La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó la violenta detención de Narciso Barranco en California. La detención ocurrió el 23 de junio y fue realizada por agentes migratorios. La CIDH instó al Estado a investigar el caso y adoptar políticas que protejan los derechos de los migrantes.
Narciso Barranco ha vivido 32 años en Estados Unidos. Es jardinero, padre de tres miembros de las fuerzas armadas estadounidenses y no tiene antecedentes penales. Su detención, grabada en video, muestra el uso de gas pimienta y golpes en la cabeza.
La CIDH exigió una investigación sobre el uso excesivo de la fuerza en este caso. También pidió que se considere si la violencia fue motivada por antecedentes étnico-raciales u origen nacional. Esto es crucial para determinar responsabilidades y prevenir futuros incidentes.
Además, la CIDH reiteró que todas las políticas y prácticas migratorias deben respetar los derechos humanos de las personas migrantes. La protección de estos derechos es fundamental en cualquier contexto de movilidad humana.
Un reciente estudio revela que al menos 7 de cada 10 inmigrantes detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) no han cometido ningún delito. A pesar de la retórica del gobierno de Donald Trump, el aumento de detenciones se ha dado principalmente entre aquellos sin antecedentes penales.
Hasta el primero de junio, se registraron más de 51,302 personas detenidas en centros de ICE, la cifra más alta desde 2019. Desde el inicio del año, el número de detenciones ha crecido significativamente, lo que ha generado preocupación en la sociedad.
De acuerdo con datos del diario The Guardian, hasta el 15 de junio, el ICE tenía bajo custodia a 56,397 inmigrantes. Solo el 28.3% de ellos contaba con antecedentes penales, incluyendo delitos menores como infracciones de tráfico.
Esta información contradice las afirmaciones de Trump, quien ha sostenido que las autoridades están enfocadas en deportar a “criminales”. Según la Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC) de la Universidad de Syracuse, el aumento en las detenciones se ha producido a pesar de la disminución de inmigrantes con historial criminal.
A la fecha, el 71.7% de los detenidos no tenía antecedentes penales. Esto significa que solo el 28.3% había sido condenado por algún delito, muchos de ellos por infracciones menores.
Los programas de Alternativas a la Detención (ATD) de ICE vigilan a 183,756 familias e individuos solteros. TRAC también actualizó su definición de antecedentes penales, excluyendo a los detenidos con cargos pendientes de esta categoría.
Esta situación plantea preguntas importantes sobre las políticas de detención y deportación, y su impacto en las comunidades.
Los Dodgers de Los Ángeles han anunciado una donación de un millón de dólares para ayudar a las familias de inmigrantes afectadas por las redadas de ICE en la ciudad. Este compromiso se realiza en coordinación con el Gobierno de Los Ángeles.
El presidente del equipo, Stan Kasten, declaró que la situación ha resonado entre muchas personas. Además, afirmó que el equipo ha escuchado el llamado para asumir un papel de liderazgo en apoyo a los afectados. “Al destinar recursos y tomar medidas, seguiremos apoyando a las comunidades del área metropolitana”, agregó.
La presión sobre los Dodgers aumentó tras crecientes peticiones para que abordaran los disturbios recientes. Una petición organizada por la red comunitaria religiosa PICO California se presentó un día después de que el equipo pospusiera su anuncio de asistencia financiera.
La carta, firmada por líderes religiosos y activistas, instó a los Dodgers a apoyar a las familias en crisis. La situación se volvió más urgente cuando agentes de migración intentaron ingresar al Dodger Stadium para usarlo como centro de procesamiento.
Los Dodgers negaron la entrada a los agentes de ICE, pero decidieron retrasar su anuncio. Finalmente, el equipo detalló que su donación se obtendrá en colaboración con la Ciudad de Los Ángeles. Además, los Dodgers alentaron a otras organizaciones a utilizar sus recursos para ayudar a las familias afectadas.
La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, agradeció a los Dodgers por su apoyo a la comunidad inmigrante. “Estas últimas semanas han provocado gran temor en nuestros vecindarios. Mi mensaje es claro: permaneceremos unidos”, afirmó. La donación de los Dodgers representa un esfuerzo significativo para ayudar a quienes más lo necesitan en este momento crítico.
