiles.
Cinco camiones de la minera Capela, filial de Peñoles, fueron incendiados la tarde del sábado en la carretera federal Iguala-Teloloapan, presuntamente por la organización criminal Familia Michoacana, como represalia por supuestos pagos incumplidos.
Tres camiones fueron quemados en Xalostoc, Ixcateopan de Cuauhtémoc, y dos más cerca del restaurante El Cazador, en Teloloapan. Las unidades, que transportaban maquinaria y materiales mineros, quedaron calcinadas, provocando alarma y cierre temporal de la vía.
Hasta la noche del sábado, ni el gobierno de Guerrero ni el federal habían emitido pronunciamiento sobre el ataque. Las autoridades locales y estatales mantienen vigilancia en la zona, mientras pobladores y trabajadores colaboraron para controlar el incendio. Este incidente refleja la persistente presión de grupos criminales sobre empresas mineras en Guerrero, que enfrentan extorsiones y amenazas que afectan sus operaciones y la seguridad regional.
El Gobierno de México abrirá el acceso a todos los archivos del caso Ayotzinapa, a las madres y los padres de los 43 jóvenes normalistas desaparecidos, informó a través de un comunicado este 29 de diciembre.
El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), y presidente de la Comisión para el Acceso a la Verdad y la Justicia del caso Ayotzinapa (Covaj), Arturo Medina Padilla, expresó lo anterior mediante una carta entregada a madres y padres de los 43.
Dicha misiva señala que, el gobierno mexicano reitera su compromiso de trabajar sin descanso hasta dar con el paradero de los desaparecidos y de llevar a cabo las acciones necesarias para el esclarecimiento de los lamentables hechos ocurridos a los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.
Respecto a las manifestaciones para exigir que gobierno entregue cierta información, Padilla refirió en la carta que “esta administración ha actuado con total transparencia y se ha entregado toda la información que se ha solicitado, como se ha informado por escrito y de forma directa”.
Por lo anterior, “el presidente instruyó comunicarles que atenderemos sin demora su petición de información y de apertura inmediata de los archivos que consideren necesarios y contribuyan al avance de las investigaciones y la localización de sus hijos”, se lee en el documento.
Por lo anterior se abrirá el acceso a los archivos referidos del 4 de enero de 2024 al 4 de marzo del mismo año.
Por último reiteró la permanente disposición al diálogo directo y al trabajo coordinado, “ya que este gobierno tiene un compromiso con la verdad y la justicia, y más aún, no tiene nada que ocultar”, puntualizó.
En su segundo informe, la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (CoVAJ) presentó un agregado, que consta de 18 folios relacionados con el caso, localizados tras la solicitud de información hecha por los familiares de las víctimas.
Este anexo informativo fue creado por la comisión en respuesta a una solicitud de los padres de los estudiantes desaparecidos el 20 de septiembre.
Los padres pidieron los datos encontrados en 868 páginas de informes del Centro Regional de Fusión de Inteligencia de Iguala (CRFI) entre el 20 de abril y 22 de octubre de 2014.
Luego de realizar una exhaustiva búsqueda en los expedientes proporcionados por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en su poder, el CoVAJ informa que pudieron localizar 18 páginas de la información solicitada.
Información encontrada
Seis de estas páginas corresponden a fechas anteriores al 26 de septiembre de 2014, según el informe.
En ellas se encontraron mensajes de texto provenientes de diversos usuarios reportando pugnas en el territorio de Iguala y el seguimiento a miembros de la delincuencia organizada, entre ellos, Guerreros Unidos.
Dichos documentos complementan la información contenida en la sección “Contexto de la desaparición de los estudiantes” del 2° Informe de la CoVAJ.
Otros documentos del 26 de septiembre de 2014, el día de la desaparición de los estudiantes, se destacan:
196 extractos de conversaciones con temas relacionados con la violencia en la noche de los hechos.
Presuntas comunicaciones entre miembros de la delincuencia organizada, autoridades y sujetos de interés para el caso.
Seguimiento de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero.
Los ocho restantes registran acontecimientos posteriores a los hechos:
21 extractos de conversaciones relacionadas con la desaparición de los estudiantes.
Se describen acciones ocurridas después de los hechos de violencia.
Acciones realizadas por integrantes de la delincuencia organizada.
Referencia a sitios donde se buscó a los estudiantes.
Acciones de las organizaciones sociales.7
Tras encontrar esta nueva información, la CoVAJ llegó a las siguientes conclusiones:
Previo a los hechos, la Sedena había identificado y vigilaba a diversos objetivos prioritarios que estaban asociados a las organizaciones criminales y cuya información es importante para el futuro de la investigación.
