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  • Protestas contra el tarifazo arden en Jalisco y Lemus huye a España

    Protestas contra el tarifazo arden en Jalisco y Lemus huye a España

    Mientras miles de jaliscienses se organizan contra el aumento al transporte público, el gobernador Pablo Lemus prefiere la foto internacional, los paneles bancarios y hasta el mariachi sin permiso en Madrid.

    La oposición al tarifazo del transporte público en Jalisco se intensifica y toma fuerza en las calles y en plataformas digitales, justo cuando el gobernador Pablo Lemus decidió hacer las maletas y emprender su cuarto viaje internacional en poco más de un año, ahora con destino a España, como si el conflicto social pudiera resolverse a miles de kilómetros de distancia.

    Desde el 13 de enero, ciudadanos comenzaron a recaudar firmas para impulsar un referendo contra el aumento de la tarifa de 9.50 a 14 pesos, logrando más de 13 mil 900 apoyos, es decir, más de cuatro veces lo necesario para activar el mecanismo de participación ciudadana. La respuesta social fue inmediata, masiva y contundente, algo que evidentemente no figuró en la agenda del mandatario viajero.

    El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco (IEPCJ) aclaró que aún no se ha presentado formalmente la solicitud de referendo, recordando que el plazo legal vence el 26 de enero. Aun así, el mensaje político es claro: la inconformidad crece mientras el gobernador parece más interesado en el turismo institucional que en gobernar.

    A la par, el diputado independiente Alejandro Puerto impulsa la presentación de amparos masivos contra el tarifazo y ya se habla abiertamente de revocación de mandato, una palabra que incomoda a Lemus, pero entusiasma a ciudadanos y legisladores de Morena, Futuro y el PT.

    El aumento, autorizado por el propio Lemus, no solo beneficia a los empresarios camioneros y a la financiera Broxel, sino que compromete recursos públicos multimillonarios y los datos personales de millones de usuarios, razón central del enojo ciudadano.

    Lejos de ese escenario, Lemus pasea por Madrid acompañado de una amplia comitiva, incluida la alcaldesa de Guadalajara, Verónica Delgadillo, bajo el pretexto de “promocionar Jalisco” rumbo al Mundial 2026. Incluso intentaron montar una “activación cultural” con mariachi y danza folclórica, pero fueron frenados por la policía española por no contar con permisos. Ni para eso hubo planeación.

    Entre paneles bancarios, distintivos turísticos y fotos diplomáticas, el gobernador parece confirmar que gobernar Jalisco es lo de menos, mientras el tarifazo sigue encendiendo la indignación social. Eso sí, desde Europa todo se ve más bonito.

  • Congreso de Jalisco exige a Lemus frenar alza al transporte y respalda referendo ciudadano

    Congreso de Jalisco exige a Lemus frenar alza al transporte y respalda referendo ciudadano

    Diputados piden a Pablo Lemus vetar el aumento de 9.50 a 14 pesos y abren la puerta a que la ciudadanía decida el futuro del tarifazo.

    El Congreso de Jalisco aprobó exhortar al gobernador Pablo Lemus a vetar de manera inmediata el incremento a la tarifa del transporte público, que pasaría de 9.50 a 14 pesos, al considerar que el ajuste carece de un análisis técnico, social y presupuestal suficiente y afecta directamente a los sectores con menores ingresos.

    Durante una sesión extraordinaria, las y los diputados avalaron solicitar al Consejo de Participación Ciudadana y Popular de Jalisco (CPCPJ) que convoque a un referendo ciudadano para que la población decida sobre el aumento autorizado por el Ejecutivo estatal. La medida busca detener el tarifazo y someterlo a revisión pública.

    La solicitud de referendo ya había sido impulsada por diputadas del partido Futuro y, tras abrirse la plataforma del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco (IEPCJ), se alcanzó más del 250% de las firmas requeridas, lo que refleja un amplio rechazo social al incremento de más de 47% en el costo del pasaje.

    Uno de los puntos más cuestionados es el esquema de pago propuesto por el gobierno estatal, que obliga a usar una tarjeta bancaria para acceder a una tarifa preferencial de 11 pesos, lo que implica la entrega de datos biométricos y de geolocalización de los usuarios.

    El Congreso también exhortó a la Contraloría del Estado a revisar la licitación de la tarjeta de prepago, adjudicada a la empresa Servicios Broxel, y a la Auditoría Superior del Estado a analizar el contrato firmado en octubre de 2025, que contempla 272.6 millones de pesos y pagos mensuales adicionales con recursos públicos.

    Además, se creó una comisión especial temporal para vigilar la mejora del transporte público y determinar si existen condiciones para mantener la tarifa de 14 pesos o reducirla nuevamente a 9.50 pesos. En paralelo, se solicitó la comparecencia de los titulares de Hacienda y Transporte.