Una nueva encuesta del Pew Research Center revela que los estadounidenses están divididos sobre las políticas migratorias del presidente Donald Trump. La encuesta, realizada con más de 5 mil adultos, muestra opiniones encontradas sobre el uso de la policía local en las deportaciones masivas y las redadas en lugares de trabajo.
El 50% de los encuestados apoya el uso de fuerzas del orden estatales y locales para deportaciones, mientras que el 49% se opone. Además, la opinión sobre ofrecer incentivos monetarios a inmigrantes indocumentados que salgan voluntariamente del país también está dividida (49% a favor, 50% en contra).
En cuanto a las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), el 54% desaprueba estas acciones en lugares de trabajo, mientras que el 45% las aprueba. La mayoría de los estadounidenses (60%) se opone a suspender la mayoría de las solicitudes de asilo y el 59% rechaza eliminar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para inmigrantes que huyen de conflictos.
En general, el enfoque de la administración Trump hacia la inmigración recibe una calificación negativa, con un 42% de aprobación y un 47% de desaprobación. Estas opiniones reflejan una fuerte división partidista; el 78% de los republicanos aprueba las políticas migratorias, mientras que el 81% de los demócratas las desaprueba.
A pesar de la controversia, una gran mayoría (65%) de los estadounidenses cree que debería existir una forma para que los inmigrantes indocumentados permanezcan legalmente en el país. Además, el 36% apoya que estos inmigrantes puedan optar a la ciudadanía si cumplen ciertos requisitos.
La encuesta se realizó en un contexto de cambios repentinos en las políticas migratorias de Trump. Recientemente, el presidente anunció la suspensión de algunas redadas que afectaban a sectores como la agricultura y la hotelería, aunque luego se revirtió al plan de realizar redadas en ciudades gobernadas por demócratas.
La opinión pública parece estar cambiando conforme surgen imágenes de familias separadas y deportaciones erróneas. Aunque el índice de aprobación de Trump se ha mantenido en el 41%, el porcentaje de quienes creen que sus acciones han sido peores de lo esperado ha aumentado en 13 puntos desde febrero.
El gobierno de Donald Trump intensificó las detenciones de indocumentados en ciudades clave, acusando a los gobiernos demócratas de conspirar para destruir el país. Esta estrategia incluye tácticas de detención que algunos analistas califican de desapariciones.
Operativos de ICE y HSI se realizan con agentes encubiertos, dejando a muchos sin rendición de cuentas. El periodista Jonathan Blitzer destaca que algunos detenidos, sin antecedentes criminales, desaparecen de los registros mientras esperan audiencias de asilo.
David Bier, del Cato Institute, analizó casos de 240 venezolanos detenidos y encontró que al menos 50 llegaron legalmente a EE.UU. Y no violaron leyes migratorias. Esto cuestiona la narrativa oficial de que la mayoría de los indocumentados son criminales.
Trump ordenó el mayor programa de deportación en la historia, enfocándose en ciudades como Los Ángeles y Nueva York. Sin embargo, sus órdenes han confundido a expertos y funcionarios, generando descontento en sectores económicos que dependen de mano de obra migrante.
Mientras tanto, las comunidades migrantes organizan protestas y acciones de defensa ante las redadas. Eventos deportivos se han convertido en plataformas de solidaridad, donde artistas y aficionados expresan apoyo a los indocumentados.
La situación refleja una creciente resistencia a las políticas migratorias de Trump, lo que podría tener repercusiones en su administración y en la percepción pública.
El presidente Donald Trump ha decidido pausar las redadas contra migrantes, un giro inesperado en su política migratoria. Esta decisión surge tras reconocer que sus estrictas políticas están afectando negativamente a sectores clave de la economía estadounidense.
Trump publicó un mensaje en Truth Social, indicando que la escasez de mano de obra en agricultura, hotelería y entretenimiento ha creado una crisis. “Nuestra política migratoria agresiva les está quitando trabajadores valiosos”, afirmó. Este comentario revela una contradicción: Trump ha promovido una agenda antiinmigrante que ahora se enfrenta a la realidad económica.
El diario The New York Times informó que el gobierno ordenó al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) pausar las redadas en la industria agrícola y hotelera. Esta medida contrasta con su objetivo de ejecutar la mayor operación de deportación en la historia del país.