Los Órganos de Búsqueda de Información, estaban obligados a verificar, complementar y/o en su caso descartar la información enviada de conformidad con la CRFI.
Se confirmó que Julio “N”, estudiante desaparecido, ingresó al Ejército en 2009 y desempeñaba funciones en el OBI.
Se reitera que todas las autoridades, estaban enteradas de lo que estaba sucediendo los días 26 y 27 de septiembre de 2014.
Se confirma que el ejército tuvo conocimiento de lo que estaba sucediendo y acredita que los objetivos que estaban siendo investigados con anterioridad a los hechos contaban con información en tiempo real sobre los posibles destinos de los estudiantes desaparecidos, así como de las personas implicadas, su relación con autoridades ministeriales y lugares donde posiblemente se resguardaron.
Los padres y madres de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa pidieron que se inicie una investigación penal contra el expresidente Enrique Peña Nieto y a todas las autoridades que participaron en los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero.
Luego de que la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (COVAJ), encabezada por Alejandro Encinas, revelara que existió una Junta de Autoridades, que encabezó el expresidente Enrique Peña Nieto, en la que se decidió no buscar a los estudiantes normalistas, sino elaborar la Verdad Histórica.
Estamos pidiendo que se abra una investigación penal exhaustiva, que se procese y sancione a las personas que aparecen ahí, incluido, por supuesto, el presidente.
Señaló, Vidulfo Rosales
En conferencia de prensa, los padres y madres acompañados de su abogado, Vidulfo Rosales, anunciaron que levantarán el plantón instalado frente al Campo Militar 1, para continuar con los diálogos con el gobierno federal, ya que el presidente López Obrador instruyó al Ejército a buscar toda la documentación relacionada con el caso para entregarlas a los familiares.
Asimismo, los familiares de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos reconocieron el gran trabajo que ha realizado el subsecretario, Alejandro Encinas, al frente de la COVAJ.
Hemos decidido levantar este plantón esperando que la voz del señor Alejandro Encinas sí tenga hueco y perfore esa puerta para que esta documentación sea entregada.
Indicó, Emiliano Navarrete, padres de los normalistas.
Este miércoles 27 de septiembre, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez, llevo a cabo su segundo informe de la Presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa.
En este informe brindo los avances de la investigación del caso de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos el 26 de septiembre de 2014 en el municipio de Iguala, en el estado de Guerrero.
Entre la información que brindó a los medios de comunicación y a la ciudadanía, indicó que analizando el contexto, se puede afirmar que los 43 normalistas en ningún momento establecieron comunicación con elementos de seguridad pública ni con números identificados o asociados con miembros del grupo delictivo “Guerreros Unidos”.
📹 #Vídeo | Es falso que los 43 estudiantes de Ayotzinapa hubieran mantenido comunicación con grupos criminales de Iguala, Guerrero, tal y como aseguran algunos medios.
Alejandro Encinas reiteró que no existe ninguna evidencia de que hubiera algún vínculo con algún grupo delictivo que operara en la región, tal y como se rumoraba en los días pasados.
Asimismo, expuso que no existe evidencia de que los 43 estudiantes estuvieron juntos después de la salida de la central de autobuses de Iguala, incluso, existe la posibilidad de que hayan tomado autobuses distintos, también indicó que por la naturaleza del operativo inicial de la policía municipal, fueron divididos los autobuses.
Alejandro Encinas también explicó que se puede acreditar que el grupo delictivo operó la desaparición de los estudiantes con al menos tres células delictivas en distintas zonas de Iguala con el apoyo de diversas autoridades federales, estatales y municipales.
Reiteró que se deben ubicar con claridad, tres causales que motivaron la desaparición de los 43 estudiantes:
Primero: Una confusión en el grupo delictivo “Guerreros Unidos” con una presunta infiltración del grupo “Los Rojos” entre los estudiantes de Ayotzinapa.
Segundo: Una venganza o escarmiento contra los estudiantes en el contexto de una confrontación entre el Presidente municipal de Iguala y Guerreros Unidos.
Tercero: Un trasiego de drogas y la presencia de estas, dinero, o armas en alguno de los autobuses.
El subsecretario reiteró su compromiso con el trabajo de la búsqueda de la verdad real de lo ocurrido con los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, quienes a 9 años de su desaparición, se sigue sin tener un pleno ejercicio de la justicia por detenimientos de los organismos encargados de ejercer las leyes.