Empresarios han levantado la voz frente a la falta de trabajadores. Aaron Jagdfeld, CEO de Generac Holdings, expresó su preocupación por el impacto en las operaciones. “Si no pueden contratar a esas personas, nos complica las cosas”, dijo.
La decisión de Trump muestra un reconocimiento inusual de los riesgos económicos de su estrategia. Mientras su administración busca cumplir con metas de detenciones, el efecto en la fuerza laboral es evidente. En mayo, la participación de trabajadores nacidos en el extranjero disminuyó, lo que alarmó a analistas.
Las protestas por las redadas también se han intensificado. Movilizaciones comenzaron en Los Ángeles y se extendieron a ciudades como Austin y Nueva York. En California, las manifestaciones derivaron en enfrentamientos con la policía, lo que llevó al despliegue de la Guardia Nacional.
Trump enfrenta un dilema. Sus políticas han creado un clima de miedo y desconfianza, pero ahora debe considerar las consecuencias económicas. La pausa en las redadas podría ser un intento de equilibrar su imagen ante una crisis laboral inminente. Sin embargo, su compromiso con la agenda antiinmigrante sigue siendo cuestionable.
La noche del pasado jueves 12 de junio, la Secretaría de Relaciones Exteriores conformó el lamentable fallecimiento de un mexicano en el Centro de Detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en Stewart, Georgia, donde se encontraba en custodia después de ser trasladado desde la prisión estatal de Jackson. Su deceso tuvo lugar el 7 de junio.
La cancillería aseguró que se encuentra en comunicación con el consulado de México en Atlanta para dar seguimiento al caso,analizar todas las vías legales y esclarecer los hechos con las autoridades correspondientes. Esta comunicación es constante, ya que el consulado hace visitas con regularidad al centro de detenciones, para entrevistar a los migrantes mexicanos, por lo que también pidieron una explicación a las autoridades del centro, ya que “no se recibió notificación para entrevista”.
“Personal del Consulado visita regularmente ese centro de detención para entrevistar a las y los connacionales. En las visitas recientes, no se recibió notificación para entrevista, por lo que el Consulado ha solicitado una explicación a las autoridades del Centro”.
De igual forma, en el comunicado de Relaciones Exteriores, informaron que se encuentran en comunicación con los familiares de Jesús Molina Veya, de 45 años, para darles acompañamiento y asesoría jurídica mientras se esclarecen los hechos tras su lamentable deceso.
“Personal consular ha establecido comunicación con las autoridades locales y de ICE, así como con familiares de la persona, a fin de esclarecer los hechos, confirmar la causa oficial del deceso y brindar asesoraría jurídica y acompañamiento a los familiares”.
Según la portavoz de ICE en Atlanta, Lindsay Williams, Molina Veya fue hallado muerto “con una ligadura alrededor del cuello” y fue declarado muerto el 7 de junio en el Hospital Phoebe Sumter de Americus, en el sur de Georgia.
Un tribunal federal suspendió temporalmente la orden del presidente Donald Trump para desplegar a 4 mil soldados de la Guardia Nacional en las calles de Los Ángeles. Esta decisión llega en medio de protestas masivas contra las redadas migratorias en la ciudad.
La juez que dictó la suspensión afirmó que Trump federalizó ilegalmente a la Guardia Nacional al ordenar su despliegue. El presidente había enviado a 2 mil soldados el sábado para proteger edificios federales y controlar las protestas. Dos días después, ordenó el envío de otros 2 mil uniformados.
La juez destacó que “sus acciones excedieron el alcance de su autoridad” y violaron la Décima Enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Además, el tribunal solicitó que el control de la Guardia Nacional se devuelva al gobernador de California, Gavin Newsom.
Newsom, junto al fiscal general de California, Rob Bonta, presentó una demanda contra Trump y el secretario de Defensa. La acción buscaba frenar la “federalización” de la Guardia Nacional y reafirmar el control estatal.
“Este tribunal confirma que el Ejército debe estar en el campo de batalla, no en las calles de la ciudad”, celebró Newsom en un mensaje en X.
La Casa Blanca y el gobierno de Newsom han estado en desacuerdo por la decisión de desplegar a la Guardia Nacional. Esta medida ha sido rechazada por manifestantes y autoridades locales, quienes argumentan que el uso del Ejército para contener protestas es inapropiado.
Las manifestaciones en Los Ángeles comenzaron tras operativos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en varios centros de trabajo. Estos operativos han generado un fuerte rechazo y prolongadas protestas en la ciudad.
El costo total del despliegue de los soldados alcanzará los 134 millones de dólares, según cifras del Pentágono. Este monto cubrirá transporte, alimentación y alojamiento por un máximo de 60 días.
El presidente Donald Trump ha intensificado su respuesta a las protestas en Los Ángeles, amenazando con invocar la Ley de Insurrección. Esta medida extrema revela su falta de comprensión sobre el derecho a la protesta y muestra un enfoque autoritario ante el descontento social.
Trump argumenta que, sin el despliegue de casi 5 mil soldados, la ciudad estaría “en llamas”. Esta afirmación no solo es alarmista, sino que también ignora las causas profundas de las manifestaciones. Las protestas, que inicialmente fueron pacíficas, se desencadenaron por las redadas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) contra migrantes indocumentados.
El presidente justificó el uso de la Guardia Nacional y marines, alegando que era necesario “detener” a los manifestantes. Sin embargo, este enfoque militarizado solo exacerba la tensión en la ciudad. La Ley de Insurrección, que Trump parece estar dispuesto a utilizar, otorga al presidente poderes extraordinarios para reprimir disturbios. Esta medida ha sido criticada por muchos como un ataque a la democracia.
Trump recientemente se comunicó con el gobernador de California, Gavin Newsom, instándolo a manejar mejor la situación. Esta interacción refleja la tensión entre ambos líderes. Newsom ha criticado públicamente las políticas de Trump, lo que resalta la falta de cooperación en momentos de crisis.
La situación en Los Ángeles ha escalado durante cinco días consecutivos de protestas, que han pasado de ser pacíficas a violentas. La respuesta del presidente, en lugar de buscar un diálogo, ha sido invocar la violencia y la represión.
La decisión de desplegar tropas sin el consentimiento del gobernador es sin precedentes. Muchos líderes locales y defensores de derechos civiles consideran que Trump está agravando la situación en lugar de buscar soluciones pacíficas. La historia recordará este episodio como un intento fallido de un presidente por controlar a su propia población a través del miedo y la fuerza.
La administración de Trump, en lugar de buscar la paz, elige el camino del enfrentamiento, lo que pone en riesgo la estabilidad social y el respeto a los derechos humanos en Estados Unidos.
Durante las recientes manifestaciones en Los Ángeles, un manifestante se volvió viral. Con el rostro cubierto, condujo una motocicleta todoterreno mientras agitaba una bandera de México. Esta imagen ha capturado la atención de las redes sociales y los círculos políticos.
La escena ha desatado una ola de reacciones. Para muchos, representa orgullo migrante y lucha. Para otros, es una provocación utilizada por sectores conservadores en el debate político. Durante las protestas, se vieron numerosas banderas mexicanas en medio de enfrentamientos con agentes federales.
Figuras políticas, como el vicepresidente JD Vance, denunciaron la imagen. Afirmó que “insurrectos con banderas extranjeras están atacando a oficiales de inmigración”. La senadora Katie Britt exigió más financiamiento para ICE y la eliminación de las jurisdicciones santuario. Por su parte, el senador Bernie Moreno fue más directo: “Váyanse ya. Serán deportados”.
Incluso desde la izquierda, algunos expresaron inquietud. Drew Pavlou escribió que el acto “parece propaganda diseñada para Trump”. Esta crítica refleja la complejidad del mensaje que envía la protesta.
La tensión se intensificó después de las redadas masivas de ICE realizadas el viernes. En respuesta, Donald Trump ordenó el despliegue de dos mil soldados de la Guardia Nacional. El gobernador Gavin Newsom condenó esta acción, acusando al gobierno federal de aumentar el conflicto y agravar la situación.
Las protestas en Los Ángeles reflejan una lucha más amplia sobre la inmigración y los derechos de los migrantes, mostrando la polarización en la opinión pública.
